«Decir que el aumento del déficit federal de EEUU se debe al aumento del gasto público social –que es el gasto que los republicanos quieren recortar- es un planteamiento ideológico sin ninguna evidencia que lo avale», afirma el profesor Vicenç Navarro.
¿Qué es el abismo fiscal?
Vicenç Navarro | El acuerdo que el Congreso de EEUU, tanto el Senado como la Cámara Baja, habían alcanzado de que, en caso de que no se tomaran medidas para reducir el déficit federal el 1º de Enero de 2013, se iniciaría un proceso automático de subida de impuestos, por un lado, y recortes muy sustanciales de gasto público, por el otro, tanto en defensa como en otros capítulos de gasto público.
¿Por qué se presentó como un hecho de terribles consecuencias no sólo para la economía estadounidense, sino también para la economía mundial?
Se asume que esta subida de impuestos y la reducción tan notable del gasto público crearían una gran recesión en la economía estadounidense, precisamente en el momento en que se estaba recuperando. Ello afectaría negativamente a la economía mundial, como consecuencia del enorme tamaño de la economía estadounidense.
¿Cuáles son los argumentos que sostienen los dos partidos mayoritarios en defensa de sus posturas?
El Partido Republicano que está hoy controlado por la ultraderecha ultraliberal, el llamado Tea Party, considera que el mayor problema que tiene EEUU es su deuda pública, causado –según ellos- por un excesivo gasto público y, muy en particular, por un incremento del gasto público social, que supuestamente ha generado un enorme crecimiento del déficit público.
Esta es la postura que defendía el economista Sala i Martín en La Vanguardia en su programa de televisión de aquel diario, donde explicaba la situación en EEUU acerca del “abismo fiscal”.
Este economista, que goza de enormes cajas de resonancia en Catalunya y en España, reproduce los argumentos del Tea Party en sus llamadas “lecciones de economía”, que deberían titularse, en honor a la verdad, “lecciones del dogma neoliberal”.
Usted no está de acuerdo con esta teoría de que el mayor problema que tiene EEUU es la deuda pública.
En absoluto. Y basta con ver los datos. Decir que un país tiene un problema con la deuda pública quiere decir que su Estado tiene problemas en conseguir que los mercados financieros le presten dinero, pues se asume que no podrá pagar su deuda. Son los casos español, italiano, griego, portugués e irlandés. De ahí que estos países tengan que pagar unos intereses prohibitivos, de un 6 o 7%, e incluso más. El gobierno federal de EEUU, sin embargo, no tiene ningún problema -repito, ningún problema- en vender sus bonos públicos. En realidad, los intereses de su deuda son de los más bajos del mundo ¿Dónde está, pues, el problema? Su deuda pública es aproximadamente un 60% del PIB. Pero más importante que el tamaño, lo que es determinante para considerar que un estado tiene o no un problema con su deuda pública son los intereses de sus bonos públicos. En EEUU son de alrededor de un 1%.
¿Por qué, entonces, se presenta como un problema?
Porque las ultraderechas han intentado crear un problema, donde en realidad no lo hay. A través de su control de la Cámara Baja establecieron un límite al nivel de deuda pública que el Estado federal puede tener.
¿Y por qué lo hicieron?
Porque su objetivo final es desmontar la Seguridad Social y el Estado del Bienestar estadounidense. Quieren poner límites a lo que el Estado Federal pueda gastarse, y muy en especial en su Estado del Bienestar. Quieren cargarse el sistema de pensiones públicas y los servicios sanitarios públicos a los que consideran hipertrofiados. En realidad, el gasto público social de EEUU es de los más bajos de los países de la OCDE, y quieren reducirlo todavía más.
Pero argumentan que el gasto del Estado Federal se ha disparado durante los años del gobierno Obama, creando un enorme aumento del déficit debido al aumento del gasto público social, tanto de la Seguridad Social como de los servicios sanitarios financiados públicamente, aumento que consideran insostenible.
De nuevo, es fácil demostrar que esto no es así. El aumento del déficit federal, que se inició, por cierto, con el gobierno Bush junior, fue debido a la enorme rebaja de impuestos que el Presidente Bush realizó durante su gobierno y que afectó sobre todo a los impuestos de las rentas superiores. Otra causa fue el enorme crecimiento de gasto público militar, consecuencia de mantener dos guerras iniciadas por el presidente Bush: la guerra de Irak y la de Afganistán. Y la tercera causa fue la explosión de la burbuja inmobiliaria que causó una gran recesión. Decir que el aumento del déficit federal de EEUU se debe al aumento del gasto público social –que es el gasto que los republicanos quieren recortar- es un planteamiento ideológico sin ninguna evidencia que lo avale.
¿Por qué los sindicatos estadounidenses se opusieron al acuerdo del Senado, y horas después del de la Cámara Baja, que evitó el abismo fiscal?
La Federación de los Sindicatos, AFL-CIO, no se opuso a la firma del acuerdo. Sí que expresaron su desacuerdo con las concesiones que hizo el Partido Demócrata para conseguir el acuerdo. Los sindicatos hubieran preferido que éste no se firmara.
Pero con ello se hubiera caído en el abismo. Así se presentó en los medios.
No necesariamente. El día 3 de este mes tomará posesión el nuevo Congreso, en el que hay un número mayor de Senadores y miembros de la Cámara Baja que son Demócratas, y por lo tanto, más favorables a no ceder al Tea Party. Hay que tener en cuenta que el Tea Party fue derrotado en las últimas elecciones al Congreso, además de perder su candidato a la Presidencia.
