Autor: Seccion Sindical Unicaja

El Pleno del Congreso aprobó ayer la toma en consideración de una proposición de ley del grupo parlamentario catalán (CiU) para compatibilizar las pensiones de invalidez no contributivas con un trabajo remunerado.

El diputado de CiU que defendió esta proposición, Carles Campuzano, dijo que esta medida es “asumible” por parte del Gobierno, porque no se trata de reconocer nuevas prestaciones, sino de compatibilizar las existentes con ciertas formas de trabajo, según informan las agencias.

Explicó que la regulación actual dificulta la integración laboral de los minusválidos que perciben prestaciones no contributivas (por una invalidez igual o superior al 65 por ciento), ya que la realización de una actividad profesional lucrativa conlleva, automáticamente, la reducción de la pensión no contributiva en la misma cuantía que la renta obtenida.

Este hecho, advirtió, hace que minusválidos que podrían acceder a alguna actividad remunerada, no lo hagan “porque no les sale a cuenta”, ya que no existe compensación alguna adicional por el hecho de trabajar, incluso se puede perder la prestación. La iniciativa se debatirá en el Congreso.

Expansion, 24 de Septiembre de 2004-09-24

Salvador Bangueses, responsable de Política Institucional de CCOO, recordó que su sindicato está abierto a debatir este tema dentro del objetivo de reforzar el sistema de protección social. Aunque en su opinión la ampliación del periodo de cálculo “no es la única forma” de conseguir esta meta, no se debe cerrar la puerta a estudiar una medida de estas características.

El secretario ejecutivo confederal de UGT, Jesús Pérez, se mostró abierto a negociar el periodo de cálculo, es decir, a aumentar los actuales quince años de cotización a la Seguridad Social que deben computar los trabajadores para calcular su pensión.

Hasta ahora, UGT se había mostrado siempre contrario. Jesús Pérez subrayó que UGT “no ha dicho de manera intransigente y absoluta” que no se pueda modificar el periodo de cálculo de las pensiones más allá de los quince años actuales, si bien precisó que esto debe analizarse en la negociación y que su sindicato no aceptará ninguna medida que implique “recortes para las pensiones”.

Por su parte, Salvador Bangueses, responsable de Política Institucional de CCOO, recordó que su sindicato está abierto a debatir este tema dentro del objetivo de reforzar el sistema de protección social. Aunque en su opinión la ampliación del periodo de cálculo “no es la única forma” de conseguir esta meta, no se debe cerrar la puerta a estudiar una medida de estas características.

Al término de la reunión celebrada ayer por la tarde con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ambos representantes sindicales valoraron de modo satisfactorio la propuesta del Gobierno sobre la subida de pensiones prevista para 2005. Este encuentro tenía como objetivo constituir formalmente la mesa de la Seguridad Social de la comisión de seguimiento del diálogo social, firmado el pasado 8 de julio. En el encuentro se pusieron sobre la mesa los temas prioritarios: la evolución del sistema de protección social, la edad de jubilación, incapacidad laboral y la revalorización de las pensiones.

Tanto UGT como CCOO se mostraron a favor de la subida de las pensiones mínimas, anunciada recientemente por el Gobierno para 2005. La revalorización consistirá en una subida de un 3% por encima de la inflación para las pensiones mínimas contributivas sin cónyuge a cargo, y del 4% con cónyuge a cargo.

Jesús Pérez señaló que es un cambio importante porque “todas las pensiones van a dar un salto más allá del mantenimiento del poder adquisitivo”. Aseguró que se corresponde con el gasto de 4.000 millones de euros en toda la legislatura prometido por el Gobierno para las pensiones.

Por su parte, Bangueses afirmó que a CCOO le parece conveniente la subida de las pensiones mínimas y que por ello “no hemos planteado ninguna reivindicación”.

Además de las pensiones mínimas, los sindicatos trasladaron al Gobierno la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de otras pensiones, entre ellas las no contributivas, cuya cuantía consideran de “supervivencia”. Según Pérez, el Ejecutivo se ha mostrado dispuesto a estudiar sus demandas.

Expansion

El secretario ejecutivo confederal de UGT Jesús Pérez y el responsable de Política Institucional de CC.OO., Salvador Bangueses, valoraron ayer de modo satisfactorio la propuesta del Gobierno sobre la subida de pensiones prevista para 2005 y no se opusieron a hablar de la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones en el marco del diálogo social.

Al término de la reunión que celebraron ayer tarde con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, Pérez subrayó que UGT «no ha dicho de manera intransigente y absoluta» que no se pueda modificar el periodo de cálculo de las pensiones más allá de los quince años actuales, si bien precisó que esto debe analizarse en la negociación y que su sindicato no aceptará ninguna medida que implique recortes.

Por su parte, Bangueses recordó que CC.OO. está «abierta» a debatir este tema dentro del objetivo de reforzar el sistema de protección social. Aunque en su opinión la ampliación del periodo de cálculo «no es la única forma» de conseguir esta meta, no se debe cerrar la puerta a estudiar una medida de estas características.

