En esta primera entrega de la serie Estado SA descubrimos los millares de entes y empresas públicas que se multiplican al calor del poder político.

Lo malo no es el número de políticos que existe en España. Lo verdaderamente ruinoso es todo el entramado que se ha creado en torno a las distintas administraciones públicas: un entramado formado por organismos autónomos, fundaciones, consorcios, empresas públicas, instituciones sin ánimo de lucro… Además, por supuesto, de asesores de todo tipo.

Es en ese entramado donde los partidos «aparcan» a decenas de miles de personas no elegidas por nadie. Y es por los agujeros de ese entramado por donde se escapa el dinero público a raudales, en actividades la mayor parte de las veces inútiles. Para colmo, muchas de las entidades que forman ese entramado multiplican la burocracia a la que se somete a ciudadanos y empresas y hacen aumentar las trabas administrativas que afectan a la economía verdaderamente productiva.

Expongamos los números. España tiene, en estos momentos:

• 17 comunidades autónomas
• 2 ciudades autónomas
• 52 diputaciones, consejos y cabildos insulares
• 8117 ayuntamientos
• 1012 mancomunidades
• 80 agrupaciones de municipios
• 81 comarcas
• 3 áreas metropolitanas
• 3726 entidades locales menores

Pero a su vez, de todas estas administraciones (y del propio Estado) cuelga un entramado de todo tipo de entidades, muchas de ellas ajenas a cualquier tipo de fiscalización, como se muestra en el siguiente cuadro:

Los organismos autónomos, que pueden ser de varios tipos, se rigen por el Derecho administrativo y pueden realizar actividades de fomento, de prestación o de gestión de servicios públicos. Dependen de un órgano de la administración, como por ejemplo un ministerio o consejería.

Las entidades públicas empresariales y entes públicos se diferencian de los organismos autónomos en que se rigen, en general, por el Derecho privado. Pueden depender de un ministerio o consejería o también de un organismo autónomo.

Las agencias se crearon, por su parte, para disponer de entidades de Derecho público sometidas a menos restricciones administrativas que los organismos autónomos.

En lo que respecta a empresas, el cuadro muestra como «Sociedades mercantiles» a aquellas en las que las administraciones cuentan con mayoría de capital o con mayoría del consejo, mientras que «Sociedades participadas» son aquellas en que las administraciones tienen una participación minoritaria.

Como puede verse, de las distintas administraciones dependen varios miles de entidades regidas por distintas normativas y con diferentes grados de autonomía. Eso hace que las trabas burocráticas para la contratación de personal y para el gasto sean muy variables entre unas entidades y otras, y muy diferentes de las que existen en la Administración Pública.

De mayor a menor grado de control, la clasificación de entidades sería la siguiente:

• Organismos autónomos, regidos por el Derecho público
• Agencias, regidas por el Derecho público, pero con más autonomía
• Entes públicos, regidos principalmente por el Derecho privado
• Sociedades mercantiles, regidas por el Derecho privado, con obligación de presentar (y en algunos casos auditar) sus cuentas
• Fundaciones, con menos obligaciones a la hora de presentar o auditar sus cuentas

Puesto que muchas de esas entidades no están sujetas a los mismos mecanismos de control y fiscalización que las administraciones públicas, no es de extrañar que las administraciones recurran a ellas para, precisamente, eludir esos controles y esa fiscalización.

El caso más sangrante es de las fundaciones, sobre quienes el Consejo General de Colegios de Economistas publicaba un informe, el pasado mes de marzo, en el que advertía de la falta de datos y de la opacidad de las fundaciones. Ese informe reclamaba también un cambio legislativo para que las fundaciones se sometan a los mismos controles que las sociedades mercantiles.

Quizá sea precisamente esa opacidad la que ha hecho que las fundaciones participadas por la administración se multipliquen en nuestro país como setas. En concreto, el número de fundaciones dependientes de las administraciones autonómicas, o participadas por ellas, ha pasado de 357 en abril de 2003, a 498 en enero de 2007 y a 561 en julio de 2011.

Las tablas 2, 3 y 4 muestran la lista de fundaciones donde tienen participación las administraciones locales, autonómicas y estatal.
 

Tabla 2: Fundaciones en las que tienen participación las entidades locales: 440

Tabla3 : Funcaciones en las que participan las comunidades autónomas: 561 

Tabla 4: Fundaciones en las que tienen participación el Estado: 111

Luis del Pino.    libremercado.com

Descalifican a Rajoy y le exigen un ‘cambio radical’ ante sus errores ‘catastróficos’

 

Dos conocidos economistas españoles que enseñan en universidadas extranjeras publican este lunes en Financial Times una de las descalificaciones más contundentes hasta la fecha de la política económica de Rajoy. Jesús Fernández-Villaverde, profesor en Pensilvania, y Luis Garicano, de la London School of Economics, acusan al presidente del Gobierno de pretender que las cosas se resuelvan por sí solas con el paso del tiempo y le exigen un ‘cambio radical de política’. La táctica de Rajoy de dar largas a ver si escampa y con la que ‘ha tenido éxito durante décadas’ en su carrera política no sirve para atajar la crisis porque ‘es un camino hacia ninguna parte’ que hasta ahora ha llevado a ‘resultados catastróficos’, escriben los autores.