Pero ganaron la Cámara Baja
No. La mayoría de la población votó Demócrata, tanto en el Senado como en la Cámara Baja. Lo que ocurre es que el Partido Republicano controla en muchos Estados el diseño de los distritos electorales, con lo cual diseñaron estos distritos de manera abusivamente sesgada a su favor. De ahí que ganaran más parlamentarios que los demócratas, a pesar de perder las elecciones. Le aconsejo que se lea mi crítica del proceso electoral de EEUU, que se ha idealizado en España. (Ver “El sesgo en la cobertura mediática española de las elecciones en EEUU”, Público. 27.12.12).
Pero, no alcanzar el acuerdo antes del 1º de enero, ¿no acaba automáticamente el abismo con los recortes?
No. El nuevo Congreso puede revertir las políticas tomadas por el anterior. Si no se hubiera firmado el acuerdo, los recortes de impuestos del 10% de renta superior se habrían anulado, pasando a pagar los mismos impuestos que pagaba en la década anterior, antes de que el Presidente Bush se los bajara. El acuerdo anuló sólo parte de aquellos impuestos, a la vez que aumentaba los impuestos de los trabajadores a la Seguridad Social. De ahí la oposición sindical.
¿Qué relevancia tiene este debate para España?
Mucha. Hoy las fuerzas conservadoras y neoliberales, que tienen un enorme poder político y mediático en España, incluyendo Catalunya, quieren enfatizar que el mayor problema que tiene el capitalismo de alto nivel de desarrollo económico es su elevada deuda pública, resultado de un Estado del Bienestar que consideran excesivo y de unos salarios que definen como demasiado elevados. Hoy el mundo del trabajo está sometido a un enorme ataque. Y es ahí donde radica todo el alarmismo conducente a alarmar y asustar a la población a fin de que acepte enormes sacrificios. Esto es lo que ocurre tanto en EEUU como en España.
¿Acabará Fernández Ordóñez y su equipo en el banquillo?
El 14 de noviembre de 2008, cuando medio mundo se debatía ya en plena crisis, José Luis Rodríguez Zapatero viajó a Washington para asistir a una cumbre del G-20. La invitación se había logrado tras intensas gestiones diplomáticas y solo después de que el francés Nicolás Sarkozy echara el resto ante Georges W. Bush para que el simple de León –que viajó acompañado por Pedro Solbes y Javier Vallés– pudiera asistir por primera vez a una cena en la Casa Blanca, ofrecida a los participantes de un evento que debía “sentar las bases del futuro sistema financiero internacional”.
A la luz de lo ocurrido después, causa sonrojo imaginar que todavía entonces, en pleno maremoto, Zapatero y sus cuates presumieran de tener “el sistema crediticio más sólido del mundo”. Porque de eso iba aquel viaje: de exportar la eficacia de los servicios de Inspección del Banco de España(BdE), del acierto de haber obligado a las entidades a acometer reservas genéricas, y de otras tantas cosas que habían convertido a nuestras Cajas y Bancos en una sólida isla en el mar encrespado de las finanzas mundiales.
Lo ocurrido después es de sobra conocido: más de 50.000 millones de dinero público invertidos en el rescate del sistema; miles de empleados a la calle; cientos de sucursales cerradas; decenas de Cajas desaparecidas en combate, como si se las hubiera tragado la tierra; una Economía estrangulada por ausencia total de crédito y ajustes y más ajustes y más gente a la calle y más recortes… en Sanidad, en Educación, en investigación, y más dolor y más paro, porque no hay un duro para nada ni para nadie, pero sí lo hay, sí lo ha habido, para rescatar del desastre a un sector manejado por un puñado de privilegiados cara duras que, a la hora de la despedida, se han forrado con indemnizaciones escandalosas, se lo han llevado crudo ante la indiferencia del Gobierno y de la Fiscalía. ¿No hay culpables del desastre? ¿Se van a ir de rositas los ladrones de cuello blanco?
Desde la aparición de Vozpopuli, y mucho antes en El Confidencial (valga como botón de muestra “Zapatero en las exequias del capitalismo”, noviembre de 2008), quien esto suscribe lleva años denunciando la responsabilidad contraída por los responsables del BdE y, en concreto, por su entonces gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, alias MAFO, como resultado de una serie de malas prácticas que, consentidas y/o alentadas por la dirección general de Supervisión, han conducido al desastre actual. Nada se ha movido, sin embargo, al respecto. Siempre la sagrada ley de la omertá. Siempre el mismo lamento: ¿será posible que vayan a irse de rositas sin sentarse en el banquillo? De pronto, todo parece haber dado un giro copernicano esta semana con la aparición de una nota dirigida por la Asociación de Inspectores a sus superiores, relatando las causas que llevaron a relajar, cuando no a paralizar, la supervisión de las entidades y desembocaron en el desastre final. Ha sido Íñigo Barrón en El País el que ha vuelto a poner negro sobre blanco lo que aquí se ha dicho en tantas ocasiones. Y por fin el Fiscal General del Estado ha salido de su marasmo, para anunciar que la Fiscalía investigará las denuncias de los inspectores. ¡Milagro!
“Disponemos de las herramientas legales para supervisar la salud de las entidades y contamos con la tecnología adecuada para detectar prácticas de riesgo”, cuentan dos representantes de los inspectores, acogidos al anonimato. “Con estos ingredientes se han podido solventar con éxito otras crisis no menores, gracias a la labor de titulados muy bien preparados, que deben superar una oposición complicada, que están bien pagados y dispuestos a hacer su trabajo con lealtad, dando la cara, complicándose la vida y sabiendo, en los últimos años, que a menudo el resultado de su esfuerzo iba a terminar en el cubo de la basura… Nuestra función de policía sirvió en tiempos de Mariano Rubio para detectar crisis y sanear el sistema; no ha servido ahora porque los responsables actuales han hecho caso omiso de los informes de la Inspección y han preferido mirar hacia otro lado…”.
