Categoría: Divulgacion

El director general de Servicios Jurídicos del Banco Central Europeo (BCE), Antonio Sáinz de Vicuña, ha avanzado este lunes que el supervisor único bancario europeo tendrá un órgano de preparación de las decisiones y otro de ejecución y que, según el borrador del reglamento en el que actualmente se está trabajando, las decisiones se tomarán por silencio positivo del Consejo de Gobierno.

Durante su intervención en la jornada ‘El sistema financiero español: crisis y reforma’ organizada por Linklaters en la Bolsa de Madrid, Sáinz de Vicuña ha resumido los orígenes de la crisis financiera europea y la sucesión de decisiones adoptadas tanto por las instituciones comunitarias como por los estados miembros para hacerle frente.

Así, ha señalado que el proyecto de reglamento de la supervisión bancaria única prevé una «separación entre la preparación y la ejecución de las decisiones, culminando en el único órgano de decisión que será el Consejo de Gobierno (del BCE) que, a su vez, será contrarrestado por un Consejo de Supervisión», un órgano en el que habrá representación de los supervisores bancarios nacionales, de la Comisión Europea y de la autoridad bancaria europea.

«El Consejo de Supervisión será un foro, el centro de gravedad, de la supervisión europea, y preparará las decisiones del Consejo de Gobierno, con un sistema de silencio positivo, donde las decisiones se van a entender adoptadas a menos que el Consejo de Dirección decida rechazarlas o enmendarlas. En la parte de ejecución (de las decisiones que se adopten), el Consejo supervisor coordinará y controlará cómo se hace por parte de las autoridades nacionales», ha apostillado.

Calendario de aplicación
Con respecto a la guía temporal de entrada en vigor de esta nueva autoridad comunitaria, Sáinz de Vicuña ha adelantado que la idea es que el reglamento base se apruebe a principios de enero, dado que el 1 de marzo del próximo ejercicio el Banco Central Europeo tiene que decidir qué entidades financieras serán objeto de supervisión directa –en principio, «todas las que tienen riesgo sistémico»—.

En 2014 deberá comenzar a funcionar Basilea III, que se aplicará sobre las más de 6.300 entidades de la UE. En cualquier caso, Sáinz de Vicuña ha precisado que estas fechas pueden cambiar en virtud de las negociaciones que actualmente tienen lugar en Bruselas.

La unión bancaria se entenderá completada cuando se cree el Fondo de Garantía de Depósitos Europeo y el Fondo de Reorganización y Resolución Bancaria, «en ambos casos con la posible necesidad de modificar los tratados». El responsable del BCE ha recordado asimismo que las entidades en las que se inyecten fondos europeos podrán ser supervisadas por el BCE «en cualquier momento».

Decisión justificada
Según Sáinz de Vicuña, la decisión de crear una supervisión única en la UE está «justificada» por varias razones, comenzando por la «necesidad de asegurar» que «los euros que el BCE banca emite tengan el mismo valor que los que emiten los bancos centrales nacionales», para lo cual «hace falta que el sistema no discrimine entre bancos de un país y otro, porque forman parte de la unión monetaria».

Además, también es necesario «controlar centralmente los flujos de liquidez en el conjunto de la zona monetaria, porque la crisis ha demostrado que en momentos determinados la liquidez fluye de un país a otro y crea burbujas y desequilibrios en la balanza de pagos» a la par que «deterioros en la calibración del riesgo bancario», lo que conduce a que parte de la banca se quede con «activos deteriorados».

La idea también es que la supervisión común ayude a «superar la segmentación del mercado interbancario» que, con la crisis, «ha disminuido hasta quedar prácticamente congelado» dado que «apenas hay operaciones transfronterizas».

Sáinz de Vicuña también ha alegado que, desde la puesta en marcha de mecanismos de rescate y recapitalización bancaria europeos, hace falta un supervisor común que garantice a los países que prestan los fondos que se protegerá el interés europeo y no el interés nacional. Lo mismo hace falta para las futuras medidas contracíclicas que se puedan adoptar cuando entre en vigor Basilea III.

«Se dice que la supervisión única del BCE romperá el mercado único, pero no cambiara para nada el escenario de reglamentación común para los 27. Además, buscará armonizar la supervisión en todos los países. Lo único que cambia es cómo se aplican las normas, y ahí la supervisión del BCE suplanta, sustituye y complementa lo que hacen los supervisores nacionales», ha zanjado, equiparando el nuevo sistema al modo de funcionamiento de otras entidades como la Reserva Federal estadounidense.

