Categoría: Divulgacion

  • Justificar lo injustificable

        


    El anuncio de la integración de Banesto en el Santander ha desatado el miedo y las conductas rechazables desde diversas Territoriales y Zonas.

    Comfia-CCOO está realizando una denuncia sistemática de las actitudes intolerables en estas situaciones.

    El
    anuncio de la integración de Banesto en el Santander ha desatado en ciertos personajes su peor versión. El miedo a
    perder su estatus económico y laboral, les hace proclamar la necesidad de hacer
    del “trimestre 443 el mejor de la historia”.

    Es
    inaceptable que desde diversas Territoriales y Zonas, se trasladen mensajes
    incitando a cometer irregularidades, como: “hay que conseguir los objetivos marcados por lo legal o lo ilegal”; o
    “todo aquel que entre en la sucursal debe salir como cliente con o sin su consentimiento”,
    etc.

    Las
    amenazas, las presiones desmesuradas y los mensajes para conseguir los
    objetivos cueste lo que cueste, son el
    principal argumento de directivos mediocres y sin recursos, que seguramente se
    sienten “con el agua al cuello” ante el proceso de fusión
    .

    En
    estos momentos es necesario mantener la calma y no asumir sus urgencias, ni aceptar las dudosas prácticas de ventas
    que sugieren a voz en grito
    en las multiconferencias diarias con las que
    pretenden incentivar al personal.

    Comfia-CCOO está realizando una denuncia
    sistemática de las actitudes intolerables de estos personajes
    ,
    así como de las prácticas comerciales engañosas con las que están disfrazando
    las cifras a última hora.

    Conductas
    como éstas son absolutamente rechazables siempre, mucho más en estos momentos,
    en que el sector financiero se encuentra en medio de un fuerte debate mediático
    y social, debido a políticas alejadas de la decencia y de las buenas prácticas
    empresariales, que han llevado a la crisis a muchas entidades y han provocado
    la desconfianza de los clientes.

    Comfia-CCOOno va a tolerar que estos personajes pongan en entredicho nuestra profesionalidad
    y pongan en peligro nuestros puestos de trabajo. Hemos abierto un canal
    permanente con RR.HH. para denunciar estas actuaciones que vulneran el Código
    de Conducta del Grupo Santander, y son absolutamente inadmisibles.

    25
    de enero de 2013


    Circular en pdf

    COMENTARIOS 

  • España puede devolver al BCE hasta 63.000 millones.

    Comienza el periodo de devolución de la mayor inyección de liquidez vista en la historia de la UE, aunque es un dinero que no ha llegado a la sociedad. Las entidades financieras españolas devolverán mucho y cuanto antes.

    La banca española podría devolver, conforme estimaciones de Barclays, hasta 63.000 millones de euros en el primer periodo de devolución del Long Term Refinancing Operation (LTRO) del Banco Central Europeo (BCE), inyección de liquidez extraordinaria que supone la mayor realizada nunca por el organismo emisor. Las entidades domésticas comenzarán a devolver: les sobra la liquidez por todas partes, aunque ese dinero no ha llegado a la economía real. Ha estado en la facilidad de depósito del propio BCE o ha servido para comprar deuda.

    Banco Sabadell y Bankinter ya han comunicado que retornarán unos 1.500 millones de euros cada una. Las demás entidades apuntan de manera generalizada que serán conservadoras y prudentes: a pesar de que ahora sobre la liquidez y se hayan flexibilizado los criterios exigidos por Basilea III, nadie las tiene todas consigo sobre un recrudecimiento de las tensiones internacionales y un nuevo cierre de los mercados.

    De momento, los bancos tienen una posición de liquidez espectacular, tal vez la mayor vista nunca. La propia Bankia posee un exceso de activos líquidos sobre vencimientos hasta 2017 de más de 7.000 millones de euros y eso que se trata de la entidad más conflictiva española entre las grandes. Una ratio de cobertura espectacular. Los demás bancos internacionales también están notificando sus devoluciones.

    Eso sí, las entidades consultadas insisten en señalar que no hay ningún tipo de presión para devolver el LTRO: quedan todavía dos años por delante para ver cómo evolucionan las economías.

    Impacto en mercados

    Hay expectación en comprobar el impacto que esto tiene en los mercados. La devolución supone un proceso de ventas de deuda, que es donde estaba el dinero colocado. ¿Tendrá lugar una ampliación de diferenciales y subidas de rentabilidades?

