Categoría: Divulgacion

• DESAHUCIOS Y BANCO MALO: MUCHO POR HACER
• UGT TEME QUE LA BANCA PIERDA UNOS 55.000 EMPLEOS EN SU REESTRUCTURACIÓN
• 44.000 EMPRESAS HAN DEJADO DE COTIZAR A LA SEGURIDAD SOCIAL EN 2012
• SANTANDER-BANESTO: NEGOCIAMOS, AVANZAMOS
• LOS CAMBIOS EN JUBILACIONES PARCIALES Y ANTICIPADAS, A DEBATE LA PRÓXIMA SEMANA
• LAS JORNADAS DE HUELGA SE DISPARAN EN 2012 TRAS LA REFORMA LABORAL
• EL JUEZ EXIGE A CCM QUE JUSTIFIQUE LOS CRÉDITO OTORGADOS A EMPRESARIOS AFINES
• EL BANCO DE ESPAÑA EXTIENDE LOS LÍMITES DE LOS DEPÓSITOS A PAGARÉS, BONOS Y CUENTAS CORRIENTES
• LA TROIKA ENTRA EN LA SUPERVISIÓN BANCARIA
• SINDICATOS RECLAMAN QUE LA NORMATIVA SOBRE RENTA BÁSICA SE NEGOCIE A TRAVÉS DEL DIÁLOGO SOCIAL

RECLAMAN QUE LA NORMATIVA SOBRE RENTA BÁSICA SE NEGOCIE A TRAVÉS DEL DIÁLOGO SOCIAL

CCOO y UGT recuerdan que la aprobación de una ley regional sobre la renta básica es un compromiso al que llegaron todos los partidos políticos con los sindicatos y reclaman que la negociación sobre su redacción arranque en el marco del Diálogo Social. El acuerdo para la elaboración de esta importante ley se recogió en el Pacto Social y Político durante el anterior Gobierno socialista y contó con la aprobación en la Asamblea de todos los grupos políticos.

 

LA TROIKA ENTRA EN LA SUPERVISIÓN BANCARIA

Tras la tormenta, aún no ha llegado la calma al Banco de España. Han sido demasiados acontecimientos convulsos en poco más de una semana. La publicación del informe de la Asociación de Inspectores del Banco de España denunciando que “la forma habitual de reacción ante los indicios de delito” en la crisis de las cajas “es mirar hacia otro lado”, ha caído como una bomba en una institución que tiene la discreción como norma de vida. Los inspectores, que con este disparo se convirtieron en acusadores y acusados, según fuentes consultadas, también afirmaron que la cúpula supervisora alteraba sus informes.

 

EL BANCO DE ESPAÑA EXTIENDE LOS LÍMITES DE LOS DEPÓSITOS A PAGARÉS, BONOS Y CUENTAS CORRIENTES 

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, extenderá a pagarés, bonos, cuentas corrientes y otros productos de ahorro dirigidos a clientes minoristas los mismos topes que a las rentabilidades ofrecidas por los depósitos, del 1,75% a un año, según han informado fuentes financieras.

 

EL JUEZ EXIGE A CCM QUE JUSTIFIQUE LOS CRÉDITO OTORGADOS A EMPRESARIOS AFINES

La entidad tendrán que aportar la información en base a la cual la Comisión Ejecutiva de la caja aprobó operaciones de crédito por más de 240 millones de euros

 

LAS JORNADAS DE HUELGA SE DISPARAN EN 2012 TRAS LA REFORMA LABORAL

Y al quinto año de crisis la conflictividad laboral se disparó. Desde 2008, el número de horas perdidas por huelgas caía a plomo, pero el año pasado las tornas se invirtieron. A los mineros se sumaron los obreros de la siderurgia y la industria, los maestros, las limpiadoras y los empleados del transporte público. El resultado es que en los nueve primeros meses de 2012 se perdieron 803.178 jornadas por paros, frente a las 336.458 de años anteriores, un 138% más, según el Ministerio de Empleo. Y a esta cuenta todavía no se han unido las protestas de los médicos madrileños contra la privatización sanitaria o los trabajadores de Telemadrid por sus despidos, ya que los datos oficiales solo llegan hasta septiembre.

 

LOS CAMBIOS EN JUBILACIONES PARCIALES Y ANTICIPADAS, A DEBATE LA PRÓXIMA SEMANA

Las negociaciones entre los grupos políticos sobre los cambios en jubilaciones parciales y anticipadas que quiere introducir el Gobierno empezarán la próxima semana, si bien los ‘populares’ se encontrarán con el rechazo generalizado de la oposición en el Congreso a modificar la Ley 27/2011 sobre Actualización, Adecuación y Modernización del sistema de Seguridad Social, que no lleva en vigor ni dos semanas.

 

SANTANDER-BANESTO: NEGOCIAMOS, AVANZAMOS

Se ha celebrado la segunda reunión entre las direcciones de Santander y Banesto y la representación sindical de ambas entidades. En esta reunión hemos analizado el contenido del borrador del Protocolo presentado por la Empresa para posteriormente, expresar nuestra posición.

 

44.000 EMPRESAS HAN DEJADO DE COTIZAR A LA SEGURIDAD SOCIAL EN 2012

Casi 44.000 empresas (43.801 empresas) han dejado de cotizar en el último año (de noviembre de 2011 al mismo mes de 2012) al régimen general de la Seguridad Social, lo que deja el número de empresas cotizantes en 1.391.490 y supone un descenso del 3,05 %.