La reunión que celebraron ayer tarde los representantes sindicales y de la patronal con responsables de Trabajo y del Ministerio de Economía tenía por objetivo constituir la mesa de diálogo sobre Seguridad Social y analizar el temario que formará parte de la misma, en el que figuran cuestiones como el refuerzo de la contributividad, la edad de jubilación, el Fondo de Reserva o la atención a la dependencia.

Granado también trasladó a los agentes sociales la propuesta del Gobierno sobre la subida de pensiones para 2005. En general, los sindicatos la valoraron de forma positiva a expensas de estudiar al detalle los documentos que les remitirá Trabajo en los próximos días, al tiempo que precisaron que la subida de las pensiones mínimas contributivas (3% sobre la previsión de IPC) se aplicará a todas las clases de pensión, en tanto que las mínimas de cónyuge a cargo experimentarán un incremento del 4,5% por encima del objetivo de inflación (2%).

Por su parte, la CEOE no hará ninguna valoración sobre el incremento de las pensiones propuesto por el Ejecutivo hasta analizarlo en la reunión que mantendrá su Junta Directiva el próximo miércoles.

SUBIDA DE OTRAS PENSIONES, A ESTUDIO.

Además de las pensiones mínimas, los sindicatos trasladaron al Gobierno la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de otras pensiones, entre ellas las no contributivas, cuya cuantía consideran de «supervivencia». Según Pérez, el Ejecutivo se ha mostrado dispuesto a estudiar sus demandas.

Desde UGT se ve «viable y perfectamente posible» que las pensiones mínimas puedan subir un 26% en toda la legislatura, tal y como ha prometido el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y entiende que el coste de esta medida (4.000 millones de euros) no pondrá en peligro el sistema de la Seguridad Social.

Por su parte, Salvador Bangueses destacó que lo importante es garantizar el mejor sistema de protección social y el pago futuro de prestaciones, y consideró «coherente» que suban las pensiones mínimas, pero sin desincentivar la cotización.

Preguntado por si el superávit de la Seguridad Social podría utilizarse también para rebajar cotizaciones, tal y como viene pidiendo la CEOE, el secretario de Política Institucional de CC.OO. recordó que los excedentes del sistema deben dedicarse «prioritariamente» al Fondo de Reserva, pero no se mostró contrario a acometer rebajas selectivas de cotizaciones, aunque nunca generalizadas.

Europa Press, 14/09/04

El secretario general de CC.OO., José María Fidalgo, calificó hoy de positiva la propuesta que ha realizado el Gobierno sobre la subida de pensiones, pero recordó que la mesa de Seguridad Social debe abordar el sistema de protección social «en su conjunto» y no sólo una parte.

En este sentido, afirmó que la elevación de las pensiones es importante, si bien consideró que aún es más relevante para el empleo, la cohesión social y la iniciativa privada empresarial la construcción de un nuevo derecho subjetivo que garantice la atención a las personas dependientes.

En rueda de prensa con motivo del nuevo curso político, el líder de CC.OO. subrayó que este derecho «crucial» debe «anclarse» en una legislación «básica», y por tanto de carácter estatal, que permita prestar atención sociosanitaria, pública o privada, a las personas con cierto nivel de dependencia, un asunto que, a su juicio, debe construirse en esta legislatura.

Durante su comparecencia, Fidalgo analizó el desarrollo que, hasta el momento, está teniendo el proceso de diálogo social y consideró «lógico» que todavía no haya dado «frutos». No obstante, el líder sindical pidió a todas las partes de la negociación que se «tomen tan en serio» este proceso como está haciendo su sindicato.

El dirigente de CC.OO. realizó otras dos peticiones, esta vez dirigidas expresamente al Gobierno. Por un lado, reclamó al Ejecutivo que mejore su política de comunicación e informe de «acuerdos firmes más que de intenciones». Por otro, le pidió que «anteponga» los objetivos marcados a otros intereses.

«No nos han gustado algunas cuestiones, como enterarnos de decisiones políticas sobre las que tenemos que construir acuerdos. No somos meros acompañantes de las decisiones del Gobierno», subrayó Fidalgo, que recordó que en la declaración de intenciones firmada en el Palacio de La Moncloa el pasado 8 de julio se establecía que los acuerdos debían ser consensuados.

En este punto, resaltó que CC.OO. no pide otra cosa que no sean acuerdos «tripartitos» (entre Gobierno, empresarios y organizaciones sindicales), para que resulten así «eficaces y equilibrados».

PETICIONES PARA LOS PGE.

Fidalgo también aprovechó su comparecencia para recordarle al Gobierno que su sindicato aún no ha sido llamado a consulta por los Presupuestos Generales del Estado y confió en que esta reunión tenga lugar en las próximas semanas. «Es la primera vez que ocurre esto, todos los gobiernos anteriores nos comunicaron antes las líneas que seguirían los presupuestos», subrayó.

En cualquier caso, aseguró que CC.OO. no será «exigente» con los PGE de 2005 por ser los primeros del nuevo Gobierno socialista. Sin embargo, indicó que las cuentas del Estado para el próximo ejercicio deben empezar a marcar una serie de «tendencias» relevantes para su sindicato.

