La pregunta de fondo es incómoda, pero inevitable: ¿quién se beneficia realmente del modelo turístico? ¿A quien representa la clase política cuando prioriza la construcción de nuevos complejos hoteleros frente a la protección de ecosistemas o el derecho constitucional a la vivienda?

La imagen de Canarias como un paraíso turístico es una construcción deliberada, sostenida durante décadas por políticas públicas orientadas al crecimiento económico a corto plazo y por intereses empresariales que han hecho del “sol y playa” su mina de oro, sobrecargando las estructuras públicas y un territorio que es finito. Sin embargo, bajo esta fachada de prosperidad se esconde una realidad insostenible: la sobredimensión turística en las islas está llevando al límite no solo a su territorio, sino también a su población.

Un crecimiento sin límites, es una planificación sin conciencia. Los sucesivos gobiernos autonómicos y locales han promovido un modelo de desarrollo económico centrado en el turismo de masas, sin establecer límites, sin ponerle puertas al campo. Esta fórmula nos ha llevado a tener como adornos paisajísticos, léase la ironía, esqueletos hoteleros sin terminar, como pasa en casi todas las islas, porque cualquiera estaba legitimado para usurpar el territorio mientras el objetivo fuese el próspero turismo y su crecimiento.

Esto va de la mano de un crecimiento urbano descontrolado, una ocupación masiva y sangrante del litoral y una presión constante sobre los recursos naturales como el agua, el suelo y la energía. Lo más grave es que quienes promueven esta industria son plenamente conscientes: eligieron los beneficios de unos pocos frente a la dignidad y conservación de un territorio compartido. Y ahí seguimos inaugurando hoteles de lujo y aprobando macroproyectos turísticos de dudosa legalidad y sostenibilidad, mientras los planes de ordenación del territorio son ignorados o modificados a gusto de las grandes promotoras.

La política ha actuado como cómplice facilitadora y no reguladora, aunque en los últimos tiempos quieran hacer parecer lo contrario, aunque como dice el dicho popular, “aunque la mona se vista de seda…” Pues vemos que los cambios legislativos de estos dos últimos años nos conducen a más de lo mismo, y expoliar el territorio a sus intereses privados. En lugar de cuestionar un modelo agotado que ahoga un territorio, se ha preferido subvencionar vuelos, flexibilizar normativas y atraer inversión extranjera a toda costa, incluso a costa del pueblo.

¿El resultado? Una economía altamente dependiente, vulnerable y que genera enormes desigualdades sociales. Un gran poder económico que marca la agenda pública, que revienta un territorio y a sus buenas gentes. Como ya pudimos ver a un Presidente a disposición de las grandes patronales, que hacía que mediaba en acuerdos laborales, con el único fin de complacer a sus amos. Acuerdos que ya aplicados no le han mejorado la vida a nadie ni ha repartido ninguna riqueza.

Empresas que acumulan y pueblos que resisten, la historia de la clase obrera internacional. El sector turístico está en manos de grandes grupos empresariales (un secreto: muchos de ellos no radicados en Canarias) que obtienen beneficios multimillonarios mientras la riqueza generada apenas se redistribuye, parece que ha tenido que venir un cantante puertorriqueño, Bad Bunny, a decir lo que todos vivimos y nadie se atreve a alzar la voz, “quieren el barrio mío y que tus hijos se vayan”, ¿les suena? Los alquileres vacacionales, muchas veces operados por plataformas internacionales sin apenas regulación, han distorsionado y prostituido el mercado inmobiliario y vaciando comunidades completas. En respuesta, movimientos sociales, sindicales y ecologistas claman “¡Canarias no se vende!”. El encarecimiento de la vivienda, en parte provocado por la turistificación, la falta de políticas al respecto expulsa a los residentes de sus barrios y ciudades. Las recientes protestas masivas en las islas no son un capricho, son un grito de supervivencia.

La pregunta de fondo es incómoda, pero inevitable: ¿quién se beneficia realmente del modelo turístico? ¿A quien representa la clase política cuando prioriza la construcción de nuevos complejos hoteleros frente a la protección de ecosistemas o el derecho constitucional a la vivienda?

El relato empresarial y político habla de “la vaca que da leche”, “motor económico”, de “progreso” y de “empleo”. Pero el progreso no puede medirse en cifras macroeconómicas, sino en calidad de vida, en bienestar social y en una sostenibilidad real de un territorio que es finito. La actual sobredimensión turística no sólo compromete los recursos del presente, sino
que se convierte en una hipoteca de futuro de las nuevas generaciones, nuestros hijos e hijas, nietos y nietas.

Deberíamos caminar hacia un modelo turístico con límites y sentido, más que nunca, Canarias necesita repensar su modelo productivo con urgencia. Eso implica establecer techos de carga turística, diversificar la economía, recuperar el control del territorio y garantizar que el turismo beneficia a la mayoría y no a unos pocos. La sostenibilidad no debe ser un eslogan de campañas turísticas, sino una condición imprescindible para una sociedad y territorio que no pueden más.

La alternativa, aunque la contraofensiva empresarial y política quieran llamarnos “turismo fóbicos”, no es eliminar el turismo, sino un turismo diferente: respetuoso con el entorno, limitado en volumen dándole valor a nuestro territorio y costumbres, y vinculado a una economía más equitativa y soberana. Solo así Canarias podrá dejar de ser lo que se ha convertido, “un decorado para turistas” y convertirse en lo que siempre fue y debería ser, “un
lugar digno para vivir”.

La cuestión no es si Canarias puede seguir creciendo turísticamente, sino si puede sobrevivir a ese crecimiento.

• Artículo de opinión (PDF)
• El Diario.es (Canarias Ahora)
• Canarias 7