Categoría: Divulgacion

Se está destruyendo el «Estado del  Bienestar» para lograr el «Bien Estar del Estado, la banca y el poder financiero.»

Como era de esperar, el artículo de Jürgen Habermas publicado en Le Monde (y más tarde en varios rotativos europeos, incluso en España) sobre la crisis europea, titulado “Ahora más que nunca, Europa”, ha tenido gran impacto en los mayores círculos políticos, intelectuales y mediáticos del continente europeo. Y no es extraño que lo tuviera, no sólo por el gran renombre y prestigio del autor –el  filósofo más conocido en Alemania– sino por su crítica fuerte y contundente al gobierno alemán presidido por la canciller Merkel, responsabilizándola, en parte, de no haber promovido las políticas que él cree que deben adoptarse para salvar a Europa que -según él- corre el peligro de desmembrarse.

 

Pero antes de centrarnos en sus propuestas analicemos sus críticas al gobierno Merkel y a los otros gobiernos de la Unión Europea, acusándoles de paralizar el desarrollo de la Europa democrática de tipo federal que él considera urgente y necesaria que se establezca. Al gobierno alemán le critica, con razón, por adoptar una postura moral hacia los países del Sur, intentando penalizarlos por su indisciplina fiscal dando la imagen de la dueña de la casa que castiga a los miembros de la vivienda que se han gastado demasiado. Para Habermas, el problema no es éste y la actitud del gobierno alemán está generando unos sentimientos de clara hostilidad que están anulando el intento de conciliación con Alemania que se había conseguido después de la derrota del nazismo. Tampoco en esto le falta razón a Habermas. Basta leer la prensa de mayor tiraje en Alemania para ver el carácter ofensivo y arrogante que tales medios (con honrosas excepciones) están adoptando hacia los países llamados en la literatura anglosajona PIGS (cerdos) y que incluyen Grecia, Portugal, España e Irlanda, categoría a la que más recientemente se ha añadido a Italia (pasando de PIGS a GIPSI).

 

Hay que agradecer que un intelectual alemán de su talla critique y denuncie esta postura arraigada en el establishment alemán, que es profundamente equivocada pues las clases populares del Sur son víctimas, en lugar de responsables de la crisis del euro, como he señalado y documentado repetidamente (ver sección economía política de mi blog www.vnavarro.org). Pero además de injusta, esta postura moral del gobierno alemán es profundamente ofensiva, y está despertando agravios y recuerdos que hubieran sido mejor silenciar para el propio beneficio de Alemania. Como bien señala Habermas, esta arrogancia del gobierno alemán, que da pie al renacimiento del nacionalismo alemán, está despertando durísimas memorias en los países que derrotaron al nazismo. Grecia es un caso claro de esta situación. Brutalmente ocupada por las fuerzas nazis en la II Guerra Mundial, nunca ha recibido reparaciones del gobierno alemán desde el fin de aquel conflicto.

 

Habermas también tiene razón cuando añade que el problema es la falta de una estructura federal que termine con la situación actual en la que cada gobierno parece ir por su cuenta, reproduciendo una situación en la que los fuertes tiran hacia adelante, a costa de que los otros vayan para atrás. Hay que establecer, dice Habermas, una “Europa federal” y añade “democrática”, lo cual quiere decir, según él, una Europa con plena participación de la población a través de instituciones representativas que sean las que gobiernen esta nueva entidad política. Sólo así –afirma Habermas– se puede justificar una política fiscal y financiera europea, pues el principio que guió el establecimiento de Estados Unidos de América fue precisamente el de “no imposición de impuestos sin representación”. De ahí que la unión política sea un paso necesario para desarrollar la serie de medidas –desde la unión bancaria a la política fiscal- que deberían desarrollarse con mayor rapidez. Termina Habermas criticando al gobierno alemán y otros países por desatender tal urgente necesidad. Hasta aquí es difícil que un europeísta comprometido con el establecimiento de una Europa unida, justa y democrática, no esté de acuerdo con el filósofo alemán.

