Rechazo a que fabricantes de soportes, equipos o gestores de redes de telecomunicaciones sean corresponsables de los contenidos que se almacenen o circulen por ellas. El canon grava y penaliza de forma indiscriminada a todos los usuarios. Tampoco erradica el fenómeno de la piratería y fomenta el fraude Total respeto por los derechos de autor y su gestión directa a través de tecnologías digitales y sistemas de protección contra copias
Descárgate el texto en PDF. Todos contra el Canon
Madrid, 12 de abril de 2005. La Asociación de Usuarios
de Internet (AUI), la Asociación de Internautas (AI), la Confederación
de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), Comisiones
Obreras (CC.OO.), la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI),
la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica
y Comunicaciones (ASIMELEC), la Asociación de Empresas de Electrónica,
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España
(AETIC), la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones
(ASTEL), la Asociación Música en Internet (AMI), la Confederación
Española de Centros de Formación y Academias Privadas (CECAP)
y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) muestran
su rechazo al establecimiento de cualquier canon que grave los soportes, equipos,
redes de comunicaciones o tecnologías, a la vez que defienden la utilización
de los sistemas digitales de control ya existentes para gestionar los derechos
de autor.
Es un hecho contrastable que los avances tecnológicos inducidos por
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
son uno de los elementos que más han contribuido a mejorar el nivel
de vida y el bienestar de la sociedad actual, tal como expresaron los mandatarios
de 120 países reunidos en Ginebra, en diciembre de 2003, con
motivo de la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.
El uso de las TIC por ciudadanos y empresas es una de las claves
para permitir el acceso a la cultura, a la calidad de vida y a configurar una
economía competitiva en las sociedades modernas.
Las nuevas redes y servicios de telecomunicación, basados
en la tecnología digital, han propiciado un cambio en el entorno al
que es preciso adaptar los procedimientos anteriores de protección de
los derechos de autor. La tecnología digital permite la gestión
directa de los derechos de propiedad intelectual y la existencia de sistemas
de protección contra la realización de copias ilegales. La evolución
del mundo analógico al digital permite, además, la gestión
de los derechos de autor a través de métodos distintos al “canon”,
como son los TPMs y DRMs (Technological Protection Measures y Digital Rights
Management).
Internet propicia un cambio de modelo, con canales de distribución
alternativos a los tradicionales. Un “canon” no debe proteger un canal frente
a otro. El “canon” no soluciona el problema de fondo y legitima la actividad
ilegal de los contenidos y de los productos culturales. Así, la imposición
de un “canon” en las líneas de banda ancha daría apariencia de
legalidad a una actividad que ahora es etiquetada como ilegal.
Todos los elementos que intervienen en las TIC (soportes, equipos y redes
de telecomunicaciones) sirven tanto para los contenidos que tienen derechos
como para los que están libres de ellos. Por tanto, si se grava de forma
indiscriminada, se penaliza a todos los usuarios.
La existencia de un “canon” sobre los elementos mencionados introduciría
una múltiple imposición, ya que se pagarían derechos por
comprar o adquirir contenidos, se volverían a pagar por el hecho de
almacenarlos en un dispositivo y por moverlos a través de una red de
telecomunicaciones.
El “canon” no erradica en ningún caso, las actividades vulneradoras
de los derechos de autor -la piratería o el top manta-, e incentiva
el fraude por los beneficios que supone hurtar su pago. Un “canon” incrementaría
el coste de soportes, equipos y servicios, propiciando la deslocalización
de actividades a otros países que no tiene este gravamen.
En este momento, determinados agentes están presionando públicamente
en los medios de comunicación, con la pretensión de legislar
en favor de un canon o impuesto que grave a los soportes, equipos, redes de
telecomunicaciones o accesos a Internet. Para ello se criminaliza constantemente
al usuario y al proveedor de tecnologías, comparándolos con los
grupos que vulneran sistemáticamente y con ánimo de lucro los
derechos de propiedad intelectual y las mafias que los sustentan.
Y es ahora, cuando Administración, empresas y ciudadanos están
haciendo un amplio esfuerzo para impulsar la Sociedad de la Información
en España, que permita mejorar la competitividad y productividad de
nuestro país, cuando pretende introducirse un elemento de distorsión
de este proceso. Un anacrónico e injusto “canon” daría al traste
con este esfuerzo colectivo.