“Todo un bagaje de experiencias acumuladas durante décadas se ha echado por la borda en los últimos años. En realidad el declive empezó con Jaime Caruana durante la era Aznar, pero se aceleró con la llegada de MAFO. El buen hacer de antaño se ha ido desmontando sin prisa pero sin pausa, bajo la presión de las grandes entidades, fundamentalmente del Santander. El problema es que los procedimientos de inspección no han estado nunca regulados por ley, de modo que, cuando se relajan los niveles de exigencia, los informes los firma un solo miembro del equipo y no todos, como antes; se empiezan a suspender o aplazar inspecciones; se saca a los inspectores de las entidades cuando se anuncia una fusión “para no molestar”… Todo eso va preparando el camino del desastre, lo cual no quiere decir que, en el reino de la arbitrariedad en el que vivimos, cuando los jefes quieran ir a por una entidad le “manden los perros” sin ninguna consideración…”.
“Vais a llevar el país a la suspensión de pagos”
“Y podía suceder que cuando llegabas con tu informe y ponías tu firma al pie del mismo, recibieras una llamada del jefe que, en su despacho, te pedía que cambiaras las conclusiones del mismo, porque lo que decías allí, lo que advertías, no se podía poner por escrito, y si te negabas te replicaba que muy bien, que tú verías, que ya harían ellos otro informe con sus conclusiones y `no te preocupes que alguien lo firmará, otro compañero tuyo lo hará´. Y ese alguien solía ascender y progresar, mientras tú te quedabas tieso con tus problemas de conciencia. A principios del año pasado, un compañero de la Asociación –que agrupa al 80% de los inspectores- espetó a uno de esos jefes en plena bronca: “Vais a llevar al país a la suspensión de pagos”. Ocho meses después, el presagio se convirtió en realidad. A pesar de lo cual, a pesar de las dificultades, la mayor parte de los compañeros se han mantenido íntegros, porque éramos conscientes de que nos estábamos jugando los ahorros de la gente…”
“El primer responsable, naturalmente, ha sido MAFO en razón a su cargo, un hombre que se ha entregado a los banqueros y no ha querido molestar, porque ha preferido dedicarse a las musas y al teatro (en general a perorar sobre la reforma laboral y otras cuestiones que no eran de su incumbencia), y mientras ardía Roma y se complacía tocando la lira, dejaba el poder de decisión en manos del subgobernador, Javier Aríztegui, que ha sido quien ha manejado de verdad el BdE y lo ha controlado a su antojo. A sus órdenes ha operado el director general de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello, un puesto clave en lo ocurrido, y como tercero en discordia Pedro González, jefe del departamento de Inspección de Cajas, un tipo muy religioso dispuesto a hacer siempre lo que digan “los de arriba”, bajo cuya responsabilidad se ha gestado el drama que ha llevado a la práctica desaparición de las Cajas de Ahorro. Con estos tres se generó la burbuja. Con ellos explota, ante la indiferencia de Fernández Ordóñez”.
“Los inspectores llevamos mucho tiempo poniendo en evidencia los fallos del sistema. En vano. Hasta que la Asociación se hizo mayor y empezó a coger fuerza, visitando al Ministro, acudiendo al Parlamento… Ya en 2006 dirigimos una carta a Pedro Solbes poniéndole al corriente de las cosas que se estaban haciendo mal, carta que terminó en un cajón de su despacho. Y todo bajo las constantes amenazas de un Aríztegui que amaga con echar a la calle a quien se mueva e incluso abrirle una acción penal. La filosofía de las alturas es que no se podía dejar que decidieran los inspectores. Al final, los hechos nos han dado la razón, y por eso es preciso que los procedimientos de inspección estén regulados por Ley, que se exija la firma del equipo inspector al pie del correspondiente informe, porque la salud del sistema depende de la calidad e independencia del mismo, de modo que los informes firmados se eleven a la Comisión Ejecutiva para que allí puedan adoptar una decisión fundamentada”.
“Y es necesario que se fije un plan plurianual de inspecciones, anual en el caso de las entidades de mayor riesgo; y que se abra una vía legal para que podamos poner en conocimiento del juez aquellas operaciones con indicios delictivos con las que tropezamos en las entidades, como ocurrió con Bankia; y que losjefes no puedan cambiar a los inspectores de un equipo cuando lo pide el banquero de turno; y que los informes, repito, vayan firmados y tengan existencia jurídica plena, no sean meros documentos Word sin firma electrónica. En definitiva, queremos acabar con la práctica de que los jefes manipulen los informes a su antojo o los guarden en un cajón, porque, como además no quieren asumir responsabilidad alguna, pretenden que firmemos lo que ellos digan y, si nos negamos, pues va sin firma, como ha venido pasando últimamente”.
Susto en el Banco de España con el juez Andreu
“Todo esto y mucho más ha alcanzado cotas de esperpento en el caso de Bankia. Tras la querella interpuesta por UPyD, el juez Fernando Andreu reclamó al BdE la información disponible. Alarma total en Cibeles. Pedro González llama de urgencia a los responsables de esa inspección y les dice que tienen que cambiar los informes de los últimos tres años en el sentido que él diga. Como los aludidos le hicieran la peineta, González acude a la Asesoría Jurídica para ver qué se puede hacer, porque lo que no pueden es contar la verdad. Pasados unos días de frenesí, los jurídicos creen haber dado con la tecla: se trata de poner en cada informe el sello “Borrador sujeto a cambios”… Y ello tres años después, y después de que la entidad haya llevado a España al borde del abismo, y se le hayan inyectado miles de millones de euros… Y cosas tan escandalosas o más han ocurrido en la CAM, donde miembros del equipo que la inspeccionó advirtieron al jefe del Grupo I, Ángel Rico, hoy querellado, que “allí había delito”, sin que el susodicho lo denunciara… Por no hablar de la labor escandalosa de los auditores externos”.
