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Categoría: Divulgacion

  • Rajoy ha hecho el mayor ejercicio de cinismo e hipocresía de la democracia», le acusa Lara,

    Afirma que el líder del PP “utiliza el sufrimiento de una mayoría de la ciudadanía como excusa perfecta para realizar el más implacable ataque a lo público, a la igualdad social, a los derechos de los trabajadores y a las instituciones políticas estatales, autonómicas y municipales conocido”.

    El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, reprochó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haber realizado hoy “uno de los mayores ejercicios de hipocresía y cinismo político que se recuerdan en democracia” al presentar “como imprescindibles e inevitables todas las medidas de recorte y ‘ajuste duro’ impuestas en sus poco más de 12 meses de gestión de gobierno. No es verdad en absoluto. Las cosas se podrían haber hecho de otra forma, más justa, más igualitaria, más social, pero Rajoy no ha querido y ha elegido que el reparto de los sacrificios recaiga en los parados, los pensionistas, los que aún tienen la suerte de trabajar, los empleados públicos o los autónomos”.

     

    Para Lara, “hoy puede decirse, sin temor a equivocarse, que un número mucho mayor de personas vive peor que hace un año. Eso evidencia el fracaso sin paliativos de las duras medidas aplicadas por Mariano Rajoy desde Moncloa”.

     

    Asegura que “ya no valen paños calientes, por mucho que el líder de la derecha pida comprensión y solidaridad. Ni él ni su Gobierno han aplicado ni han tenido esa comprensión y esa solidaridad con los más desfavorecidos, sobre los que el PP ha hecho recaer el peso de la crisis conscientemente”.

     

    “Rajoy –valora el máximo responsable de IU-, con su balance autocomplaciente, ha puesto de manifiesto su falta de sensibilidad hacia aquellos que han agotado todos sus recursos y toda su paciencia para poder encarar los próximos meses de sufrimiento. Al líder del PP no le ha importado darles la espalda para ganarse esa ‘confianza y reconocimiento’ de los socios europeos de la que ha presumido. Y lo peor es que seguirá de espaldas a ellos en los próximos meses porque tiene más que claro cuál es su orden de prioridades, que en absoluto es el bienestar de la mayoría”.

     

    En su opinión, “hay que tener una cara política muy dura para reiterar como objetivos prioritarios ‘el crecimiento económico y la creación de empleo’, como ha hecho Rajoy. Lo ha hecho hoy, igual que lo hizo en campaña, sin mover un músculo y sin que haya explicado en el último año por qué ninguno de los casi 30 reales decretos redactados ni ninguna de las medidas contenidas en los Presupuestos Generales para 2012 y 2013 ya aprobados contiene ni una sola medida en ese sentido, todo lo contrario”.

     

    Cayo Lara valora que “Mariano Rajoy al frente de la derecha española ha encontrado en esta grave y larga crisis la coartada perfecta para imponer muchas medidas que tienen más de ideológico que de receta económica. Está utilizando el sufrimiento de una mayoría de la ciudadanía como excusa perfecta para realizar el más implacable ataque a lo público, a la igualdad social, a los derechos de los trabajadores y a las instituciones políticas estatales, autonómicas y municipales conocido en democracia”.

     

    “Frente a ello, desde Izquierda Unida renovamos nuestro compromiso de oponer en los próximos meses el ejercicio de la oposición más férrea, consistente e implacable, dentro de los límites democráticos, de la que podamos ser capaces. Las reiteradas medidas de excepción planteadas requieren de una oposición de excepción. A ello vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo, imaginación y conocimiento”, adelanta Cayo Lara.

  • Posicionamiento del IV congreso federal de COMFIA CC OO ante la reestructuración del sector financiero.

    Tras cinco reformas del sistema financiero, dos a cargo de los gobiernos del PSOE y tres por iniciativa del actual gobierno del PP, un rescate en curso desde las instituciones europeas para la banca por importe de hasta 100.000 millones de euros que vienen a unirse a las anteriores ayudas del FROB y los avales otorgados a bancos y cajas, el actual sistema financiero continua siendo incapaz de facilitar a la economía real, en especial a las personas y las pequeñas empresas la necesaria financiación que permita reactivar la actividad económica

    Las reformas planteadas no han conseguido ninguno de los objetivos que pretendían, ni han frenado el deterioro de los balances, ni han reabierto la financiación internacional, ni han restaurado el crédito a las familias y empresas.

