Categoría: Campañas

El 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, se caracteriza -en este
año por la profundización de la crisis global; tras casi cinco años del
inicio de la crisis financiera, el fracaso de las políticas neoliberales
aplicadas es un hecho incuestionable y con efectos dramáticos al haber
aumentado la destrucción de empleo, la pobreza y las desigualdades.

Ante la falta de
regulación del sistema financiero, los ataques a la deuda soberana de
los países, el empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo, la
disminución de la protección social y el deterioro de los servicios
públicos, la Confederación Sindical Internacional y la Confederación
Europea de Sindicatos responden con la movilización sindical, reclamando
una salida social a la crisis, con otras políticas que impulsen el
crecimiento económico y del empleo y preserven la cohesión social.

Junto al movimiento
sindical internacional y europeo, CCOO y UGT reivindicamos el fin de
todos los conflictos bélicos originados por los intereses económicos y
políticos o por los fanatismos de todo tipo y exigimos que terminen, de
una vez por todas, las violaciones de los derechos laborales, sindicales
y civiles en todo el planeta.

Un camino de esperanza para los pueblos árabes

La llamada “Primavera
árabe” ha producido, en 2011, el derrocamiento de las dictaduras de
Túnez, Egipto y Libia. En este último país, tras una intervención de la
OTAN y una guerra civil.

En Siria, el conflicto
ha devenido en una guerra civil en la que aún hoy continúa inmersa por
la negativa del régimen represor de los Assad a abrir paso a la
democracia. En otros países se han realizado cambios políticos de
orientación democratizadora como consecuencia de la presión popular. Con
independencia de las dificultades, incertidumbres y riesgos que se
manifiestan en los países árabes, hay que valorar como merecen las
rebeliones de los pueblos por la libertad y la justicia y para poner fin
a dictaduras corruptas.

La OIT regula derechos laborales para el trabajo doméstico

En la 100ª Conferencia
Internacional de Trabajo de la OIT, celebrada en junio de 2011, además
de otros asuntos tratados, hay que celebrar que se adoptaron normas
laborales internacionales para proteger a entre 53 y 100 millones de
trabajadores domésticos en el mundo. En los países en desarrollo
representan entre el 4 y 12% del empleo asalariado, siendo alrededor del
83% mujeres o niñas y muchas de ellas migrantes.

Es la primera vez en la
historia de la OIT que las normas laborales se llevan al ámbito de la
economía informal. Las nuevas normas se convertirán en el Convenio 189º
de la OIT y la Recomendación nº 201 y establecen que los millones de
trabajadores y trabajadoras domésticos del mundo tengan los mismos
derechos básicos que otros trabajadores, incluyendo horas de trabajo
razonables, descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, un
límite a los pagos en especie, información clara sobre los términos y
las condiciones de empleo, así como el respeto a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo, incluyendo los de libertad
sindical y negociación colectiva.

Las políticas neoliberales debilitan el modelo social europeo

Europa atraviesa una
gran crisis económica y social, con niveles récord de desempleo, y
caminando hacia un periodo de recesión general que ya es una realidad en
algunos de los países de la Unión. En la UE27, a finales de 2011, eran
ya más de 23 millones de hombres y mujeres los que carecían de empleo,
entre ellos 5 millones de jóvenes.

En los últimos dos
años, estamos viviendo el más sistemático y generalizado ataque contra
los derechos laborales y sociales desde el fin de la 2ª Guerra Mundial.
El ataque está impulsado desde las mismas instituciones europeas:
Consejo, Comisión y Banco Central Europeo. Sus líneas de acción son las
políticas de austeridad y ajuste presupuestario y las llamadas “reformas
estructurales”, en particular las del mercado de trabajo. Sus
instrumentos jurídico-políticos son, por el momento, los seis
reglamentos del Plan de gobernanza económica, el Pacto por el euro plus y el nuevo Tratado o Pacto fiscal.
Sus consecuencias afectan a todos los países de la UE, con distinta
intensidad. De forma dramática a los países del sur y el este de Europa
que tienen serios problemas en sus finanzas públicas: disminución de
salarios y pensiones, pérdida o erosión de los derechos laborales y
sociales, debilitamiento (anulación en algunos casos) de la negociación
colectiva y de la capacidad de los sindicatos para defender a los
trabajadores, deterioro serio de las prestaciones y servicios públicos
sobre los que se basan los Estados de bienestar europeos.

Sometidos, con más o
menos entusiasmo, a la ideología del pensamiento económico conservador
del actual gobierno alemán, los responsables políticos europeos están
actuando con una cortedad de miras y unos niveles de irresponsabilidad
extraordinarios manteniendo unas políticas manifiestamente fracasadas
que ponen en peligro la misma existencia del euro, en lo económico, y de
la propia Unión Europea, en lo político. El debilitamiento del modelo
social europeo y su sustitución por un modelo ultraliberal de “sólo
mercado” y un modelo dual en el que a los países periféricos, como
España, les correspondería competir en base a una profunda reducción de
los salarios y de los derechos laborales y sociales.

