Categoría: Comunicados

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales empezará la próxima semana a abrir las distintas mesas de diálogo con los agentes sociales para las reformas del mercado laboral y de la protección social.

El viernes 13 se reunirá la mesa de Seguridad Social, que tendrá como primer tema de discusión los Presupuestos del Estado para 2005. Por su parte, el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, avanzó que el próximo martes se iniciará otra mesa para tratar diversas cuestiones “urgentes”, entre las que citó: la transposición de la directiva comunitaria sobre sociedades anónimas, el decreto de extensión de convenios y la reforma de la jubilación ordinaria a los 65 años. Sobre este tema, los sindicatos y la patronal han pedido al ministerio que vuelva a conceder a la negociación colectiva la posibilidad de pactar la jubilación de los trabajadores a los 65 años, un aspecto que eliminó la reforma laboral del PP en 2001.

Asímismo, se han organizado las mesas de Formación Continua y de Siniestralidad Laboral.

En cuanto a las negociaciones sobre el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, se prevé que también comiencen la próxima semana. Ni Gómez ni Granado cuantificaron el número de extranjeros ‘sin papeles’ que podrían ver regularizada su situación con el nuevo reglamento socialista, aunque el secretario de Estado de la Seguridad Social consideró “exageradas” las cifras que se han difundido hasta la fecha de entre 500.000 y 800.000 regularizaciones.

Granado subrayó que la Seguridad Social vigila el proceso de altas de los trabajadores extranjeros para que cuando se detecten irregularidades la Inspección de Trabajo tome medidas en el asunto.

Según denunció el secretario de Estado, la actual normativa de extranjería “imposibilita” materialmente la regularización de trabajadores inmigrantes debido a su poca flexibilidad, de tal forma que, al no cumplirse las exigencias legales, muchos extranjeros no pueden acceder a un puesto de trabajo. La intención del nuevo reglamento es regularizar a aquellos inmigrantes que demuestren una “relación fehaciente” con el mercado laboral.

Expansión, 03/09/04

CALDERA VATICINA UNA IMPORTANTE DESVIACION DE LA INFLACCION

Es decir, que la inflación real terminará el año subiendo un 3,2% o un 3,3%. Caldera hizo este pronóstico para garantizar que, en cualquier caso, y como establece la ley, las pensiones no perderán poder adquisitivo porque serán compensadas en los presupuestos. La revisión de las prestaciones se hace en diciembre, con la inflación interanual de noviembre, para dar tiempo al Parlamento a introducir las modificaciones necesarias en los Presupuestos Generales del Estado.

El año pasado la desviación de la inflación en 0,8 décimas costó a la Seguridad Social 943 millones de euros. De acuerdo con la previsión del ministro, el Gobierno deberá compensar este año al conjunto de los pensiones con una cuantía próxima a los 1.300 millonesde euros. A lo que hay que sumar de hecho los 400 millones de euros que costarán la mejora de las pensiones mínimas y más de 700 millones por la incorporación de nuevos pensionistas, que entran con rentas más altas que las que se dan de baja. -Ver EXPANSIÓN de ayer-

En esta línea, el ministro de Trabajo aseguró que la subida del 6% de media que tendrán las pensiones mínimas en 2005 ya cuenta con la compensación por la pérdida de poder adquisitivo en este año por la desviación de la inflación. Caldera reiteró el anuncio que el pasado domingo hiciera el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que esta medida beneficiará a entre 2,5 y tres millonesde personas que reciben las prestaciones mínimas.

En declaraciones a ‘Radio Nacional’ , el ministro puntualizó que la subida será del 8% para quienes tengan una prestación de este nivel con cónyuge a cargo. La mejora supone un incremento de 540 euros a lo largo del año en catorce pagas para una pensión de 7.000 euros. Olvidando que el Gobierno del PP ya firmó un acuerdo en 2000 con los sindicatos y con la patronal para elevar las pensiones mínimas por encima de la inflación, el titular de Trabajo destacó que el Gobierno del PSOE tiene un “compromiso muy fuerte con la subida de las pensiones más bajas, pues éstas no han crecido en el mismo porcentaje en el que lo ha hecho la riqueza nacional durante los últimos años”.

En este compromiso están las pensiones más bajas de jubilación, viudedad, orfandad y las antiguas del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. El ministro recordó que el próximo lunes se reunirá con los agentes sociales para tratar sobre la Seguridad Social.

Expansión, 08/09/04

El sindicato CC.OO-A reclamó hoy a la Junta de Andalucía que invierta el dinero que destinaba a las ayudas a las pensiones más bajas en mejorar la red de servicios sociales para personas mayores, ya que considera «más rentable socialmente» esta inversión que los complementos anteriores.

Ante las declaraciones del consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, sobre la intención del gobierno autonómico de eliminar los complementos para las pensiones más bajas, CC.OO-A dijo a Europa Press que su posición siempre ha sido desfavorable a estas ayudas, y recordó que en su día las calificó como «regalo de Navidad».

Por ello, la organización sindical pide al ejecutivo andaluz que invierta el dinero de estas ayudas -–en caso de que finalmente se supriman– en la ampliación y mejora de la red de servicios sociales para personas mayores.

En este sentido, CC.OO-A demandó inversiones para aumentar el número de residencias públicas, extender la asistencia domiciliaria y la tele asistencia, mejorar las condiciones de las viviendas, entre otras actuaciones.

