Categoría: Divulgacion

El Gobierno acaba de estrenar un plan de incentivos a la compra de vehículos eficientes conocido como Plan PIVE, que busca reactivar una demanda deprimida al mismo tiempo que rejuvenecer el parque automovilístico que, todo sea dicho, es el más viejo de Europa, sólo superado por Grecia.

Con este objetivo los fabricantes darán una ayuda de 1.000 euros en forma de descuento promocional, a los que se sumarán otros mil del Ejecutivo que deberá ser declarados debidamente a Hacienda como ganancia patrimonial.

Este programa de estímulo, que generará una demanda adicional de 75.000 vehículos gracias a los 75 millones de euros de dotación, puede parecer a priori un gasto pero nada más lejos de la realidad; se trata de una cuantiosa inversión ya que Hacienda recuperará unos tres euros por cada euro invertido, lo cual es, sin duda, una buena noticia teniendo en cuenta el largo camino que todavía nos queda para alcanzar los objetivos de déficit marcados por Bruselas.

Sin embargo, lo que no vemos ya con tan buenos ojos es la forma en que se tributará. El incentivo está sujeto a una carga impositiva de “tipo marginal” que puede llegar hasta el 52% en el caso de rentas superiores a 300.000 euros, lo que supondría desembolsar unos 520 euros en la próxima declaración del IRPF.

Para las rentas más bajas el tipo también desciende, pero no en la misma proporción. Así, quien gane 13.000 euros anuales tendrá que pagar 247,5 euros a Hacienda, con un gravamen del 24,75%. Con estos datos, salta a la vista que no es lo mismo pagar 247 euros para alguien que gana 13.000 euros y que puede aspirar, si me lo permiten, a comprarse un Dacia Logan, que 520 para el que recibe 300.000 y que, con semejante renta, puede acceder a un SUV o a un vehículo de lujo.

Los Técnicos de Hacienda valoramos todas aquellas medidas que sirvan para estimular el crecimiento y recuperar la economía y, sin duda, el Plan PIVE va en esta dirección, sobre todo si con ello se aumenta la recaudación, pero ello no debe producirse a costa de medidas regresivas que pueden acabar resultando impopulares. Al final la sensación de muchos contribuyentes es que el plan tiene truco y que lo que te doy por un lado, te lo quito por otro.

Sí a la Tasa Tobin.

Problemas: ¿a qué productos se aplica y para qué se utiliza lo ingresado?

Menos mal: es el único impuesto que me gusta, el único impuesto contra la especulación financiera actual, ligeramente molesto, de la actual crisis económica.

James Tobin (en la imagen) propuso una tasa contra la especulación en el mercado financiero más especulativo de todos: las divisas. Pero las ideas vuelan solas y ahora entendemos que debe gravar todo tipo de transacciones financieras: compra venta de acciones, de títulos de renta fija, etc.

No es exactamente como yo la concibo. LaTasa Tobin debe gravar los productos financieros más especulativos. Desde luego las divisas, desde luego la deuda pública -convertida en el gran monstruo de la especulación financiera-, desde luego titulaciones, compras a corto, etc. Desde luego, no debe gravar las operaciones de mercado primario, como ampliaciones de capital o de emisión de títulos para la inversión de compañías.

Dicho esto, la Tasa Tobin sólo debe aplicarse al grito de “o todos o ninguno” y, además, no pasaría nada porque fuera un impuesto finalista. Por ejemplo, dedicar todo lo que se obtiene a fomentar las pymes o a reducir los impuestos laborales. Pero no, no va a ser finalista: los eurócratas ya se han encargado de advertir que los fondos que se obtengan de la Tasa Tobin irán al presupuesto comunitario. De esta forma, cada país se ahorrá un dinero. 

No olvidemos que el día en que expulsemos a los financieros y volvamos a centrarnos en empresarios y trabajadores, la economía, no sólo mejorará en eficiencia, sino que será más justa.                        Eulogio López

Tras la ruptura con Liberbank, la entidad insiste en que ahora se vuelve al punto de partida anterior, aunque en mejores condiciones por los positivos resultados de las pruebas de estrés.

Nuestras últimas estimaciones sobre el alcance de la economía sumergida apuntan a una cifra cercana a los 250.000 millones de euros, lo que supone una pérdida para las arcas públicas de 89.000 millones de euros anuales.

Ese dinero que se deja de ingresar es más del doble del ajuste presupuestario aprobado por el Gobierno para el año 2013

Precisamente, una de las medidas que más hemos defendido para paliar los efectos del déficit y aumentar la recaudación en 38.500 millones de euros es reducir en diez puntos la tasa de economía sumergida, lo que situaría a España en un nivel de fraude fiscal similar al de los países más avanzados de nuestro entorno.

Pero ¿cómo conseguir esa rebaja de diez puntos en el fraude? Los Técnicos de Hacienda consideramos que se puede lograr actuando en cinco frentes: mejorar la colaboración entre las distintas administraciones públicas con la creación de una base de datos compartida; aumentar la responsabilidad de los técnicos en el control del fraude y la evasión fiscal a través de la atribución de mayores competencias, en el marco de una profunda reforma del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria; cuantificar periódicamente la economía sumergida mediante estudios y estimaciones plurianuales, desagregados por sectores, impuestos y territorios , garantizar el control parlamentario en la fijación de objetivos de reducción del fraude y cumplimiento de los mismos y, finalmente, potenciar la investigación centrada en las grandes bolsas de fraude, más allá del fácil control de los contribuyentes “controlados”, en que ahora se centra fundamentalmente el trabajo de la Agencia Tributaria

Lo que no parece pertinente, en ningún caso, es adoptar medidas como la amnistía fiscal aprobada hace seis meses por el actual Ejecutivo, ya que la experiencia muestra como la mal denominada “regularización” de rentas y activos ocultos solo ha servido para aumentar la bolsa de fraude en el pasado. Así, las anteriores amnistías no fueron eficaces ya que no consiguieron corregir los defectos de gestión que, a la larga, permiten que estas prácticas sigan produciéndose.

Además, las amnistías suponen una discriminación para los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones, por lo que se incentiva la insumisión fiscal. Al mismo tiempo, no se concentran las investigaciones en los principales focos de economía sumergida que todos conocemos, me refiero a, las operaciones de grandes patrimonios y corporaciones o la compraventa inmobiliaria de carácter puramente especulativo.