Autor: Seccion Sindical Unicaja

Según los estudios Cisneros I y II, documentos de referencia en el Estado español sobre la prevalencia de mobbing (Cuestionario Individual sobre PSicoterror, Ninguneo Estigmatización y Rechazo en Organizaciones Sociales), un 15% de la población activa ocupada es víctima de acoso moral en el trabajo. Esta cifra supera la media estimada para el conjunto de la Unión Europea (UE) que, según la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, se encuentra alrededor del 9%.

En opinión de expertos en psiquiatría legal, que se reúnen del 6 al 8 de octubre en Málaga en el marco del XIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal (SEPL), en los últimos años “ha habido en incremento de demandas de presuntos casos de mobbing motivado por un mayor conocimiento por parte de la población de este tipo de situaciones”, tal y como explica el doctor José Manuel Romacho, médico especialista en psiquiatría legal, quien ha calificado de “plaga social del siglo XXI”, este problema. También en este sentido, el doctor Eloy Rodríguez Arrebola, presidente de este encuentro científico, apunta que “últimamente son cada vez más frecuentes las consultas y el seguimiento de alteraciones de la esfera psíquica de las personas en el entorno laboral y que implican a trabajadores, empresarios, sindicatos…”.

Este incremento de demandas ha generado una mayor participación del psiquiatra en la pericia. “En nuestro país”, explica el doctor Romacho, “la defensa o el tratamiento jurídico del mobbing se basa esencialmente en la trasgresión de los derechos fundamentales del trabajador, por lo que el informe pericial ha de ampliar el enfoque clínico tradicional”. Se refiere este experto a la necesidad de, en sus propias palabras, “no centrarse únicamente en el análisis de las secuelas psíquicas de las víctimas derivadas de un presunto hostigamiento, sino que el psiquiatra, además, ha de disponer de elementos suficientes para obtener información contrastada sobre las características definitorias de acoso laboral, aceptadas por la actual jurisprudencia”.

Además, y como explica el profesor Alfredo Calcedo Ordóñez, Catedrático de Psiquiatría y Co-Director del Master de Psiquiatría Legal de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), “hay que saber distinguir entre los diferentes tipos de daño y, sobre todo, entre el daño moral y el daño psiquiátrico”. Así, y si se da una situación de mobbing, “es normal que se produzca un daño moral, porque se atenta contra la dignidad de la persona, dicha persona está sometida a vejación y el sentirse dañado entra dentro de la dialéctica de la vida”, explica el profesor Calcedo. Ahora bien, continúa el experto, “que haya daño moral no significa necesariamente que exista un trastorno psiquiátrico”. Por este motivo, este catedrático de psiquiatría ha pedido “rigor” y el establecimiento de “criterios clínicos bien delimitados” en la detección y valoración de posibles trastornos psiquiátricos derivados de una situación de acoso laboral.

En el caso que exista este daño psiquiátrico, y como indican los expertos de la SEPL, el perito tiene que realizar una labor “de investigación”, con el fin de establecer una relación causa-efecto entre la sintomatología clínica del acosado y la reiteración de conductas de acoso con clara intencionalidad de desestabilizar a la víctima para que ésta abandone su lugar de trabajo. Además, y como apunta el doctor José Manuel Romacho, también ponente durante este XIII Congreso Nacional, para determinar que una persona está siendo víctima de acoso moral en el trabajo deben darse dos condiciones internacionalmente aceptadas: “que la conducta de hostigamiento se perpetúe durante un mínimo de 6 meses y que se dé con una periodicidad de, al menos, una vez por semana”.

Y como viene reivindicando la Sociedad Española de Psiquiatría Legal desde hace tiempo, toda esta labor sólo pueden llevarla a cabo los profesionales especializados en este campo, un ámbito para el que se requiere una gran formación y para el cual demandan mayor atención por parte de la administración. La creación específica de unidades periciales –médico forenses- multidisciplinares que acojan entre su plantilla a especialistas en psiquiatría legal sería una de las vías por las que aboga esta sociedad científica , dado el aumento de casos que se da cada vez más tanto en las consultas como en los juzgados.

Colectivos más afectados

Administración pública, sector sanitario, sector educativo, hostelería y ventas son, según los expertos, los colectivos que se ven más afectados por acoso moral en el trabajo. Y los informes Cisneros vuelven a arrojar datos en este sentido. En concreto, y tras los informes I y II dedicados a hacer una valoración general de la situación en España, se han llevado a cabo también los informes III, IV y V, centrándose en tres sectores laborales específicos, que son respectivamente: enfermería, docencia universitaria y administración pública.

Así, el Informe Cisneros III, realizado en el ámbito de la enfermería, dio como resultado una incidencia media de mobbing del 33% entre este colectivo. El perfil de la víctima, según el mismo estudio, era el de una mujer de edad media (entre 40 y 50 años) y con contrato fijo.

No se tienen todavía resultados definitivos del Informe Cisneros IV, que valora la incidencia de mobbing entre personal docente universitario, ya que el estudio continúa en marcha. Por otro lado, el Informe Cisneros V, de valoración del acoso moral en el trabajo sobre la población que trabaja en la administración pública publicó sus resultados el pasado mes de junio. Este quinto informe cuenta con la particularidad de haber valorado no solo mobbing, sino también el denominado Síndrome de Desgaste Profesional o burnout. Concluye que un 32% de los funcionarios están en una situación de alto riesgo laboral psicosocial; un 22% presenta una situación técnica de mobbing (son víctimas de hostigamiento al menos durante 6 meses y una vez por semana); un 10% refiere Síndrome de Desgaste Profesional; un 13% presenta índices de Cansancio Emocional grave; un 15,6% presenta despersonalización en sus relaciones profesionales; un 66% presenta índices de baja realización profesional en el trabajo; y un 4,6% presentan conjuntamente mobbing y burnout.

