El pasado día 29 de noviembre el Consejo Andaluz de Comercio dio luz verde a la mayor ampliación de declaraciones de zona de gran afluencia turística de Andalucía a efectos de ampliación de horarios comerciales, que afecta a cinco municipios, 4 de ellos capitales de provincia: Almería, Cádiz, Granada, Jerez de la Frontera y Sevilla. Cádiz y Jerez de la Frontera, cuyos expedientes han sido iniciados de oficio por la Junta de Andalucía, han presentado alegaciones consensuadas con los principales agentes del sector de comercio de ambos municipios, así como Granada que ha solicitado su propia zona de gran afluencia turística consensuada con empresarios, organización de consumidores y los sindicatos más representativos, CCOO y UGT. Sin embargo, éstas no han sido tenidas en cuenta y ha prevalecido el criterio del Gobierno Andaluz.
Con estas declaraciones de zonas de gran afluencia turística se ha llevado a cabo la mayor desregulación de horarios comerciales en Andalucía, desde que se aprobó el Decreto Ley 2/2020 haciendo un uso torticero de las declaraciones de ZGAT como “puerta trasera” para la liberalización horaria en una clara defensa de los intereses de las grandes empresas de distribución comercial y de los fondos de inversión inmobiliaria que gestionan los centros comerciales. Se ha permitido que haya municipios que puedan abrir 42 de los 52 domingos del año, a los que hay que sumarles los festivos de apertura autorizada.
Como principales agentes económicos del sector de comercio en Andalucía, manifestamos nuestra apuesta compartida por la defensa de un modelo de comercio de futuro, profesional, competitivo, sostenible, con diversidad de formatos, de calado social, que contribuya a la creación de ciudad y genere actividad en los cascos urbanos; en definitiva, un modelo de comercio mediterráneo, que mantenga los centros urbanos y los pueblos vivos, y apueste por un consumo responsable, empleo de calidad, que permita conciliar la vida familiar y laboral, y dignifique las condiciones laborales y sociales de las personas que trabajan en el sector: sus trabajadoras y trabajadores.
En este sentido, es oportuno incidir en el aspecto energético, como rector prioritario en las decisiones políticas en el escenario actual, tras la declaración de Emergencia Climática en España en enero de 2020 por nuestro país, debiendo ser un elemento que condicione aquellas medidas que supongan un alto incremento de la utilización de nuestra energía, en especial de los combustibles fósiles, cualquier ampliación que suponga una elevación sustancial en la demanda energética de nuestras ciudades, puede suponer la necesidad de acudir a energías fósiles para la generación del suministro eléctrico, suponiendo por tanto un elemento contrario al reciente escenario actual. De esta manera, no podemos obviar que la apertura de más horas de los centros comerciales, supone de forma aparejada un incremento en la movilidad de los usuarios, que incide de igual manera en las acciones de prevención de la emergencia climática. Solicitamos que se realice un seguimiento permanente a las decisiones adoptadas en el Consejo Andaluz de Comercio sobre las zonas que han sido declaradas de interés turístico a efectos de horarios comerciales, realizando estudios que contemplen los efectos y el impacto que dichas decisiones tienen sobre los barrios, municipios o ciudades, sobre las empresas y las personas que trabajan en ella, sobre el empleo y la calidad del mismo y sobre las personas consumidoras. Trasladamos una vez más, que los horarios comerciales constituyen una de las piezas clave para la ordenación del comercio, fomentando un equilibrio entre los diferentes formatos comerciales y garantizando por tanto la opción de decidir entre distintos formatos existentes para las personas consumidoras, así como derechos y empleo de calidad para las personas que trabajan en el mismo. Potenciando el empleo estable y de calidad, así como los derechos de los consumidores, garantizando una verdadera competencia. FACUA, CCOO y UGT exigimos a la Junta de Andalucía, que se tenga en cuenta la opinión de los agentes sociales y económicos en los órganos consultivos como el Consejo Andaluz de Comercio y que se retome el diálogo social.
