Categoría: Comunicados

Preciado discurso éste de los políticos conservadores y algunos economistas en favor de los planes de pensiones privados. Lástima que cada uno de sus argumentos sea susceptible de réplicas que los invalidan.

Esgrimir el probable derrumbe del sistema público de pensiones constituye una de sus bazas preferidas. Fingen que les alarma el futuro de los trabajadores, ya que no podrán percibir su seguro de vejez debido a que los jubilados sobrepasarán en número a los cotizantes en activo. Gracias. Pero si semejante coyuntura se hiciera realidad, para eso están los impuestos que el Estado recauda por otros medios y cuya distribución debería, debe, ser democráticamente determinada.
Declaran, por otra parte, que los herederos de quienes han estado cotizando tienen derecho a disponer del dinero ahorrado que esto representa. Sofisma que confunde a sabiendas un montante en efectivo con una renta vitalicia, la cual está sujeta a las fluctuaciones de la vida y la muerte, esta que ningún ser humano puede controlar. Un trabajador puede morir a los 65 años o a los 80 e incluso más tarde. En esta última eventualidad, si es pensionista público no le faltará el sustento, puesto que no habrá agotado su dinero líquido. Y es precisamente en este punto donde los adalides de las pensiones privadas se callan otra verdad flagrante: que éstas no están sujetas a la revisión anual según el IPC, al contrario de lo que ocurre con el sistema público. ¿Se imaginan ustedes la miseria mensual que le correspondería a un jubilado sin otros ingresos y cuya pensión no hubiera sido incrementada a lo largo de los años, fueran 15, 20 o más? Para los que gozan de otras rentas tamaña evidencia puede carecer de importancia, pero el caso es que la seguridad social se inventó justamente para proteger a los menos favorecidos.
Al mismo tiempo, el susodicho discurso neoliberal oculta otro rasgo del sistema público de pensiones: que los empresarios también cotizan. Y ahí es donde duele el zapato, aunque en los alegatos se guarden bien de mencionarlo. Aparentando que el objeto de preocupación son los trabajadores, defienden unas pensiones privadas que no le cuestan nada a la empresa y cuyo resultado final sería que cualquier jubilado o jubilada se las comería a medida que se hiciera mayor, cada vez con menos abundancia y hasta la inanición.
Por lo demás, y finalmente, también se omite -y hemos de suponer, aunque nos duela, que se hace con mala intención- que en las cotizaciones de la empresa y los trabajadores a la seguridad social va incluida la cobertura sanitaria, la baja por enfermedad y el permiso por maternidad. Que no son regalos magnánimos del sistema, sino derechos de quienes constituyen una parte esencial del régimen productivo y reproductivo de la sociedad.
Dejemos que la economía de mercado florezca y haga su camino, y permitamos que los trabajadores, autónomos o empleados, hagan el suyo. Que produzcan valor añadido, de acuerdo, pero que les dejen envejecer con seguridad. Y una observación: la gente corriente no tendrá relevancia política, puestos directivos o cátedras prestigiosas, pero en cuanto a idiota, no lo es.
E. SOLÉ, socióloga y escritora

La Vanguardia

En el año 2004, el 25% de los nuevos cotizantes a la Seguridad Social han sido inmigrantes, por lo que el 6% de los cotizantes son ya extranjeros.