MAFO se ha defendido del escándalo con una carta amenazante aEl País este miércoles en la que afirma sin rubor que “La acusación al BdE es gravísima (…) y va más allá de la injustificable e injustificada campaña de desprestigio de la institución que se lanzó a primeros del mes de mayo del pasado año para, en mi opinión, ocultar las consecuencias de una errónea gestión de la crisis de Bankia”. Es el mismo jeta que, en la primavera pasada, y como desde el Gobierno le llamaran un día pidiendo explicaciones, muy alarmados después de que los hombres de la troika de visita en Madrid advirtieran de que el agujero de Bankia era de tal calibre que España tenía que pedir ya mismo el rescate financiero, respondió de esta guisa:
-Pero, ¿de qué cifra están hablando?
-Pues de no menos de 20.000 millones!
-¡Pero qué barbaridad… ni que estuvieran borrachos. Tranquilo, hombre, tranquilo, que eso no es así en absoluto…!
Al frente del Banco de España está ahora Luis Linde, un hombre puesto por Luis de Guindos que, como ocurriera en su día con MAFO, ni siente ni padece. Eso sí, el gachó apunta maneras: ha prohibido los extratipos, ha decretado el fin de la guerra del pasivo. Se acabó la competencia. Acollonante. Con gente tan liberal como ésta al frente de las instituciones, ¿para qué necesitamos un Gobierno de izquierdas? Aríztegui y Tello son ahora asesores del nuevo subgobernador, Fernando Restoy –que, como es norma en la casa, es quien corta el bacalao-, es decir, que están en su despacho leyendo la prensa, eso sí con chófer, secretaria y demás familia. La esperanza, ahora, se llama Eduardo Torres-Dulce: ¿Está de verdad la Fiscalía decidida a abrir una investigación seria sobre lo ocurrido en el antiguo banco emisor?¿Pagarán sus culpas los gestores de bancos y cajas que han llevado al país al desastre financiero, y los mandos del BdE que lo permitieron? Rematan los inspectores: “Están muy acojonados, porque han prevaricado todos…”
¿Cuántas personas de la sanidad pública madrileña tendrían que manifestarse para obtener la atención de su mayestática displicencia?
Señor Consejero de Sanidad:
Además de enviarle mi saludo, inicio mi carta con una pregunta, que no pretende ser retórica, sino un aldabonazo a su capacidad de autocrítica, capacidad que espero, en razón del cargo que a dedo se le ha dado, no haya perdido del todo: ¿cuántas personas de la sanidad pública madrileña tendrían que manifestarse para obtener la atención de su mayestática displicencia? Porque los que ya peinamos canas y somos madrileños de varias generaciones, pocas veces hemos encontrado un gestor que, además de saber poco de la Consejería de la que es responsable, sea tan despreciativo con quien le paga su salario. Es triste ver cómo se cumple de nuevo ese dicho popular de que es despreciable aquel que muerde la mano del que le da de comer.
Quiero destacar que su perfil profesional no garantiza en absoluto conocimiento alguno sobre la sanidad: es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la UCM, lleva afiliado al PP desde 1982, siempre estrechamente vinculado a la señora Esperanza Aguirre y, según usted ha manifestado -¡qué clarividente confesión!-, se reconoce así mismo como admirador de Silvio Berlusconi, a quien considera uno de sus modelos de referencia; siniestro personaje que Aznar y su familia -hijo y yerno-, se precian de ser amigos. Con razón afirmaban los clásicos latinos (espero que no ignore su traducción): “Similes cum similibus facillime congregantur”. Toda su trayectoria profesional, al margen de la política, comienza en 1988 en la empresa demoscópica Sigma Dos donde trabajó como Técnico Superior de Investigación de Mercado y Opinión Pública. Y con esta flácida mochila profesional lleva en el poder de forma digital decenas de años. ¿Es este todo su aval para gestionar la Consejería de Sanidad madrileña?
Pero continúo con algún apunte más sobre su escaso, pero muy politizado, currículo profesional:
• Secretario general de Nuevas Generaciones del distrito de Salamanca entre 1984 y 1986, formando parte de su Comité Ejecutivo.
• Director del Centro Cultural Buenavista del Ayuntamiento de Madrid, consejero técnico de la Concejalía de Cultura y consejero técnico de la Primera Tenencia de Alcaldía, entre 1994 y 1996.
• En mayo de 1996, tras la victoria del Partido Popular en las elecciones generales, es nombrado director del Gabinete de la ministra de Educación y Cultura Esperanza Aguirre, esa prócer conocedora de Sara Mago, ¿se acuerda? En ese momento, entrando usted con el señor Ignacio González como Subsecretario en dicho Ministerio, tuve la oportunidad durante más de un mes de conocerles de cerca, pues en junio salí yo del Departamento, por razones ideológicas obvias.
• Director de Gabinete de la Presidencia del Senado en 1999, donde sigue a las órdenes de Aguirre.
• Director del Departamento del Parlamento e Instituciones del Gabinete de la Presidencia del Gobierno en mayo de 2000
• Subdirector del Gabinete del rencoroso José María Aznar en 2002.
• En las Elecciones Generales de 2004 obtiene acta de Diputado, siendo uno de los impresentables defensores en el Congreso de la teoría conspiratoria de los atentados del 11 de marzo de 2004 en los trenes de cercanías de Madrid, fechas en las que también accede al cargo de secretario general de la FAES.