 

Ahora bien, dicho esto, hay un problema grave en su artículo que peca de excesivo formalismo. En otras palabras, no aclara el camino hacia el establecimiento de la Europa justa, federal y democrática. Asume, -a mi manera de ver erróneamente- que las instituciones ahora existentes nos permitirán alcanzar  aquel objetivo. Y ahí está la enorme limitación del artículo de Habermas. Parece creer que las instituciones actuales tienen el potencial para convertirse en las necesarias para alcanzar este sueño futuro. Y es ahí donde tengo enormes dudas de que ello sea así. En realidad, el hecho de que las instituciones actuales sean profundamente no-democráticas, cuando no antidemocráticas, no es por casualidad. Que la única instancia de representatividad –el Parlamento Europeo- tenga un papel secundario, ajeno a  las mayores decisiones que se toman en la UE y en la Eurozona, no es por casualidad. Ocurre siguiendo un diseño que se llama neoliberalismo, promovido por el capital financiero que hoy domina las instituciones europeas que “mandan” (y utilizo esta expresión deliberadamente) en la eurozona.

 

Un ejemplo de este mandar aparece cuando el director (el Sr. Draghi) de la institución europea más poderosa en la UE, el Banco Central Europeo, llama al presidente de España y le dice (o se lo escribe por carta) qué es lo que debe hacer, incluido el desmantelamiento del Estado del Bienestar español. Y el Sr. Rajoy lo hace. Y hoy estamos viendo el ataque frontal más duro que ha existido en España desde que se estableció la democracia en contra de su estado del bienestar.

 

Lo cual me lleva a otro tema, el de la Agencia de Cambio. En otras palabras, quién hará el cambio. El gobierno alemán representa el establishment alemán, en el cual el Bundesbank tiene enorme poder. No hay duda de que este establishment jugaría un papel importantísimo en configurar aquel proyecto supuestamente democrático.

 

Y ahí mi otra crítica a Habermas. Parece no ser consciente de que las clases populares de los distintos países de la Eurozona tendrán poca influencia en este desarrollo. De ahí deriva el excesivo formalismo de Habermas. Hoy los países de la Eurozona están en llamas. Más y más gente está saliendo a la calle. Y una enorme agitación (en gran parte silenciada en los grandes medios) está ocurriendo en la Unión Europea. No sabemos dónde llevará esta energía popular. Pero lo que sí debería estar claro es que las instituciones actuales, desde la Comisión Europea al Consejo Europeo y al Banco Central Europeo (que hoy gobiernan la Eurozona) son parte del problema y no pueden utilizarse para lograr la solución. Una nueva Europa se necesita con otras instituciones que desde el principio estén democráticamente gobernadas y que se vayan construyendo de arriba abajo, y que no sea un producto, una vez más, de las élites antidemocráticas que la están gobernando. Al lema de que “there is no taxation without representation” de la Revolución en EEUU hay que añadirle otro que lo guió “government of the people and for the people can not exist unless is by the people” (el gobierno para el pueblo no puede existir sin que haya un gobierno del pueblo). A no ser que la nueva Europa esté diseñada y gobernada por los pueblos de los países de la UE, esta nueva Europa no será de uso y servicio para ellos. Y lo que está ocurriendo es un claro ejemplo de esto. Es, en este sentido, una farsa que el Premio Nobel de la Paz se haya dado a la UE por su dedicación a la paz y a la democracia. La patética lista de Nobeles de la Paz (con honorables excepciones) es un ejemplo de la utilización abusiva de tal premio para fines políticos. Cualquier persona mínimamente objetiva puede ver que la Unión Europea se está construyendo a las espaldas de la población. Habermas así lo denuncia, pero se equivoca creyendo que las instituciones que hoy la gobiernan serán las bases para alcanzar la Europa justa, y democrática que todos queremos.

Mientras el Gobierno español sopesa presentar el rescate financiero a Europa y al Fondo Monetario Internacional (FMI) para . . .

. . . afrontar sus vencimientos de deuda más acuciantes –67.000 millones de euros en los próximos seis meses-, el gobernador del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, intentan convencer a la canciller alemana, Angela Merkel, para que acepte el programa de compra de bonos españoles, aunque dejando claro que no se trata de una forma encubierta de financiar al Estado español, algo que levanta los recelos de muchos países.

