Autor: Seccion Sindical Unicaja

En EEUU hay actualmente unos 292 millones de personas, de los que cuales unos 40 millones son mayores de 65 años (el 14% de la población). La población activa, calculada en unos 184 millones de personas, es el 63% del total.

EEUU no podrá cumplir con sus compromisos con los jubilados si el Congreso y la Casa Blanca no encaran de manera franca y resuelta la situación fiscal, advirtió el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan.

El jefe del banco central estadounidense opinó que Estados Unidos debe seguir abierto a la inmigración de manera que se nutra la fuerza laboral que sustentará a la población envejecida.

En una conferencia en el Estado de Wyoming, Greenspan dijo que el envejecimiento creciente de la población de EEUU «presenta opciones difíciles» para el Gobierno y «cualquier demora en la atención de este asunto solo hará que los ajustes sean más abruptos y difíciles».

«Como país tenemos la obligación de prometer a nuestros jubilados solamente lo que podrá entregarse. Y me temo que el país no podrá cumplir sus promesas», reconoció. «La población que envejece en EEUU afectará significativamente nuestra situación fiscal», añadió.

Envejecimiento de la población

De acuerdo con la Oficina del Censo, en EEUU hay actualmente unos 292 millones de personas, de los que cuales unos 40 millones son mayores de 65 años (el 14% de la población). La población activa, calculada en unos 184 millones de personas, es el 63% del total.

Hacia 2020, según las cifras del Censo, la población total del país habrá crecido a 343 millones de personas, de los cuales 208 millones -el 60%- estarán en la edad laboral de 18 a 64 años, y casi 60 millones -más del 17%- serán mayores de 65 años.

Greenspan opinó que EEUU está relativamente mejor preparado que otros países ricos para sostener económicamente a una población que envejece, pero reiteró que los responsables de la política fiscal no deberían postergar este asunto.

Estados Unidos está comenzando a experimentar la jubilación de la llamada «generación del ‘baby-boom’» -la explosión de natalidad que tuvo lugar entre 1945 y 1964-, lo que afectará a varias decenas de millones de personas.

«Las iniciativas tempranas para atender los efectos económicos de la jubilación de quienes nacieron entre 1945 y 1964 podría suavizar la transición a un nuevo equilibrio entre población activa y población pasiva, trabajadores y jubilados», dijo Greenspan.

El Mundo, 31 de Agosto de 2004

La Seguridad Social gastará el próximo año 79.579 millones de euros en pagar las pensiones y otras prestaciones económicas, cantidad que se ha incrementado un 7,5%. Esta cantidad supone más de un tercio del gasto público del conjunto de las administraciones, que se sitúa en 235.000 millones de euros.

El pago de pensiones absorberá el próximo año algo más de un tercio del gasto total del conjunto de las administraciones públicas. Así lo señaló ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en la presentación de los presupuestos de la Seguridad Social para el 2005. Explicó que para el pago de pensiones y demás prestaciones económicas se destinarán 79.579 millones de euros, lo que supone un 7,5% más que lo gastado en el 2004.

Hay que señalar que el gasto en pensiones en los últimos años crece por encima de lo que lo hace la economía, dado que el aumento del PIB nominal (real más inflación) está previsto que sea del 6,3%. Esta partida también crece muy por encima del aumento del gasto medio del Estado (6,5%).

Este fuerte aumento de las pensiones se debe en buena medida a la subida que experimentarán las pensiones mínimas contributivas el próximo año, entre un 5% y un 6%, según sea con cónyuge o no. A esta subida habría que añadir la desviación de la inflación que se produzca en el 2004 y que se situará sobre el 1,3%. Esta desviación se pagará con efecto retroactivo desde el 1 de enero y se abonará en forma de una «minipaga» a los más de siete millones de pensionistas del sistema público.

El crecimiento de las pensiones contributivas se estima en función del mantenimiento del poder adquisitivo (el 2%). El aumento del número de pensionistas supone otro 0,8%, el «efecto sustitución» (las pensiones que se dan de baja por fallecimiento suelen ser más bajas que las nuevas) supone un 1,6% adicional, mientras que el llamado «derivado de la mejora de las pensiones más bajas» representa un incremento del 2,7%.

El ministro explicó que las pensiones de jubilación para los mayores de 65 años con cónyuge a cargo se sitúan en 7.229,74; y en 6.052,9 sin cónyuge. Si el jubilado es menor de 65 años, la pensión mínima es 6.756,6 euros con cónyuge a cargo y de 5.639,90 sin cónyuge a cargo.