    El tiempo lo dirá, aunque en Barclays señalan que “se devolverá el dinero que más fácil sea de rembolsar, en especial por parte de los bancos pequeños”. De momento, “el superávit de liquidez continuará” y no prevén tensiones en los tipos de referencia, como el Eonia, que es la referencia para las operaciones a un día.

    Barclays insiste en que se devolverán 200.000 millones, aunque recientemente Commerzbank elevaba algo más la cifra.

  • Las cajas rurales propietarias de Novanca están a punto de cerrar su venta a un grupo inversor extranjero

    La Agrupación Estatal de Comfia‐CCOO hemos tenido conocimiento del intento que están llevando a cabo las 15 cajas rurales propietarias de Novanca S.L.U., de proceder a su venta a un Grupo Inversor extranjero. La desastrosa gestión económica que la dirección de la Caja de Crédito Cooperativo (de la cual depende institucional y orgánicamente Novanca) ha llevado a cabo, parece que ha sido el detonante que ha propiciado esta venta.

    Las cajas rurales propietarias (Globalcaja, Bantierra, Navarra, Asturias, Central de Orihuela, Granada, Cajamar, Jaén, Salamanca, Soria, Tenerife, Teruel, Zamora, Grupo Ibérico, Caja Viva), a pesar de que en la Memoria de 2011 manifestaban su intención de seguir invirtiendo en Novanca (pretendían abrir otras 15 oficinas y entrar en rentabilidad en 2015), se echan para atrás y dejan a su suerte al colectivo de casi 50 trabajadores/as de Novanca.

    Las cajas rurales, en lugar de despedir a los verdaderos culpables de tan nefasta gestión (los directivos de Caja de Crédito Cooperativo), los que han dilapidado en pocos años el capital desembolsado por las cajas rurales (lleva perdidos Novanca más de 11 millones de euros en los últimos cuatro ejercicios y aun no se vislumbra el final de esta situación), han atacado a los trabajadores/as de la empresa en la figura de sus representantes sindicales, y la plantilla queda a merced de los nuevos dueños si finalmente se concreta la venta.

    Esta opacidad en la actuación, eliminando cualquier testigo molesto, no es propio de empresas que como las cajas rurales exponen en sus Memorias su vocación de Responsabilidad Social Corporativa. Estos hechos contradicen las palabras dadas a sus socios.

    Cuando en el pasado mes de Noviembre se revocó al Comité de Empresa y posteriormente se despidió a los tres delegados de Comfia‐CCOO ya dijimos que la intención oculta de dicha actuación podría venir determinada por una decisión institucional en la que no querían las cajas rurales propietarias que hubiera ningún testigo, y menos aún los delegados sindicales de los trabajadores, que ahora afrontan el proceso desprotegidos, sin representación alguna.

    Desde Comfia‐CCOO vamos a seguir trabajando para defender los intereses de los trabajadores/as de Novanca. Nos hemos dirigido por escrito, para poder hablar y buscar soluciones, a la dirección de Novanca (Alfonso Naranjo) y al Presidente de la misma (Ernesto Berdala).

    Madrid, 25 de Enero de 2013

  • Técnicos de Hacienda RESPONDEN: ¿Qué ha pasado con las devoluciones de la última campaña de la Renta?

    A estas alturas, todavía hay varios miles de contribuyentes que no han recibido su devolución de la Renta correspondiente al ejercicio 2011 y que, como todos recordarán, solicitaron entre mayo y junio del año pasado.

    La propia Agencia Tributaria reconoce en su última nota difundida el 9 de enero de este año que el número de devoluciones ha caído un 0,8% respecto a la campaña de 2010, mientras que el importe devuelto retrocedió un 3%.

    Con los datos sobre la mesa, se hace evidente este cambio de tendencia. Así, al cierre de 2010 se había devuelto 10.425 millones de euros a 14,4 millones de contribuyentes. En otras palabras, se había devuelto el 96,9% de las declaraciones solicitadas y el 94,0% de su importe. Al cierre de 2012, sin embargo, Hacienda había reintegrado el 95,1% de las solicitudes, pero solo el 90,4% del importe, con 10.100 millones en total. Y eso que el número de declaraciones presentadas a devolver ha aumentado en algo más de 159.000 personas.

    Por tanto, es evidente que en esta última campaña se ha devuelto menos dinero, lo que explica las continuas quejas ciudadanas en los últimos meses, unas quejas que han tenido su eco en los medios de comunicación.

    ¿A qué se debe este retraso? Son varias las causas, aunque una de las principales que explica esa demora es la reducción de efectivos para tramitar los expedientes como consecuencia de la supresión de la Oferta de Empleo Público de los últimos tres años, paliada ligeramente con la tasa de reposición del 10% acordada, algo que se debe mejorar teniendo en cuenta que España es uno de los países con un menor número de empleados de la Agencia Tributaria, ya que hay uno por cada 1.928 contribuyentes, la mitad que la media de los países de la OCDE, que se sitúa en uno por cada 903 contribuyentes.