Se traducirá en nuevos recortes que mermarán aún más si cabe el poder adquisitivo de los hogares, de los que casi el 40% no tiene margen para afrontar gastos imprevistos

Con este panorama, parece lógico pensar que, en el hipotético caso de que se produzca la intervención del BCE, sumada a un rescate financiero de mayor envergadura, una compra masiva de bonos podría no ser la única solución y además, de llevarse acabo, España tendría que pagar algún tipo de coste. Seguramente se traducirá en nuevos recortes que mermarán aún más si cabe el poder adquisitivo de los hogares, de los que casi el 40% no tiene margen para afrontar gastos imprevistos.

Por este motivo, los Técnicos de Hacienda consideramos que se puede recurrir a alternativas que permitan pagar nuestra deuda pública sin tener que realizar ajustes adicionales. Una de ellas sería la exención del pago del Impuesto de Patrimonio para aquellos contribuyentes que adquieran deuda pública, que debería ir acompañada de un aumento de los vigentes tipos, que triplicara el actual tipo medio efectivo, desde el 0,6% hasta el 1,8% ó 2%.

La exención a la deuda comprada en el mercado primario (subastas) debería estar condicionada a su tenencia durante un mínimo de tres o cinco años, coincidiendo con el plazo del bono en cuestión, cuando probablemente esté superada la crisis sobre la deuda. Ello situaría el tipo de interés entre el 2% y 3%, con lo que para el inversor la rentabilidad financiera-fiscal de deuda pública oscilaría en torno al 4%.

Esa confianza de los contribuyentes con mayor capacidad de compra sería un mensaje claro a los mercados, que en paralelo reducirían su presión sobre los tipos de interés exigidos al bono español y, por tanto, la prima de riesgo descendería hasta niveles tolerables que permitiesen al Estado financiarse en los mercados internacionales a un menor coste.

Esta medida se debería adoptar siempre en paralelo con otras de carácter progresivo, como el citado aumento del gravamen del Impuesto de Patrimonio, hasta triplicarlo, y la creación en 2013 de un nuevo impuesto a la riqueza de ámbito estatal, que sustituya a aquél, incorporando fórmulas para evitar la interposición de sociedades con las que las grandes fortunas pueden eludir o reducir su pago y eliminando las bonificaciones autonómicas al 100% de la cuota.

¿Puede darse la circunstancia de que exista una información contrastada y relevante que demuestre los efectos negativos de una determinada política y su falta de eficacia y que, sin embargo, los Gobiernos no la tengan en cuenta?

Esta circunstancia difícilmente se produciría, pongo por caso, con un medicamento del que hubiese información fiable sobre sus efectos dañinos para la salud y su falta de eficacia terapéutica. Las autoridades sanitarias prohibirían rápidamente su uso, a riesgo de ser acusadas penalmente de negligencia. Pero con la política económica las cosas parecen funcionar de otra forma.

Esto es lo que sucede con la medicina de la austeridad compulsiva que están aplicando nuestros Gobiernos. Una austeridad basada en recortes arbitrarios de gastos sociales para reducir la deuda y en devaluaciones internas de salarios para ganar competitividad, justificadas porque ahora no podemos recurrir a la devaluación externa de la moneda.

Sus efectos dañinos para la salud de la economía y la sociedad son evidentes para todo el mundo. Pero a pesar de esa evidencia, nuestros gobernantes mantienen erre que erre esa política.

¿Por qué actúan de esta forma? Su argumento es que, a pesar de sus costes sociales y económicos, esa medicina amarga es necesaria para lograr la eliminación del déficit y la reducción de la deuda. Y que este debe ser el objetivo prioritario de la política.

Esta opción política plantea, sin embargo, dos problemas: uno de tipo ético y otro de eficacia económica. En ambos casos, los argumentos de nuestros gobernantes son cuestionables. Veamos por qué.

Sin duda, el sobreendeudamiento es una carga que mientras no vuelva a niveles sostenibles hará que la economía no funcione bien. Si se me disculpa la autocita, en el libro La torre de la arrogancia. Políticas y mercados después de la crisis (Ariel), escrito en colaboración con Xosé Carlos Arias y cuya segunda edición ha aparecido estos días, sosteníamos ya en 2010 que el sobreendeudamiento era una de las herencias más pesadas y de difícil gestión que dejó la euforia crediticia.