El ministro explicó que las pensiones mínimas «han estado congeladas durante los gobiernos del PP, excepto en los años electorales, como fueron el 2000 y el 2004, en que se subieron». Pero tal vez donde más énfasis puso fue en señalar el buen momento que atraviesa el sistema. Según dijo, a pesar del fuerte aumento del gasto, crecen más los ingresos por cotizaciones, que aumentan un 8,9% si se compara con el presupuesto inicial del 2003 y un 3,8% si se hace con el presupuesto liquidado. Esto permitirá que en el 2005 la Seguridad Social tenga un superávit del 0,7% del PIB, lo que representa 5.999 millones. Es el séptimo año consecutivo con superávit. Esto es posible porque se estima que el número de cotizantes aumente en 400.000 (al margen del proceso de regulación de emigrantes previsto en la ley de extranjería). Gracias a ello se destinará al fondo de reserva 5.351 millones, por lo que acumula unas reservas de 25.000 millones suficientes para cubrir cuatro meses.

Fue rotundo al afirmar que, a pesar de todo, no habrá una rebaja generalizada de cotizaciones como piden los empresarios, aunque sí habrá ajustes en algunos colectivos.

La Vanguardia

El fondo de pensiones acogería a unos 208.900 empleadas y empleados públicos andaluces. De los cuales 83.000 serían funcionarios docentes, 21.000 corresponderían a personal laboral, 78.000 sería personal estatutario de la sanidad, 20.800 funcionarios de administración general y 6.100 personal de Justicia.

Tras la firma recientemente en Madrid de un Acuerdo en el que se recoge la continuidad de los planes de pensiones para las empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado establecidos desde hace varios años, CC.OO. considera una grave discriminación para los trabajadores dependientes de la Junta de Andalucía que esta se niegue rotunda y continuadamente a que las empleadas y empleados públicos andaluces disfruten de la posibilidad de contar con planes de pensiones complementarios a la jubilación, de modo que los salarios a percibir entonces se asemejen a los que se perciben en activo.

«Desde la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, ha manifestado José Campos, su Secretario General, exigimos a la Consejera de Justicia y Administración Pública que inicie ya la negociación del Capítulo I de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2005, e incluya en la misma las cantidades necesarias para la creación de un Fondo de Pensiones del cual se beneficie todo el personal de la Junta de Andalucía. Insistimos además en que el propio Presidente de la Junta se implique en ello para eliminar así otra discriminación más que se da en Andalucía con respecto a otras Comunidades Autónomas, porque nuestras demandas al respecto durante varios años han caído siempre en saco roto y han sido ignoradas de la manera más absoluta.»

Mediante este Fondo de Pensiones pretendemos que se cree un plan complementario de pensiones, al igual que existe en la Administración del Estado y en otras Comunidades Autónomas, que permita ejercer el derecho a las empleadas y empleados públicos de la Junta de Andalucía a percibir rentas por jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad, etc., complementarias a las que corresponda percibir sea por el régimen general de la Seguridad Social, sea por MUFACE.

El fondo de pensiones acogería a unos 208.900 empleadas y empleados públicos andaluces. De los cuales 83.000 serían funcionarios docentes, 21.000 corresponderían a personal laboral, 78.000 sería personal estatutario de la sanidad, 20.800 funcionarios de administración general y 6.100 personal de Justicia.

Por todo ello, reiteremos a la Consejera de Justicia y Administración Pública nuestra demanda de que convoque cuanto antes la Mesa General de la Función Pública, a fin de que se lleve a cabo con tiempo suficiente la negociación y no sea luego el ritmo impuesto por la tramitación parlamentaria del Presupuesto el que limite recortando la duración de la misma.

Asimismo –concluye José Campos-, le anunciamos que vamos a iniciar una campaña explicativa en los centros de enseñanza andaluces, mediante la que además tenemos el propósito de recoger 100.000 firmas entre los empleados públicos de Andalucía para demostrar que es una reivindicación colectiva la exigencia de acabar de una vez con esta discriminación.

Andalucia 24 Horas, 30 de Septiembre de 2004

Se ha alcanzado un acuerdo parcial con los empleados que denunciaron a la compañía por discriminar a los trabajadores de mayor edad en sus planes de pensiones.