En el año 2004, el 25% de los nuevos cotizantes a la Seguridad Social han sido inmigrantes, por lo que el 6% de los cotizantes son ya extranjeros. Estos datos podían hacer pensar que la presencia de los inmigrantes puede resolver el problema que plantea el envejecimiento de la población a la continuidad del sistema público de pensiones. Sin embargo, la evolución de la población residente que publicó el INE recientemente nos advierte de que el problema no se puede resolver por este camino. Conviene aclarar que hablamos de un sistema llamado de reparto, que es el que existe en la mayor parte de los países desarrollados porque, a pesar de sus limitaciones, ofrece más ventajas que el otro sistema posible: el de capitalización.
Para entender dicho problema, utilizamos la llamada dependencia (relación entre el número de personas mayores de 65 años, es decir, las que ya han dejado de trabajar, con las comprendidas entre 16 y 64 años (los que pueden estar trabajando y con sus cotizaciones pagan las pensiones de los ya jubilados). Hoy, en España la relación de dependencia es el 24,9%. Es decir, poco menos de cuatro trabajadores mantienen con su cotización a un pensionista. Sin embargo, teniendo en cuenta los ritmos de crecimiento de los mayores de 65 años y de los que están activos, el INE calcula que en el 2050 la tasa de dependencia será más del doble (56,1%), por lo que algo más de un trabajador (1,78) deberá sostener con su cotización a un pensionista, lo cual supondría que el que trabaja apenas podría disponer para sus gastos de un poco más de la mitad de su sueldo. Como se ve, todo se reduce al ritmo de crecimiento de los dos segmentos de población que determinan el grado de dependencia: el de los jubilados (que hoy son el 16,8% de la población total y el 2050 serán el 30,8%) y el de los que están en edad de trabajar, que disminuirán del 67,6% de los 43,5 millones de población residente hoy en España, al 55% dentro de 45 años. En el segmento de población activa se incluye a los inmigrantes legales, pero como la mayoría de los que vienen para trabajar tienen entre 20 y 40 años, dentro de algo más de dos décadas empezarán a jubilarse y aumentarán por tanto el segmento de los pensionistas y, por eso, en las proyecciones del INE a medio y largo plazo se duplica el grado de dependencia. La presencia de los inmigrantes está influyendo también en otra de las magnitudes que aumentan la población como es la tasa de natalidad, pero el lento crecimiento que se está dando ya en estos años (1,33 hijos por mujer y 1,53 para el 2050) se compensa con el crecimiento también lento de otra magnitud que influye en sentido contrario: la esperanza de vida (actualmente 80,7 años y 84 en el 2050), por lo que tampoco por aquí se resolvería el problema. Ante estas dificultades en la mayoría de los países se busca la solución en un sistema mixto, en el que sigue siendo el reparto el mecanismo fundamental, pero se completa con planes de pensiones con el sistema de capitalización. Aparte de esta solución, dentro del sistema de reparto se podría mejorar la situación alargando la edad de jubilación, pues se calcula que un solo año de retraso, de los 65 a los 66, reduciría en tres puntos la tasa de dependencia.
EUGENIO M. RECIO, profesor honorario de Esade
La Vanguardia- Sábado 19 de Febrero de 2005

La cuantía de la pensión media de jubilación creció en febrero un 6% respecto al mismo mes del año pasado hasta los 683,42 euros mensuales, según informó ayer el Ministerio de Trabajo.

Esto supone que la cuantía de las prestaciones de jubilación crece el doble que la inflación que se situó en enero en 3,1% y más del doble de lo que el Gobierno espera que suban los salarios este año ( 2,7%).

La aceleración en el ritmo de crecimiento de las pensiones obedece en parte a la intención del Ejecutivo de incrementar las pensiones mínimas un 26% en toda la legislatura, que ya ha empezado a ponerse en práctica este año. A esto hay que añadir que las pensiones nuevas que se dan de alta son alrededor de un 40% más altas que las que le dan de baja.

Estas razones están provocando que la pensión media de jubilación crece ahora un punto y medio más que hace un año cuando se incrementaba un 4,5%.

La Seguridad Social puede mantener ahora esta situación debido a la buena salud financiera del sistema, que genera excedentes por encima del 1% del PIB y porque el crecimiento neto del número de pensiones está prácticamente estancado, con un incremento del 0,3% interanual. En la actualidad están empezando a incorporarse masivamente a la jubilación las generaciones nacidas en la guerra civil y en la posguerra, que son menos numerosas y por lo tanto en los próximos años el número de pensiones incluso podría descender, con el alivio que esto supone a las finanzas de la Seguridad Social. Pero será a partir de 2015 cuando el sistema tendrá que afrontar mayores gastos.

