Acepta que las empresas puedan pactar la retirada de los trabajadores, pero nunca antes de los 65 años y siempre que sea para crear empleo. El Ejecutivo pretende que esa sea la edad real de jubilación de los trabajadores.
El Gobierno ha puesto dos condiciones, fundamentalmente, para permitir que las empresas puedan pactar en sus convenios la jubilación “forzosa” de los trabajadores y “por razones que afecten al sector”. La primera es que, en ningún caso, los acuerdos laborales autoricen el retiro de los empleados antes de los 65 años, y que esta medida se adopte como forma de crear empleo; es decir, con la sustitución de los empleados de mayor edad por jóvenes que ingresen en la empresa.
El Ejecutivo respondió ayer así a la situación creada en la negociación colectiva por la histórica sentencia del Tribunal Supremo, del pasado marzo, adelantada por EXPANSIÓN. En el fallo, el alto tribunal prohibió que los convenios obligasen a los trabajadores a jubilarse a determinada edad.
En síntesis, el voto mayoritario de la sentencia hizo hincapié en que la reforma laboral de 2001, con el Gobierno del PP, suprimió la autorización a los convenios para pactar una edad de jubilación.
Por lo tanto, ante la falta de una regulación específica prevalece el derecho fundamental de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin discriminación alguna por cualquier circunstancia. Por último, la sentencia resaltó que, de acuerdo con la Carta Magna, el Estatuto de los Trabajadores también declara nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios que contengan discriminaciones por razones de edad. Por esta razón, el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, dijo que la reforma se hará “sin perjuicio de los derechos individuales” del trabajador.
Convenios paralizados
La primera consecuencia de la sentencia fue la paralización de unos 600 convenios en toda España, según dijo ayer Toni Ferrer, secretario de Acción Institucional de UGT. La razón es que el fallo del Supremo también afecta a la negociación de los convenios que terminaban su vigencia después de abril de 2001, cuando entró en vigor la reforma laboral. En segundo lugar, la decisión del alto tribunal ha hecho que el ministerio de Trabajo suspenda la inscripción de todos los acuerdos que contenían esta cláusula de jubilación obligatoria de los trabajadores a partir de determinada edad.
Por todas estas razones, y para evitar el “empantanamiento” de la negociación colectiva, el Ejecutivo decidió abrir ayer con esta cuestión el diálogo social con la patronal y los sindicatos. Además, y por los mismos motivos, la devolución de esta potestad sobre la jubilación de los trabajadores es una de las cuestiones del diálogo social en la que es más fácil el acuerdo entre la patronal y los sindicatos. De hecho, con la reunión de ayer el Ejecutivo responde a una solicitud que la patronal y los sindicatos le hicieron al respecto antes de las vacaciones.
Ahora bien, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, dejó claro que el Ejecutivo quiere “incentivar la prolongación de la vida laboral para que haya carreras más largas de cotización -contribución- a la Seguridad Social”. En este camino, Caldera defendió la necesidad de que la jubilación real en España sea como mínimo a los 65 años, que es la edad legal para hacerlo con todos los derechos, y no a los 62,5.
Esta es la consecuencia de los procesos de prejubilaciones -desde los 52 hasta los 61 años- y de jubilación anticipadas -entre los 61 y los 64 años- que han llevado a cabo las empresas desde la década de los años ochenta para rejuvenecer y reducir plantillas. En declaraciones a Radio Nacional, aseguró que el Gobierno llegará en los cambios de la edad de jubilación “hasta donde haya consenso social”.
El Ejecutivo abordó también con la patronal y los sindicatos el traslado a la legislación española de la directiva de la UE sobre los derechos de los trabajadores en las empresas que tienen centros de trabajo en varios países comunitarios.
Los sindicatos CCOO y UGT consideran vital el traslado a la legislación española de esta directiva y este reglamento, que recoge la representación de los trabajadores en los Consejos de Administración de estas compañías. La norma también obliga a las empresas a proporcionar mayor información a los sindicatos sobre la gestión. La patronal CEOE confió en la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre todos estos aspectos “a muy corto plazo”.
Expansion, 08/09/04