Como ve, y ya como Consejero de Sanidad, toda su carrera profesional discurre bajo las alas de la Gaviota, desde cuyo cobijo político es difícil, yo diría que imposible, conocer la realidad social que, para desgracia de los madrileños, está gestionando. ¿Y por qué le recuerdo un currículo que usted bien conoce? Sencillamente porque casi toda su carrera política-profesional nada se debe a méritos propios; lo debe a la designación digital del rancio clan de “los genoveses”, ese partido político que hoy padecemos en España y, de modo singular, en la Comunidad de Madrid. Y sin embargo usted como Consejero de Sanidad ha intentado descalificar, humillar, denigrar y ofender a todo el colectivo de la sanidad pública madrileña, cuya mayoría de integrantes han conseguido su trabajo a través de unas duras oposiciones y con una trayectoria profesional que dignifica a ese colectivo y a usted avergüenza. Porque además de los problemas de la crisis, que nadie discute, en Madrid sumamos un factor más: la mediocridad de sus políticos.
Decía Hermann Hesse que “hay quienes se consideran perfectos, pero es sólo porque se exigen menos a sí mismos”. Y esto es lo que está sucediendo con usted, señor Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Ignora los temas sanitarios de su competencia sin ni siquiera tener idea de los datos que utiliza para justificar la razón de su sinrazón, pues está pagado de soberbia, fruto de haber ocupado demasiado joven cotas de poder por el simple hecho de estar abrazado a la política del PP sin pasar por las urnas. Razón tenía con total acierto Aristóteles al afirmar que «no todos valemos para todo»; y usted ha ocupado demasiados cargos sin demostrar especial valía para ninguno de ellos; pero la política y sus deudos producen este tipo de compañero de cama y de despacho.
Y le traigo de nuevo a su consideración otra pregunta, ésta otra de un clásico, Cicerón, que podrían hacerle todos los ciudadanos que están en la sanidad pública que usted gestiona: Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?, frase que traducida libremente al español sería: ¿Hasta cuándo abusarás, Consejero de Sanidad Lasquetty, de la paciencia de los madrileños?
Es curiosa, si no estuviera cargada de cinismo, señor consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, su afirmación en una entrevista en la Cadena Cope (¿dónde si no?), ante la intención de dimitir de 118 equipos directivos de centros de salud, que sus directores «pueden tener su opinión pero no involucrar al propio organismo en sus ideas y que si llegaran a hacer efectiva su renuncia al cargo” usted «lo lamentaría mucho» pero «procedería inmediatamente a su sustitución». Y finalizaba su despectiva afirmación con que «si otros médicos y enfermeras ocuparan sus puestos, lo harían muy bien». Con razón decía Flaubert que “si no se tiene el gen del talento para la gestión, no hay nada que hacer o debemos ponernos manos a la obra. Sin duda, el trabajo, la constancia y la capacidad de diálogo son las mejores formas de provocarlo”, pero la capacidad de diálogo es una cualidad de la que usted no anda sobrado.
Por mucho que ustedes utilicen eufemismos como “externalización” (palabro que no existe en el diccionario de la RAE) para confundir a los ciudadanos, lo que ustedes están haciendo, y lo van a extender, poco a poco (como los taimados) en todo lo que ustedes gestionan, con ese inconfesable neoliberalismo que abanderan, con el que dentro de poco privatizarán hasta el aire que respiramos. Es ese absurdo mundo neoliberal que representa Rajoy y el maladado Partido Popular que nos gobierna.
Desconocemos qué realidad ven los que han construido su acerbo ideológico en la fábrica FAES, pero los que conocemos suficientemente bien esa Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales y a su presidente, esa imagen viva del rencor que se llama José María Aznar, -ese “think tanks”, cuya vocación es producir clones políticos de pensamiento único-, comprendemos perfectamente los equivocados derroteros por los que están hundiendo la sanidad pública los que se han alzado con el poder en la Comunidad de Madrid, sin someterse al voto de los madrileños para tales responsabilidades: como el señor Ignacio González y la voz de su amo, el señor Javier Fernández-Lasquetty, ambos clones de la innombrable Esperanza Aguirre.
Su codicia de poder y soberbia están dispuestas a introducir en esta Comunidad madrileña, otrora levantisca ante los franceses, hoy, como diría Miguel Hernández, “de bueyes que doblan la frente, impotentemente mansa”, ante la aberrante política del Partido Popular, el virus dañino de la privatización de la sanidad pública, aunque ustedes, cínicamente y con un eufemismo vergonzante, lo llamen externalización, con la aprobación de la conocida como ley escoba, gracias a su antidemocrática por su abuso, aunque legal, mayoría absoluta. Señor Fernández-Laquetty, desde el abuso de poder, romo en capacidad de diálogo y la más rancia ignorancia de lo que gestiona, ha tomado a los madrileños por idiotas. Ustedes, todo el gobierno que preside el señor González, más que ciudadanos madrileños maduros y críticos, buscan personas que les den la razón y que aplaudan sus decisiones; de ahí que, cuando se equivocan, como en este tema concreto de la sanidad, y en otros muchos, como el de la educación, critican y descalifican a quien está en desacuerdo. Quieren palmeros y no ciudadanos con espíritu crítico. Bien les definía Machado en su libro Campos de Castilla, en el poema “A orillas del Duero”: “Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora”. Ustedes también desprecian cuanto ignoran.
Su gestión de la sanidad, que corre pareja con su ignorancia del tema sanitario, es un despropósito, ya que implica romper un sistema de calidad acreditada y de bajo coste y traspasar impuestos de los madrileños a los beneficios de personas o empresas amigas y afines. Todos sabemos que cuando se privatiza no es para ahorrar, sino por ideología; y la sanidad, como la educación, deben ser un derecho y no una posibilidad de negocio.
