Categoría: Divulgacion

  • El euro no tiene problemas; las clases populares sí que los tienen.

    La supuesta crisis del euro, justifica las reformas que los poderes neoliberales siempre han querido hacer.

    Este artículo, traducido de un artículo escrito en inglés, señala que la alianza de clases entre el establishment europeo liderado por el establishment alemán y su Bundesbank (que controla el Banco Central Europeo) y el establishment español, explica que el euro no está en peligro de desaparecer y que su establecimiento está siendo utilizado por el establishment español para llevar a cabo aquellas reformas, como la reducción de las pensiones, la reducción de los salarios y la desaparición del Estado del Bienestar, que siempre han deseado. De ahí que la intervención de España sea lo que en realidad se desea para justificar tales medidas.

    Una de las frases frecuentemente repetida en los círculos económicos en Estados Unidos (y en menor medida en Europa) es “el euro va a desaparecer”. Las personas que repiten esa frase una y otra vez parecen ignorar cómo se fundó el euro, por quién y para beneficio de quién. Si supieran la historia del euro, se habrían dado cuenta de que a las fuerzas principales que hay detrás del euro les ha ido muy bien y así les sigue yendo. Mientras ellos sigan beneficiándose de la existencia del euro, el euro va a seguir existiendo.

    Empecemos con la historia del Euro y la razón principal de su creación. Después de la caída del Muro de Berlín, parecía que la Alemania Oriental y la Occidental podrían reunificarse y, como era el deseo del establishment de Alemania Occidental, volver a ser, de nuevo, una Alemania unida. Esta posibilidad no era del agrado de la Europa democrática. En dos ocasiones en el siglo XX, la mayoría de los países europeos tuvieron que ir a la guerra para detener las ansias expansionistas de la Alemania Unida. Los gobiernos europeos no estaban contentos de ver a la Alemania del post-nazismo reunificada. El presidente de Francia, François Mitterrand llegó a decir irónicamente que: “Amo a Alemania tanto que prefiero ver dos Alemanias en lugar de una.”

    La única alternativa para los gobiernos de la Europa democrática era asegurarse que la Alemania unida no se convirtiera en un país aislado en frente de todos los demás. Alemania tenía que integrarse a Europa. Tenía que ser europeizada. Mitterrand pensaba que una manera de hacerlo era reemplazar la moneda alemana, el marco, por una nueva moneda europea, el euro. Así es cómo se planeó integrar la Alemania unificada del post-nazismo a la Europa democrática.

    El establishment alemán puso dos condiciones para aceptar la sustitución del marco alemán por el euro. Una condición fue establecer una autoridad financiera, el Banco Central Europeo, el BCE, que gestionara el euro con el único objetivo de mantener la inflación baja. El BCE debía estar bajo la fuerte influencia (es decir bajo el control) del Banco Central de Alemania, el Bundesbank. La otra condición era establecer el Pacto de Estabilidad, que impone la disciplina financiera a los Estados miembros de la Eurozona. Sus déficits públicos tendrían que mantenerse por debajo del 3% de su PIB, incluso en momentos de recesión.

    Para entender por qué los otros países aceptaron estas condiciones, uno tiene que entender que el neoliberalismo (que se inició con el presidente Ronald Reagan en los Estados Unidos y con la primer ministro Margaret Thatcher en el Reino Unido) era la ideología dominante en esos países. Un objetivo importante dentro de ese dogma neoliberal era reducir el papel del Estado tanto como fuera posible, fomentar la financiación privada y restar importancia a la demanda doméstica como la manera de estimular la economía. En este punto de vista, el principal motor de la economía debía ser el crecimiento de las exportaciones. Éstas son las raíces del problema, no del euro, que está en buen estado de salud, sino del empeoramiento del bienestar de la población en esos países.

    El Banco Central Europeo no es un Banco Central

    ¿Qué hace un Banco Central? Entre otras cosas imprimir dinero  y, con ese dinero, comprar bonos públicos del Estado, asegurándose que las tasas de interés de esos bonos son razonables y no llegan a ser excesivas. Un Banco Central protege a los Estados contra la especulación de los mercados financieros. El BCE, sin embargo, no lo hace. Las tasas de interés sobre la deuda pública de los Estados, en algunos países, se ha disparado debido a que el BCE no ha comprado deuda pública desde hace bastante tiempo. España e Italia son plenamente conscientes de ello.