    Otra razón de la demora tiene que ver con los cambios organizativos introducidos en la AEAT, dedicando menos personal y recursos económicos a la Campaña de la Renta respecto a otros años.

    Así, no extraña que haya aumentado un 1,1% el número de solicitudes a devolver, pero haya caído un 0,82% el número de devoluciones realizadas a fin del plazo de seis meses para realizar la devolución.

    Lo que sí debemos descartar es que el cumplimiento de los objetivos de déficit haya afectado a la Campaña del IRPF porque es bien conocido que el Tesoro Público adelantó a finales de 2012 la captación de capitales aprovechando la relajación de la prima de riesgo española.

    Carlos Cruzado. Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

  • SE CONSUMA EL DESASTRE, y(III)

    Seguimos repasando el Memorándum de Entendimiento (-Memorandum of Understanding o MoU-) en el que se exponen las medidas que desde Bruselas nos van a imponer como país.

    Siguiendo con el análisis, nada se dice tampoco de poner los activos tóxicos a la venta a un valor de mercado muy inferior al que están contabilizados para que el precio de la vivienda baje a un nivel asequible para el salario medio. Tampoco se lee nada de ajustar el montante de los créditos hipotecarios al valor que realmente deberían tener las viviendas adquiridas. No, los ciudadanos que adquirieron sus viviendas a un precio de burbuja derivado de la falta de conocimientos de economía de país por parte de nuestros Gobernantes y de los departamentos de estudios de las entidades financieras tienen que seguir pagando las cuotas de sus créditos hipotecarios religiosamente aunque el bien adquirido haya visto reducido su valor de mercado un 50% y este pueda aún caer mucho más.


    Sigamos leyendo la parte del Memorándum que hace referencia al traspaso de los activos tóxicos a la Compañía de Gestión de Activos.
    A lo mejor aquí encontramos algo más razonable:

     

    “Problematic assets of aided banks should be quickly removed from the banks’ balance sheets… The principle underpinning the separation of impaired assets is that they will be transferred to an external AMC. Transfers will take place at the real (long-term) economic value (REV) of the assets. The REV will be established on the basis of a thorough asset quality review process, drawing on the individual valuations used in the Stress Test. The respective losses must be crystallized in the banks at the moment of the separation… The AMC will manage the assets with the goal of realising their long-term value. The AMC will purchase the assets at REV and will have the possibility to hold them to maturity. The FROB will contribute cash and/or high quality securities to the AMC for an amount corresponding to a certain percentage (to be determined at the time of the establishment of the AMC) of the REV of the assets purchased. In exchange for the assets, the banks will receive a suitably small equity participation in the AMC, bonds issued by the AMC and guaranteed by the State, or cash and/or high quality securities.”

    En primer lugar, lo que nos debe quedar claro es que el valor al que serán computados los activos tóxicos para ser segregados de los balances de las entidades financieras y transferidos a la Compañía de Gestión de Activos -el valor que el FROB, es decir, el Estado Español, es decir los ciudadanos, pagará por ellos a las instituciones financieras- será su valor de mercado en el largo plazo. Este valor a largo plazo será establecido a partir de un proceso intensivo de revisión de la calidad de estos activos, utilizando para ello las valoraciones individuales usadas en los test de estrés.


    Como ya he dicho antes, esto implica confiar en la capacidad de valoración de estos activos por parte de estas Compañías “externas”, algo muy delicado tanto por su capacidad para entender el valor a largo plazo de los activos según la demostración que hasta ahora han hecho de su conocimiento del tipo de crisis en el que estamos metidos como por la información que estén dispuestos a darles las entidades financieras, dado que a mayor valoración menos pérdidas para los accionistas de estas entidades. Sobre todo desde el momento en que los que van a comprar -adquirir- estos activos van a ser el conjunto de los españoles -a través del FROB-. Y esto ya se sabe que facilita enormemente la negociación dado que el que compra lo hace con dinero ajeno y sin responsabilidad alguna.


    En segundo lugar, sorprende -o quizá no dada la falta de inteligencia y/o la malicia de muchos de los que en este proceso estarán involucrados- que el objetivo final de esta Compañía de Gestión de Activos sea obtener de la venta de estos activos su valor a largo plazo teniendo la posibilidad de mantenerlos en su cartera hasta el momento que consideren oportuno -en el caso de los créditos dudosos hasta su vencimiento (imagino que mientras el pobre comprador/deudor siga pagando sus altísimas y desfasadas cuotas la AMC seguirá manteniendo estos activos en cartera sin ayudar un ápice a los axfisiados ciudadanos)-.


