La Comisión Europea y los Estados miembros parecen más preocupados por la visibilidad de los refugiados ante la ciudadanía que por resolver su situación. Para CCOO resulta llamativa la lentitud para tramitar las solicitudes de asilo y dar una acogida digna a las personas que llegan, y la rapidez y contundencia que se utiliza para proceder a su desalojo, en unos casos, y directamente a su expulsión, en otros.
Desde que se firmó el acuerdo por parte de todos los estados miembros de la Unión Europea para la reubicación de refugiados que están en Grecia e Italia en septiembre de 2015, solo habían llegado a España 18 personas, entre noviembre y diciembre. CCOO ha conocido que hoy llegan otros 20 refugiados más procedentes de Grecia, parte de un total de 83 que llegarán en los próximos 8 días. Está previsto que antes de acabar junio lleguen 150 personas procedentes de ese país.
Desde Italia está previsto igualmente que el miércoles lleguen otras 28 personas de un total de 50, que irán llegando paulatinamente durante el mes de junio. Por otra parte, y dentro de la vía de llegada ?de reasentamiento?, está previsto que lleguen 285 refugiados procedentes de Líbano y otros 101 desde Turquía de manera escalonada durante el mes de Junio. Es decir que, si se confirman las cifras, serán 586 personas las que llegarán a España antes de que finalice ese mes. Teniendo en cuenta que España se ha comprometido a reubicar a más de 16.000 en dos años, las cifras están aún muy lejos de los compromisos adquiridos.
CCOO considera sorprendente la lentitud con la que el Gobierno está actuando en esta materia y no descarta que estos movimientos se estén produciendo ante la cercanía de las próximas elecciones y ante las críticas que tanto desde la ciudadanía como desde las propias autoridades comunitarias se están produciendo.
Para el sindicato es igualmente denunciable el secretismo con el que el Gobierno está actuando en materia tan sensible, en la que la falta de información a las organizaciones sindicales y sociales se ha convertido en norma habitual y solo se conocen las decisiones una vez tomadas y anunciadas con una clara intención electoralista, e intentando aparentar una preocupación que su comportamiento real desmiente a diario. Esta desinformación es aun más grave cuando las organizaciones sindicales tienen la obligación legal de ser informadas por el Gobierno de cuantas actuaciones lleve a cabo la administración en el ámbito de la migración y refugio.
Por otra parte, y como una condenable coincidencia, hoy el gobierno griego ha empezado la evacuación del campamento de refugiados de Idomeni. No deja de ser cierto que como consecuencia del cierre de la frontera con la Antigua Republica Yugoslava de Macedonia, este campamento se había convertido en un aparcamiento de seres humanos que vivían en condiciones infrahumanas. Pero, desgraciadamente, el desalojo no se produce para conceder a estas 8.500 personas su solicitud de asilo, sino para trasladarlas a otros campos habilitados por el ejército, que más parecen campos de detención que de refugio.
Además, las condiciones en las que se ha producido el desalojo, con la prohibición de acceso a los medios de comunicación y la participación de cerca de 1400 policías, lleva a pensar que este se ha realizado de forma no pacifica. Sobre todo conociendo los ataques que en días anteriores se han producido por parte de la policía, utilizando medios antidisturbios y gases lacrimógenos contra personas indefensas, mayoritariamente mujeres y niños.
Por todo ello, CCOO denuncia que a la Comisión Europea y a los Estados miembros parece preocuparles más la visibilidad de los refugiados ante la ciudadanía que resolver realmente su situación. Es llamativa la lentitud para tramitar sus solicitudes y dar una acogida digna a las personas que llegan y al mismo tiempo la rapidez y contundencia que se utiliza para proceder a su desalojo en unos casos y directamente su expulsión en otros
Europa tiene una obligación, que es la de dar protección a las personas migrantes y refugiados y eso no puede esperar. Ninguna política económica puede anteponerse a los derechos humanos. Las personas primero.
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