Las políticas
impulsadas por las instituciones europeas son muy injustas y sus
consecuencias están siendo: más personas en paro, más pobreza y más
desigualdad social. Además, son un fracaso en términos económicos. Sus
objetivos explícitos –déficit público del 3% del PIB en 2013 y mejora de
la capacidad de financiación de los Estados- está lejos de poder
cumplirse, dado que las políticas de austeridad han llevado de una
incipiente recuperación económica a una nueva recesión. Hoy, la crisis
de las deudas soberanas está más extendida y es más profunda que a
comienzos de 2010 (cuando se fijaron los objetivos del déficit).

El sindicalismo europeo
tiene alternativas a esta difícil situación que son compartidas por un
creciente número de organizaciones sociales y políticas.

La Confederación
Europea de Sindicatos (CES), para resolver la crisis de las deudas
soberanas e impulsar el crecimiento de la economía y el empleo, propone:
emitir deuda europea (eurobonos), reformar el BCE para darle las
competencias de los demás bancos centrales, implantar un impuesto a las
transacciones financieras, actuar decididamente contra el fraude y la
evasión fiscal y acabar con los paraísos fiscales, regular los mercados
financieros para ponerlos al servicio de la economía real, armonizar
fiscalmente la UE, impulsar un plan europeo de inversiones en redes de
transporte y comunicación y actividades de economía verde, reformar los
Tratados de la UE para que el gobierno de la UE sea realmente
democrático y respete los principios, valores e instituciones que han
configurado su modelo social. Para alcanzar los objetivos de reducción
de los déficits públicos, la CES reclama un plazo más prolongado, y
desde la recuperación del crecimiento económico, no desde la recesión.

La CES ha propuesto, además, trabajar por un Nuevo contrato social europeo que
restaure el valor del diálogo social y establezca un amplio conjunto de
derechos laborales y sociales comunes sobre los que basar la
construcción de una nueva Unión Europea que pueda volver a convertirse
en la región del mundo económicamente más avanzada, con un modelo de
desarrollo sostenible y socialmente más justa. Porque ambas opciones son
perfectamente compatibles.

Reformas injustas y políticas ineficaces

En España, la pésima
situación económica y del empleo, lejos de reconducirse, se agrava.
Superada, en 2011, la cifra de 5.270.000 personas desempleadas, las
expectativas para este año y el próximo, inmersos ya en una recesión
económica, auguran un aumento mucho mayor del desempleo, con la
extensión de los despidos al ámbito de las administraciones y servicios
públicos y por los efectos, en el ámbito privado, de la contracción
drástica de la inversión pública. Una situación en la que la brecha
entre ricos y pobres aumenta cada día y sitúa a más del 22% de los
hogares españoles por debajo del umbral de la pobreza.

Las dificultades para
que las personas jóvenes encuentren empleo, convierten el desempleo
juvenil en un problema social de primera magnitud ante la falta de
expectativas laborales que limitan severamente sus posibilidades de
desarrollo y autonomía y que llevan, a las personas más preparadas, a
ver en la emigración una de sus escasas alternativas.

El desempleo de larga
duración también se ceba en mujeres y hombres que por su mayor edad
tienen escasas posibilidades de reincorporarse al mercado de trabajo en
estas circunstancias y también en un futuro, cuando la economía repunte y
genere nuevos empleos.

Las reformas laborales
llevadas a cabo por el anterior Gobierno, atendiendo a los
requerimientos de reformas estructurales impulsados por la UE, no han
servido para frenar la destrucción de puestos de trabajo y sí para
aumentar la precariedad laboral. El giro en la política económica y
social, adoptado por el Gobierno en 2010 y continuado en 2011, ha tenido
consecuencias negativas para el empleo y para la prestación de los
servicios públicos, facilitando la ofensiva contra lo público que, desde
diversos ámbitos políticos y económicos, ligados a las posiciones más
neoliberales, se desencadenaron en algunas Comunidades Autónomas y
llevan camino de generalizarse en todo el país.

Los errores en la
gestión política de la crisis, llevaron a la desafección de una parte
importante de su electorado y a facilitar un cambio de ciclo político,
iniciado en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011, al
poner en manos del Partido Popular la mayoría de los gobiernos e
instituciones. Tras la alternancia política resultado de las elecciones
generales del 20 de noviembre, el Gobierno del PP ha iniciado una rápida
carrera por la puesta en marcha de drásticos recortes presupuestarios y
profundas reformas estructurales, entre las que destaca la reforma
laboral por sus efectos lesivos para los trabajadores y por la
involución que supone en aspectos esenciales del derecho del trabajo,
aprobada sin el menor intento de negociación, ni siquiera consulta
previa, con las organizaciones sindicales y con desprecio absoluto del
valor del diálogo social y de los contenidos de dos importantes Acuerdos
interconfederales firmados por las confederaciones empresariales y
sindicales pocos días antes de que el Gobierno aprobase el RD-ley.

