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Quién Manda, es un mapa del poder en España que David Cabo y Eva Belmonte han puesto en marcha, en la organización Civio para mostrar quién es quién en los círculos de poder, políticos y empresariales, de España.

Se reúnen, quedan para comer, hacen deporte…

Un proyecto en proceso  . El mapa del poder público-privado en España. Mostrará quiénes se sientan en las mesas más importantes y cuál es su conexión. Queremos que se regule el lobby y que los altos cargos publiquen sus agendas de trabajo completas.

Fabra, S.A. 

Tras 16 años al mando de la diputación de Castellón y un reguero de sociedades públicas y privadas a sus espaldas, Carlos Fabra se enfrenta a cuatro años de cárcel por fraude fiscal

Dueño y señor de Castellón durante años, Carlos Fabra ha sido condenado a cuatro delitos contra la hacienda pública, lo que se traduce en -si ningún recurso lo impide- cuatro años de prisión y el pago a Hacienda de más de 693.000 euros. Su exmujer, María Amparo Fernández, también ha sido condenada por no pagar los impuestos correspondientes, pero su pena es de dos años. Heredero de la más importante saga política castellonense -su padre, su abuelo y su bisabuelo también lideraron el órgano provincial- y con una suerte en la lotería sin parangón, presidió la Diputación de Castellón hasta junio de 2011.

En la sesión constitutiva de la diputación que supuso su despedida como presidente, el representante del Partido Popular, Vicente Aparici, alababa los 16 años de gobierno de Fabra destacando los grandes proyectos llevados a cabo en la provincia gracias al apoyo del gobierno de Francisco Camps. En su balance, uno de esos proyectos destaca por encima del resto: «El aeropuerto es hoy una realidad. Hemos dejado de ser la única provincia del litoral mediterráneo que no tenía aeropuerto. 120 millones de euros para cambiar de forma radical el futuro turístico de nuestra provincia, al que deben acompañar otras inversiones de carácter público y privado absolutamente necesarias, así como las decisiones políticas que las hagan posible.»

De hecho, Carlos Fabra siguió presidiendo Aerocas (la sociedad encargada del aeropuerto en el que aún no ha aterrizado un solo avión) hasta junio de 2013. Pese a la nula actividad del aeródromo, la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón prevén gastar 25 millones en su explotación durante los próximos 20 años.

Sociedades públicas, la cámara de comercio y su club de golf

Aerocas no es la única sociedad con participación pública en la que Fabra ha ocupado un asiento durante y, en algunos casos, incluso tras su mandato como presidente de la diputación. Fue presidente de Vicasdi (una promotora pública de viviendas que acabó disuelta en 2013) y consejero del Centro de ocio Mundo Ilusión, entidad gestora de un gran parque de 800.000 metros cuadrados planificado por la Generalitat Valenciana y la Diputación que se iba a levantar entre Cabanes y Oropesa (sí, esa Oropesa, la de Marina d’Or). Fabra dejó de ser vicepresidente en enero de 2011 y en mayo de ese mismo año la sociedad fue extinguida y el macroproyecto se guardó en un cajón.

Hasta octubre de 2013, mucho después de dejar su cargo, fue consejero de Proyecto Cultural de Castellón, una entidad pública encargada de gestionar los espacios culturales de la ciudad (auditorio, teatro, palau) y absorbida por Culturarts (órgano cultural de la Generalitat Valenciana) hace sólo unos meses.

Tras dejar la presidencia de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra recuperó un puesto para el que fue nombrado en 1975 y en el que estaba en una especia de excedencia desde su paso a primera línea política: secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón. En septiembre de ese mismo año, ya como secretario general de la cámara, coincidió en un acto con su sucesor en la diputación, Javier Moliner.

Además de sus variadas participaciones en sociedades públicas o empresariales, Carlos Fabra es presidente de su propia empresa: Golf del Mediterráneo, un club de campo inaugurado en 1978.

Por Eva Belmonte

Quién Manda, es un mapa del poder en España que David Cabo y Eva Belmonte han puesto en marcha, en la organización Civio para mostrar quién es quién en los círculos de poder, políticos y empresariales, de España.

Se reúnen, quedan para comer, hacen deporte…

Un proyecto en proceso  . El mapa del poder público-privado en España. Mostrará quiénes se sientan en las mesas más importantes y cuál es su conexión. Queremos que se regule el lobby y que los altos cargos publiquen sus agendas de trabajo completas.

Escuela 2.0, pero con Windows

Planes de impulso tecnológico como Avanza o Escuela 2.0 se lanzaron mediante convenios con la firma creadora del sistema operativo Windows.