Pero hacer de la reducción de la deuda el objetivo prioritario de la política sin ningún tipo de restricción, y a cuya consecución inmediata y no gradual hay que sacrificar cualquier otro bien público —el crecimiento, la cohesión social y la estabilidad política—, responde a una ética económica cuestionable que nuestros Gobiernos pretenden esconder detrás de un criterio de eficacia económica.

El esquema de razonamiento parece funcionar de esta manera. Primero, establecen que el objetivo prioritario de la política debe ser la reducción de la deuda, sin someter su logro a ninguna restricción. Segundo, afirman que la política de recortes y devaluación interna es eficaz para el logro de ese objetivo. Tercero, concluyen que la política a seguir debe ser la austeridad y la devaluación interna.

Esta argumentación tiene fallos, tanto relacionados con la ética como en la eficacia.

La prioridad sin condiciones a la reducción de la deuda descansa en una filosofía política objetable desde cualquier criterio de sociedad justa. Tanto si basamos la idea de justicia en la maximización del bienestar del conjunto de la sociedad, como hacen los economistas, como en la idea de virtudes cívicas, más del gusto de los politólogos, a esa prioridad le fallan los fundamentos éticos. Y la ética es relevante para la economía.

Nuestros gobernantes pretenden obviar esta objeción ética refugiándose en el argumento de eficacia. Si, vienen a decir, los recortes y la devaluación interna son eficaces para lograr el objetivo prioritario, esa política es éticamente correcta. Pero el problema con este argumento es que no hay evidencia para sostener esta supuesta eficacia. Todo lo contrario.

Esa evidencia contraria se ha ampliado con nueva información. El capítulo 3 del World Economic Outlook que acaba de publicar el FMI es demoledor para el argumento de eficacia. En ese capítulo, titulado The good, the bad, and the ugly: 100 years of dealing with public debt overhangs, los autores examinan, con datos desde 1875, 26 casos en los que la deuda superó el cien por cien. El estudio analiza las políticas que se emplearon y los resultados obtenidos. El caso del Reino Unido en el periodo de entreguerras es particularmente instructivo, dado que su política de recortes radicales y su retorno al sistema patrón oro tiene muchas similitudes con la actual austeridad y el funcionamiento del euro.

La conclusión más relevante es que las políticas de austeridad, cuando operan en un entorno de elevado endeudamiento, no logran reducir la deuda, sino que la elevan. Es decir, el tiro por la culata. Martin Wolf, jefe de Opinión de Financial Times, ha señalado que esto prueba que la interacción entre los intentos de devaluación interna y la dinámica de la deuda son potencialmente letales para los países que las practican (Lessons from history public debt, 9 de octubre, 2012).

No hay duda, por tanto, de que el argumento de eficacia de la austeridad no tiene fundamento económico. La información y el conocimiento que tenemos están contrastados y son relevantes. Nuestras autoridades no pueden dejar de tomarlos en consideración.

Si falla el argumento de eficacia y también el fundamento ético, la política que están siguiendo nuestros Gobiernos no tiene ni pies ni cabeza. Las autoridades europeas y nuestros Gobiernos, tanto el estatal como los autonómicos, tienen que revisar esa cruzada a favor de la austeridad compulsiva. La lectura del estudio de FMI da pistas de cómo hacerlo. No tenerlo en cuenta sería arriesgarse a repetir una historia que fue dramática para Europa y sus ciudadanos.      El País. Antón Costas 

Un documento de trabajo de la entidad sostiene que las calificaciones de Moody’s, S&P y Fitch no son creíbles y que son mejores para las compañías que les solicitan más servicios.

Las agencias clasificadoras de riesgo son “oligopolios con fallas muy visibles de funcionamiento” y, en consecuencia, sus servicios ya no serán requeridos en Argentina, informó esta semana la Casa Rosada. Con esa disposición, el gobierno transandino se convirtió en el que más duro les ha pegado a empresas como Moody’s, Standard and Poor’s y Fitch, que no previeron la crisis de 2008 ni la insolvencia de Grecia o España, pese a que ese es su objetivo.