    La restricción del crédito comercial a empresas entre 2007 y 2012 ha pasado de 90.842 a 44.289 millones de euros, no se financia de manera suficiente el circulante y hay empresas que se precipitan a la quiebra consecuencia de la falta de crédito, pese a tener razonables perspectivas de actividad. No es riguroso ni cierto que toda la demanda de crédito carezca de los suficientes criterios de solvencia.

    El sector financiero español se ha sobredimensionado en la última década, lo ha hecho a crédito, agravando la dependencia de financiación externa (el saldo vivo de cédulas hipotecarias es de más de 730.000 millones de euros, el doble de la existente en 2003). La gran concentración de préstamos hipotecarios y la obligada refinanciación de deuda con el exterior, agravan los efectos de la crisis y provoca el cierre y destrucción de miles de oficinas y puestos de trabajo, entre otras razones, por la desaparición del crédito al circulante de las empresas más pequeñas.

     La falta de supervisión y regulación de los mercados financieros está en la base de la crisis actual. Los gobiernos, supervisores y entidades están dando prioridad a atender las desmedidas exigencias de capital, por encima de la urgente necesidad de restituir el crédito a PYMES, familias y economía productiva, lo que no sólo impide la normalización de la actividad económica, sino que sigue provocando la destrucción de miles de empresas y la pérdida constante y masiva de puestos de trabajo. El errático proceso de reestructuración del sector y la destrucción deliberada y gratuita del modelo de Cajas de Ahorro ha provocado la desaparición del único modelo de banca social existente en nuestro país, lo que está generando un oligopolio de facto contrario a los intereses de la ciudadanía, la desaparición de la obra social y la generación de exclusión financiera, sin que por ello se esté recuperando la circulación del crédito. 

    La necesaria aportación de recursos públicos, ante la insuficiente aportación privada, para capitalizar las entidades con problemas, consume grandes cantidades de dinero público, de forma similar a como lo han hecho otros países. La intervención del Estado en el sector financiero provoca cambios sustanciales en él. La utilización de cifras millonarias para sanear al sector financiero, en un marco de ajuste presupuestario que afecta a servicios básicos y estratégicos, no se acompaña de la necesaria transparencia ni de una adecuada exigencia de responsabilidades a las personas encargadas de la gestión, supervisión, auditoría y, en su caso, administración. Tampoco se visualizan claramente las medidas y procedimientos mediante los cuales los fondos públicos destinados a este fin van a ser restituidos.

    En ese marco, es preciso promover una reforma eficaz y justa del sistema financiero, (http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Informacion:Noticias:366548) que refuerce el control y supervisión público, que  se establezcan sistemas de regulación más eficaces, así como que se pongan en marcha medidas fiscales a las que las entidades financieras restablezcan los recursos públicos aportados a la reestructuración e incentiven un modelo de negocio socialmente responsable y sostenible.Asimismo es preciso establecer las responsabilidades correspondientes por lo ocurrido.

    Reactivar el crédito es básico, principalmente para la reactivación de la actividad y la creación de empleo; pese al reto de reducción de deuda, especialmente privada, que tiene la sociedad española. Es necesario poder financiar proyectos empresariales viables. Recapitalizar con dinero público las entidades financieras que lo precisen es inevitable y es condición necesaria, no suficiente, para mejorar el crédito en la economía española y la cuota de mercado de las empresas. Normalizar el crédito ayuda a controlar precios de bienes y servicios.

    Ante esta situación del sector financiero desde Comfía-CCOO manifestamos que:

    • El empleo en el sector financiero es una prioridad para Comfía-CCOO. La reestructuración del sector y las condiciones que se van a exigir como contrapartidas a la financiación europea del rescate bancario, deben realizarse con el mayor respeto al empleo y empleabilidad de las plantillas afectadas. Por ello exigimos la puesta en marcha de un “Contrato Social” que garantice la adopción de medidas no traumáticas y estabilidad laboral pactadas con la representación de las plantillas, como se desarrollaron las sucesivas reestructuraciones sectoriales desde los años 80 del siglo pasado y sobre el respeto a la obligación asumida por la patronal en los convenios colectivos de negociar medidas alternativas a la extinción de contrato, por el que los trabajadores y las trabajadoras ya asumieron un coste de contención salarial. Rechazamos expresamente la imposición de los parámetros introducidos en la Reforma Laboral sobre la excusa de imposiciones externas, y recurriremos a las medidas sindicales y de movilización que sean necesarias para evitar su implantación de manera unilateral por las empresas.
    • El sector debe contribuir de manera decisiva a financiar el coste de capitalización de las entidades que lo precisan. Así se hizo en la crisis bancaria de los 80 y 90.
    • El consumo ingente de recursos públicos para sanear el sector, es una ocasión para mantener una parte del mismo bajo titularidad pública, con red de oficinas suficiente y personal especializado para actuar como intermediario financiero en España. La nacionalización de entidades hace al Estado propietario o accionista mayoritario, lo que puede y debe permitir que sea operador público en un sector estratégico, cuyo funcionamiento fallido en estos años ha generado graves daños en nuestra economía. Con ello se dota al Estado de mecanismos de actuación económica ante situaciones de restricción crediticia, exigiendo un control de riesgos y gestión profesional y de calidad que garantice la solvencia y retornos adecuados al capital público aportado, así como la mayor garantía de los derechos de la clientela y de que no se produzca exclusión financiera. 

    En todo caso, si el Gobierno, como anuncia, finalmente vuelve a privatizar las entidades nacionalizadas, debe evitar que el conjunto de la ciudadanía asuma con sus impuestos el coste de la reestructuración sectorial recuperando lo aportado en su integridad o en el máximo nivel posible. Para ello, hay diversos mecanismos, entre ellos: los costes financieros por la concesión de avales, préstamos o garantías otorgadas por el Estado; un incremento suficiente de la aportación del conjunto del sector al Fondo de Garantía de Depósitos, para que a través de éste y en un plazo razonable devuelvan al Estado las aportaciones realizadas; el establecimiento de una tasa sobre actividades financieras para constituir fondos que prevengan el coste de las crisis bancarias; venta de activos inmobiliarios u otros activos, etc. Debe darse también, una regulación adecuada para que lo que queda de las Cajas de Ahorro siga manteniendo la titularidad y naturaleza social y pueda ejecutar un papel real y efectivo tanto como gestoras de la obra social como en calidad de accionistas de los bancos en que los que se han integrado.

    • Exigimos, asimismo, transparencia y delimitar responsabilidades (y desde Comfia-CCOO acudiremos a la vía judicial en los casos que lo estimemos necesario): de los gestores; de los supervisores (BdE, CNMV y CCAA); de los Auditores, cooperadores necesarios que han mostrado a los administradores su conformidad con los datos presentados por los gestores y han mostrado malas prácticas que deben ser depuradas; y de los Consejos de Administración (Donde las personas representantes del sindicato mantendrán como hasta ahora criterios de gobernanza de responsabilidad social), en proporción a la influencia en la gestión y los problemas detectados: información insuficiente, incapacidad para influir, etc.

    Exigimos igualmente, el establecimiento y cumplimiento de limitaciones legales a la retribución de administradores y directivos, prohibiendo políticas retributivas socialmente repugnantes, e impidiendo el reparto de dividendos mientras no se hayan devuelto las ayudas públicas recibidas, en su caso.

    Reivindicamos un Código Ético de obligado cumplimiento para el sector financiero que incluya una regulación social de las remuneraciones de dirección y consejeros sobre los principios de control, transparencia y proporcionalidad. Un sistema bancario asentado en principios de sostenibilidad económica, social y laboral, Banca Ética, Inversión Socialmente Responsable y RSE. Necesitamos normas y regulación de consejos que mejoren la transparencia y la información, haciendo de los códigos de buen gobierno algo más que autorregulaciones y compromisos voluntarios. Capacidad de decisión que sirva para limitar de forma efectiva la discrecionalidad de quienes ejercen la gestión. Extender estos criterios a sociedades cotizadas, o no, cuando haya múltiples empresas asociadas o grupos de interés. El problema acreditado en las cajas de ahorros no es exclusivo de ellas, es el mismo que se ha producido en los bancos españoles en las crisis anteriores o en bancos internacionales en la crisis actual y puede darse en empresas de todos los sectores.

