Nada impide que un empresario despida al trabajador que quiera. Lo que se pretende es que el despido, además de ser libre, sea gratuito.
18-02-2009 – Más temible que la propia crisis económica es contemplar cómo hay quien en nuestro país se enroca en las posiciones que han conducido a ella. Este es el caso del actual gobernador del Banco de España, hasta hace poco secretario de Estado de Hacienda y en los diez primeros años del felipismo secretario de Estado de Economía y Comercio.
Hay que reconocer que Fernández Ordóñez ha cambiado poco o nada sus planteamientos en los últimos veinticinco años. Ello tiene su cara y su cruz. Su cara, es un hombre de convicciones; nadie le podrá acusar de ser un converso al neoliberalismo económico. Su cruz, la actual crisis económica está demostrando lo errado que estaba, y continuar anclado en los dogmas de antaño linda con la demencia, a menos que sea por intereses como los que animan a la CEOE, lo que sinceramente no creo que sea el caso de Fernández Ordóñez.
El gobernador del Banco de España comienza aseverando que las indemnizaciones por despido van de los 20 a los 45 días por año trabajado. No es cierto. Los que tal afirman olvidan que una tercera parte de los contratos (los temporales) carecen de indemnización. Tampoco gozan de ella los despedidos por causas disciplinarias, aquellos que un tribunal juzga justificados bien por un rendimiento deficiente del trabajador bien por cualquier otra falta.
Veinte días de salario por año prestado de servicio tienen como indemnización los trabajadores despedidos por las llamadas causas objetivas, graves dificultades de la empresa, ya sean de tipo tecnológico o económico. Por último, nos encontramos con aquellos llamados improcedentes, los que en puridad no deberían existir, puesto que no responden a razones ni objetivas ni subjetivas, excepto el capricho o la voluntad del empleador. En teoría, la indemnización es la equivalente al salario de 45 días por año de antigüedad; digo que en teoría porque, a partir de aprobar lo que malamente se denominó plan de fomento del empleo indefinido, los contratos firmados a su amparo tienen sólo derecho a una indemnización de 33 días por año. Pues bien, es esta modalidad de despido, la caprichosa, la que se pretende abaratar proponiendo una indemnización de 20 días por año, igualando todas las extinciones de la relación laboral, tanto las justificadas como las que no lo son.
El secretario general de la UGT afirma que lo que se intenta con esta propuesta es aprobar el despido libre, pero lo cierto es que éste, excepto para los delegados sindicales, existe ya en España desde hace muchos años. Nada impide que un empresario despida al trabajador que quiera. Lo que se pretende es que el despido, además de ser libre, sea gratuito.
Fernández Ordóñez se fija en un hecho innegable, la velocidad enorme con que el desempleo comenzó a crecer en España nada más comenzar la crisis, y que ha situado a nuestro país a la cabeza de Europa. De esa anomalía concluye que nuestro mercado de trabajo está enfermo y que necesita cura, por la vía de desregularlo aún más y de abaratar el despido, y para ilustrar su argumento nos ofrece el ejemplo de dos países en los que, según dice, la indemnización por despido es muy reducida y la tasa de paro también. No entiendo cómo un hombre aparentemente inteligente como Fernández Ordóñez puede incurrir en tales simplificaciones. De la coincidencia en el tiempo o en un sujeto de dos fenómenos, de ninguna manera se puede concluir que uno es la causa del otro y menos cuál es la causa y cuál el efecto. Seguir tal procedimiento nos podría conducir a las inferencias más descabelladas. En esto se distingue una mentalidad mágica de otra científica.
Una de las aberraciones del neoliberalismo económico es creer que los mercados están cerrados en sí mismos y que la causa de los problemas que, por ejemplo, puede tener el mercado de trabajo se encuentra en el propio mercado de trabajo y no en otras áreas de la economía, en el sector productivo o incluso en el mercado financiero. Las comparaciones internacionales deben realizarse con mucho tiento, puesto que son numerosas las variables que intervienen. La causa de las reducidas tasas de paro de Austria y Suiza hay que buscarla tal vez muy lejos del propio mercado laboral, en otras áreas económicas; y la baja indemnización por despido, lejos de ser la causa, es quizás la consecuencia. Cuando la tasa de paro es tan baja y el trabajador despedido encuentra inmediatamente empleo no se precisa que la indemnización sea cuantiosa.
Pero no hay por qué negar que nuestro mercado laboral tiene graves defectos, aunque precisamente en la dirección contraria a la que apunta el gobernador del Banco de España. Es el exceso de flexibilidad y de desregulación el que permite que la crisis se traslade inmediatamente al mercado de trabajo, y que el ajuste recaiga de forma fulminante sobre los trabajadores. Con toda seguridad, si el despido fuese más caro, en especial en lo que hace referencia a los contratos temporales, la tasa de desempleo sería inferior. Pensar lo contrario no sólo va contra las leyes económicas, sino contra el sentido común.
Fernández Ordóñez afirma que «deberíamos estar todos de acuerdo en que la mejor protección contra el desempleo no es la que se preocupa del subsidio del parado, sino la que consigue que la mayoría no pierda el trabajo». Pues no, señor gobernador, no estamos de acuerdo. Volvemos a emplear el argumento tan profusamente utilizado en otros tiempos de la caña y el pez. «Mejor que dar un pez es enseñar a pescar». El problema es que no siempre es posible enseñar a pescar, al menos con la rapidez que necesita el que está muriéndose de hambre.
Pero es que, además, en estos momentos la medida más eficaz para que la mayoría no pierda el puesto de trabajo es preocuparse por la prestación de desempleo. Fernández Ordóñez debería apartar por un momento la vista de la oferta económica para fijarla en el lado de la demanda, actitud que reviste especial importancia en esta crisis que es de demanda. Debería olvidar por un instante la microeconomía para adentrarse en la macroeconomía y comprender que lo que aparentemente es bueno para una empresa considerada en solitario termina siendo fatal si se generaliza para todas ellas y para la economía en su conjunto. Lo que ahora precisan las empresas es demanda y es en la reducción del consumo donde se encuentra el talón de Aquiles. En la actualidad, el dinero público mejor empleado es el que se destina a los parados, cuya propensión a consumir estará próxima a la unidad.
Incrementar la prestación por desempleo y permitir que los parados continúen consumiendo no es sólo una exigencia del Estado social, sino el mejor instrumento para impedir que otros trabajadores sean arrojados al paro.
Juan Francisco Martín Seco
Estrella Digital
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