    Es decir, la situación no puede ser peor para los ciudadanos, especialmente para aquellos que se tuvieron que tragar un precio de burbuja para poder acceder a la vivienda de consumo propio. Por un lado tendrán que pagar un importe cada vez mayor de impuestos para hacer frente al desembolso de dinero público para adquirir estos activos tóxicos a las entidades financieras. Por otro tendrán que seguir pagando las altísimas cuotas de un crédito desfasado que ellos mismos estan contribuyendo a mantener vigente con sus impuestos.
    Una vez que hemos analizado lo mal que han resuelto -si es que lo querían resolver de alguna manera- lo concerniente a la carga que van a tener que soportar los contribuyentes españoles, pasemos a comprobar de nuevo la falta de comprensión que los responsables de nuestro futuro financiero tienen de la crisis en la que estamos:

     

     

    “A strengthening of the regulatory framework is critical to enhance the resilience of the Spanish banking sector

     

    §  Spanish credit institutions will be required, as of 31 December 2012, to meet until at least end-2014 a Common Equity Tier (CET) 1 ratio of at least 9%.

     

    §  From 1 January 2013, Spanish credit institutions will be required to apply the definition of capital established in the Capital Requirements Regulation (CRR).

     

    §  The current framework for loan-loss provisioning will be re-assessed.

     

    §  The regulatory framework on credit concentration and related party transactions will be reviewed.

     

    §  The liquidity situation of Spanish banks will continue being closely monitored.

     

    §  The governance structure of former savings banks and of commercial banks controlled by them will be strengthened.

     

    §  Enhanced transparency is a key pre-requisite for fostering confidence in the Spanish banking system.

     

    The supervisory framework will be strengthened. The Spanish authorities will take measures in the following areas.

     

    §  A further strengthening of the operational independence of the Banco de España is warranted. The Spanish authorities will transfer by 31 December 2012 the sanctioning and licensing powers of the Ministry of Economy to the Banco de España.

     

    §  The supervisory procedures of Banco de España will be further enhanced based on a formal internal review.

     

    §  The Banco de España will by end-2012 require credit institutions to review, and if necessary, prepare and implement strategies for dealing with asset impairments.

     

    Consumer protection and securities legislation, and compliance monitoring by the authorities, should be strengthened, in order to limit the sale by banks of subordinate debt instruments to non-qualified retail clients and to substantially improve the process for the sale of any instruments not covered by the deposit guarantee fund to retail clients.


    The public credit register will be enhanced. The Spanish authorities will take additional measures to improve the quantity and quality of information reported to the register.


    Non-bank financial intermediation should be strengthened.


    Governance arrangements of the financial safety net agencies will be reviewed to avoid potential conflicts of interest. In particular, the authorities will ensure that, as of 1 January 2013 there will be no active bankers anymore in the governing bodies of the FROB. The governance arrangements of the FGD will also be reviewed, in particular with regard to potential conflicts of interest.”

     

     

    Como para los técnicos de Bruselas la situación en la que estamos no tiene nada que ver con una crisis de capacidad de compra no keynesiana, creen que lo que hay que hacer para evitar futuros problemas como el actual es endurecer el marco regulatorio que rige el funcionamiento de nuestro sistema financiero.

    Y lo primero que en este ámbito se les ocurre es aumentar el Coeficiente de Reservas -Common Equity Tier-. Coeficiente que hace referencia al porcentaje de su capital que las instituciones financieras tienen que mantener inmovilizado en cuentas del Banco de España para responder antes situaciones imprevistas. Coeficiente que pasa del 8 al 9%. Subida que supone una gran cantidad de dinero para estas instituciones. Dinero que dejará de ser prestado en el sistema económico español. Disminución de fondos prestables que hará aumentar de forma perceptible el interés que estas instituciones cobran por los créditos que a partir de ese momento concedan. Aumento del interés que empeorará la capacidad de competir de las empresas españolas en los mercados internacionales. Empeoramiento que perjudicará aún más la ya de por sí dañada economía española. En fin, unos linces.


    Por otro lado, y a partir del 1 de enero de este año, las instituciones españolas se verán obligadas a computar como capital para el cálculo del coeficiente de Reservas reseñado determinadas partidas que hasta ahora no estaban incluidas dentro de dicha definición. De nuevo más restricciones al crédito. Más de lo mismo. Nos esperan unos años de pérdida de competitividad por la vía de los costes del capital muy duros. Todo, gracias a que no entienden la crisis en la que estamos. Ni su origen ni su desarrollo.