    • Apostamos por una modificación de medidas impositivas que garanticen una adecuada contribución del sector financiero al Erario Público como garantía de restitución y/o rentabilización del dinero público aportado. El tipo efectivo del Impuesto de Sociedades no puede ser el 14%, como lo fue en el periodo de mayor crecimiento de los beneficios, ni el 8% que actualmente declaran alguna de las entidades más solventes. Se debe introducir, a nivel europeo, el Impuesto de Transacciones Financieras, como medida que desincentive y/o grave, en su caso, las operaciones más especulativas. Asimismo, aunque no sea estrictamente fiscal, se han de revisar todo lo concerniente  las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósito pues ha sido y debe ser el instrumento a través del cual se restablezcan las cantidades con las que el dinero público está financiando la reestructuración del sector financiero. 
    • Reivindicamos la honradez, profesionalidad y alta cualificación de los trabajadores y trabajadoras del sector, que son bancarios y no banqueros, que no han participado en las decisiones que han determinado el negocio financiero ni diseñado las estrategias y políticas de sus entidades y a los que, por tanto, no se pueden exigir responsabilidades que no son suyas. Advertimos de cómo el deterioro de la imagen y credibilidad del sector financiero, se ha extendido a sus profesionales, situados en el punto de mira de una ciudadanía que necesita buscar culpables de políticas y prácticas empresariales no decididas por ellos. Jamás la presión externa e interna sobre los profesionales del sector ha sido de esta intensidad ni han recibido tantos ataques a su estabilidad en el empleo, a sus condiciones de trabajo, a su salud y a su dignidad. Y, finalmente, hacemos un llamamiento para que las plantillas del sector financiero reaccionen decididamente contra esta situación, contra los altísimos niveles de presión diaria, contra el uso y el abuso de la amenaza, en defensa de sus puestos de trabajo, sus condiciones laborales, su salud y su dignidad y para romper de una vez con el chantaje del miedo que practican muchas empresas.

  • La trampa de las participaciones preferentes: las prioridades deben de ser la clientela y las plantillas.

    Hasta el año 2003 las participaciones preferentes se comercializaban a través de sociedades instrumentales, habitualmente radicadas en paraísos fiscales, y, salvo excepciones, eran suscritas por inversores  institucionales. A partir de ese año, estos instrumentos híbridos deuda-capital se legislan en España y comienzan a comercializarse a clientes minoristas, lo cual coincide con el incremento del endeudamiento privado de la economía española.

    Las preferentes se convierten en un instrumento de capitalización muy utilizado por las cajas de ahorros que carecen de la posibilidad de emitir acciones. Hubo advertencias muy leves, como la de Miguel Ángel Fernández Ordóñez en enero de 2007, cuando dijo que no le parecía lógico que instrumentos financieros de este tipo se comercialicen de forma masiva a través de la red de oficinas.

    En verano de 2007 estalla la crisis subprime y un año más tarde cae Lehman Brothers. Como consecuencia, se produce el cierre de los mercados interbancarios. 

    Mientras tanto, las autoridades españolas deciden no recapitalizar la banca como ya habían hecho los países de su entorno, confiando en las provisiones anticíclicas y en que la crisis sería pasajera. Así, lo que proliferó durante 2008 y, sobre todo 2009, fueron las emisiones de participaciones preferentes que se colocaron, sobre todo, a clientes minoristas, con conocimiento del Banco de España y sin objeción de la CNMV.

    Tras los test de stress la situación se complica. Los organismos que los realizaron no consideraron parte del Capital Principal ni las provisiones anticíclicas ni las participaciones preferentes. La consecuencia directa fue que la CNMV obligó a las entidades a que dejaran de funcionar los mercados internos de compra-venta de participaciones preferentes. Es decir, cambiaron las reglas del juego. Las operaciones se trasladan al mercado de renta fija, lo cual tuvo un efecto demoledor sobre el valor de las preferentes.

    Esta situación ha contribuido a deteriorar aún más  la imagen pública del sector financiero español. A la incapacidad demostrada por los organismos de supervisión y por las cúpulas de las entidades para propiciar medidas que permitan la circulación del crédito a familias y empresas, se ha venido a sumar ahora lo que ya es peligrosamente conocido entre una parte importante de la opinión pública como el “corralito” español: las participaciones preferentes.

