Categoría: Divulgacion

Todo encoje, excepto los derechos y  beneficios del 1% de la población, los que ostentan el poder.

El Banco Mundial presume de su informe anual «Doing Business» estimula a los países a hacer «reformas regulatorias positivas». Pero lo que el Banco Mundial ve como «positivo» es a menudo anti-sindicato y anti-trabajador.

Es un mantra de campaña de 2012: En el Día Uno, el nuevo presidente reiniciará la economía estimulando a las empresas para que crezcan y prosperen. Los dos candidatos principales han prometido lograr esto, en parte mediante la eliminación de las fuertes regulaciones para dar así rienda suelta al poder reprimido de la industria americana.

La historia es sorprendentemente similar al otro lado del charco. Los gigantes financieros de la troika Europea aporrean a Grecia y a otros países en apuros de la Eurozona con una guerra relámpago de desregulación kamikaze, haciendo depender el rescate financiero de dar a los mercados libre curso para hacer su magia, dada por ley. La otra cara de esta celebración de la

 

Mano Invisible es, inevitablemente, una caída despiadada del trabajo, disminuyendo protecciones como la ayuda al desempleo y las normas salariales.

 

El Banco Mundial ha dado un paso más en la extremadamente dudosa ciencia de la desregulación, creando una guía, conocida como el informe Doing Business, que cuantifica «carga» regulatoria que los inversores pueden tener que afrontar en varios países. El informe de 2013 ha sido publicado esta semana.

 

Haciendo eco de la mitología empresarial «job creator» (creador de empleo) del consenso de Washington, Doing Business estimula a financieros y gobiernos a mermar las protecciones de interés público, incluyendo las garantías de sindicalistas y trabajadores. Grupos laborales dicen que las visiones retorcidas de la publicación sobre la regulación y las protecciones del trabajador dan de manera efectiva una justificación estadística para el estancamiento de la ayuda económica o de la inversión para presionar a los países a que privaticen, desregulen y debiliten a los sindicatos.

 

Los defensores laborales son especialmente críticos con la sección del informe que aclara estas visiones, el Employing Workers Indicator (Indicador de Contratación de Personal), que pretende medir la política laboral «ya que afecta a la contratación y al despido de trabajadores y a la rigidez de horas laborales» A pesar de las garantías pasadas del Banco Mundial de que sus análisis de las regulaciones laborales no tendrían en cuenta los principales rankings de simpatías empresariales, los críticos temen que estos datos se filtrarán en las evaluaciones del informe, y por tanto supondrán que las leyes laborales impidan el desarrollo.

 

La Confederación Sindical Internacional (CSI) critica la aprobación implícita, en el informe de 2013, de políticas que recortan los beneficios para los trabajadores despedidos, lo que elogia a los gobiernos por «dar mayor atención a uno de los principales factores que disuaden a los empresarios de crear empleos en el sector formal». De manera similar, el informe reprocha a algunos países africanos el haber establecido supuestamente requisitos demasiado generosos en las indemnizaciones por despido a trabajadores remplazados, mientras que ignora el hecho de que las indemnizaciones por despido son especialmente vitales para los trabajadores en las economías más débiles, porque en comparación con las regiones más ricas, «las prestaciones por desempleo dadas por el estado son prácticamente inexistentes».

 

Desde un punto de vista empírico, el análisis laboral en la sección de Contratación de Personal, ha utilizado históricamente a matemáticas enmarañadas. En ediciones previas ha dado puntuaciones altas a conocidos gobiernos por hostilidad hacia derechos laborales (lo que los neoliberales llaman «flexibilidad») y criticado a otros países como Brasil o Corea del Sur por su «rigidez» laboral aunque hayan hecho significantes progresos tanto en la reducción de la pobreza como en el desarrollo económico. En los últimos años, la CIS ha defendido que, este enfoque sesgado ha sido utilizado para apoyar reducciones en las prestaciones laborales en Grecia, Mozambique, Jordania y otros países. En la actual crisis económica global, estamos asistiendo a las consecuencias caóticas de anteriores olas de desregulación.

 

En 2009, bajo la presión de defensores laborales, como la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial ha cambiado su postura y ha declarado que el índice «no debe ser utilizado como base para el asesoramiento político ni en ningún documento de ningún país que explique o evalúe la estrategia de desarrollo o el programa de asistencia a un país receptor.