    Lo que hace el BCE, sin embargo, es prestar un montón de dinero a los bancos privados a una tasa de interés muy baja (inferior al 1%) y con este dinero compran bonos públicos emitidos a un interés muy alto (6% a 7% en Italia y España). ¡Se trata de una oferta fantástica para estos bancos! Desde el pasado mes de diciembre, el BCE ha prestado más de 1 billón de euros  a los bancos privados, la mitad (500.000 millones de euros) a los bancos españoles e italianos. Esta transferencia de fondos públicos (el BCE es una institución pública) para el sector financiero privado se justifica argumentando que esta ayuda era necesaria para salvar a los bancos y, por tanto, asegurar el crédito que se ofrece a la pequeña y mediana empresa y a las familias. Este crédito, sin embargo, no ha aparecido y tanto los individuos como las medianas y pequeñas empresas siguen teniendo dificultades para obtenerlo.

    En ocasiones, el BCE compra bonos públicos en los mercados secundarios de los Estados que están en problemas, pero los compra de manera casi clandestina, en dosis muy pequeñas y por períodos muy cortos de tiempo. Los mercados financieros son conscientes de esta situación. Esta es la razón por la que los intereses de los bonos públicos bajan, cuando el BCE los compra, pero luego vuelven a subir, siendo así muy difícil para los Estados poder mantener bajos los intereses de su deuda pública. El BCE debería anunciar abiertamente que no permitirá que el interés de los bonos públicos sobrepase un cierto nivel, lo que haría imposible para los mercados financieros poder especular con ellos. Pero el BCE no lo hace, dejando a los Estados sin protección frente a los mercados financieros.

    En esta situación, el argumento de que España e Italia deben reducir su déficit público para recuperar la confianza de los mercados financieros no es creíble. España ha estado reduciendo su déficit público, mientras que los intereses de su deuda pública ha ido en aumento, lo que demuestra que es el BCE, no los mercados financieros, quien determina el valor de la tasa de los intereses de la deuda.

    ¿Quién controla el sistema financiero europeo?

    En teoría, se suponía que el BCE era el gerente del euro. Pero quien realmente controla el Euro y el sistema financiero europeo es el Bundesbank, el Banco Central alemán. Se diseñó de esa manera, como he señalado anteriormente. Pero ha habido otro hecho que ha incrementado el control del sistema financiero europeo por el Bundesbank y los bancos alemanes: el conjunto de decisiones tomadas por el gobierno alemán, en concreto por el gobierno de Schroeder socialdemócrata (Agenda 2010), y continuada por los gobiernos conservadores de Merkel, que hicieron hincapié en el sector exportador como el principal motor de economía. Oskar Lafontaine, el exministro de Finanzas de Schroeder, quería situar la demanda doméstica como el principal motor de la recuperación económica alemana. Para ello propuso aumentar los salarios y el gasto público. Él perdió y dejó el partido socialdemócrata, formando un nuevo partido, Die Linke  (La Izquierda), y ganó Schroeder (que ahora trabaja para una industria orientada a la exportación). Como consecuencia de que la actividad económica centró el énfasis en las exportaciones (la mayoría a la zona del euro), los bancos alemanes acumularon una enorme cantidad de euros. En lugar de utilizar estos euros para aumentar los salarios de los trabajadores alemanes (lo que habría estimulado no sólo la economía alemana, sino la economía europea en su conjunto), los bancos alemanes optaron por exportar euros, invirtiéndolos en la periferia de la zona euro. Esa inversión fue la causa de la burbuja inmobiliaria en España. Sin el dinero alemán, los bancos españoles no podrían haber financiado esta burbuja, basada en una especulación enorme.

    ¿Cuándo aparece la crisis en España?