    No cabe olvidar la responsabilidad de estos mismos, organismos de supervisión y las cúpulas de las entidades financieras, en la burbuja  inmobiliaria identificada como una de las principales causas de la crisis, la falta de legitimidad que los mismos han acumulado con una política de retribuciones del personal de la alta dirección y de los consejos que en más de un caso ha superado lo socialmente repugnante y los planteamientos de recorte de plantillas y destrucción de empleo en cada vez más entidades.

    La situación es de sobra conocida: transmitiendo a sus plantillas objetivos de comercialización bajo la premisa de que era un producto fiable para ofrecerlo a los clientes, una gran parte de las entidades financieras de este país han estado ofreciendo durante años instrumentos de inversión complejos y poco líquidos, originalmente más apropiados para personal inversor cualificado, pero que han acabado por ser comercializados entre la clientela más tradicional. Durante años, no obstante, el producto no ha generado problemas hasta que se modifican las condiciones del mercado secundario y se fuerza a aflorar las minusvalías, generando una situación que produce de facto la inmovilización del ahorro de cientos de miles de familias. Se ofrece como alternativa su canje en acciones y otros activos, en muchos casos, con importantes descuentos. Y en el epicentro de todo ello, los bancarios y bancarias, a quienes toca el difícil papel de dar explicaciones y soluciones a la clientela afectada.

    Toda esta política, pasada y presente, se ha ejecutado sin que los organismos supervisores (CNMV y Banco de España), que tienen la obligación de regular y controlar el mercado financiero, además de prevenir problemas de esta magnitud, hayan sabido cumplir con la obligación que la ciudadanía le tenemos encomendada. Ellos son los responsables directos, junto a mucho personal de la alta gestión de las entidades, que han apostado por la comercialización masiva de estos productos.

    Esta política socialmente irresponsable, ejecutada por unos y consentida por otros, está teniendo importantes consecuencias para muchas entidades y sus plantillas:

    • La lógica indignación de la ciudadanía y de la clientela se dirige, básicamente, contra las plantillas de estas entidades, contra los bancarios y bancarias (los únicos que dan la cara ante ellos) generándose situaciones de presión insostenible y de auténtico riesgo físico sin que tampoco se adopten las medidas exigibles de prevención y protección.
    • Gran parte de la clientela, y parte del personal de las plantillas de las entidades, se sienten engañados, por lo que en no pocas entidades existe el riesgo cierto de presentación de demandas. No es descartable que puedan afectar en mayor o menor medida al empleado o empleada que comercializó el producto de buena fe, atendiendo las instrucciones recibidas de su entidad, en el marco de campañas comerciales agresivas y con intensa presión de objetivos.
    • Se está lesionando gravemente la credibilidad y confianza de la población en el sector financiero español en su conjunto, asestando además un duro golpe al modelo de negocio minorista, basado en la cercanía y la confianza, en pro de una banca más especulativa centrada en el beneficio inmediato y que sólo piensa en el impacto que tiene en los balances a corto plazo.

    Desde COMFIA-CCOO (http://www.comfia.net/html/25742.html) entendemos que la problemática es del suficiente calado como para exigir que se adopten medidas urgentes:

    • Es evidente que estamos ante un fenómeno económico-financiero de responsabilidades compartidas.
    • Hay que ofrecer a las plantillas seguridad, protección y los recursos necesarios para prestar una adecuada atención a su clientela, así como pleno apoyo y cobertura en las posibles  demandas que pudieran interponerse contra la entidad y que pudieran afectar de cualquier forma a los bancarios y bancarias.
    • Hay que “deshacer la madeja”. Le corresponde actuar a los tribunales, sin duda. Pero también al Parlamento, por lo que instamos, junto con nuestra Confederación,  a que el análisis de actuaciones y responsabilidades del Banco de España, CNMV y Gobiernos sean abordados en la Subcomisión parlamentaria habilitada al efecto.
    • Hay que evitar que se produzca una transferencia de rentas de los débiles hacia los poderosos. Por ello, si se comercializaron como productos de ahorro y así lo creyeron contratar los clientes, justo es que se valore que se trate de productos protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos o, como mínimo, que se puedan canjear por productos más acordes con la inversión que se pretendió realizar.
    • El Gobierno tiene la obligación de utilizar su margen de maniobra para no producir más sufrimiento injusto e innecesario con este asunto a la ciudadanía, a los que tienen este tipo de inversiones y a los contribuyentes, en general, que pueden ver como la “factura del rescate” sube exponencialmente por la dislocación del modelo de negocio minorista y compromete definitivamente la viabilidad de las entidades intervenidas y/o nacionalizadas.