Ciertos acuerdos público-privados benefician a ambas partes de la ecuación. Es el caso de los convenios firmados con Microsoft: la firma ofrece descuentos a las administraciones públicas por el uso masivo de sus licencias y, a la vez, extiende aún más el uso de este software frente a otras opciones.

El 10 de diciembre de 2009, la compañía pactó con el Ministerio de Educación -entonces dirigido por la socialista Mercedes Cabrera- incluir su software por ocho euros al año en cada uno de los ordenadores del Plan Escuela 2.0, dirigido a dotar de portátiles a los estudiantes españoles. Las encargadas de estampar su firma sobre el papel fueron Eva Almunia, Secretaria de Estado de Educación; y María Garaña, presidenta de Microsoft España.

Todas las comunidades autónomas debían seguir los pasos de este acuerdo, que aún perdura pese a que se paralizó la compra de equipos nuevos. De hecho, a principios de 2013, Cataluña gastó 14,17 euros por actualizar cada uno de los equipos incluidos en el programa a Windows 7.

El Plan Avanza, de la mano de Microsoft, Windows y La Caixa

Esta no es la única vez que el gobierno socialista firmó acuerdos con Microsoft. Un año antes, el 28 de abril de 2008, el recién designado Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, recibía a Steve Ballmer, presidente de Microsoft; Santiago Cortés, presidente de HP en España; y Antonio Massanell, director adjunto de La Caixa (ahora Caixabank). El objetivo del encuentro era firmar un acuerdo de colaboración con estas entidades para ‘impulsar el acceso de ciudadanos y empresas a la sociedad de la información’, tal y como se informó en la nota de prensa de la jornada, en la que no se aclara en ningún momento cómo van a impulsarlo y, sobre todo, qué papel tienen esas empresas concretas en el desarrollo del Plan Avanza.

Una parte del Plan Avanza incluía la concesión de préstamos sin interés -a pequeñas empresas y estudiantes, principalmente- para financiar la adquisición de tecnología. Los ciudadanos que se acogieran podían comprarse un ordenador de cualquier marca, por ejemplo, rellenar unos formularios, adjuntar la factura correspondiente y pedir la ayuda. Entonces, ¿qué implicaba este convenio de colaboración? Para facilitar el proceso, era posible adquirir, directamente, un ordenador HP con software Microsoft en cualquiera de las oficinas de La Caixa, directamente y sin pasos intermedios.

Aprovechando el viaje, el número 1 de Microsoft también se reunió con la entonces Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia.

Desgraciadamente, nada sabemos de esa reunión, pues se celebró a puerta cerrada y no trascendió ninguna información sobre los temas que trataron. Ballmer también tuvo tiempo de asistir a un coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), una entidad que reúne a algunos de los grandes directivos españoles y que cuenta con más de 2.500 asociados.

Además, en mayo de 2013, María Garaña firmó un convenio con Xavier Trias, alcalde de Barcelona, para impulsar las TIC y el modelo smart city en la capital catalana con la ayuda de Microsoft.

Quién Manda, es un mapa del poder en España que David Cabo y Eva Belmonte han puesto en marcha, en la organización Civio para mostrar quién es quién en los círculos de poder, políticos y empresariales, de España.

Se reúnen, quedan para comer, hacen deporte…

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Empresas energéticas, el Benidorm de la clase política

Presidentes del gobierno, ministros y secretarios de estado encuentran cobijo en compañías que se dedican a la energía.

En 2012, Ignacio López del Hierro -esposo de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal- y Alberto Nadal -hermano de Álvaro Nadal, asesor de Rajoy- renunciaron a los cargos como consejeros de Red Eléctrica Española (REE) para los que habían sido designados tras la polémica que generaron sus nombramientos. Las dudas sobre la influencia de los miembros del Gobierno en estas designaciones, más aún teniendo en cuenta que el 20% del capital de REE es público, acabaron por hacerles buscar cobijo en otros lares.

Pero REE no es la única compañía relacionada con la energía que cuenta entre sus filas con ilustres políticos en retirada. Empezando por los expresidentes del Gobierno, pasando por ministros y acabando en altos cargos, las grandes empresas energéticas de este país han apostado por sumar a sus filas a expolíticos -y sus agendas-.

La cúspide de esta ‘revolving door’ público-privada la encabeza Felipe González, presidente del Gobierno desde 1982 hasta 1996 y consejero de Gas Natural Fenosa. Según han publicado algunos medios, José María Aznar, que presidió el país entre 1996 y 2004, es asesor en Endesa. Desgraciadamente, la compañía no hace público de forma oficial ese tipo de nombramientos y no podemos acreditar ese cargo.

