Tribuna – Joan Coscubiela.- Si de alguna cosa puede sentirse orgullosa la sociedad española es de cómo se ha gobernado política y socialmente la Seguridad Social. Con una voluntad de reforma permanente,de lluvia fina, pocas rupturas y con consenso.
03-02-2010 – El resultado, un sistema sólido y bien gestionado -con independencia de quien gobernara-. Para ello ha sido determinante el papel de los agentes sociales que, aunque con niveles de compromiso e implicación distintos, han contribuido a ello.
La Seguridad Social española está aguantando mejor que otros sistemas el impacto de la crisis y ha sorteado mejor la recesión que los sistemas privados de fondos de pensiones. A pesar de que, a finales del siglo pasado, algunos estudios muy publicitados vaticinaron la quiebra del sistema para el año 2005, hoy se dispone de un Fondo de Reserva de 60.000 millones de euros y es uno de los pocos presupuestos públicos que aún genera superávit, 8.000 millones de euros en 2009 y una previsión de 2.800 para 2010.
Sin dormirse en los laureles, deberíamos mantener la calma y no caer en la trampa de actuaciones de cara a la galería interna o externa. La propuesta del Gobierno de aplazar progresivamente la edad de jubilación a los 67 años ha acaparado la atención y preocupación de la ciudadanía. Ya habrá tiempo de analizar en profundidad los detalles, pero sorprende que se presente esta propuesta por quien conoce muy bien la Seguridad Social. Vaya por delante que la edad de jubilación real está situada hoy en 63,8 años de media, cuando hace muy poco estaba en 62,5. Ello significa que, de manera progresiva y natural, la edad de jubilación real se va alargando y aproximando a la legal de 65 años. Y que existe un margen importante para incrementar esta edad en más de un año sin acometer un cambio legal generalizado.
En el debate previo a cualquier decisión deberíamos tener presente tres planos: las razones de la propuesta, los impactos que tendría y si hay medidas alternativas para conseguir el mismo objetivo. Las razones esgrimidas, aumentar los ingresos -más años cotizando- y reducir los gastos -menos años cobrando-, mejoraría el equilibrio financiero futuro, en un contexto de aumento de la esperanza de vida. Pero se obvia que los ingresos de la Seguridad Social dependen, sobre todo, de la cantidad de cotizantes y de la calidad -importe- de las cotizaciones. En estos últimos años hemos vivido realidades contradictorias. De un lado, 8 millones de nuevos ocupados han mejorado mucho los ingresos, pero la precariedad en el empleo ha reducido el importe de las cotizaciones medias. El equilibrio financiero de la Seguridad Social depende de razones demográficas y legales, pero, sobre todo, de la cantidad y calidad del empleo. Y en este sentido la sociedad española vive atrapada en una permanente esquizofrenia. No se puede pretender al mismo tiempo hacer más contratos a tiempo parcial, competir con salarios bajos, parar el proceso de mejora del salario mínimo, hacer los ajustes de las empresas con jubilaciones anticipadas y en algunos casos prejubilaciones y que ello no suponga una bajada de ingresos para la Seguridad Social.
La propuesta rompe con la línea de estos últimos años, construida sobre un sistema muy flexible, que permite jubilarse anticipadamente con coeficiente reductor a los 61 -en algunos casos a los 60- y también ampliar la edad voluntariamente más allá de los 65, con beneficios para el trabajador y las empresas. Además, tendría efectos colaterales muy perversos al incrementar aún más la segmentación entre trabajadores. Los de algunas grandes empresas y sectores con regulación especial podrían continuar jubilándose o prejubilando a cargo de las empresas. Y el resto de trabajadores verían aplazada, aunque fuera progresivamente, la edad real de jubilación. Este impacto sería especialmente grave en términos personales en sectores con una especial dureza en el trabajo -construcción, limpieza-.
Existen medidas alternativas. En la vertiente de los ingresos, mejorar la calidad de las cotizaciones, ligada íntimamente a la calidad de los empleos y los salarios. Y en la vertiente de los gastos, continuar el proceso de aproximación de la edad real, 63,8 años, a la legal de 65. Para ello debería desincentivarse la prejubilación que aplican algunas empresas y que, además, tienen un impacto negativo en el empleo y simultáneamente mejorar los incentivos al aplazamiento voluntario de la edad de jubilación, más allá de los 65. También podrían estudiarse algunos ajustes en la figura de la jubilación a tiempo parcial con contrato de relevo.
Sin duda, lo más importante es no abandonar la senda de reformas permanentes, con sentido global y consenso social.
