Dos de cada tres profesionales de los Servicios de Prevención Ajenos afirman que la pandemia ha empeorado sus condiciones de trabajo, según pone de manifiesto la II Encuesta de Condiciones y Cargas de Trabajo elaborada por la Federación de Servicios de CCOO.
Transcurridos dos años desde que la Federación de Servicios de CCOO realizó la I Encuesta, poco o nada ha cambiado, y las condiciones de trabajo de quienes tienen la función de velar por mantener una adecuada seguridad y salud de las personas trabajadoras continúan deteriorándose, así lo ponen de manifiesto los resultados obtenidos en la II Encuesta sobre Condiciones y Cargas de Trabajo.
Cuando nos encontramos a las puertas del 28 de Abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se evidencia el escaso atractivo que el sector de los Servicios de Prevención Ajenos tiene para los profesionales, donde ya no es posible atraer a personal sanitario con la debida acreditación formativa y donde cada vez resulta más difícil encontrar personal técnico cualificado y con experiencia debido a las elevadas cargas de trabajo, los moderados salarios, las jornadas interminables y a que, salir a visitar los centros de trabajo de clientes, les cuesta el dinero de su bolsillo debido al elevado precio de los carburantes.
A todo esto se le une que el Convenio Colectivo del sector lleva más de tres años abierto a causa de la actitud cicatera de las empresas, que se niegan a pagar un salario justo a sus plantillas mientras sus beneficios se han disparado durante los años de pandemia.
Mientras tanto, nuestro país cerró el año 2021 con 705 muertes en el trabajo y un incremento del 17,9% en el número de accidentes con baja respecto a 2020, lo que justifica la necesidad de un cambio y mayor control sobre los sistemas preventivos en España, incluyendo a los Servicios de Prevención Ajenos.
Desde CCOO vamos a realizar una serie de comunicados monográficos y periódicos sobre los resultados obtenidos en esta II Encuesta de Condiciones y Cargas de Trabajo, remitiendo un informe final a las autoridades laborales, a la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y a los grupos políticos con representación parlamentaria, con la idea de propiciar la imprescindible reforma legal que este sector necesita.