En cuanto al anuncio hecho por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para incrementar las cuantías de las pensiones mínimas, la central sindical manifiesta su satisfacción ya que supone que el ejecutivo «continúa caminando por la senda de los últimos acuerdos firmados por CC.OO».

En estos acuerdos, además del incremento general y de la reparación de la pérdida de poder adquisitivo del ejercicio en vigor, se contempla un aumento superior para las pensiones mínimas o determinadas situaciones relacionados con las diferentes circunstancias familiares.

Además, CC.OO-A estima que este tema constituye «una de las piezas básicas del diálogo social, tal y como se contempló en la declaración firmada con el presidente en el mes de julio». Por tanto, y en virtud de este acuerdo, el sindicato entiende que las cuantías definitivas deben ser objeto de tratamiento en la mesa correspondiente.

Finalmente, la organización sindical criticó las «formas poco adecuadas» con las que se ha hecho público este anuncio. Así, reclama al Gobierno central una «mejor manera de plantear su política de comunicación» con el objetivo de hacerla «más acorde con los compromisos adquiridos y con el respeto a las formas».

Europa Press

Acepta que las empresas puedan pactar la retirada de los trabajadores, pero nunca antes de los 65 años y siempre que sea para crear empleo. El Ejecutivo pretende que esa sea la edad real de jubilación de los trabajadores.

El Gobierno ha puesto dos condiciones, fundamentalmente, para permitir que las empresas puedan pactar en sus convenios la jubilación “forzosa” de los trabajadores y “por razones que afecten al sector”. La primera es que, en ningún caso, los acuerdos laborales autoricen el retiro de los empleados antes de los 65 años, y que esta medida se adopte como forma de crear empleo; es decir, con la sustitución de los empleados de mayor edad por jóvenes que ingresen en la empresa.

El Ejecutivo respondió ayer así a la situación creada en la negociación colectiva por la histórica sentencia del Tribunal Supremo, del pasado marzo, adelantada por EXPANSIÓN. En el fallo, el alto tribunal prohibió que los convenios obligasen a los trabajadores a jubilarse a determinada edad.

En síntesis, el voto mayoritario de la sentencia hizo hincapié en que la reforma laboral de 2001, con el Gobierno del PP, suprimió la autorización a los convenios para pactar una edad de jubilación.

Por lo tanto, ante la falta de una regulación específica prevalece el derecho fundamental de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin discriminación alguna por cualquier circunstancia. Por último, la sentencia resaltó que, de acuerdo con la Carta Magna, el Estatuto de los Trabajadores también declara nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios que contengan discriminaciones por razones de edad. Por esta razón, el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, dijo que la reforma se hará “sin perjuicio de los derechos individuales” del trabajador.

Convenios paralizados

La primera consecuencia de la sentencia fue la paralización de unos 600 convenios en toda España, según dijo ayer Toni Ferrer, secretario de Acción Institucional de UGT. La razón es que el fallo del Supremo también afecta a la negociación de los convenios que terminaban su vigencia después de abril de 2001, cuando entró en vigor la reforma laboral. En segundo lugar, la decisión del alto tribunal ha hecho que el ministerio de Trabajo suspenda la inscripción de todos los acuerdos que contenían esta cláusula de jubilación obligatoria de los trabajadores a partir de determinada edad.

Por todas estas razones, y para evitar el “empantanamiento” de la negociación colectiva, el Ejecutivo decidió abrir ayer con esta cuestión el diálogo social con la patronal y los sindicatos. Además, y por los mismos motivos, la devolución de esta potestad sobre la jubilación de los trabajadores es una de las cuestiones del diálogo social en la que es más fácil el acuerdo entre la patronal y los sindicatos. De hecho, con la reunión de ayer el Ejecutivo responde a una solicitud que la patronal y los sindicatos le hicieron al respecto antes de las vacaciones.

Ahora bien, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, dejó claro que el Ejecutivo quiere “incentivar la prolongación de la vida laboral para que haya carreras más largas de cotización -contribución- a la Seguridad Social”. En este camino, Caldera defendió la necesidad de que la jubilación real en España sea como mínimo a los 65 años, que es la edad legal para hacerlo con todos los derechos, y no a los 62,5.

Esta es la consecuencia de los procesos de prejubilaciones -desde los 52 hasta los 61 años- y de jubilación anticipadas -entre los 61 y los 64 años- que han llevado a cabo las empresas desde la década de los años ochenta para rejuvenecer y reducir plantillas. En declaraciones a Radio Nacional, aseguró que el Gobierno llegará en los cambios de la edad de jubilación “hasta donde haya consenso social”.

El Ejecutivo abordó también con la patronal y los sindicatos el traslado a la legislación española de la directiva de la UE sobre los derechos de los trabajadores en las empresas que tienen centros de trabajo en varios países comunitarios.

Los sindicatos CCOO y UGT consideran vital el traslado a la legislación española de esta directiva y este reglamento, que recoge la representación de los trabajadores en los Consejos de Administración de estas compañías. La norma también obliga a las empresas a proporcionar mayor información a los sindicatos sobre la gestión. La patronal CEOE confió en la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre todos estos aspectos “a muy corto plazo”.

Expansion, 08/09/04