El ánimo del gobierno de EEUU no difiere mucho y uno de los objetivos de su reforma financiera es hacerlas legalmente responsables por sus ratings. Y, mientras en Argentina desde ahora no será necesario tener una clasificación para que una empresa emita un bono, lo que las hiere financieramente, el Banco Central Europeo (BCE) acaba de publicar un documento de trabajo bastante lapidario: concluye que las calificaciones de estas firmas no son creíbles y que favorecen con mayores ratings a sus mejores clientes. Aunque el BCE distribuye el paper, éste no expresa el parecer oficial de la entidad.

Según un análisis de casi 39.000 notas de crédito puestas cada trimestre por Moody’s, Standard and Poor’s y Fitch a bancos de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), entre 1990 y 2011, las mejores clasificaciones correspondieron a los bancos más grandes y a los que eran buen negocio. Es decir, aquellos que les solicitaban más servicios, incluyendo la evaluación de deudas securitizadas.

Este último punto es relevante, pues fue el mercado de obligaciones securitizadas el que hizo estallar la crisis financiera global en 2008. Se ha acusado a las agencias clasificadoras de que otorgaban ratings “inflados” a tal tipo de activos, lo cual contribuyó a esconder las debilidades de ese mercado.

El estudio concluye también que la calidad de “grado de inversión” de un banco no dice mucho respecto de su probabilidad de cese de pagos.

Hallazgos

El paper “Clasificaciones bancarias: qué determina su calidad”, pertenece a los economistas David Márques-Ibáñez, del BCE; Harald Hau, de la Universidad de Ginebra, y Sam Langfield, de la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido.

Con el foco puesto en la calidad de las clasificaciones, uno de los hallazgos del estudio es que “en tiempos normales, los ratings crediticios a la banca proveen información sobre la probabilidad futura de default para sólo el 25% de los bancos peor ranqueados, con notas de BBB+ y menos”.

Esto lo deduce a partir de la comparación de dos rankings: uno con los bancos ordenados según su clasificación de riesgo en determinado período de tiempo y otro con su ubicación en un listado más real de frecuencias esperadas de default, dos años después, calculadas por la agencia Moody’s.

El estudio agrega que en relación a las instituciones con “grado de inversión”, no es posible obtener información sobre probabilidad de defaults.

“Nuestros resultados sugieren que es tan factible que un banco con clasificación A- se vea en problemas financieros, como una institución AAA”, dice.

Una fracción relevante de esta falla en proveer información útil es consecuencia de los sesgos que exhibe esta industria, que tienen base en conflictos de intereses.

“Existen conflictos de intereses entre los bancos y las agencias clasificadoras que parecen alterar el proceso de la calificación”, parte diciendo el trabajo.

Dicha alteración ocurre a través de dos vías principales: el tamaño del banco, que causa sesgos hacia mejorar su clasificación, y la intensidad con que el emisor le encarga ratings a la agencia, es decir, más contratos para ésta.

“La precisión de los ratings de la banca disminuye con el tamaño del banco: los bancos más grandes muestran clasificaciones que tienden al alza”, agregan los autores.

Este sesgo “es económicamente significativo”, agregan: el banco favorecido puede llegar a gozar de un costos de financiamiento más barato en casi medio punto porcentual (40 puntos base).

Los autores continúan: “Usando estadísticas adicionales sobre el negocio de los bancos de la securitización en base a los ratings de las agencias, hallamos que éstas les otorgan sistemáticamente mejores clasificaciones a los bancos que les proporcionan una gran cantidad de negocios, en la forma de clasificar títulos colateralizados con activos”.

Este conflicto de interés puede resultar clave a la hora de entender el origen de la crisis financiera. La crisis subprime se desencadenó a partir de valores que estaban avalados con distintos tipos de hipotecas, tanto de deudores seguros como de deudores que resultaron ser insolventes. Este último era el subprime. Dado que las agencias clasificadoras evaluaron bien ese tramo de deudas hipotecarias, el mercado no sospechó de su calidad hasta que fue muy tarde.

Para llegar a esa conclusión se analizaron 1.189 emisores de títulos avalados con hipotecas entre 1990 y 2012, por un valor de US$ 6.000 millones.

El panorama que delinea el estudio tiene dos grandes consecuencias.

Una es que “estas distorsiones competitivas son económicamente significativas y contribuyen a perpetuar la existencia de bancos ‘demasiado grandes para caer’”, comentan los autores.