    Cuando los bancos alemanes dejaron de prestar dinero a España como resultado de su pánico (al enterarse de que ellos mismos estaban contaminados con productos tóxicos procedentes de los bancos de Estados Unidos), la burbuja inmobiliaria se derrumbó, creando un agujero en la economía española equivale al 10% de su Producto Interior Bruto (PIB), todo ello en tan solo unos meses. Se trataba de un tsunami económico, un desastre auténtico. Inmediatamente, se pasó de un superávit a un déficit público enorme, como consecuencia de la caída de los ingresos a los Estados. Tal déficit no fue un resultado del crecimiento del gasto público (España tiene una de las tasas más bajas de gasto público per cápita entre la UE-15), sino del dramático descenso de los ingresos debido al colapso económico. El énfasis de la “troika” (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) en que España necesita reducir su gasto público está profundamente equivocado, pues el déficit público no ha sido causado por un crecimiento de los gastos (como han sugerido los comentarios frívolos de la Canciller Merkel sobre la “extravagancia del sector público español”). Esos recortes están dando lugar a otra recesión.

    ¿Cuál es la finalidad de la ayuda financiera?

    La retórica oficial afirma que las autoridades financieras de la zona euro han puesto a disposición de España 100.000 millones de euros para ayudar a sus bancos. La realidad, sin embargo, es muy diferente. Los bancos españoles y el Estado español están profundamente en deuda. Le deben mucho dinero a los bancos extranjeros, incluidos los bancos alemanes, que han prestado casi 200.000 millones de euros a España. Estos bancos están gritando al cielo para recuperar su dinero. Es por eso que los 100.000 millones de euros han sido aprobados por el Parlamento alemán. Peter Bofinger, asesor económico del gobierno alemán, lo expresó muy claramente: “Esta ayuda no es a estos países en problemas (como España), sino a nuestros propios bancos que poseen una gran cantidad de deuda privada en esos países.” (Pratap Chatterjee “Bailing out Germany: The Story Behind the European Financial Costs” [28/05/42]). No se podría haber dicho mejor.

    Si las autoridades europeas hubieran querido ayudar a España deberían haber prestado ese dinero a un interés muy bajo a las agencias de crédito públicas españolas (como el ICO, Instituto de Crédito Oficial), a fin de resolver el enorme problema de la falta de crédito en España. Esta alternativa, por supuesto, nunca fue tenida en cuenta.

    ¿Dónde está el supuesto problema con el euro?

    El hecho de que España tiene un enorme problema de falta de liquidez no significa que el euro esté en problemas. Muchos gobiernos regionales no pueden pagar sus servicios públicos debido a la falta de dinero. Es un hecho que las enormes diferencias en la disponibilidad de crédito dentro de la zona del euro están beneficiando a los bancos alemanes. Hoy en día, hay un flujo de capital desde España a Alemania, enriqueciendo a los bancos alemanes y determinando que los bonos públicos alemanes sean muy seguros. El hecho de que hay una crisis enorme, con grandes tasas de desempleo en los países periféricos no significa, sin embargo, que el euro esté en crisis. Estaría en crisis sólo si estos países periféricos, entre ellos España, abandonaran el euro. Eso significaría el colapso de los bancos alemanes y del sistema financiero europeo. Pero esto no va a suceder. Las medidas que se están adoptando en España y otros países de la periferia (con el apoyo de la Troika) por sus gobiernos son las medidas que las fuerzas conservadoras que tales gobiernos representan siempre han soñado: recortar los salarios, eliminar la protección social, desmantelar el Estado del Bienestar, y así sucesivamente. Tales gobiernos dicen que lo están haciendo debido a las instrucciones que reciben de Bruselas, de Frankfurt y/o de Berlín. Ellos están transfiriendo la responsabilidad a los agentes extranjeros, que supuestamente les están obligando a hacerlo. Es la exteriorización de la culpa. Su lema principal es: “No hay alternativa”.

