Categoría: Divulgacion

La ayuda de Camps y la conservación de los privilegios.

No es una cuestión de poder político sino de poder económico. Y por eso en el meollo del asunto están desde registradores del PP, del PSOE, de CiU, ultraderechistas, ERC y hasta aristócratas. La mayoría forman parte de una asociación llamada Arbo (Asociación de Registradores Bienvenido Oliver), que es una especie de Opus Dei de los registradores. El escándalo apenas es conocido porque los medios de comunicación, a pesar de existir denuncias y hasta iniciativas parlamentarias, apenas hacen mención de este asunto. La razón está en la existencia de un poderoso lobby liderado por Rajoy pero en el que hay otros nombres como el del ex ministro socialista Francisco Caamaño o  Beatriz Corredor (ex ministra de Vivienda del PSOE), además de Ignacio del Río, concejal de urbanismo en tiempos del alcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano (PP) y otros muchos y que reflejan que el color político es lo de menos. Un lobby de nueva generación que proviene del franquismo y que tomó el relevo de nombres tan relevantes como Enrique de la Mata Gorostiza o Pío Cabanillas. 

Uno de los más importantes registros de la Comunidad Valenciana debido a sus millonarios ingresos es precisamente el de Santa Pola. Esto es posible porque Rajoy apoyó al entonces presidente valenciano Francisco Campspor mantener el negocio de las oficinas liquidadoras de impuestos en el registro de Santa Pola y en el resto de esta Comunidad. Otras, en cambio, como las de Asturias, País Vasco o Baleares evitaron el negocio multimillonario de los registradores impidiéndoles simultanear los cargos de registradores y liquidadores de impuestos autonómicos.

La conservación de privilegios

La Asociación de Usuarios de Registro ha pedido la eliminación del artículo 514 del Reglamento Hipotecario, por inconstitucional, la reforma de los estatutos del Colegio de Registradores, la comunicación al Ministerio de Hacienda de diversos fraudes fiscales, un examen de contabilidad del Colegio de Registradores y un examen de las declaraciones del IRPF y del patrimonio de Rajoy correspondientes a los años 1990 a 2008. Entienden que hay indicios suficientes para investigar estos hechos.

Hay evidencias de la existencia de presiones importantes para evitar que la situación varíe. En 1998, gobernando Aznar, se planteó en un debate parlamentario la necesidad de homologar a los registradores españoles con el resto de los europeos eliminando el arancel registral y fijando a los registradores un sueldo, sustituyendo el arancel por una tasa. La medida haría que revirtieran al Estado mil millones de euros anuales, estimación neta de los ingresos de los servicios registrales. No prosperó.

Según explica Javier Martínez del Moral “Rajoy ha tenido y sigue teniendo un papel esencial en la conservación del estatus privilegiado de los registradores”. Estos son los hechos: era ministro de Administraciones Públicas cuando se aprobó un Decreto para publicar en el Registro incidencias urbanísticas que le reportan a cada administrador 200.000 euros anuales. Aprobó también una reforma del Reglamento Hipotecario de 1998 que permitió una subida de ingresos superior a los 300.000 euros anuales de media por registrador y además, dice del Moral, “modificó la situación de excedencia e incompatibilidades en asuntos en los que estaba personal y directamente afectado”. Igualmente aprobó el Decreto Regulador del Estatuto del Colegio de Registradores “estableciendo su financiación ilegal a través de registros vacantes” afirma el presidente de esta Asociación. Todas estas medidas le han generado al lobby registral un presupuesto de 80 millones de euros al año que, según Martínez del Moral, “se desvían de su correcta ruta fiscal”. Por otro lado, en 1999 Rajoy aprobó la entrega del Registro de Condiciones Generales de la Contratación a los registradores, sacándolo así del Ministerio de Sanidad y Consumo. Con esta medida los registradores esperaban facturar más de 6 millones de euros al año. Esta iniciativa fue paralizada por el Tribunal Supremo.    Fernando Romero/Periodista. 

Denuncian a Mariano Rajoy por mantener su plaza de registrador de la propiedad.

El abogado José Luis Mazón, en representación del partido Soberanía de la Democracia (Soberanid), ha denunciado ante la Oficina de Conflicto de Intereses al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por mantener su plaza como titular del Registro de la Propiedad de Santa Pola, en la provincia de Alicante.

El presidente del Gobierno capitanea el mayor grupo de presión de los registradores de la propiedad, que ha conseguido mantener privilegios de la época franquista, únicos en Europa. El “clan” registral une y defiende intereses de políticos de todo pelaje: ministros, notarios, aristócratas y hasta ultraderechistas. Desde 1981, Rajoy mantiene la plaza como registrador en Santa Pola, que le ha procurado unos 20 millones de euros, según denuncia la Asociación de Usuarios de Registros.

Publicado por Atlántica XXII en su número 17.