  • Resolución sobre embargos desahucios y cambio de la ley hipotecaria

    Resolución sobre el problema de los embargos de viviendas y los desahucios, el derecho de acceso a la vivienda y el necesario cambio de la ley hipotecaria.

    La figura del desahucio es un drama que supera a quien lo sufre directamente, al afectar también a su entorno familiar. Cuando se multiplica el número de las personas afectadas como está sucediendo en los últimos años en España, las consecuencias se extienden a la sociedad como muestra de un fracaso colectivo.

    El deterioro de la situación económica y la destrucción de empleo son sin duda las principales causas que han influido en el aumento del número de desahucios, pero no hay que olvidar otras, como el pérfido proceso de concesión de hipotecas que en algunos casos rayaba la ilegalidad en la forma en la que se han manejado los avales con terceros o, la muy desequilibrada normativa vigente a favor de las entidades financieras.

    La actual normativa es muy rígida en los tiempos de ejecución y favorece la acumulación de la deuda, además de alargar el problema más allá de la ejecución del propio bien establecido como garantía. Entre otras cuestiones, merece reseña el elevado interés de demora -no es una exageración calificarlo de usura- aplicado en un plazo relativamente corto de tiempo desde el comienzo del impago. El amplio periodo de tramitación judicial juega a favor de la entidad financiera al acumular una cantidad adicional a la deuda totalmente inasumible por el propietario de la vivienda. Además, en el propio proceso de ejecución a las personas afectadas ni siquiera cuenta con la posibilidad de asistencia letrada. Sin duda, un anacronismo propio de la antigüedad de la Ley Hipotecaria (1909).

    La firma de un crédito es una consecuencia del ejercicio de la voluntad de dos partes y, por tanto, la persona que compra debe asumir su responsabilidad en el contenido del contrato (aunque se disponía de información asimétrica que en ocasiones llegaba a la estafa como es el caso de los avales cruzados entre personas desconocidas).  Pero parece incongruente que la entidad financiera pueda subastar (y adjudicarse posteriormente) la vivienda en un porcentaje del precio inferior al límite máximo de valoración marcado por la autoridad monetaria (Banco de España) para la concesión del crédito (80% del valor de tasación). Esta diferencia elude de responsabilidad a la entidad bancaria porque el porcentaje de concesión máximo precisamente está fijado para dar cobertura a coyunturas imprevistas (bajada en el precio del activo garantizado o, también, por qué no, la posibilidad de impago).

    Por un lado, la solución a este gravísimo problema debería estar encuadrada en una política pública de vivienda totalmente diferente a la aplicada desde hace décadas que se ha concentrado en la ayuda a la construcción, para poner su principal objetivo en la garantía de acceso a una vivienda digna con un precio razonable. Esta nueva política debe estar concentrada en el alquiler de vivienda, para lo que debe contar fundamentalmente con recursos públicos suficientes aplicados a la bonificación del precio según un criterio de renta y circunstancias familiares. Esta fórmula permitiría hacer un uso más eficiente de las viviendas desocupadas de propiedad privada o pública que estuvieran espoleadas por incentivos (seguridad sobre la propiedad cuando se alquila y penalización fiscal en caso de no hacerlo) al uso del parque sin uso en la actualidad.

    Por otro lado, la solución del actual problema de desahucios se puede abordar desde los siguientes ejes de actuación:

    • Soluciones para los hipotecados actuales para evitar la exclusión que está asociada a no disponer de vivienda habitual. Es preciso ofrecer expectativas vitales a las personas que se encuentran o están a punto de una triple exclusión: en paro, desahuciados y endeudados sin propiedad inmobiliaria.
    • Soluciones para los hipotecados futuros.
    • Solución para el conjunto de la población: garantizar el acceso a una vivienda en alquiler a un coste asumible, ya sean viviendas públicas o privadas.