    Cuando el Sr. Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, pide al Sr. Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español (el gobierno más conservador en la Unión Europea, próximo a la ideología del grupo ultraneoliberal conocido como  el Tea Party de los Estados Unidos), él le dice que con el fin de ayudarlo, tendrá que hacer reformas en el mercado de trabajo (es decir, facilitar a los empleadores a despedir a los trabajadores). Rajoy está muy abierto a tal instrucción. En una reciente conferencia de prensa (9 de agosto de 2012), el Sr. Draghi fue muy claro. El BCE no va a comprar bonos públicos españoles a menos que el gobierno español tome medidas difíciles, impopulares como la reforma del mercado laboral, la reducción de las prestaciones de jubilación, y la privatización del Estado del Bienestar. El gobierno de Rajoy estará encantado de seguir estas instrucciones. Ya ha hecho muchos recortes y tiene proyectados 120.000 millones de euros más en recortes dentro de los próximos dos años. El euro y su sistema de gobierno están trabajando muy bien para aquellos que tienen la voz principal dentro de la Eurozona hoy en día. El BCE está instruyendo a los gobiernos de la zona monetaria a desmantelar la Europa social y lo están haciendo. Es lo que mi buen amigo Jeff Faux, fundador del Economic Policy Institute en Washington, solía llamar “las alianzas de las clases dominantes a nivel internacional”, es decir, la alianza entre las clases dominantes de todo el mundo. Esa alianza está claramente operando en la zona del euro en la actualidad. Es por ello que el euro va a existir  por mucho, mucho tiempo.

    Vicenç NavarroConsejo Científico de ATTAC España

    Publicado en Social Europe Journal

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  • Resumen prensa 28/08/2012

    Os facilitamos el  enlace al resumen de prensa habitual sobre la reestructuración del sector financiero a nivel nacional, que nos facilitan nuestros compañeros de Unicaja.

    Acceder al resumen

  • Facua alerta de que la nueva ley del alquiler «potenciará aún más la especulación inmobiliaria».

    La organización de consumidores tacha de «desequilibrada» la reforma legislativa, alegando que usa como «cortina de humo» la «necesaria» medida de limitar a diez días los desahucios a los morosos para «recortar derechos» al resto de arrendatarios.

    Facua-Consumidores en Acción cree que el anteproyecto de ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Viviendas que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros «potenciará aún más la especulación inmobiliaria», al facilitar el desahucio de los inquilinos que cumplen con sus obligaciones, y ha criticado que el Ejecutivo «recorta derechos» a los arrendatarios.

    «Se minimizan los derechos de los inquilinos para favorecer a los especuladores y a las entidades financieras«, ha criticado en rueda de prensa el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, argumentando que «los arrendadores que quieran librarse de sus inquilinos para alquilar los inmuebles a un precio más alto» tendrán ahora vía libre.

    Y es que con la normativa vigente los contratos sólo podían actualizarse al IPC durante los primeros cinco años pero, una vez se apruebe este proyecto de ley, el propietario podrá revisarlo al tercer año y «quitarse de encima al inquilino si tiene a otra persona que le ofrezca más por la vivienda o imponerle a aquél una renta muy superior».

    Además, el IPC ya no será el índice de referencia para actualizar la renta cada año de vigencia del contrato, lo que «podrá traer aún más perjuicios para los inquilinos», según el portavoz de Facua, que avisa asimismo de la «gran inseguridad» que estos cambios generarán entre los arrendatarios.

    NO POTENCIARÁ EL ALQUILER

    Por todo ello, la asociación de consumidores duda de que esta medida vaya a servir para incrementar el mercado del alquiler y situarlo en la media europea, como alega el Ministerio de Fomento, sino que por el contrario «potenciará aún más la especulación inmobiliaria», ya que «pretende fomentar el alquiler de la misma forma que el empleo: facilitando que se eche a personas a la calle aunque cumplan con sus obligaciones».

    «Y, mientras, el Gobierno sigue sin imponer a Bankia, la primera inmobiliaria del país, y al resto de bancos nacionalizados que destinen su parque de viviendas a la venta y alquiler a precios justos», ha concluido.

  • Las desigualdades como origen de la crisis.

    Como indiqué en un artículo anterior El enorme crecimiento de las desigualdades (Público, 09/08/12), . . .

    . . . las políticas del New Deal establecidas por el presidente Franklin Roosevelt, continuadas por otros presidentes de EEUU y también desarrolladas en la Europa Occidental durante el periodo anterior a 1980, consistieron en el desarrollo de unas políticas fiscales progresistas; en una expansión del gasto público, incluido el social; en un aumento de los salarios y de la protección social; en un intervencionismo del Estado regulando el mercado de trabajo, los sectores financieros y la economía productiva, medidas todas ellas que determinaron un gran crecimiento de la capacidad adquisitiva de la población y muy en particular de las clases populares (clases trabajadoras y amplios sectores de las clases medias). A los dos lados del Atlántico (excepto en el sur de Europa, dominado por sistemas totalitarios de ultraderecha) el ingreso familiar se dobló del 1947 al 1973. Y en EEUU, la renta total que poseía el 1% más rico de la población, bajó del 24% en 1928 a un 10% a mediados de los años setenta. Era la época que muchos han llamado la época dorada del capitalismo. Esta elevada capacidad adquisitiva significaba una gran demanda doméstica, que era el motor de la economía en la mayoría de países ricos.