En palabras del siempre certero Juanjo Millás: «enriquecer a una empresa privada con el dinero público destinado a la sanidad o a la educación o la justicia, es pura y llanamente un crimen, más condenable si el criminal, a modo de coartada, confiesa que es un idiota al que no le salen los números, excepto cuando se trata de cobrar comisiones. Si es idiota, que lo retiren y pongan a otro capaz de gestionar el departamento». Usted debería dimitir ya mismo pues ha sido incapaz de explicar el ahorro que su plan implica, teniendo que salir su portavoz a darnos un dato que no se creen ni ustedes mismos. Razón tenía Friedrich Dürrenmatt, el célebre escritor suizo cuando afirmaba: “Tristes tiempos estos en los que hay que demostrar lo evidente”. Porque, aunque ustedes lo quieran negar, pretender privatizar la sanidad pública a beneficio de terceros.
Y le pregunto de nuevo: ¿qué significa privatizar la sanidad? Como sé que usted lo ignora, yo mismo le respondo: ustedes, los neoliberales del PP, plantean la privatización sanitaria y esto pasa por sustituir un sistema público sanitario eficiente y barato por otro que nos lleva a la ruina, como a continuación le aclaro utilizando los datos de un magnífico informe titulado El negocio de privatizar lo público del profesorEdmundo Fayanas, en el que analiza, con datos que ustedes son incapaces de proporcionar, algunos aspectos de los modelos sanitarios que son referentes para el PP.
• El modelo anglosajón o norteamericano, donde lo privado es lo que manda. Todos debemos saber que las empresas sanitarias norteamericanas que cotizan en el Dow Jones neoyorkino son las más rentables, muy por encima de las financieras, es decir, son empresas donde el beneficio prima sobre la salud. Según numerosos estudios realizados por distintas organizaciones médicas, se reconoce que más de un 20% de las intervenciones quirúrgicas en centros privados no son necesarias y lo único que buscan es el beneficio. El gasto sanitario de Estados Unidos es del 17% del PIB. Éste no cubre al 20% de su población pues no tiene ninguna cobertura sanitaria, y otro 50% tiene una cobertura médica muy por debajo de la del sistema público español. Sin embargo tiene un coste doble del sistema público. ¿Es ésta la alternativa del PP?
• El modelo holandés, gestionado por mutuas privadas. El sistema es universal y gratuito y el Estado fija los límites de los servicios de salud esenciales. Se empezó pagando 170 euros mensuales, pero ya se ha llegado a 210 euros y con una disminución de las prestaciones que ronda el 25%, es decir pagan más por recibir menos. Holanda gastó en 2010 el 15% de su PIB, es decir un 65% más que el gasto sanitario de España y además con menos prestaciones. Este sistema fue impulsado por la derecha a inicios del 2000 con los mismos argumentos que usa el PP, diciendo que lo privado da más barato el servicio y con mayor eficiencia. Entonces el gasto estaba en el 12 % de su PIB; actualmente está en el 15% y con menores servicios. Su cartera de prestaciones sanitarias como ya hemos visto ha disminuido, pero además el sistema deja hoy a 150.000 holandeses sin ningún tipo de seguro y otros 320.000 no pueden pagarlo, es decir, tenemos un 5% de su población sin cobertura médica. A todo ello hay que añadirle que en sus presupuestos sanitarios del 2010 se presenta un déficit de 1.400 millones de euros ¿Es este el modelo que plantean los del PP?
• El sistema sanitario español gasta aproximadamente el 9% de su PIB, mientras que en la Unión Europea (a 15 países) es del 12%. En la última década, el crecimiento del gasto sanitario español ha sido del 2,7% anual, mientras que en los países de la U. E. ha sido del 4,1%. El coste sanitario en 2010 por cada español era de 1.673 euros, mientras que en la Unión Europea (a 15 países) era de 2.103 euros anuales. El número de trabajadores sanitarios españoles representa el 4,1%, mientras que en la Unión Europea es del 6,6%. Según estudios del profesor Vicenç Navarro: “gran parte del crecimiento sanitario en España ha sido en el sector privado. España es uno de los países en los que la población paga más por sus servicios sanitarios privados y ello es consecuencia del subdesarrollo del sector sanitario público”.
A la pregunta ¿qué pasa con la sanidad madrileña? Concluye el profesor Fayanas que no hay un solo informe económico que avale ni ningún organismo médico que apoye su intento de privatización. Y desde el neoliberalismo de gran parte del Partido Popular, que es la ideología que mejor defiende los intereses de los ricos, usted y su Presidente, al que acompañan tantos palmeros peperos, continúan con la cantinela de que lo privado es más barato que lo público. Y este mantra se desmonta rápidamente; simplemente consiste en acudir a los presupuestos que ustedes presentan para ver que la mentira es algo congénito en el PP; basta analizar los datos que aportan los presupuestos sanitarios de la Comunidad de Madrid.
• En el año 2010 la Comunidad de Madrid presupuestaba en 277.375 euros el coste anual por cama en el sistema público mientras que pagó 434.686 euros el coste anual por cama en los hospitales de gestión privada o semiprivada.
• En el año 2011, los fondos destinados en los presupuestos sanitarios madrileños aumentaban en el sector privado un 30% mientras que a los de la sanidad pública se les recortaba un 9%.
• Los siete hospitales con gestión semiprivada cuya construcción estaba presupuestada en 701 millones de euros, cuando se terminen de pagar habrán costado a la sanidad madrileña unos 5.000 millones de euros, es decir, un 700%. A esto se le llama hacer un negocio redondo ¿Es esto a lo que ustedes llaman eficiencia económica?
• Por si aún les quedan dudas del modelo, en los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2011, el coste que se pagó a la multinacional Capio por cama/año fue de 535.000 euros y a la Fundación Jiménez Díaz unos 675.000, es decir, más del doble que a la pública.
• En los propios presupuestos de 2013, nos hablan de un coste en lo público de 400-442 euros/paciente, mientras que los privatizados nos hablan de 505 euros en el hospital de Valdemoro, 592 euros en el de Móstoles y 586 euros en el de Torrejón.