Endesa, Iberdrola y Abengoa

Un escalafón por debajo están los ministros. Endesa no distingue tendencias políticas y cuenta entre sus filas con exministros de PP y PSOE. Uno de los últimos en ser acogido en su seno ha sido Elena Salgado, que ocupó diversos ministerios durante las dos legislaturas de José Luís Rodríguez Zapatero. Para esquivar la ley que regula los conflictos de intereses de los altos cargos, la eléctrica la fichó para su filial en Chile, Chilectra, donde aparece como una de las directoras.

Otro de los ministros de Zapatero -aunque también lo fue de Felipe González-, Pedro Solbes, es consejero de Enel, la compañía iltaliana propietaria del 92,06% de Endesa. La eléctrica también ha contado entre sus filas con ministros del PP. De hecho, Luis de Guindos, actual ministro de Economía, fue consejero de la compañía justo antes de ser nombrado.

Otra de las grandes eléctricas españolas, Iberdrola, cuenta en su plantilla con Ángel Acebes, ex ministro de Interior de Aznar fichado como consejero externo y miembro de la comisión ejecutiva delegada. Para equilibrar, el presidente de la Fundación Iberdrola es Manuel Marín, socialista que fue presidente del Congreso de los Diputados.

La parcialmente pública REE cuenta con dos ex ministros socialistas: Ángeles Amador, que fue ministra de Sanidad de 1993 a 1996 y que recibió la banda de la Orden de Carlos III; y Miguel Boyer, ministro de Economía del 82 al 85. Boyer también tiene una condecoración de la orden de Carlos III en su vitrina: la gran cruz.

En Abengoa conviven Ricardo Martínez Rico, socio del ministro Cristóbal Montoro y ex secretario de Estado de presupuestos (más información sobre él, aquí) y Josep Borrell, ex ministro socialista y presidente del Parlamento Europeo de 2004 a 2007.

Si dejamos de lado a ministros y expresidentes, la lista continúa. Tenemos, por ejemplo, a Miquel Roca Junyent, ex de Convergència Democràtica de Catalunya que intentó debancar de la alcaldía de Barcelona al socialista Pasqual Maragall y que, en paralelo a su trabajo en Endesa, es el abogado defensor de la infanta Cristina en el caso Noos. O a José Folgado, presidente de REE, que fue Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos desde el 96 y luego Secretario de Estado de Energía hasta el cambio de gobierno en 2004. En su caso, el gobierno de Zapatero recibió una herencia del PP y fue el ministro de exteriores socialistas quien, en ese mismo año 2004, le entregó la Gran Cruz de Isabel la Católica.

Y los nombres que han pasado por esta ‘revolving door’ energética no acaban aquí. En junio de 2013, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético entregó un escrito a la Fiscalía Anticorrupción para que investigase si, entre todas estas idas y venidas de lo público a lo privado, ha existido prevaricación o tráfico de influencias.

Por Eva Belmonte

Quién Manda, es un mapa del poder en España que David Cabo y Eva Belmonte han puesto en marcha, en la organización Civio para mostrar quién es quién en los círculos de poder, políticos y empresariales, de España.

Se reúnen, quedan para comer, hacen deporte…

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Los marqueses del rey

Desde que fue coronado, Juan Carlos I ha creado 43 títulos nobiliarios a medida para empresarios, altos cargos franquistas y celebridades de todo tipo.

Los títulos nobiliarios, como los indultos, desprenden olor a otras épocas. De hecho, el organismo encargado de gestionar ambos asuntos es el mismo, la División de Derechos de Gracia y otros Derechos, dependiente del Ministerio de Justicia. En ambos casos, el encargado oficial de aprobar las medidas de gracia para condenados y las sucesiones de sangre azul es el mismo, el Rey, que no sólo estampa su firma cuando un alguien hereda un marquesado concedido por alguno de los reyes que dirigieron España en siglos pasados, sino que ha creado sus propios títulos nobiliarios a medida.

En concreto, desde su coronación como jefe de estado ha otorgado 43 dintinciones, la mayoría marquesados (33), además de darle grandeza de España (una especie de palco VIP para nobles) a algunos títulos creados con anterioridad, como el del conde de Godó. Aunque algunos nombres bailan, tanto en Wikipedia como en El País, por poner sólo dos ejemplos, se han publicado listados de agraciados por Juan Carlos I. Nuestra extracción vía BOE muestra muchos altos cargos de la dictadura franquista, algunos personajes clave de la Transición, diplomáticos, artistas, científicos y empresarios.