    Ahora bien, en los años setenta, varios hechos estaban confluyendo. Uno es que las demandas del movimiento obrero estaban escalando a nivel nacional e internacional. En contra de lo que suponen los ultrarradicales dentro de las izquierdas, las conquistas sociales no coaptaron a la clase trabajadora (como tales voces insisten), sino que les dieron más poder para escalar el nivel de su demanda. Cuando un trabajador no tiene trabajo, lo primero que quiere es conseguir trabajo. Una vez tiene trabajo, desea tener un buen salario y unas buenas condiciones de trabajo, y cuando tiene esto último, pide una voz en la dirección de la empresa. Esto es lo que ocurre en cada país. Y donde este gradiente de peticiones alcanzó su máxima presión, fue en Suecia, con el plan Meidner, que consistía en que se establecía un fondo general a nivel de cada empresa, con el cual se deseaba (comprando las acciones de la propia empresa) controlar las grandes empresas, llegando a poseerlas. El que en muchos países se hubiera conseguido pleno empleo (que dio gran poder a la clase trabajadora) alarmó al 1% de renta superior del país, concretamente a lo que en EEUU se llama la Corporate Class (clase corporativa) que incluye la burguesía financiera y empresarial. Los presidentes Reagan y Thatcher fueron la respuesta del 1% a esta percepción de amenaza. Hay que recordar que lo primero que hizo el presidente Reagan fue despedir a los empleados y trabajadores del tráfico aéreo, llamando al Ejército a sustituirlos. Lo mismo ocurrió en Gran Bretaña cuando Thatcher intentó derrotar las huelgas mineras, y con ello debilitar a todo el mundo sindical. Lo mismo, por cierto, está ocurriendo en España, donde el gobierno Rajoy intenta derrotar a los mineros como medida de destrucción de los sindicatos.

    Además de su ataque al movimiento sindical, el neoliberalismo –la ideología de las elites financieras y económicas– impuso las políticas públicas que redujeron los salarios (en EEUU, el salario horario descendió desde el año 1979 al 2007) y el gasto público, incluyendo el gasto público social, que creó un enorme agujero de la demanda. Este agujero alcanzó su máxima expresión en la explosión de las burbujas, y muy en particular de las burbujas inmobiliarias (en EEUU y España). Este descenso de los salarios requirió –a fin de sostener la demanda doméstica– un gran endeudamiento que pasó de representar el 59% del ingreso familiar en 1982 a un insostenible 126% en 2007. El enorme endeudamiento de las familias está basado precisamente en esta reducción de la capacidad adquisitiva de la población, lo cual ha ocurrido también en España.

    El descenso de los salarios se hizo a costa del aumento de los beneficios empresariales. Así, los beneficios de las grandes empresas (no financieras) fue, durante el periodo 1979-2007, un espectacular 255%. Estos grandes beneficios que aumentaron espectacularmente las rentas del 1% de la población, se depositaron en bancos que los utilizaron en gran medida en actividades especulativas, facilitadas por la desregulación del capital financiero. En EEUU y en España, las actividades más especulativas eran las inmobiliarias y los fondos de elevado riesgo. Ello fue una de las causas del enorme crecimiento de la banca. La otra fue el ya citado endeudamiento de las clases populares.

    Este enorme crecimiento de la banca ha sido muy negativo, y ha sido una de las causas de la enorme concentración de las rentas y del crecimiento de las desigualdades. En realidad, la concentración del propio capital financiero (facilitado por la concentración de las rentas) es una de las características de lo ocurrido y ha sido la causa mayor de la enorme crisis que estamos sufriendo. Es de gran urgencia que tal sobredimensionado sector financiero (que hoy no está haciendo lo que debería hacer: provisionar crédito) se reduzca considerablemente, gravándolo masivamente y exigiendo una acción pública más intervencionista (incluso estableciendo bancas públicas) para garantizar el crédito.