Ante esta situación rechazamos el establecimiento de cualquier
canon que grave los soportes, equipos, redes de comunicaciones o tecnologías,
a la vez que defendemos la utilización de los sistemas digitales de
control ya existentes para gestionar los derechos de autor .
No obstante, las organizaciones firmantes manifestamos nuestro total respeto
por el derecho a la propiedad intelectual y los derechos de los autores de
contenidos, cualquiera que sea su origen.
Asimismo, acatamos la legislación vigente y expresamos nuestra máxima
disposición para mejorar la colaboración con las autoridades
judiciales y policiales, y con las administraciones públicas, para la
resolución y esclarecimiento de aquellas actividades delictivas que
se puedan producir en torno al mal uso de las TIC, de forma y fondo debidamente
armonizados con la legislación europea.
Mostramos nuestro rechazo a que los que fabrican soportes y equipos
o gestionan redes de telecomunicaciones, sean corresponsables de los contenidos
que se almacenan o se mueven por ellas.
La responsabilidad debe de recaer únicamente en aquel que introduce
los contenidos en los soportes, en los equipos o en las redes.
Es legalmente imposible para un fabricante, proveedor de servicios u operador
de telecomunicaciones, conocer todos los contenidos que circulan en sus redes.
Una obligación en este sentido, además de entrar en conflicto
con la legislación española y europea del más alto nivel,
violaría el derecho de los ciudadanos al secreto de las comunicaciones,
y generaría serios retos legales para la protección de la privacidad.
Es necesario crear un ambiente de confianza entre los ciudadanos y
no admitir que se equipare al usuario o al proveedor de tecnologías
con aquellos que, al margen de la ley, se lucran ilegítimamente vendiendo
contenidos de terceros.
Vivimos un momento en el que cualquier soporte o red sirve para almacenar
o transmitir todo tipo de contenidos. La experiencia demuestra que el acceso
en condiciones razonables a contenidos de la Sociedad de la Información
reduce el problema de la vulneración de derechos de autor.
Un clima de confrontación, como consecuencia de un “canon” de este
tipo, frenaría la incorporación de muchos ciudadanos a la Sociedad
de la Información, lo que afecta a nuestro futuro como país y
como sociedad, profundizando la denominada “brecha digital”. El futuro pasa
necesariamente por el uso masivo de las TIC, tanto en el trabajo como en el
hogar.
Por tanto, los abajo firmantes:
• Rechazamos cualquier sistema de “canon digital” para
soportes, equipos, redes y servicios de telecomunicaciones.
• Exigimos el uso único y masivo de TPMs y DRMs
para la protección de los derechos de autor, bajo el principio de
libertad tecnológica.
• Y abogamos por la participación de todos los agentes
involucrados en la búsqueda de soluciones adecuadas y sostenibles
en el nuevo entorno digital, que permitan el desarrollo de la Sociedad de
la Información en España, la mejora de la competitividad y productividad
de sus empresas y la libertad de acceso de sus ciudadanos a los contenidos.
Organizaciones firmantes:
|
AUI (Asociación de Usuarios de Internet)
|
Miguel Pérez Subías
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AETIC (Asoc. de Empresas de Electrónica,
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones)
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Jesús Banegas Núñez
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AI (Asociación de Internautas)
|
Victor Domingo Prieto
|
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AMI (Asociación de Música en
Internet)
|
Santiago Ureta Domingo
|
|
ANEI ( Asoc. Nacional de Empresas de Internet)
|
Miguel Errasti Argal
|
|
ASIMELEC ( Asoc. Multisectorial de Empresas
Españolas de Electrónica y Comunicaciones)
|
José Pérez
|
|
ASTEL (Asoc. de Empresas Operadoras y de
Servicios de Telecomunicaciones)
|
Lionel Fernandez
|
|
CC.OO. (Comisiones Obreras)
|
Ignacio Fernández
|
|
CEACCU (Confederación Española
de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios)
|
Isabel Ávila
|
|
COIT (Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación)
|
Enrique Gutiérrez Bueno
|
|
CECAP (Confederación Española
de Centros de Formación y Academias Privadas)
|
Heliodoro Jiménez Peral
|
Madrid, 12 de abril de 2005
