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Dice el corrido de Rosita Alvírez: «La noche que la mataron Rosita estaba de suerte: de tres tiros que le dieron nomás uno era de muerte«.

Economía Digital. Joaquim González Muntadas.Secretario General de FITEQA CCOO. – Algo muy parecido a este conocido corrido mexicano nos dijo la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el 23 de enero, el día antes de la publicación de los datos trimestrales de la Encuesta Población Activa (EPA). Nos dijo la suerte que había tenido el empleo en España, porque el gobierno había aprobado hace casi un año la reforma laboral. Habíamos tenido suerte, porque gracias a su reforma sólo hay 691.700 personas más en el paro y sólo hay 1.800.000 hogares con todos sus miembros sin empleo. Suerte, porque gracias a la reforma laboral y a las nuevas figuras de contratación laboral, sólo el 55,1% de los jóvenes están en el paro y tan sólo hay 46.100 más desde la aprobación de la reforma laboral.

Realmente, tenemos suerte. La misma suerte que Rosita, cuando oímos a la ministra Báñez, un día antes del mazazo de esa última EPA, que nos recuerda que sólo el 37% de la población española está empleada. Un dato que habla por sí solo si lo comparamos con el 49% en Alemania y 51% en Holanda. Y dice ahora la Ministra que «gracias a la reforma laboral aprobada por el Gobierno se está combatiendo eficazmente el paro y está dando muy buenos resultados. Como muestra el hecho de que se hayan firmado en un año 73.600 contratos para pymes y 50.200 contratos de formación». A lo que, todos a coro, deberíamos añadir: “¡Ni más, ni menos!”.

Lo más grave de las declaraciones de la señora Ministra, incluso más que los propios datos, es pretender persistir en actos de fe o, aún peor, el cinismo que imposibilita la mínima objetividad para analizar, más allá de debates académicos, políticos o ideológicos, como expresan con toda crueldad las cifras del paro y destrucción de empleo de la última EPA, el negativo resultado de la reforma laboral. Y no ver lo que nos enseña el día a día, cuando demasiadas empresas han visto en el ajuste vía despidos el camino más fácil, cómodo y barato, para gestionar sus dificultades coyunturales ante la bajada de la demanda. Esta decisión se impone en lugar de la tan repetida flexibilidad interna que pudiera ir ligada al mantenimiento del empleo, opción que precisa de un mayor esfuerzo de negociación y compromiso de las empresas con los trabajadores y sus representantes.

Ahí tenemos la prueba del estrepitoso fracaso en términos de empleo de la última reforma laboral. Nos lo explican muy bien Carlos Martín y Miguel Ángel García, del gabinete Económico Confederal de CCOO, en su artículo «Tres reflexiones sobre la EPA» publicado en el diario El Mundo, cuando señalan que «aunque el PIB cayó menos el año pasado (-1,3%) que en 2009 (5,7%), la destrucción de empleo en el sector privado ha sido casi el doble en 2012 en términos comparados».

Cuando en el año 2009 por cada punto de caída del PIB el empleo asalariado del sector privado se redujo 2,2 puntos porcentuales, en el año de aplicación de la reforma laboral la perdida ha sido del 4%. Se cumple así el lógico efecto de cuando se facilitan las causas de despido y a la vez se eliminan los mínimos equilibrios entre la empresa y sus trabajadores; se desincentivan otras fórmulas alternativas, más complejas porque precisan de un mayor diálogo, pero que dan un resultado más equilibrado a favor del empleo. Son éstas últimas fórmulas más frecuentes en otros países y son las que diferencian a las sociedades avanzadas y ricas de las atrasadas y pobres. Pero nosotros estamos de suerte, la suerte de tener la reforma laboral, tanta suerte como Rosita.

Este colectivo denuncia que la posibilidad de que fondos procedentes de actividades delictivas se acogieran a la amnistía fiscal es un hecho.

Desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda lo tienen claro: la actuación del Ministerio en el caso de Luis Bárcenas «no es muy correcta» e incluso podría estar «bordeando la legalidad». Así lo ha asegurado su presidente Carlos Cruzado, en referencia a los comunicados emitidos por Hacienda en los que aseguraba que el ex tesorero popular no se había acogido a la amnistía fiscal. Es por ello que ha querido recordar a Cristóbal Montoro que el artículo 95 de la Ley General Tributaria impide desvelar datos personales al respecto.

Lo que sí que podrá aportar el ministro Montoro son datos estadísticos sobre qué parte de esos 1.100 millones corresponden a sociedades y a personas físicas o qué cantidad de dinero se ha entregado en efectivo o mediante otros bienes. «Son datos que puede y debería dar, pero no datos personales», ha recordado el presidente de Gestha antes de añadir que ellos todavía no han obtenido ninguna explicación de dónde procede el dinero de la amnistía fiscal. «De momento lo único que se sabe es la cantidad de dinero y el número de declarantes», ha señalado. Además, para este colectivo hay una cosa clara:»con este caso, parece que la posibilidad que planteábamos de que se acogieran a la amnistía fondos procedentes de actividades delictivas puede ser más que un hecho».

Voluntarios para auditar al PP

En una nota difundida por Gestiona Radio, Carlos Cruzado también se ha referido alofrecimiento de Gestha de realizar la auditoría interna del Partido Popular anunciada por Mariano Rajoy. Y aunque reconoce que el presidente del Gobierno todavía no les ha llamado señala que, «con indiferencia de que el PP, como todos los partidos, está sujeto al Tribunal de Cuentas, cabe la opción de que pida al Ministerio que seamos nosotros quienes hagamos este trabajo».

Según reconoce, «una auditoría al uso tiene la finalidad de demostrar o dar fe de que las cuentas responden a la situación real, pero no detectar irregularidades». Por ello, avanza habría que hacer algo distinto y aplicar procedimientos que no forman parte de una auditoría propiamente dicha. Así, añade que «si bien es difícil levantar una contabilidad B, con el examen de todos los contratos y justificaciones y de las relaciones con extraños al partido sí que puede tirarse de un hilo y descubrirla si en su caso la hubiera».

Esta petición llega, como explica Cruzado, porque este colectivo de más de 8.000 técnicos se siente infrautilizado: «estamos con las manos atadas no sólo en la lucha contra el fraude sino también en el control del gasto público. Podríamos hacer mucho más, queremos asumir más responabilidades en estas cuestiones, pero no se está contando con nosotros», ha denunciado.