En este sentido, Fidalgo señaló que los PGE de 2005 deben incluir cuestiones contenidas en la declaración de La Moncloa como las retribuciones de los empleados públicos, el plan para el fomento del empleo, aspectos relacionados con la Seguridad Social que van más allá del incremento de las pensiones, políticas tecnológicas o medioambientales, el refuerzo a organismos laborales como la Inspección de Trabajo o la revalorización del SMI y del Indice Público de Rentas Múltiples (IPREM).

Respecto a este último tema, el líder sindical recordó que las negociaciones están «inconclusas», pues aún no se ha discutido cuánto subirá el SMI el próximo año y cómo evolucionará el IPREM, aspecto en el que el Gobierno y sindicatos difieren, ya que el primero quiere que se revalorice en función del IPC previsto y los sindicatos proponen que lo haga según la inflación real.

A la espera de la reunión con el Ministerio de Economía y Hacienda para abordar los PGE, Fidalgo enumeró las prioridades que defenderá CC.OO. Entre ellas figuran el incremento de la inversión en I+D+i y educación; el aumento de la política social, sobre todo en servicios sociales y atención a la familia; la «revitalización» de instituciones laborales como el Inem; la evolución del IPREM, y la Función Pública.

En cuanto a si llevará propuestas unitarias con UGT, el dirigente de CC.OO. se mostró convencido de que ambos sindicatos tendrán una estrategia común en el proceso de diálogo social, y sobre la posible renovación del acuerdo interconfederal de negociación colectiva (ANC), Fidalgo dijo que no se decidirá si se prorroga o se renueva hasta analizar en los próximos meses cómo han evolucionado los convenios.

Europa Press, 16/09/04

El Gobierno subirá las pensiones mínimas contributivas a la Seguridad Social entre un 6% y un 8%. Así se desprende de la información que ayer proporcionó el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales durante la mesa de concertación social.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Francisco Granado, explicó durante la reunión que todas las pensiones del sistema público subirán un 2%, que es el objetivo de inflación previsto para el próximo año. A esta cantidad hay que sumar en torno al 1,2%, que es la desviación de la inflación que estima el Gobierno en estos momentos (la cifra oficial exacta se calculará de acuerdo con el IPC de noviembre). Esto significa que todas las pensiones públicas subirán como mínimo en torno al 3,2%.

Además, para las pensiones mínimas contributivas sin cónyuge a cargo, subirán un 3% adicional. Esto supone que su aumento global quedará en torno al 6,2%, como anunció el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. Las pensiones mínimas contributivas con cónyuge a cargo tendrán una subida adicional del 4,5%, por lo que el aumento global se situará en torno al 7,8%.

CC.OO. y UGT han solicitado que también se incrementen las pensiones mínimas no contributivas. El Gobierno se ha comprometido a estudiar esta petición. El secretario de Estado de la Seguridad Social ha recordado a los agentes sociales que cada décima de desviación en la inflación tiene un coste adicional de 123,78 euros. Esto significa que de confirmarse que existe una desviación de los precios del 1,2%, como estiman los técnicos, el sobrecoste en la pensiones será de 1.485 millones de euros. La mitad de esta cantidad se computa en los presupuestos del 2004, ya que es fácil de absorber con el elevado superávit de la Seguridad Social este año, que superará los 7.000 millones, mientras que la mitad restante se computará en los presupuestos del 2005.

Durante la reunión con los agentes sociales, patronal, sindicatos y Gobierno analizaron los puntos que se negociarán para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones a medio y largo plazo. Entre las cuestiones que se tratarán se ha incluido la bajada de cotizaciones, que reclama la patronal CEOE y que rechazan los sindicatos.

Otro de los grandes capítulos será la partida del superávit que se destinará al fondo de reserva de la Seguridad Social. En este caso, los sindicatos pretenden que sea el grueso de esta partida, mientras que la patronal pide que un tercio se destine a mejorar las pensiones más bajas, otro tercio se dedique al fondo de reserva y el tercio restante a bajar las cotizaciones que pagan las empresas para facilitar la creación de nuevos empleos. Uno de los puntos más delicados que se ha decidido incluir en la negociación es el incremento del periodo de cómputo que se toma de referencia para calcular las futuras pensiones.

Actualmente este periodo son los últimos quince años de vida laboral. Gobierno y patronal, en principio, quieren alargarlo a toda la vida laboral del trabajador. Por su parte, UGT se había negado en redondo, aunque CC.OO. había mantenido en este tema una posición más ambigua.

Tras la reunión de ayer, el representante de UGT, Jesús Pérez Martín, matizó la postura de su organización al señalar que nunca habían tenido una posición cerrada, dando a entender que podrían aceptar un aumento por encima de los 16 años, siempre que esto no suponga un recorte en las futuras pensiones. Se estima que al tomar como referencia toda la vida laboral de la persona se recortaría el gasto cerca de un 25%.

La Vanguardia, 14/09/04