 

Hasta ahora el sentimiento anti-regulatorio de Doing Business o del Indicador de Contratación de Personal ha continuado manteniendo algunas discusiones políticas. Por ejemplo, según una investigación de la CIS, Doing Business fue citado en 2010 por parte del FMI en un análisis de

 

Rumanía, que presionaba al gobierno a «aumentar la flexibilidad del tiempo de trabajo y a reducir los costes de contrato y despido».

 

Partiendo de la noción de que los estándares laborales dan a la economía un marco «totalmente desigual», Peter Bakvis, director de la oficina en Washington de la CSI, declaró a In These Times: «Que la publicación de mayor circulación del Banco Mundial tenga está visión unilateral, no basada en evidencias, de que los países que reduzcan sus regulaciones laborales tendrán más inversión, es muy dañina». En lugar de centrarse en las empresas fuertes, añadió; «la banca debe impulsar a los países a adoptar políticas para distribuir el crecimiento de la mejor manera posible, para proteger a los trabajadores que puedan perder su empleo.

 

No son sólo los países pobres los que están afectados por estas valoraciones neoliberales. La misma moral en el análisis coste-beneficio se filtra en las políticas estadounidenses en las campañas para reducir protecciones cruciales como los derechos de negociación colectiva o las leyes contra la discriminación del pago justo. Si una regulación trata de asegurar que hay unos estándares de seguridad en los lugares de trabajo o de limitar la contaminación del aire o de evitar que la gente sea despedida de manera arbitraria, no es tenida en cuanta por los neoliberales de Washington como protección para los vulnerables, sino como un asalto a la libre empresa.

 

Por supuesto, las políticas neoliberales seguirían aplastando a los pobres con o sin los índices de Doing Business, pero las evaluaciones arbitrarias del Banco Mundial, dan un peligroso revestimiento a la objetividad de los ataques políticos a trabajadores y sindicatos. Esta es la aritmética de las empresas sin cadenas: añade capital, disminuye derechos y el 99% acabará con nada.

En 1920, John Maynard Keynes publicó su conocida obra Las consecuencias económicas de la paz, en la que criticaba duramente las decisiones de la Conferencia de Versalles a propósito de las reparaciones de guerra exigidas a Alemania y a sus aliados.

La tesis fundamental de Keynes consistía en que las condiciones eran demasiado duras, prácticamente incumplibles, y que por ello la imposición de las mismas solo podía conducir a lo que ahora llamamos una fractura social de imprevisibles consecuencias, como así ocurrió. Hitler y el nazismo fueron, en buena medida, hijos de la Conferencia de Versalles. Tan enconado fue el resentimiento que cuando Alemania invadió Francia al comienzo de la Segunda Guerra mundial, Hitler impuso que el armisticio se firmara en el mismo vagón de tren en el que varias décadas antes se había firmado la rendición de Alemania.

Keynes participó en la Conferencia de Versalles como representante del Tesoro inglés, propuso un plan alternativo, mucho más razonable que el que prevaleció y, al no ser aceptado, dimitió de su cargo y escribió un libro de excelente prosa para explicar lo que ocurrió en la conferencia y sus previsibles consecuencias. Por una pirueta de la Historia, lo que los aliados impusieron a Alemania en 1919 se parece a lo que ahora Alemania impone a Grecia y al resto de los países del euro en dificultades. Los alemanes saben, o deberían saber, que Grecia no puede pagar, de la misma manera que los aliados de entonces sabían, o deberían haber sabido, que a Alemania le ocurría lo mismo: era imposible que pagara.

Keynes describe con maestría los principales personajes del drama. De Georges Clemenceau, el jefe de Gobierno francés, dice que era un anciano que “ve los problemas en términos de Francia y Alemania, y no de la Humanidad y de la civilización europea luchando por establecer un nuevo orden”, y añade un poco más adelante: “De todas formas, el viejo mundo era duro en su perversidad: su corazón de piedra habría podido embotar la espada afilada del más bravo caballero errante. Pero el ciego y sordo Don Quijote estaba entrando en una caverna donde su rápida y brillante espada estaba en manos de sus adversarios”.

