La Asamblea General de Caja España-Caja Duero celebrada hoy en León
ha aprobado las directrices para el año 2011, su primer ejercicio
completo tras la fusión, en el que se centrarán los esfuerzos en la
gestión de riesgos, la mejora de la eficiencia y la optimización del
servicio al cliente.
La Asamblea General de Caja España-Caja Duero celebrada hoy en León
ha aprobado las directrices para el año 2011, su primer ejercicio
completo tras la fusión, en el que se centrarán los esfuerzos en la
gestión de riesgos, la mejora de la eficiencia y la optimización del
servicio al cliente.
El proceso de reestructuración, que estará finalizado el próximo
día 31 de diciembre, la nueva Caja centrará su estrategia en la banca de
particulares, las pyme y el sector agroalimentario y la previsión de
beneficios a finales de 2010 se eleva a 47 millones de euros.
En su intervención, el presidente de la entidad, Evaristo del
Canto, y el director general, Lucas Hernández, hicieron un repaso de los
principales retos a los que se enfrentan las entidades financieras en
el actual entorno económico, «fuertemente adverso», y se refirieron a
los pasos que desde Caja España-Caja Duero se darán para salir
reforzados del proceso de reestructuración emprendido.
En 2011 la entidad dará preponderancia a la gestión eficiente de
los riesgos y apostará por centrarse en la optimización de sus ventajas
competitivas, tanto en el crédito minorista como en el segmento de pyme y
agropecuario, de manera que mantendrá su compromiso con la promoción
del desarrollo económico de Castilla y León.
Igualmente, prevé consolidar en el próximo ejercicio las sinergias
aportadas por el proceso de fusión, especialmente las derivadas de la
integración de los procesos de soporte al negocio, que contribuirán de
manera decisiva a la mejora de la eficiencia, según informó la Caja en
una nota recogida por Europa Press.
«REFERENTE NACIONAL»
Desde un punto de vista geográfico, la línea estratégica principal
se centrará en mantener el liderazgo financiero en Castilla y León,
donde la entidad cuenta con mayores activos, mayor cuota de mercado y
mayor presencia física; consolidarse en las comunidades de Madrid y
Extremadura, que están próximas al mercado tradicional y donde también
es significativa la presencia de la Caja y convertirse en «referente
nacional», mediante un enfoque hacia las capitales de provincia, donde
existe mayor masa crítica de segmentos estratégicos.
En cuanto al modelo de gestión comercial, se busca la optimización
de la calidad de servicio al cliente, para lo que se potenciará su
gestión proactiva a través de la generación de carteras que faciliten su
mayor vinculación y fidelización; se impulsarán los canales de atención
alternativos a las oficinas, basados en las nuevas tecnologías, y se
apostará por un modelo de especialización centrado en empresas y banca
personal.
Por otra parte, el plan de integración previsto por Caja
España-Caja Duero evoluciona de acuerdo con lo previsto, dos meses
después de la creación de la nueva entidad, el pasado día 1 de octubre.
159 OFICINAS CERRADAS
Ambas entidades contaban antes de la fusión con 1.102 oficinas
abiertas a los clientes en toda la Península, Ceuta y Portugal y se
determinó el número de sucursales excedentarias en 253, 116 de las
cuales de la antigua Caja Duero y 137 procedentes de la antigua Caja
España. Hasta el momento se han cerrado 159 oficinas, por lo que está
pendiente el cierre de las 94 restantes a lo largo del mes de diciembre.
Según explicó la entidad, la política de adaptación de la red
obedece a razones «puramente económicas», tras analizar la rentabilidad,
la duplicidad existente en determinadas localidades o la proximidad en
el caso de grandes ciudades.
La operativa puesta en funcionamiento en los últimos meses ha
pretendido evitar los perjuicios a los clientes en la medida de lo
posible, así como volcar el servicio de las oficinas clausuradas a
sucursales cercanas para redoblar el servicio de éstas.
809 PREJUBILACIONES
Igualmente, el proceso de ajuste de la plantilla continúa «a buen
ritmo», con las primeras prejubilaciones ya efectuadas. El número total
de empleados que tenía la posibilidad de acogerse a estas medidas
voluntarias alcanzaba los 828 profesionales y, hasta el momento, 809
personas, el 98 por ciento, ha decidido aceptar las condiciones
planteadas por la empresa, que contaron con la aprobación mayoritaria de
los representantes sindicales.
Además, Lucas Hernández facilitó a los componentes de la Asamblea
General algunas de las principales cifras de la entidad, que pronostican
un cierre del ejercicio con unos beneficios de 47 millones de euros.
El resto de las magnitudes más significativas son los activos, de
45.633 millones de euros; los recursos de clientes, de 29.250 millones
de euros; la inversión crediticia, de 27.367 millones de euros y el
ratio de solvencia, en el 14,24 por ciento.
Finalmente, la Asamblea General aprobó, con un respaldo del 80 por ciento de sus integrantes, el sueldo del presidente.