 

UGT TEME QUE LA BANCA PIERDA UNOS 55.000 EMPLEOS EN SU REESTRUCTURACIÓN

El secretario general de la Federación de Servicios de UGT, José Miguel Villa, ha explicado que desde 2008 se han destruido más de 30.000 empleos en la banca y teme que a partir de este año se pierdan algo más de 20.000 en la nueva reestructuración que sufre el sector.

 

DESAHUCIOS Y BANCO MALO: MUCHO POR HACER

En psicología se denomina habituación al proceso por el que ante un estímulo repetido, la respuesta de la persona es cada vez menos intensa. Pero a pesar de la reiteración de normas de reforma financiera y de apoyo a los deudores, no nos podemos ignorar ni permanecer pasivos ante las de los últimos meses, porque con el tema de los desahucios nos jugamos la paz social, y con el destino de los activos inmobiliarios de los bancos, la recuperación económica.

Queda mucho por hacer.

En psicología se denomina habituación al proceso por el que ante un estímulo repetido, la respuesta de la persona es cada vez menos intensa. Pero a pesar de la reiteración de normas de reforma financiera y de apoyo a los deudores, no nos podemos ignorar ni permanecer pasivos ante las de los últimos meses, porque con el tema de los desahucios nos jugamos la paz social, y con el destino de los activos inmobiliarios de los bancos, la recuperación económica.

El Real Decreto-Ley 27/2012 sobre protección de los deudores hipotecarios paraliza durante dos años el lanzamiento de la vivienda habitual de los deudores más vulnerables. La intención es buena pero la determinación legal de quién merece esta protección es criticable: quizás tenga sentido que se limite a unidades familiares con miembros especialmente vulnerables, pero los límites de ingresos producirán graves injusticias. Además, la protección solo se aplica si el adquirente tras la ejecución es el propio acreedor, de forma que una familia, aunque cumpla todos los requisitos legales, puede ser expulsada de su casa si tiene la mala suerte de que en la subasta la compra un tercero. Finalmente, la norma no evita la pérdida de la propiedad, ni impide al banco reclamar el resto de la deuda —que seguirá produciendo altísimos intereses de demora—, por lo que al que al cabo de los dos años la familia será desahuciada y seguirá debiendo una cantidad que no podrá pagar.

Es decir que la ley aplaza, pero agrava, la situación de exclusión social que pretende evitar. A la norma la redime en parte el raro mérito de reconocer sus limitaciones, pues admite en su preámbulo la necesidad de reformar el sistema en profundidad, lo que debe hacerse siguiendo el diálogo que iniciaron gobierno y oposición. Es necesario que se eliminen las situaciones de abuso, estableciendo un límite a los intereses de demora. Para evitar que se llegue a la ejecución, hay que otorgar incentivos -fiscales y otros— a los deudores y a los bancos que acuerden soluciones alternativas como la dación en pago o la refinanciación. El vigente código de buenas prácticas solo será útil si se amplían las familias que pueden acogerse a él, al menos en cuanto a la posibilidad de imponer durante un periodo la carencia de capital y la reducción de intereses.

Las reformas en la ejecución hipotecaria no deben entorpecerla sino hacerla eficaz, transparente y rápida, y permitir que se obtengan en ella precios de mercado y que el deudor que colabore (entregando la vivienda, buscando un comprador) obtenga ventajas por ello.

La ley aplaza, pero agrava, la situación de exclusión social que pretende evitar

No es menos lo que queda por hacer en relación con la nueva reforma bancaria. Para que los bancos vuelvan a facilitar el crédito al resto de la economía, se ha creado una sociedad (el banco malo o SAREB) que comprará los activos tóxicos —básicamente inmuebles y créditos dudosos— a las entidades financieras en dificultades. Los socios de la SAREB son el FROB (es decir nosotros, los contribuyentes), otros bancos no intervenidos, y aseguradoras. En el sistema son evidentes ciertas contradicciones: el FROB controla las entidades que venden los activos, pero pone también el dinero para comprarlos; se persigue que los bancos inyecten dinero en la economía, pero al mismo tiempo se pide a los no intervenidos que lo inviertan en la SAREB.

El problema más grave es el conflicto de intereses en la fijación del precio de los activos, pues el FROB está a ambos lados de la mesa. El criterio legal es que se transmitan por su valor de mercado —con el máximo de su valor contable tras provisiones—, valor que en la actualidad es dificilísimo de determinar, y que además no se entiende como permitirá alcanzar las rentabilidades que anunciaba el plan de negocio de la SAREB (nada menos que el 15% anual). Existe además otro conflicto de interés entre la SAREB y la economía nacional, pues para la reactivación de ésta es esencial que se reactive el mercado de vivienda, lo que a su vez requiere la vuelta del crédito y una mayor bajada de precios.

Resumiendo, solo si la SAREB compra lo bastante barato como para vender rápido y sin pérdida, será parte de la solución. En otro caso se habrá vestido de nuevo la insolvencia de los bancos con otro traje, pero seguirá paralizando nuestra economía y empeorando las cuentas públicas.

Los ciudadanos no perdonarán a PP y PSOE que en un tema como los desahucios hagan prevalecer sus respectivos intereses electorales sobre los generales. Es necesario que demuestren capacidad para llegar a un acuerdo y para ello han de evitar tanto las presiones de los bancos como las tentaciones de la demagogia. Por otra parte, el Gobierno y los ciudadanos tenemos que vigilar que la última norma de reestructuración financiera no suponga, otra vez, una transferencia de dinero del contribuyente en beneficio de los accionistas y obligacionistas de los bancos, y de sus gestores —incluyendo, ahora, los del SAREB—. Queda todo por hacer.

 

Segismundo Álvarez es jurista.