    Es preciso realizar cambios normativos en la dirección comentada: rebaja del interés de mora e incremento del valor de ejecución, pero además se deben aplicar medidas para evitar el drama de las personas afectadas siempre y cuando, la situación venga dada por la pérdida de empleo y la ausencia de rentas alternativas en el núcleo familiar para hacer frente al coste de una vivienda. Estos casos se corresponden con personas de muy reducida renta, en una parte significativa inmigrantes. Para ellas, se pueden articular fórmulas para la ampliación del plazo de vencimiento del crédito (hasta 35 años) contando con un periodo de razonable de carencia ligado a la duración de la actual crisis (por ejemplo la bajada de la tasa de desempleo por debajo del 15%). A la vez, permitir el uso de la vivienda en régimen de alquiler con un precio razonable que pueda ser tomado en cuenta a la hora de la liquidación del préstamo hipotecario (alquiler con opción de compra?). La suma de medidas debe evitar en primer lugar el desahucio. 

    En paralelo, el stock de viviendas públicas donde se incluyen las que están en poder de los bancos nacionalizados y del SAREB podrían ser alquiladas a las personas que han perdido su vivienda bajo un sistema de alquiler social, es decir, razonable para personas con escasos recursos. Una política pública de alquiler abriría también el interés de promotoras y fondos inmobiliarios y otras entidades financieras.

    La dación en pago no puede considerarse como la gran y única solución al problema, sino como una alternativa más dentro de las soluciones que se deben poder aplicar, siempre teniendo en cuenta que sólo solucionarían parcialmente un problema de deuda, pero no de acceso a la vivienda, antes al contrario.

    En cualquier caso, la dura experiencia sufrida en estos años debería hacer reflexionar al Gobierno para establecer el sistema de dación en pago dentro de la normativa futura de concesión de créditos hipotecarios.

    Esta medida, muy probablemente, redujera el número de operaciones de compra pero, a cambio, extremaría la prudencia en la gestión del riesgo y, probablemente, el precio unitario evitando situaciones tan lamentables como las actuales, no sólo por el sufrimiento de las personas sino también por los costes asumidos por los contribuyentes para solucionar el desaguisado provocado en una parte importante del sector financiero español.

    Asimismo, orientaría el crédito hacia actividades más productivas, que supusieran cambios en los modelos de crecimiento, alternativos al ciclo de la construcción; y el esfuerzo de ahorro estructural de las familias se destinaría, en vez de a la compra de una vivienda, hacia inversiones más productivas y sostenibles para las personas.

    Habría que procurar a través de la regulación global del sistema financiero que el sistema de dación en pago no conllevase a su vez el riesgo de reproducir el problema subprime que se produjo en EEUU, donde los bancos que concedían las hipotecas se cubrían del riesgo de que se saldasen con la entrega de llaves, mediante la venta de dichas hipotecas a otros operadores que a su vez las «empaquetaban» en derivados.

    La dación en pago con carácter retroactivo debe realizarse en aquellos casos en los que bien hipotecado se corresponda con la primera vivienda y cuando la situación de impago se derive de la pérdida de empleo y no se cuenten con rentas alternativas que permitan afrontar los compromisos contraídos.

    La dación en pago con carácter retroactivo en los términos expuestos no deberá poner en riesgo la garantía de los depósitos de la ciudadanía en las entidades, si bien el problema financiero inmobiliario está en el riesgo promotor en mucha mayor medida que en los inmuebles de particulares.

    Las medidas aprobadas recientemente por el Gobierno sólo son parches, parciales, discriminatorios y populistas. Es necesaria una reforma legislativa más ambiciosa e integral en línea con lo expuesto anteriormente y de lo que se reclama desde la Judicatura y diversas organizaciones de la Sociedad Civil.

    Por último, ¿qué puede hacer el Sindicato mientras tanto? Por encima de todo intentar ayudar a las personas. Primero estableciendo convenios de colaboración con asociaciones de consumidores que pudieran informar, orientar y dar servicios de asesoría jurídica, en sede sindical o a distancia, a las personas afectadas por este tipo de problemas. COMFIA-CCOO, por nuestra parte, ofrecernos a intermediar con las entidades ante casos concretos que hayan sido tratados en dichas consultas.

    Con ello contribuiríamos a orientar nuestra acción hacia las soluciones y evitaríamos el enfrentamiento de trabajadores (clientes) con trabajadores (bancarios). Porque somos bancari@s y no banquer@s.

  • Comunicado conjunto de las Secciones Sindicales de CCOO y Caixabank

    Documento sin título Enlace al comunicado conjunto de las Secciones Sindicales de CCOO, sobre al integración de Banco de Valencia en Caixabank