    Publicado en Público.es   Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España vnavarro.org
     

    COMFIA-CCOO Caja3  no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

  • TRAGSATEC: MODIFICACIONES EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

    MODIFICACIONES EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (reguladas por el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto. BOE 186 de 4 de agosto de 2012)

    ÍNDICE

    • PERSONAS CON CONDICIÓN DE ASEGURADAS
    • CONDICIÓN DE BENEFICIARIO/A DE UNA PERSONA ASEGURADA
    • REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO/A

    Leer más

    PERSONAS CON CONDICIÓN DE ASEGURADAS

    1. Trabajadores/las por cuenta ajena o propia, afiliadas a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada al alta.
    2. Pensionistas del sistema de la Seguridad Social.
    3. Perceptores de prestaciones periódicas de la Seguridad Social, como el subsidio por desempleo.
    4. Personas que agotaran la prestación de desempleo, u otras de análoga naturaleza, y encontrarse en desempleo, no acreditando a condición de asegurado por otro título. Este supuesto no será de aplicación las siguientes personas:
      1. Nacionales de los estados miembros de la unión europea
      2. Nacionales de estados no pertenecientes a unión europea
    5. Personas que no teniendo ingresos superiores en cómputo anual a 100.000 euros ni cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía se encuentren en el siguientes supuestos:
      1. Tener nacionalidad española y residir en territorio español
      2. Ser nacionales de algún estado miembro de la unión europea, del espacio económico europeo o de Suiza y estar inscritos en el registro central de extranjeros.
      3. Ser nacionales de un país distinto de los mencionados en los apartados anteriores, o apátridas, y titulares de una autorización para residir en territorio español.
    6. Los/las menores de edad sujetos a tutela administrativa siempre tendrán a condición de asegurados salvo los nacionales de los estados miembros de la unión europea y los nacionales de estados no pertenecientes a unión europea.

    CONDICIÓN DE BENEFICIARIO/A DE UNA PERSONA ASEGURADA

    1. Ser cónyuge de la persona asegurada o convivir con ella en relación de afectividad análoga a conyugal, constituyendo una pareja de hecho.
    2. Ser ex cónyuge, o estar separado/la judicialmente, en ambos casos a cargo de la persona asegurada por tener derecho a percibir una pensión compensatoria por parte de esta.
    3. Ser descendente, o persona asimilada a este, de la persona asegurada o de su cónyuge, aunque esté separado/la judicialmente, de su cónyuge a cargo o de su pareja de hecho, en ambos casos a cargo del asegurado y menos de 26 años o, en el caso de que sea mayor de esa edad, tener una discapacidad reconocida igual o superior al 65%. Tendrán la consideración de personas asimiladas a los descendientes las siguientes:
      1. Menores sujetos a la tutela o al acogimiento legal de una persona asegurada, de su cónyuge, aunque esté separado/la judicialmente, o de su pareja de hecho, así como de su ex cónyuge a cargo cuando, en este último caso, la tutela o el acogimiento se había producido antes del divorcio o la nulidad matrimonial.
      2. Hermanos de la persona asegurada.

    Se entenderá por descendiente o persona asimilada las personas que se encuentran a cargo de la persona asegurada se conviven con ella y dependen económicamente, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

    1. Se considera que los menores de edad no emancipados se encuentran siempre a cargo de la persona asegurada.
    2. Se considera que, en los casos de separación por razones de trabajo, estudios o circunstancias similares, existe convivencia.
    3. Se considerará que los mayores de edad y los menores emancipados no dependen económicamente de la persona asegurada si tienen unos ingresos anuales que superen al doble de la cuantía del Indicador Público de Efectos Múltiples.

    REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO/A

    1. No tener a condición de persona asegurada.
    2. Tener residencia autorizada y efectiva en España, salvo en el caso de aquellas personas que se desplacen temporalmente la España y estén a cargo de trabajadores trasladados por su empresa fuera del territorio español, siempre que estos se encuentren en situación asimilada al alta, cotizando en el correspondiente régimen de la Seguridad Social español.