Según el informe facilitado ayer, Galicia cuenta con las pensiones medias más bajas, que suponen el 83% de la media nacional y el País Vasco las mayores, que suponen el 126% de la media.

Cinco Dias, 25 de febrero de 2005

Han pasado siete meses desde el arranque formal del diálogo social, pero, a fecha de hoy, las dos principales reformas: la del empleo y la de las pensiones no terminan de arrancar. La versión oficial es que todo transcurre con normalidad, pero algunos ya muestran su preocupación por lo que califican como ‘escasa iniciativa del Gobierno’.

En política suele decirse que todas las reformas de calado que no se hagan al principio de la legislatura ya no se hacen. Pues según esta máxima, las reformas del mercado de trabajo y de las pensiones tienen difícil ver la luz.
Desde que el pasado 8 de julio, los dirigentes de la patronal y los sindicatos firmaron en La Moncloa con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la ‘declaración del diálogo social’, los avances en los temas importantes, que son los referidos al mercado laboral y las pensiones, son más bien nulos.
Fuentes de los agentes sociales atribuyen este retraso a ‘la forma en la que han transcurrido los acontecimientos’. Se refieren a que las polémicas negociaciones sobre el salario mínimo interprofesional que, a su vez, demoraron la negociación del acuerdo de convenios entre patronal y sindicatos y, ‘como los negociadores son los mismos, están ocupados hablando de negociación colectiva’ y el diálogo social ha quedado un poco al margen.
De hecho hoy estaba convocada una reunión de la Comisión de Seguimiento del diálogo social en la que se esperaba empezar a fijar calendarios de algún tipo pero se ha desconvocado para que los negociadores terminen de cerrar el acuerdo de convenios de 2005.
Pero no hay que olvidar que el retraso de la negociación colectiva está provocado por el malestar de la patronal por el salario mínimo que obligó a que Zapatero volviera a reunirse con los líderes sindicales y patronales para recomponer el diálogo social. En definitiva, dos grandes fotos y ningún gran acuerdo en siete meses, salvo el referido al reglamento de extranjería, en el que se fijaron las condiciones de la regularización extraordinaria.
Preocupados por el parón
Con este panorama, otras fuentes de la negociación han mostrado ya su preocupación por el retraso que están sufriendo la reforma laboral y la de la Seguridad Social. Se quejan estas fuentes de que ‘el Gobierno no ha enviado aún sus propuestas y tampoco nos han citado para que discutamos estas materias, que son las más importantes y más difíciles de acordar’.
Otras fuentes sindicales añaden que el arranque de estas negociaciones tendrá que ser ‘con la propuesta del Gobierno para ambas reformas, aunque se escuchen también las de las partes’.
La mesa de diálogo sobre protección social fue de las primeras en constituirse pero hasta el momento no se ha registrado ningún avance ni se ha abierto ninguna discusión. Fuentes de la Seguridad Social aseguran que se reactivará en los próximos días.

En materia de empleo, la espera al dictamen de un grupo de expertos que se retrasó más de dos meses y que entregó su dictamen hace ya un mes, está también paralizada y de hecho ni siquiera se ha constituido la mesa de negociación.

Desde el Ministerio de Trabajo, distintas fuentes de varias áreas aseguran que ‘las ideas se tienen muy claras’ y que las negociaciones van al ritmo adecuado. El equipo de Trabajo quiere cerrar acuerdos de empleo y pensiones antes del verano.
El cambio de los convenios colectivos ‘no toca’ todavía
Los empresarios y los sindicatos no quieren ni oír hablar, de momento, de abordar una reforma en profundidad de la negociación colectiva, a pesar de que este es uno de los temas pendientes de negociación de la declaración del diálogo social del 8 de julio.

Este asunto es, además, el único que en el texto de la declaración aparece como bilateral entre patronal y sindicatos, sin el Gobierno. Fuentes sindicales aseguran que ‘con lo que tenemos pendiente, los convenios no tocan por ahora, pero no hay que olvidarse de ellos’. La patronal comparte esta opinión.
Cinco Dias, 21 de Febrero de 2005