UGT y CCOO reclamamos
la necesidad y oportunidad del II Acuerdo para el Empleo y la
Negociación Colectiva (AENC 2012-2014), con el que se trata de
contribuir, desde la negociación colectiva, a la reactivación económica,
a través de una importante contención de salarios, precios y beneficios
empresariales, y la reinversión del excedente empresarial

para la mejora de la
competitividad y productividad; contribuir a la consolidación del
empleo, a través de la aplicación preferente, a la hora de afrontar la
crisis, de medidas de flexibilidad interna negociada, y a la reducción
de la conflictividad laboral a través del fortalecimiento del diálogo en
la empresa y de la solución autónoma de conflictos, avalada también con
la firma del V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos (ASAC
2012-2016).

Frente a la opción
promovida por los Acuerdos interconfederales, el RD-ley supone una
reforma brutal, que facilita y abarata el despido, precariza las nuevas
contrataciones, desequilibra a favor de la empresa las relaciones
laborales, aumenta la desigualdad y genera nuevas formas de
discriminación, debilita la negociación colectiva y la función de las
organizaciones sindicales. Una reforma con claros elementos de
inconstitucionalidad y que vulnera, también, algunos importantes
convenios internaciones de la OIT.

Una reforma laboral que
ha sido contestada con la Huelga General del 29 de marzo, convocada por
CCOO y UGT, con un alto grado de participación incuestionable, más de
10 millones de trabajadoras y trabajadores, y varios millones de
personas manifestándose en las calles de las principales ciudades
españolas. La dimensión de la movilización confirma el apoyo a la
petición de rectificación que reclaman los sindicatos.

El Gobierno debe
escuchar a los millones de personas que han expresado su malestar y
profundo rechazo a la reforma y a los recortes sociales. UGT y CCOO
daremos una nueva oportunidad para el diálogo y la negociación, instando
a que, en el periodo de tramitación parlamentaria del proyecto de ley
de reforma laboral, el Gobierno atienda las propuestas sindicales
presentadas como alternativa al contenido del RD ley para eliminar sus
aspectos más lesivos y no ahondar en políticas que producirán mayores
dificultades económicas para la mayoría de la población y un
agravamiento de la conflictividad social.

Sin embargo, no parece
ser esta la línea escogida por el Gobierno y con los Presupuestos
Generales para 2012 presentados el 30 de marzo, demuestra que su
prioridad no es el empleo sino atender las exigencias del Eurogrupo para
limitar el déficit este año al -5,3% del PIB. Unos presupuestos que,
centrados en recortar el déficit público, generarán menos actividad
económica, más paro, una reducción de la calidad y cobertura de los
servicios públicos y un debilitamiento de la cohesión social. En
definitiva, más injusticia y más desigualdad, a la vez que se premia a
los defraudadores con una amnistía fiscal.

CCOO y UGT reclamamos
una negociación para alcanzar un gran acuerdo nacional para la
reactivación de la economía y la generación de empleo suficiente y de
calidad, que contemple medidas de persecución del fraude fiscal y de
redistribución de la carga impositiva para que quienes más recursos
tienen contribuyan en justa medida a la salida de la crisis; que
garantice que el sistema financiero ponga a disposición de las empresas y
de las familias los recursos necesarios para recuperar la actividad y
aumentar el consumo; que favorezca un cambio en el modelo de
crecimiento, impulsando la investigación, la innovación tecnológica, la
educación y la formación, el desarrollo sostenible, la prevención y
protección de la salud; que consolide la igualdad de oportunidades y la
lucha contra la discriminación laboral y social como valores inherentes a
la democracia y al estado social; que recupere la aplicación efectiva
de la Ley de dependencia, como un pilar fundamental del Estado del
bienestar, desarrollando todas sus capacidades de generación de empleo.

UGT y CCOO reclamamos
respeto a la autonomía de las partes en el ámbito de las relaciones
laborales; defendemos el beneficio que a la cohesión social aportan los
convenios y acuerdos sectoriales, compatible con el desarrollo de la
negociación en la empresa; promovemos que la defensa y la creación de
empleo sea el núcleo central de la negociación colectiva.

CCOO y UGT reclamamos
al Gobierno la apertura de un proceso de negociación para cambiar en
profundidad la reforma laboral, centrar las políticas públicas en el
crecimiento económico y la creación de empleo, en la defensa del modelo
social, los servicios públicos esenciales

y la cohesión social.
Este Primero de Mayo es la continuación de la huelga general y las
manifestaciones llevadas a cabo el pasado 29 de marzo contra la reforma
laboral. Si el Gobierno sigue sin abrir la negociación reclamada por los
sindicatos, el conflicto social seguirá abierto y creciente hasta que
rectifique substancialmente esta reforma.

En estos tiempos de
globalización y crisis económica es necesario reforzar la unidad y la
solidaridad por una salida social a la crisis.

UGT y CCOO llamamos a
los trabajadores y trabajadoras, a los ciudadanos y ciudadanas, a
movilizarse en defensa del modelo social y por el empleo:

Afíliate a CCOO