Futuro inmediato de la eurozona
Sáinz de Vicuña ha recordado que «la salida de la crisis requiere que el sistema financiero vuelva a funcionar con normalidad» y ha defendido que, para lograrlo, hace falta que toda esta nueva normativa bancaria de la UE «dé mayor confianza» en el mercado.

Sin embargo, en paralelo es necesario, a su juicio, avanzar en la solución de otros «defectos estructurales», tales como la «excesiva intermediación bancaria en la financiación de las empresas», el fomento de los mercados de capitales o el cumplimiento de las nuevas estipulaciones para el control de las finanzas públicas.

Con ello, se podrá avanzar en la «coordinación de las emisiones de deuda pública, que puede permitir diversos grados –productos conjuntos, sincronización de emisiones» y que llevaría, «al final del trayecto, a los eurobonos». «Pero primero hace falta la OHIO-rule: ‘own house in orden’», ha matizado el dirigente del BCE.

Finalmente, Sáinz de Vicuña ha defendido las decisiones tomadas por el organismo emisor desde el estallido de la crisis –emisiones de deuda, mantenimiento y reducción de los tipos, ampliación de los plazos de financiación, eliminación de límites cuantitativos en las subastas, etc.– porque, sin afectar a la inflación, permitieron que los bancos europeos accedieran a fondos y «se consiguió evitar el problema de liquidez en gran parte del sector», especialmente en los países periféricos, donde los bancos desconfían para redepositar los excesos de financiación.

Las declaraciones del portavoz de la banca española (y antiguo subgobernador del Banco de España, por cierto) con motivo de las normas recién aprobadas por el gobierno sobre desahucios muestran que los banqueros españoles están perdiendo ya los niveles mínimos de responsabilidad, decencia y vergüenza.

Jueces y expertos y, por supuesto, las personas y familias afectadas, han puesto de relieve que se trata de una reforma muy tímida y que de ninguna manera va a evitar la inmensa mayoría de los desahucios tan injustos e inhumanos que se vienen produciendo, además de ser muy beneficiosa para la banca: los supuestos que contempla son muy restrictivos y ni siquiera todos los de gran necesidad, no tiene carácter retroactivo, solo se refiere a los expedientes promovidos por la banca, y permite que se sigan acumulando intereses cuando se suspendan temporalmente, lo que evita que los bancos pierdan dinero y que tengan que cargar ahora con viviendas de difícil salida al mercado en estos momentos. Pero, a pesar de ello, los banqueros dicen que es muy negativa, que “pone en riesgo la buena cultura de pago que existe en nuestro mercado hipotecario” porque puede hacer que la gente deje de pagar caprichosamente las hipotecas, e incluso que se puede cerrar el grifo del crédito si se aprueba.

Parece mentira que los españoles tengamos que oír esto de la banca, como si fuésemos estúpidos. Si nuestros bancos y banqueros se jactan de ser los mejores del mundo, ¿qué es lo que explica entonces que aquí tenga que haber condiciones hipotecarias (y en general bancarias) más asimétricas que en los demás países de nuestro entorno? ¿Por qué la banca española no puede operar en las mismas condiciones que la francesa, la alemana, la inglesa o la de Estados Unidos, si en esos países compite en igualdad de condiciones con otros bancos? ¿Qué tipo de razón financiera es la que justifica que aquí haya pervivido una legislación casi decimonónica tan favorable a ellos? ¿Son razones económicas, de eficiencia financiera y de mercado, o sencillamente que los banqueros han tenido aquí más poder que en otros lugares y que se han podido hacer fuertes en sus privilegios, entre otras cosas, porque fueron el soporte principal de la dictadura fascista de Franco?

Si tuvieran vergüenza, los banqueros hablarían claro y dirían que si se oponen a esta reforma es simplemente porque quieren seguir teniendo los privilegios de siempre que les hacen estar entre los bancos con más rentables del mundo sin ser los que mejor financian y tener un poder político y social mucho mayor que en casi todos los demás países.

Y es igualmente desvergonzado que los banqueros aludan, aunque formalmente no utilicen esta expresión, al llamado riesgo moral que en su opinión conlleva la reforma. Es decir, que afirmen que crea un incentivo que puede permitir que los individuos trasladen su responsabilidad hipotecaria a los bancos, convirtiéndose voluntariamente en malos pagadores, como si la gente estuviera deseosa de perder sus viviendas caprichosamente.