    También quieren endurecer y ampliar las funciones de supervisión del Banco de España. Pero, ¿no teníamos el mejor sistema financiero del mundo? ¿No cantaban nuestros gobiernos -y la autoridad regulatoria (BE) las bondades de los mecanismos de supervisión de nuestro sistema? Ayer una cosa y hoy la contraria. Para fiarse de los políticos que “okupan” nuestras entidades de supervisión y de los técnicos de Bruselas que dicen todo lo contrario.


    Lo que sí que tiene gracia son las medidas que se supone hay que implementar para mejorar la situación de nuestro organismo supervisor. Que desde Bruselas digan que hay que aumentar la independencia operativa del Banco de España tiene bemoles. Sobre todo si tenemos en cuenta que esta institución disfruta desde 1986 de un estatuto de independencia que se supone debería garantizarle la autonomía suficiente en sus funciones. O sea, que empezamos a reconocer que dicho estatuto era insuficiente y que al Banco de España le faltaba capacidad de licenciar y sancionar.


    Ya que estamos, ¿porque no admite todo el mundo que el Banco de España está “okupado” políticamente por el poder político desde el momento en que el Gobierno nombra a dedo al gobernador y a todo el consejo -teniendo sólo que informar al parlamento de su decisión- y luego sus cuentas anuales no tienen que pasar ningún tipo de control por la cámara de representantes? ¿No sería mucho mejor empezar por arreglar esta falta de independencia del poder político? A lo mejor algún descerebrado sale diciendo que eso no es un problema y que el Banco de España podrá ejercer sus funciones de supervisión sin influencias externas aun cuando tenga que revisar las cuentas de una institución claramente vinculada al partido en el poder que ha nombrado a todos sus consejeros.


    Otra cuestión que llama poderosamente la atención es la imposición que viene de Bruselas respecto a proteger a unos ciudadanos -para ellos claramente aquejados de “idiocia” y de incapacidad de razonar- aumentando las limitaciones para que las instituciones financieras puedan venderles instrumentos de deuda subordinada. O sea, que nuestras instituciones financieras tendrán que buscar capital en otra parte porque los españoles somos muy limitados intelectualmente. Si aceptamos esto nos merecemos lo que tenemos.

    Es lo mismo que sucede con el capital riesgo. No tenemos nada que se le parezca de verdad porque nuestros legisladores temieron en su momento que los ciudadanos de nuestro país no iban a comprender que una institución financiera podía dedicarse a dar créditos muy rentables aunque de alto riesgo y que poner su dinero en ese tipo de entidades suponía poder ganar o perder mucho. Nuestra legislación financiera impone tantos requisitos que resulta inviable el surgimiento de un tipo de actividad que en Estados Unidos engrasa muy eficientemente todo el movimiento de regeneración constante del tejido productivo. Seguimos dando pasos hacia un Estado cada vez más intervencionista donde la capacidad de competir de nuestro sistema se va por el desagüe con cada uno de ellos.

     

     

    Pero ¿en qué sistema estamos?¿quienes nos gobiernan?

     

    Eliminar los conflictos de interés en el gobierno del FROB y en el del Fondo de Garantía de depósitos no debería haber tardado tanto. Parece mentira que tengamos que estar en esta situación para que se den estos pasos.

    Bien, ha llegado el momento de ver las condiciones que desde Bruselas quieren imponer a nuestras finanzas públicas para resolver los desequilibrios macroeconómicos creados:

     

    “According to the revised EDP recommendation, Spain is committed to correct the present excessive deficit situation by 2014… Provisions of the Budgetary Stability Law regarding transparency and control of budget execution should be fully implemented. Spain is also requested to establish an independent fiscal institution to provide analysis, advice and monitor fiscal policy.

     

    Regarding structural reforms, the Spanish authorities are committed to implement the country-specific recommendations in the context of the European Semester. These reforms aim at correcting macroeconomic imbalances, as identified in the in-depth review under the Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP). In particular, these recommendations invite Spain to:

     

    1.    introduce a taxation system consistent with the fiscal consolidation efforts and more supportive to growth,

     

    2.    ensure less tax-induced bias towards indebtedness and home-ownership,

     

    3.    implement the labour market reforms,

     

    4.    take additional measures to increase the effectiveness of active labour market policies,

     

    5.    take additional measures to open up professional services, reduce delays in obtaining business licences, and eliminate barriers to doing business,