• Los presupuestos de 2013 presentan un recorte de 787,75 millones, lo que significa un recorte del 17,1% respecto al de 2012. El reparto de dicho recorte es: los hospitales públicos tiene un 16,19%, los de gestión semiprivada un 28,66% en un intento de descapitalización para así justificar su privatización, mientras que los centros privados tienen un aumento del 4%.
Y, siguiendo con el informe del profesor Fayanas, el actual sistema de privatización se basa fundamental en tres empresas:
• CAPIO: que surge en el año 1998 como Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, IDC. Es vendida en el año 2005 a la multinacional sanitaria sueca CAPIO por 331 millones de euros. En el 2011se separa de la multinacional sueca aunque conserva el nombre y paga 900 millones de euros. Su actual accionariado está compuesto por CVC Capital Partners, que es un fondo de capital riesgo británico con sede en Luxemburgo y es un paraíso fiscal con el 80 % de su propiedad y siendo dirigido por personajes muy próximos al PP:
a) Ignacio López del Hierro, Consejero Delegado de CAPIO (marido de Dolores de Cospedal).
b) Teresa Echániz, Subdirectora de Investigación de CAPIO SANIDAD (hermana de José Ignacio Echániz, Consejero de Sanidad de Castilla La Mancha.
c) José María Aznar, Accionista de CAPIO.
d) Albeto Núñez Feijoo, Accionista de CAPIO.
e) Alberto Camps, Accionista de CAPIO.
f) María Dolores de Cospedal, Accionista de CAPIO.
El restante 20% está en manos de Abertis que se dedica a aparcamientos y autopistas, Cortefiel en textil o la telefónica “R”. El 65 % de sus ingresos provienen del gasto público.
• Ribera Capital: que se creó para llevar adelante el proyecto de privatización de la sanidad pública valenciana, participando Adeslas que aportaba su saber sanitario. Participan también las empresas constructoras Dragados y Lubasa y en el apartado financiero Bancaja y la CAM ¿Le suena, señor Lasquetty? Actualmente, el Banco Sabadell está intentando aumentar su participación en dicha empresa, proveniente de la adquisición de la CAM y negocia con Bankia para comprarle la parte de Bancaja. Está claro que ve negocio. Además forman parte Adeslas que pertenece a la sociedad británica Goodrower y Sanitas, que pertenece al grupo británico Bupa International.
• El grupo Quirón-UPS. Dominado mayoritariamente por el fondo de capital riesgo Doughty Hanson.
Después de todos estos datos concluye el profesor Fayanas con las siguientes consideraciones:
• El PP quiere convertir un servicio público eficiente, barato y apreciado, en otro en el que el beneficio privado prime sobre la salud y además dirigirlo hacia un oligopolio.
• El beneficio privado es el fin; la propia CAPIO presume de que por cada euro invertido ella obtiene 2,7 euros; este negocio se obtiene a costa de nuestra salud.
• ¿Por qué tanto interés del PP en la privatización, aunque quieran ocultarlo con el sofisticado término de externalización? Hay muchísimos rumores sobre notables políticos del PP en estas empresas. Yo no tengo datos y además éstos son difíciles de dar, dada la opacidad de estas empresas, pero sí cabe preguntarse sobre dos exconsejeros de la sanidad madrileña, Lamela y Güemes.
• En Estados Unidos son las empresas sanitarias y farmacéuticas las que más invierten en política apoyando al candidato republicano e hicieron todo lo posible para que Obama no sacara su reforma sanitaria. En un sistema de financiación de los partidos políticos tan opaco como el español cabe preguntarnos si estas empresas sanitarias no juegan ya el mismo papel que las norteamericanas.
Y concluye el informe: “Es hora que de una vez los españoles ejerzamos nuestros derechos ciudadanos y rechacemos no solo la privatización sanitaria, sino todas las empresas españolas que participan en ella. Para ello propongo se saquen los fondos del banco Sabadell, no se compre en Cortefiel y no se aparque en Abertis. Si lo hacemos podemos pararlos y hacerles entender que con nuestra salud, cero negocio”.
El Instituto de Política Económica (The Economic Policy Institute) de EEUU es uno de los centros de análisis económicos más rigurosos existentes en aquel país.
Sus informes tienen gran impacto en el establishment político del gobierno federal. Y sus trabajos tienen gran resonancia en los mayores medios de información estadounidenses. Publica cada dos años el informe The State of Working America, en el que analiza la situación de la población trabajadora en EEUU. Es, sin lugar a dudas, el estudio más elaborado y detallado del mercado laboral así como de las condiciones del trabajo en EEUU.
Incluye también datos internacionales que permiten comparar la situación de la población trabajadora, no sólo en EEUU, sino también en los países de la UE-15 así como en Canadá, en Australia, en Japón, en Noruega y en Suiza, países todos ellos de semejante nivel de desarrollo económico que EEUU. Sería de desear que tal informe se tradujera al español pues tiene gran cantidad de información relevante para España. Es hoy en día el estudio más detallado que existe de la situación laboral y social de la población empleada en aquellos países, incluida España, y muy en particular de sus clases trabajadoras, permitiendo comparaciones de gran interés.
Muestra por ejemplo que los salarios bajos (la decila inferior de la población empleada) en España son más bajos (un 79%) que los salarios más bajos de EEUU, que es a su vez, uno de los países analizados donde los salarios bajos son más bajos. La decila inferior de la población empleada tiene un salario promedio que es el 47% del salario medio en EEUU. En España es el 60%.