Un aspecto adicional deriva de la futilidad de las clasificaciones para prever probabilidades de default. “La fuerte discriminación de riesgo crediticio dentro de la categoría de ‘grado de inversión’, como mantienen los acuerdos de Basilea II y III, no puede ser reconciliada con la evidencia de nuestro trabajo sobre probabilidades de default en la banca”, dicen.

“Tomados a valor par, nuestros resultados sugieren que todos los bancos con ‘grado de inversión’ y ratings sobre A- merecen la misma ponderación de riesgo”.

El nuevo código penal erra en la percepción del “delincuente más peligroso”, desviando el foco de los delitos relacionados con la corrupción política y la delincuencia económica, generadores de un gran déficit en las cuentas públicas y una amenaza del bienestar social, hacia los que se manifiestan en contra de ellos.

Toda reforma de un código penal debería suponer una respuesta a los ataques que ciertos actores le plantean a la sociedad, ofreciendo los instrumentos de defensa legales frente a los elementos más peligrosos que amenazan su paz y bienestar. La reforma del Código Penal emprendida por el gobierno así lo plantea explícitamente en su encabezamiento: “crear nuevas figuras y medidas para el tratamiento de los delincuentes más peligrosos”. Sin embargo, esta reforma legal parte de un diagnóstico equivocado de los problemas de nuestro país, confunde el objetivo al cebarse en los movimientos sociales, se esfuerza en persiguir conductas hoy por hoy muy poco lesivas y olvida aquellas que de verdad están dañando al cuerpo social. Por tanto, no contribuye a la solución de la crisis, sino que, por el contrario, profundiza en los males que la causaron y ayuda poco a solucionar la creciente ruptura de la paz social, principal objetivo de un código penal.

La reforma del Código Penal que el gobierno propone, y que aprobará mediante su mayoría absoluta, seguramente sin el debate parlamentario que lleva evitando reiteradamente desde su constitución, comporta los siguientes ámbitos de actuación: la implantación de la prisión permanente revisable, la constitución de la custodia de seguridad para casos de penados de alta peligrosidad, la regulación de la libertad condicional, la revisión de los conceptos de faltas, asesinatos y hurto y robo, la despenalización de la esterilización en discapacitados, el agravamiento de las penas para los causantes de incendios forestales y de especial relevancia a efectos sociales: la revisión de los conceptos de atentado, resistencia y desobediencia, así como diversas precisiones en los casos de delitos económicos.

No quisiéramos fijarnos en los primeros capítulos, solamente señalar que representan un endurecimiento de las penas en relación a casos señalados de gran impacto social. En cambio es sintomático que uno de los principales objetivos de la reforma sean los sujetos que últimamente se manifiestan en nuestras calles en general como consecuencia de la crisis económica. De ahora en adelante será considerado como atentado no sólo toda agresión y violencia contra un agente de la autoridad, sino también la mera amenaza de esta violencia; la resistencia pasiva a la autoridad se mantiene con penas de hasta un año de cárcel; se agravan las penas para los casos de alteración del orden público y, por último, se castigará la difusión de mensajes que puedan provocar esta alteración del orden público.

La implantación de estas reformas sienta las bases para una criminalización de los movimientos sociales que cada vez con mayor presencia se concentran en las calles, agravando las penas e introduciendo mecanismos de subjetividad y de contingencia que presumiblemente conllevarán la auto represión de los promotores de protestas. ¿Qué sucederá, por ejemplo, cuando una manifestación pacífica degenere en alteración del orden público? ¿Serán castigados los promotores (difusores de la convocatoria)? ¿Y si en esa manifestación se descubre que algunos descontrolados “profesionales” son los causantes del desorden o que han existido policías “camuflados” que han desestabilizado el orden, bien por haber sido detectada su presencia bien por haber actuado contra las instrucciones de los organizadores? ¿Cómo se demuestra esa responsabilidad? ¿No se entra en situaciones de un peligroso subjetivismo? Aquí más que nunca conviene recordar el artículo 21 de la Constitución Española, sobre el derecho de reunión: “1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.”

En los últimos meses las manifestaciones populares se han multiplicado pero, en proporción a su número y volumen, los incidentes han sido reducidos y su impacto social insignificante tanto en términos de daños a los bienes públicos como a daños personales. Por tanto resulta cuanto menos sorprendente que los manifestantes sean objeto preferente de la reforma del código y por tanto, en referencia a su encabezamiento, considerados por el Estado entre los “delincuentes más peligrosos”.