A Grecia se le ha impuesto un ajuste que va más allá de lo razonable

Al presidente estadounidense, Woodrow Wilson, lo describe como un personaje bienintencionado, pero sin la envergadura política necesaria: “Su pensamiento y su temperamento eran esencialmente teológicos, no intelectuales, con toda la fuerza y las debilidades de esta manera de pensar, de sentir y de expresarse”. En definitiva, el deseo de revancha de unos y las idílicas buenas intenciones de los otros condujeron al fatal desenlace de la Conferencia de Versalles y a los acontecimientos que tuvieron lugar a lo largo de los años siguientes.

La situación actual guarda algunas semejanzas con aquella de hace casi un siglo. Lo más relevante, sin duda, es el pronóstico de las desastrosas consecuencias de la austeridad excesiva sobre el orden social o sobre lo que Keynes llamaba “la civilización europea”. El “pensamiento teológico” que Keynes atribuía al presidente estadounidense se parece bastante a la idea, ampliamente difundida en los países nórdicos, de que hay que mantener a toda costa el tiempo y el perfil de los ajustes presupuestarios para forzar a los países meridionales a llevar a cabo las reformas que no hicieron a su debido tiempo. Podría, tal vez, añadirse: sin que las consecuencias de esta política tengan que importarle a nadie. Este razonamiento podría tener sentido si los países que gozan de estabilidad presupuestaria relanzaran su demanda para ayudar a los que tienen que pasar por las horcas caudinas del ajuste a cualquier precio, pero no lo tiene si los que deberían hacer ese esfuerzo no lo hacen.

La realidad es que a Grecia se le ha impuesto un ajuste que va más allá de lo razonable, independientemente de los errores pasados y presentes de sus políticos y de las reformas evidentes que la situación de ese país requiere. Grecia necesita tiempo, y negárselo es jugar con fuego.

Por lo que a España se refiere, es indudable que el Gobierno actual ha emprendido el camino de las reformas; con mejor o peor fortuna, pero lo ha hecho. El problema que se plantea es que al reducirse la demanda interna a raíz de los ajustes y la externa como consecuencia esencialmente de la política económica de Alemania, corremos el riesgo de entrar en una espiral deflacionista en la que el intento de reducir el déficit público en los términos acordados se haga cada vez más difícil por una caída de la actividad que reduce inexorablemente los ingresos e incrementa los gastos.

Sin embargo, el problema a medio y largo plazo de nuestra economía no es la deuda pública, sino la suma de esta y la privada. La llamada PII (posición internacional de inversión) nos dice que debemos al resto del mundo, en términos netos, el 90% de nuestro PIB: para reducir tan elevado endeudamiento necesitamos desarrollar nuestras exportaciones y necesitamos tiempo.

Es una lástima que en Bruselas no se hayan tenido nunca en cuenta los desequilibrios exteriores como indicadores de alerta de la falta de competitividad de algunos países de la Unión. Ese 90% de nuestro PIB que debemos al exterior procede de la suma de los déficits por cuenta corriente que acumulamos la pasada década. Y aquí hay que hacer dos consideraciones: una, fundamental para España a largo plazo, que las cosas están mejorando notablemente en este apartado de nuestra economía, ya que este año terminaremos con un excedente en la balanza de bienes y servicios por primera vez en muchos años. La otra es que Bruselas debería habernos llamado la atención cuando aún era tiempo de hacerlo y, de la misma manera, habérsela llamado a Alemania para que redujera su excedente comercial. Porque los equilibrios deben ser simétricos, y si nosotros estamos ahora tratando de recuperar el terreno perdido y marchar hacia el excedente exterior para honorar nuestras deudas, los países del Norte, y Alemania en primer lugar, deberían reducir sus excedentes para que el conjunto de la zona se reequilibrase de manera armoniosa.

En vez de pensar en cómo restablecer los equilibrios fundamentales (no solo el presupuestario) a largo plazo, algunos parecen estar empeñados en dar lecciones morales a los otros sobre sus pasados errores, justificando así, ante sus opiniones públicas, una política que para el conjunto de la Unión no conduce a ninguna parte. Pero las reformas están en marcha y de seguir con la misma política de imponer a los países en dificultades unas políticas de excesivo rigor corremos el riesgo de un rechazo no solo de las reformas sino también, y de manera irreversible, de la idea misma de una Europa unida y solidaria. Es hora de aprender las lecciones de la Historia.

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