La herencia franquista y la Transición

La muerte de Franco no trajo consigo una ruptura real ni mucho menos inmediata con el anterior regimen. Por eso, tras el acto de coronación, Juan Carlos I se estrenó concediendo títulos por su papel en una «gloriosa etapa histórica de nuestra patria» a la viuda y la hija del dictador, seguidas de una retahíla de personajes que habían tenido altos cargos durante la dictadura, empezado por Carlos Arias Navarro, presidente del Gobierno en los últimos años del franquismo. Le siguieron Torcuato Fernández-Miranda (presidente interino tras la muerte de Carrero Blanco) y Alejandro Rodríguez de Valcárcel (ocupó varios altos cargos durante la dictadura). Hasta la esposa de del ministro franquista de Justicia, Rita Gómez, obtuvo su título de manos del rey.

Algunos personajes con cierto peso durante la dictadura y que consiguieron mantenerse o ascender ante el cambio de regimen también fueron condecorados. Es la historia, por ejemplo, de Sabino Fernández Campo, que formó parte del ejército falangista pero se recicló como jefe de la Casa del Rey. En su caso, como el de Antonio Villacieros (jefe de protocolo real) o Íñigo Moreno (primo político del rey), el marquesado les llegó como recompensa por sus servicios a la corona.

Si repasamos el curriculum del marqués Juan Antonio Samaranch, fallecido en 2010 y mundialmente conocido por presidir el Comité Olímpico Internacional durante más de una década, podemos encontrar su cargo como Delegado Nacional de Educación Física y Deportes del franquismo, así como una multitud de condecoraciones de todo tipo -al mérito policial, al mérito agrícola, al mérito aeronáutico…- que recibió, en su mayoría, de manos de Francisco Franco.

Juan Carlos I también ha otorgado títulos nobiliarios a personajes que marcaron la Transición, el cambio de sistema que le consolidó como jefe de estado: los presidentes Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo, Marcelino Oreja Aguirre (tío de Jaime Mayor Oreja y exministro de Exteriores) o el primer presidente del Senado, Antonio Fontán. En 1986 hizo marqués a Josep Tarradellas, quien había sido presidente de la Generalitat en el exilio y lo fue ya en Cataluña hasta que Jordi Pujol ganó sus primeras elecciones.

Artistas, científicos y Vicente del Bosque

En ocasiones la nobleza se otorga para poner un sello de agradecimiento real a personalidades que han marcado hitos en la evolución científica o cultural del país. Es el caso de bioquímicos (Joan Oró, Margarita Salas), pintores (Tàpies, Dalí), escritores (Camilo José Cela, Mario Vargas Llosa), literatos (Emilio García Gómez), dibujantes (Antonio Mingote), economistas (Gonzalo Anes), músicos (Andres Segovia, Joaquín Rodrigo) y otros. Y con otros me refiero a Vicente del Bosque.

A veces, el rey agradece la aportación de personajes ya fallecidos haciendo nobles a sus familiares, como es el caso de Carlos Luís del Valle-Inclán (hijo del escritor), Gregorio Marañón Moya (hijo del reconocido médico) o Roser Rahola, viuda de Jaume Vicens Vives y al frente de la editorial que mantiene vivo el nombre de su esposo.

Empresarios y amigos

Una decena de empresarios llevan un título pegado al nombre. Es el caso de los fundadores de dos de los despachos de abogados más importantes del país, Uría Menéndez y Garrigues. Aurelio Menéndez Menéndez fue, además, ministro de Educación en el gobierno de Suárez. Antonio Garrigues Díaz, padre de Antonio Garrigues Walker, fue embajador de España en EEUU y el Vaticano durante la dictadura. También tienen título Javier Benjumea (fundador de Abengoa), la empresaria gallega Carmela Arias, el presidente de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir; y Antonio Durán Tovar, quien fue presidente de Dragados. Hasta el empresario portugués Vasco Manuel de Quevedo es marqués por gracia del rey español.

Los totems de la prensa también fueron reconocidos. José Manuel Lara, fundador de Planeta y padre el actual presidente del grupo; y Guillermo Luca de Tena, presidente de honor de Vocento y que fue presidente y director de ABC se sumaron a la lista de nobles de la prensa en la que les esperaba el conde de Godó.

Y no podían faltar los banqueros, como Alfonso Escámez (fue presidente del Banco Central) o José Ángel Sánchez Asiaín, que lideró el BBVA hasta 1990 y presidió la fundación Cotec -a cuyas reuniones acude el rey religiosamente. ¿Y Botín no se lleva nada? No, pero su mujer, Paloma O’Shea, es marquesa por gracia real.

Por Eva Belmonte