Si el baremo de peligrosidad lo medimos por los daños económicos a la sociedad, no cabe duda de que los delitos relacionados con la corrupción política y la delincuencia económica se sitúan a la cabeza. La corrupción política tuvo un papel central en la burbuja inmobiliaria, no como causa directa pero sí como importantísimo catalizador. La corrupción política ha tenido y tiene un coste social y económico para las arcas del Estado que algunos expertos evalúan en un sobrecoste del 10 en el total de los negocios. Sin embargo, este fenómeno ni siquiera entra en el ámbito de preocupación del nuevo Código Penal. Es más, las preocupaciones del gobierno parecen correr en sentido contrario: en los últimos cuatro meses el gobierno ha indultado a 11 personas relacionadas con casos de corrupción. El caso más llamativo es el de Tomás Gómez Arrabal, alcalde de Valle de Abdalajís (Málaga), condenado a más de diez años por doce casos de prevaricación. Se le conmuta a dos.

Los delitos economicos sí entran en el nuevo articulado, aunque la mayor parte de este se refiere a los delitos relacionados con la ocultación del patrimonio o con fraudes que imposibiliten la ejecución de deudas (en la mayor parte a bancos, los principales acreedores, aunque no los únicos). Otras leyes no suponen una respuesta a la situación económica concreta española, pues tan sólo atienden a las directivas europeas en ámbitos como la explotación sexual, pornografía infantil, racismo, xenofobia, etc. Sólo dos capítulos atacan raíces realmente claves de la crisis económica actual. El primero (en una mínima parte) posibilita que los administradores concursales fraudulentos sean susceptibles de ser acusados de malversación y cohecho. El segundo convierte a los administradores desleales de las empresas en malversadores, cambio jurídico que sí puede sentar ciertas bases, aunque tímidas, para una mejor práctica empresarial.

Sin embargo, ni rastro de acometer reformas penales fundamentales en referencia a ámbitos como el fraude fiscal, la creación de empresas tapadera, persecución de actividades a través paraísos fiscales, estafa, apropiación indebida, fraude contable, etc. No solamente se echa en falta un fortalecimiento institucional de los instrumentos del Estado para luchar contra estas conductas sino que se alimentan con medidas como la última amnistía fiscal instaurada por el Gobierno.

Por poner un ejemplo del peso de la delincuencia de cuello blanco: el fraude fiscal en España se estima, de acuerdo con los datos facilitados por Gestha (sindicato de técnicos de hacienda), en 89.000 millones de euros, la mayor parte llevado a cabo, de acuerdo con esta misma organización, por grandes empresas y grandes fortunas. Si se lograse recaudar el cien por cien de esta cantidad, entre otras cosas mediante un deseable agravamiento de las penas a las sociedades o individuos que lo intentaran, se pagarían todos los intereses que hoy debe el Estado (90.000 millones). Con el 3,4% de esta cantidad se cubriría la totalidad del actual recorte del presupuesto en educación (3.000 millones) y con el 7,9% los recortes en sanidad (7.000 millones). Pero ni una reforma legal en este sentido.

Esta desproporcionalidad legislativa tiene su paralelo, no podía ser de otra manera, en la voluntad de ejecutar dichas leyes. Sólo un botón de muestra: mientras que la policía se preocupó de perseguir a los supuestos elementos violentos de la manifestación del 25-S hasta cuando pretendían tomar en Atocha el tren de vuelta a sus casas, ni por un momento el gobierno ha pensado en promover acciones legales en la turbia administración de Bankia, cuyo coste de reflotación puede suponer más de 30.000 millones de euros para el erario público.

En definitiva, el gobierno ha errado en la percepción de los “delincuentes más peligrosos”, aquellos que en realidad han supuesto y suponen un verdadero déficit en las cuentas públicas y una amenaza para el bienestar social, y lo ha dirigido en contra de los que se manifiestan contra este estado de cosas, lo cual supone no sólo una equivocación en el diagnóstico sino una connivencia de hecho hacia aquellos que más le han venido costando al Estado en todos los ámbitos. 

Por Ramiro Feijoo para el Observatorio de RSC