Parece mentira que sean los banqueros los que digan eso cuando son precisamente los bancos los que deben el dinero que ha puesto a la economía española a los pies de los caballos por su gestión avariciosa e irresponsable y lo que ha provocado que tengamos que ser rescatados, haciendo que el conjunto de los españoles tengamos que asumir su deuda con los bancos extranjeros. Son los banqueros y no las familias ni los pequeños y medianos empresarios los que se han aprovechado de la información privilegiada que tienen para trasladar sus responsabilidad a los demás, encareciendo artificialmente la financiación, haciéndola más difícil de obtener, y provocando una rémora inmensa a la actividad productiva en nuestro país.

El auténtico y más negativo riesgo moral que puede influir sobre nuestra economía es el que está haciendo que los propietarios y directivos de las entidades financieras que la han hundido, que han volatilizado el dinero de sus clientes en operaciones especulativas muy arriesgadas, que han estafado a miles de clientes y que les hacen pagar comisiones y gastos muy por encima de los habituales en otros países de alrededor, se vayan de rositas y no den cuenta ante la justicia de los daños que han producido.

El mal ejemplo para millones de españoles es comprobar que los banqueros que han cometido delitos son indultados graciosamente cuando son condenados, y que esto último sea algo excepcional porque los fiscales y los jueces raramente actúan contra ellos, como demuestran tanto casos de crisis y quiebras bancarias que se han saldado con costes enormes para los contribuyentes y aire fresco para quienes las han provocado.

Lo que paraliza a la economía y destroza a las empresas que crean riqueza es que los banqueros utilicen su poder para echar por alto la imprescindible financiación de la actividad económica al convertir el negocio bancario en el motor que alimenta las burbujas, la especulación, la evasión fiscal, la fuga de capitales a los paraísos fiscales y los negocios más sucios que existen. O que hoy día estén ganando miles de millones generando más deuda para todos los españoles a base de recoger dinero barato del Banco Central Europeo y de rentabilizarlo comprando los bonos que luego le permiten ofrecer condiciones inmejorables a los grandes poseedores de liquidez, y todo ello racionando la financiación que necesitan urgentemente las empresas.

Y lo que es una barbaridad y nos lleva al desastre no es que se tomen medidas de justicia elemental para proteger a los débiles frente a los poderosos, como dicen los banqueros, sino que éstos utilicen su poder para seguir tratando de imponer un modelo productivo caótico, depredador e insostenible. El portavoz de la banca lo ha dicho claro: “hay que dar más créditos y crear más casas”. Eso es lo que se le ocurre proponer a los banqueros en un país en donde hay casi cinco millones de viviendas vacías, urbanizaciones enteras sin utilizar consumiendo recursos naturales y energía sin cesar, y la experiencia de una burbuja que ha enriquecido a unos pocos pero que ha dejado desolada a nuestra economía llevándose por delante la posibilidad de modernizarla y de situarla en la vanguardia de las naciones. Tienen a miles de empresarios carentes de financiación, reclamando crédito urgente y asequible para crear empleo y riqueza y lo que quieren es destinar el dinero a mover otra vez cemento y a dar pelotazos a base de corrupción y barbaridades urbanísticas. Están locos y esto es la mejor prueba de que hay que combatir la irresponsabilidad y la desastrosa gestión de los recursos que hacen nuestros banqueros.

Si los españoles queremos de verdad salir de esta crisis provocada por la banca no podemos seguir manteniendo el sistema financiero tal y como lo están moldeando el anterior y el actual gobierno con las reformas que han realizado. Hay que acabar con los privilegios y con el poder político y mediático de los bancos si es que no queremos que los banqueros acaben con la democracia. Es imprescindible disponer de una banca pública, bien dirigida y estrictamente controlada, que no pueda financiar sino a las empresas y consumidores que lo necesiten para hacer que crezca la generación de riqueza y no las actividades especulativas. Una banca firmemente asentada en principios éticos (y no, como quería el gobierno en “buenas prácticas” de asunción voluntaria), y en un compromiso radical con el desarrollo económico y social y con el equilibrio medioambiental, lo que significa, sobre todo, que no se puede dedicar, como hacen los bancos actuales, a financiar la corrupción, modelos productivos insostenibles y la creación constante y artificial de deuda.

Juan Torres López.   Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.