Rajoy y el lobby de los registradores (I) : 

El multimillonario que quiere ser presidente

Por Fernando Romero, periodista

¿Recuerdan cuando en el programa de TVE Tengo una pregunta para usted en marzo de 2009 María Violeta Aranguren, de cincuenta y tres años y vecina de Ansoáin (Navarra), visiblemente nerviosa le preguntaba a Mariano Rajoy un poco cortada: “¿No será mucha molestia que me diga cuánto gana usted?”. El líder del PP quedó traspuesto y, para ganar tiempo y pensar la respuesta, haciendo gala de sus tablas como hombre público, le contestó que no le había oído y que le volviera a preguntar. Una vez recuperada la compostura tras la “insolente” pregunta, Rajoy no le dijo lo que ganaba. Tan solo un escueto “bastante más que usted” e irse, seguidamente, por peteneras. Hoy ATLÁNTICA XXII puede darle esa información a la señora Aranguren: un millón de euros al año.

Un millón de euros al año es la estimación (a la baja) de sus ingresos por su actividad política y por su plaza de registrador en Santa Pola (Alicante) de la que, según la Asociación de Usuarios de Registros, ha percibido desde 1981 unos 20 millones de euros y a la que nunca ha renunciado. El registro de Santa Pola le reporta entre 800.000 y un millón de euros al año. A ello hay que añadir los cerca de 100.000 euros que recibe del PP en concepto de dietas y gastos más los 72.000 euros que cobra por su trabajo como diputado en el Congreso. ATLÁNTICA XXII trató de ponerse en contacto por escrito con Rajoy para recabar su opinión al respecto, aunque sin éxito.

Probablemente el multimillonario Rajoy será presidente tras las elecciones generales del 20-N. Llegará al poder político pero no al poder económico porque ya lo detenta desde hace años como uno de los principales cabecillas del lobby de los registradores de la propiedad de España, una minoría (un millar de personas), una casta poderosa que vive aún de los privilegios feudales en los que el Derecho no ha podido penetrar. Son los registradores, que ganan siempre en cualquier coyuntura económica por la sencilla razón de que todo pasa obligatoriamente por el Registro. Ningún negocio del mundo tiene asegurada una clientela como la de este gremio que en tiempos de crisis gana aún más (las ganancias medias netas de los registradores se estiman en un millón de euros anuales).

En los Registros de la Propiedad sus titulares se forran con la expedición masiva de certificaciones y notas para los acreedores que desean informarse de los bienes de los deudores; se forran con las ejecuciones de hipotecas por impago de bancos; se forran por novaciones de préstamos; se forran por embargos de todo tipo: judiciales de particulares o de la agencia tributaria… La crisis no ha hecho más que engrosar sus cuentas corrientes y todo ello gracias a Rajoy y a su lobby, que impidió durante el Gobierno de José María Aznar que se modificara una situación preconstitucional que permitía a unos funcionarios públicos percibir, por la prestación de un servicio público en régimen de monopolio, sus retribuciones directamente de los usuarios privados o públicos. ¿Alguien conoce algún funcionario que expida una factura con su IVA al usuario por un servicio público? Pues los registradores sí.

Esta y otras denuncias han sido realizadas públicamente (aunque con escasa repercusión mediática) por la Asociación de Usuarios de Registros, que dirige el notario Javier Martínez del Moral, para quien Mariano Rajoy ha querido hacer política sin renunciar a percibir el beneficio económico de un Registro de la Propiedad: “La utilización de este artículo por el señor Rajoy, caso de comprobarse, constituiría ya de por sí causa de inhabilitación del mismo para la cosa pública, pues habría ocultado sus enormes ingresos incompatibles, de forma constante y contumaz, durante veinte años”.

Mariano Rajoy lleva veinte años en excedencia y tiene la reserva de plaza del Registro de la Propiedad de Santa Pola, plaza que está en régimen de interinidad permanente. Según la Asociación de Usuarios de Registros, Rajoy nombró registrador permanente accidental de Santa Pola a Francisco Riquelme, su amigo y compañero de promoción desde 1977, denunciado por diversas irregularidades en fincas de su propiedad. La operación es posible por una norma del Colegio de Registradores, a la que se acogió el político gallego, que permite designar como interino a un compañero y repartirse con él al 50% las ganancias sin que la plaza salga a concurso. La Asociación considera que esta peculiar opción constituye “un privilegio inaudito y único en el mundo” y fue un logro de Rajoy en su época de ministro. El 50% de las ganancias que se lleva Rajoy se justifica como cuota colegial, aunque para esta Asociación es una falsa cuota “que compone un inevitable rosario de fraudes fiscales”.

Partiendo de la máxima que «no ofende quien quiere sino quien puede» y por ello titulares como «Sindicalistas acarreados en 850 autobuses piden un referéndum» aparecido en El Mundo el domingo 16 de septiembre no tienen más valor que la reiteración de un línea editorial por todos conocida.