Esta es una de las causas de que pobreza relativa (que es la mitad de la renta media del país) sea, tanto en EEUU como en España, de las más altas (14% en España, 15,7% en EEUU) de aquellos países. La situación es incluso peor entre los infantes. La pobreza infantil es un 23,1% en EEUU y 17,1% en España, siendo estos dos países los que muestran mayor pobreza infantil. El hecho de que la pobreza sea mayor en EEUU que en España a pesar de que los salarios más bajos sean más bajos en España que en EEUU se debe, en gran parte, a que hay más personas empleadas en EEUU que en España, y ello se debe, también, en parte, a que el empleo público (empleo financiado con fondos públicos) es mayor en EEUU que en España, dato que sorprenderá a mucha gente en España, donde la sabiduría convencional económica, de talante liberal, está sistemáticamente equivocada y cree que el empleo público en nuestro país está sobredimensionado. El Estado federal de EEUU, es uno de los empleadores públicos más importante de aquellos países, resultado de la enorme extensión de sus fuerzas armadas y también de la gran extensión de la población reclusa. Si tales sectores de la población empleada no estuvieran empleados, el desempleo en EEUU sería mucho más elevado que el hoy existente (7,7%).
A pesar de tales intervenciones públicas, el hecho es que la pobreza de EEUU es, junto con la de España, de las más elevadas hoy en aquel grupo de países, y ello se debe, además de la pobreza de los salarios en ambos países, a la escasa capacidad redistributiva de sus Estados. Así en EEUU, el 27% de la población sería pobre sino interviniera el Estado federal y estatal (equivalente este último al autonómico en España). Una vez este Estado interviene, la pobreza baja a un 17,3%, es decir un bajón de 9,7 puntos. En España, tal reducción es algo mayor. Debido a la intervención del Estado, la pobreza baja 13,2 puntos, siendo una de las reducciones más limitadas y más bajas, junto a la de EEUU, entre los países estudiados. Como punto de comparación, el Estado francés reduce la pobreza 25,4 puntos, Alemania 23,6 puntos, Finlandia 22,1 puntos, y así un larga lista. El Estado redistribuye muy poco tanto en EEUU como en España. De ahí que sean los países más desiguales dentro del grupo de países analizados.
El Estado estadounidense y el Estado español se caracterizan por, además de ser poco redistributivos, tener escasa sensibilidad social. Sus gastos públicos sociales como porcentaje del PIB (22% España, 18% EEUU) son de los más bajos de la lista de Estados analizados. Francia y Suecia, por el otro lado, son los Estados que tienen mayores salarios y mayor impacto redistributivo de sus Estados, así como mayor gasto público social.
La situación se está empeorando
Hoy, la situación de la clase trabajadora española se está empeorando resultado de las políticas iniciadas por el gobierno Zapatero y acentuadas mucho más por el gobierno Rajoy, y que incluyen unas reformas laborales que tienen como objetivo la reducción de los salarios y unas políticas de austeridad que están recortando el gasto público social, incrementando incluso más su regresividad y escasa vocación redistributiva. Tales políticas se están promoviendo para aumentar la “competitividad” de la economía española y poder estimular las exportaciones que supuestamente sacarán a España de la crisis.
Tal argumento, ampliamente aceptado también por la sabiduría convencional económica neoliberal, olvida que durante estos años de crisis las exportaciones españolas han ido aumentando a la vez que los salarios han ido bajando sin que ello haya repercutido en reavivar y estimular la economía. Y ello como consecuencia de que la recesión existente en España se debe precisamente a la escasa capacidad adquisitiva de la población (resultado de la bajada de los salarios) y a la reducción del gasto público (que contribuye al descenso de la necesaria demanda). La sabiduría convencional que siempre reproduce la visión de los grupos poderosos (tanto en las esferas económicas y financieras, como en las culturales y mediáticas) que dominan la vida política y mediática del país, está profundamente equivocada.
Vicenç Navarro | Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Entre los propósitos para el nuevo año, los Técnicos del Ministerio de Hacienda queremos incidir en la necesidad dereforzar la lucha contra el fraude fiscal por parte de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT), que no exime de campañas de sensibilización como aquellas tan famosas que se hicieron en el pasado (recordemos el “Hacienda somos todos”) para que cada contribuyente, particular o empresa, cumpla con sus obligaciones fiscales.
Y esa necesidad urge ahora más que nunca por el desgaste de las medidas de austeridad, que para reducir el déficit público han desacelerado el crecimiento económico y provocado un aumento del desempleo hasta niveles récord. Una mayor y mejor lucha contra el fraude permitiría incrementar los ingresos del Estado sin tener que aplicar más ajustes perjudiciales para los bolsillos de hogares y empresas.
Además, una mayor concienciación en la lucha contra la evasión fiscal serviría para reducir la permisividad social hacia el impago de impuestos. De hecho, según el último barómetro publicado por el Instituto de Estudios Fiscales, el 42% de los jóvenes respalda el fraude a Hacienda, posición que se justifica mayoritariamente por la necesidad de “salir adelante”.
Esta percepción tiene una de sus razones de ser en el elevado volumen de economía sumergida que existe en nuestro país, por encima del 23% del PIB, y que ha llevado a las administraciones públicas a buscar ingresos de todas las partidas posibles, ya que el dinero que no se declara supone menos recursos para Hacienda.
Pero esa lucha antifraude debería concentrarse sobre todo en los mayores focos de evasión que son, como acertadamente creen el 41% de los encuestados, los grandes empresarios y patrimonios, responsables de casi el 72% del fraude.
Para cumplir con este propósito para 2013, sería necesario reorganizar en profundidad el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria estatal, otorgando mayores responsabilidades y competencias en la lucha contra el fraude y el control de las subvenciones a toda la plantilla, especialmente a los 8.000 Técnicos de Hacienda para, en una segunda fase, aumentar los efectivos.
Contesta Carlos Cruzado. Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)