El gigante informátivo IBM ha anunciado que realizará una provisión de 320 millones de dólares (259 millones de euros) en sus cuentas del presente trimestre después de alcanzar un acuerdo parcial con los empleados que denunciaron a la compañía por discriminar a los trabajadores de mayor edad en sus planes de pensiones.

El grupo también ha limitado su responsabilidad a 1.400 millones de dólares si pierde el juicio. IBM ha subrayado que este acuerdo le permite continuar con la apelación del caso.

La demanda hace referencia a un tipo de plan de pensiones muy utilizado en Estados Unidos en la década de los noventa, que permitía a las empresas deducir impuestos mediante aportaciones a los planes de pensiones de sus empleados.

Una sentencia emitida por un tribunal estadounidense estimó que IBM ofrecía a sus empleados más jóvenes beneficios sociales que excedían los garantizados a trabajadores de mayor edad por el mismo periodo de servicio.

La compañía ha manifestado que confía en «tener éxito en la apelación», pero cree que es más apropiado «para los intereses de nuestros accionistas y nuestro negocio reducir el riesgo financiero asociado a estas reclamaciones».

A principios de mes, IBM alcanzó un acuerdo con un reducido grupo de antiguos empleados a los que aceptó pagar 20 millones de dólares.

El resultado de la apelación está siendo seguido con interés por las empresas estadounidenses, ya que está en juego la legalidad de otros 1.200 planes de pensiones similares puestos en práctica por otras tantas compañías en todo el país.

Expansión.com, 30 de Septiembre de 2004

El Gobierno calcula que la desviación de inflación este año costará como mínimo 1.200 millones de euros. El sistema de protección tendrá un superávit de 7.000 millones.

Las bases de cotización de los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social subirán un 2,7% el próximo año. Es decir, la parte del salario por la que los trabajadores y las empresas contribuyen a financiar las prestaciones por jubilación, accidentes y enfermedades de trabajo y comunes.

En el Régimen General están la inmensa mayoría de los trabajadores, y sus cotizaciones supondrán el próximo año 60.493 millones de euros, el 72,6% de los ingresos que por este concepto ingresará el sistema. El incremento en un 2,7% de las bases de cotización en el Régimen General responde a la estimación que el Ministerio de Trabajo ha hecho sobre la subida media que pueden tener los salarios en los convenios. En los Regímenes Especiales, las bases de cotización subirán un 2%; es decir, para los autónomos y los regímenes del mar, el carbón, el campo y el de las empleadas del hogar.

A este respecto, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró categórico que el Gobierno “no piensa hacer una rebaja generalizada de los cotizaciones sociales, porque no lo soportaría el sistema”. Ésto, a pesar de que el próximo año, la previsión inicial es que la Seguridad Social obtenga un superávit de 7.000 millones de euros, el 0,7% del Producto Interior Bruto.

“En todo caso -dijo Caldera- en el diálogo social del Gobierno con empresarios y trabajadores puede haber algún retoque en algún tipo de cotización”. Igualmente, el Ejecutivo abordará con la patronal y los sindicatos la futura financiación de las actuales bonificaciones de cotizaciones sociales en los contratos indefinidos. El próximo año los Servicios Públicos de Empleo (antiguo Inem) invertirán 2.270 millones de euros en este fin.

Caldera y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, presentaron ayer los presupuestos de la Seguridad Social para 2005. El ministro destacó la subida por encima de la inflación que tendrán las pensiones mínimas del sistema. El conjunto de estas prestaciones tendrá un incremento de entre un 6% y el 8%, incluyendo la posible compensación a los pensionistas por la desviación de la inflación este mismo año respecto a la subida del 2%. En total, 3.828.880 personas se beneficiarán de esta subida de las prestaciones mínimas.

Efecto de la inflación

El Gobierno calcula que la inflación interanual en noviembre superará las previsiones de un 2% en alrededor de un punto, debido al impacto del petróleo sobre los precios. Con un coste de 120 millones por décima, esto significa que la Seguridad Social tendrá que hacer un gasto adicional de, como mínimo, 1.200 millones de euros. En este gasto está comprendida una paga extraordinaria para que los pensionistas recuperen el poder adquisitivo perdido, más su consolidación en la pensión a lo largo de catorce pagas. El Fondo de Reserva de las pensiones públicas tendrá una dotación adicional de 5.351 millones. Con ello llegará a los 24.258 millones.

Por otra parte, el ministro de Trabajo elevó ayer de 800.000 a un millón el número de inmigrantes que están en España en situación irregular.

Expansion, 30 de Septiembre de 2004