Comisiones Obreras (CC.OO) responsabilizó este martes de la «precaria» cultura preventiva que existe en el sector de la construcción, por una parte, al empresariado, «que ve la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como una imposición más en la que con tener los papeles creen cumplir con su obligación», y por otra parte, al desconocimiento de los técnicos, «que sin formación acreditada se dedican a realizar planes de seguridad y salud».

IDEAPRESS. Santa Cruz de Tenerife

Según los representantes sindicales del área de Salud Laboral, la precariedad existente en las obras de construcción en materia de salud laboral se debe a una aplicación inadecuada del RD 1627/97, donde se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras.

Además, aseguran que la situación empeora por la obligación, por parte de los jefes de obra y encargados, de sacar adelante las obras en tiempos determinados, sin recibir por parte del empresariado la formación necesaria para realizar sus funciones dentro del sistema preventivo.

También se quejan de que los coordinadores de Seguridad, que hasta el momento se dedican a aplicar la Ley pero sin dar soluciones concretas a problemas planteados en las obras, dejan esta responsabilidad a los encargados sin formación y sin apenas hacer acto de presencia en la misma.

«Con este cúmulo de factores y despropósitos -afirman los representantes sindicales- el sistema de gestión preventivo es imposible que funcione ya que lo único que se consigue es que se pasen las responsabilidades de unos a otros, pero sin solucionar los problemas de los trabajadores que al final son los que sufren los accidentes».

Desde Comisiones Obreras (CCOO) se aboga por una implicación más directa de cada una de las partes que forman y gestionan la actividad preventiva en obra, que cada una asuma el papel que le corresponde definido en el RD 1627/97, «y que se pase a una actividad conjunta y coordinada para realizar un trabajo seguro, dejando atrás la especulación de evitar la sanción».

Una mujer de 37 años de Sevilla, que había demandado a la empresa donde ocupaba el puesto de subdirectora después de que, tras quedarse embarazada de su segunda hija y estar los nueve meses de baja laboral al complicarse la gestación, fue relegada tras su incorporación a otro puesto, ha sido finalmente indemnizada con 22.000 euros y su posterior despido se ha declarado improcedente.

Según dijo a Europa Press la propia demandante, el Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla iba a ver su caso pero las partes alcanzaron finalmente un acuerdo previo al juicio. La demandante había calificado la decisión de la empresa de «humillante» y «discriminatoria como mujer y como madre» ya que lo único que hacía tras su incorporación era «coger el teléfono durante ocho horas» y «apuntar las citas de mi nuevo jefe en su agenda» en labores «ni siquiera de secretaria».

Paloma Husillos, residente en Montequinto (Dos Hermanas, Sevilla), se reconoció una mujer trabajadora, madre de dos niñas, que llevaba doce años prestando servicio, en calidad de subdirectora, de la mercantil Cesta Inmobiliaria, empresa participada de El Monte y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla.

Comentó la «indignación y desesperación» que sufría y la «denigrante situación laboral» que padecía, recordando que en agosto de 2002 se quedó embarazada de su segunda hija, indicando al respecto que resultó ser «un embarazo complicado» que la obligó a estar «los nueve meses de reposo por prescripción médica» y, por consiguiente, de baja laboral.

CONCERTABA CITAS Después se incorporó de nuevo al trabajo y se quedó «sorprendida» cuando le comunicaron que ya no tenía que seguir desempeñando las funciones propias de la subdirección de la empresa sino que, por el contrario, quedaba «relegada» bajo las órdenes de uno de los comerciales, que ahora pasaba a ser su jefe directo, y que se tenía que limitar a «atender el teléfono y concertarle sus citas».

Tras pedir «explicaciones» de los motivos por los cuales se tomó dicha decisión «sin preaviso y sin ningún tipo de consulta», la «única» respuesta que recibió por parte del director es que «todas las funciones que tú desarrollabas, las voy a desempeñar ahora yo porque si no yo qué hago», según recordó, a lo que le añadió que «todo va seguir como está decidido y nada va a cambiar».

Ante tal actitud, esta mujer decidió iniciar acciones legales contra la empresa «con el interés y la única finalidad que se me reintegrara en mis funciones de subdirección», poniéndose paralelamente en contacto con el sindicato mayoritario del comité de empresa de la Caja de Ahorros El Monte pero sigue «sin resultados».

Asimismo, contactó con una asociación de mujeres discriminadas que existe en dicha Caja. En primer lugar, según dijo Husillos, una representante «me dejó claro su íntima amistad» con el consejero delegado de la empresa, aunque le comentó que tendría una entrevista «para dar solución al tema».

Pasados unos días, le dijeron que no podían hacer nada porque era una «decisión de un directivo de la empresa y, al ser ésta una empresa participada, dicha asociación no podía tomar cartas en el asunto», una decisión que calificó de «lamentable» y «bastante precaria y humillante».

Concluía Husillos que «a las mujeres aún nos queda mucho camino que recorrer para llegar a una auténtica igualdad en el trabajo, sin ser discriminadas por ser madre y tener un embarazo complicado», denunciando que aunque los políticos «se les llene la boca de paridad en los órganos de decisión, de igualdad, etc.», la realidad «enseña que no todo es tan bonito como lo pintan».