Joan Coscubiela. Profesor de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de Esade (URL) y ex secretario general de CCOO en Cataluña
El Consejo Económico y Social (CES) asestará hoy un duro varapalo a la forma en la que el Gobierno ha elaborado la Ley de Economía Sostenible, el proyecto estrella de la legislatura.
28-01-2010 – La institución que preside Marcos Peña opina que el Gobierno ha mezclado en una ley diversas normativas, sin conexión entre unas y otras y sin una memoria económica adecuada, lo que dificulta su comprensión, según informaron las diversas fuentes del organismo consultadas por EXPANSIÓN.
El CES cree que una ley tan ambiciosa como la que plantea el Gobierno carece de instrumentos de gestión, control, seguimiento y supervisión. Incluso, con la presencia de las administraciones, la patronal y los sindicatos, así como con los recursos económicos necesarios. «Se trata de conocer con certeza qué impacto tienen las medidas que adopta el Gobierno en las empresas y en la eficiencia de las administraciones».
El órgano consultivo pero no vinculante del Ejecutivo, que tiene el mismo rango constitucional que el Consejo de Estado, pone de relieve la contradicción que existe entre los fines sociales que, en su opinión, busca la Ley de Economía Sostenible y el hecho de que apenas aparezcan a lo largo del articulado.
Por ejemplo, en opinión del CES se recogen muy poco los objetivos de favorecer el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Como tampoco se plantean directrices sobre el fortalecimiento de la protección social, la mejora del sistema educativo; la consolidación de la sanidad o el impulso al desarrollo rural y territorial.
Una crítica relevante
Esta crítica es muy importante teniendo en cuenta que dentro del CES están la patronal, los sindicatos y diversas organizaciones sociales, además de expertos nombrados por el Gobierno.
Todo ello, sin perjuicio de que la institución, en un hecho que tiene pocos precedentes, haga un llamamiento para que el desarrollo sostenible, como «política de Estado» cuente con el apoyo «explícito» de la mayoría de los grupos políticos, los ciudadanos y, por supuesto, las organizaciones empresariales y sindicales.
También es relevante que, por primera vez, y aunque de forma implícita, el CES defienda la necesidad de contemplar la alternativa nuclear dentro del modelo energético español. Dice la institución al Gobierno que «no se debe rechazar de entrada ninguna tecnología». Por el contrario, «es necesario analizar y debatir desde el punto de vista económico y social sobre cada una de las alternativas» teniendo en cuenta la seguridad del suministro, el coste y el beneficio, el programa de España para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, por supuesto, el impacto medioambiental.
El dictamen sobre el anteproyecto de ley del Gobierno recalca que, una vez concluidos todos los debates que se pueden hacer al respecto, «será posible tener escenarios de certidumbre para establecer previsiones de precio».
Sin piedad
Impuestos
El CES se queja de que los cambios tributarios están esparcidos por el articulado de la ley y «encajados» de forma improvisada. Incluso, la institución se queja de la falta de coherencia, lo que impide su valoración global.
Un silencio confuso
El organismo llama la atención del Gobierno sobre la confusión que está creando en el ciudadano y en las empresas con las continuas reformas sobre el silencio administrativo. Ya no se sabe cuándo es positivo y cuándo es negativo.
Un cambio precipitado
El CES comparte el objetivo del Gobierno de ordenar el sistema financiero, pero también le advierte de que compruebe que sus medidas están en armonía con los acuerdos internacionales.
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¿Dónde está el nuevo modelo productivo?
Algunas de las críticas del Consejo Económico y Social cuestionan, precisamente, los planteamientos que hace el Gobierno para llegar al nuevo modelo productivo, que es el objetivo central de la Ley de Economía Sostenible.
De acuerdo con las diversas fuentes del CES consultadas por EXPANSIÓN, la institución señala que el texto de la norma no recoge la multitud de medidas relacionadas con el impulso de la sociedad de la información, propias de una economía digital abierta y competitiva. Así, faltan «cuestiones importantes» como el desarrollo de redes de nueva generación o la potenciación del despliegue de infraestructuras avanzadas en las Tecnologías de la Información y Comunicación.
De la misma forma, la institución cree que faltan medidas en el impulso exterior de las empresas españolas. El CES lamenta la falta de dotación presupuestaria, de coordinación entre el sector público y el sector privado, las carencias en el refuerzo de la imagen-país o la escasa presencia de la empresa en la labor diplomática. Igualmente, el dictamen se queja de que no hay un tratamiento profundo de la formación a lo largo de la vida de una persona.
M Valverde
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