También denuncian ‘el farol’ de Rajoy al ‘intentar conseguir financiación incondicional de la Unión Europea con la amenaza de echar abajo el euro’. Así lo argumentan: ‘No se puede jugar al juego del gallina cuando uno va en un turismo y el BCE conduce un carro de combate’. Y entre otras recriminaciones, le achacan al presidente que tardara seis meses en presentar los Presupuestos, y que ahora mismo esté esperando a que el BCE aclare lo que va a hacer. Mientras, él ‘está posponiendo las reformas clave requeridas por la UE y dejando que los problemas de la banca y de las autonomías se deterioren aún más’. Todo ello ha hecho que la confianza en su Gobierno esté en mínimos y que haya caído la capacidad de negociación de España. En estos momentos, ‘la verdad de los hechos es que el sector financiero español no puede sobrevivir sin acceso ilimitado a la liquidez del BCE’.

Pese a todo, Fernández-Villaverde y Garicano enumeran una serie de ‘buenas noticias’ que ayudarían a mejorar la situación si se toman las medidas adecuadas. Por un lado, se han dado pasos para estabilizar la eurozona con una unión bancaria y una unión fiscal en el futuro, además de crear nuevos mecanismos financieros como la línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros para el rescate de la banca española. Y por otro, el BCE ha indicado que va a apoyar próximamente a Italia y España.

‘Pero el éxito requiere un cambio radical de política por parte de España’ y ‘el tiempo se acaba’, añaden. Ello incluye una agenda de decisiones de reformas y reducción de deuda con tres ingredientes fundamentales. Primero, una vez garantizada la resistencia del sistema financiero, debe acelerarse una reestructuración ordenada de la deuda de las autonomías, bancos y entidades estatales a todos los niveles; todos los acreedores, sin eximir a los senior, deben asumir pérdidas de las entidades insolventes. Segundo, el Gobierno debe reiniciar un profundo programa de reformas centrado en reducir obstáculos a las iniciativa de los emprendedores y a la creación de empleo. Y tercero, España debe elaborar un plan creíble de consolidación fiscal enfocado a metas a medio plazo más que a unos objetivos arbitrarios a corto. Esta nueva agenda para el crecimiento, según los dos economistas, exigiría un compromiso convincente por parte del Gobierno para alejarse de ‘tentaciones populistas’ y para promulgar un verdadero plan de reforma, así como la comprensión por parte de los ciudadanos españoles, a los que se les debe decir la verdad.

Pero tal vez por las prisas, o porque pasan mucho tiempo fuera del país y/o por incorporar un poco de dramatismo adicional al artículo, Fernández-Villaverde y Garicano deslizan un par de datos equívocos, sobre todo porque carecen de contexto o explicación apropiada. En uno de ellos alegan que ‘el desempleo se está acercando al 30 por ciento’, sin más, sobre la base de un enlace con los últimos datos oficiales de paro, que arrojan una tasa del 24,6%. En ese enlace, también de FT, hay un comentario sobre la necesidad de desestacionalizar las cifras, pero en ningún momento se eleva la proporción de casi uno de cada cuatro a casi uno de cada tres. Y esta otra frase quizás demasiado esquemática podría llevar a conclusiones precipitadas a los que no sigan el día a día de España: ‘La crisis económica se está convirtiendo rápidamente en una crisis constitucional, puesto que algunas de las autonomías empiezan a considerar un auténtico envite hacia la independencia’. También invitan a enlazar con una columna de David Gardner la semana pasada en el mismo diario sobre las autonomías. Ahí sí está todo muy matizado.

La política económica de Rajoy nos lleva al suicidio colectivo. Deteriora las condiciones de vida y de trabajo del 99% de la sociedad y al mismo tiempo fracasa estrepitosamente en su objetivo formal de estabilizar la economía.

Hay muchas razones detrás de este gravísimo error y entre ellos está uno de diagnostico. Rajoy no para de insistir en que todos sus tijeretazos son imprescindibles para poder pagar la deuda publica. Y que ese, pagar la deuda, es el objetivo supremo. Y sin embargo, esta afirmación es absolutamente falsa. Porque la deuda de las administraciones publicas no se paga, nunca, sino que se refinancia hasta que es absorbida a través del crecimiento.

Rajoy, que sabe poco de economía, también desconoce su propia historia. En 1996 cuando Aznar ganó las elecciones, la deuda publica española era de 323.920 millones de euros, una cifra que equivalía al 66% del PIB. Ocho años después, en 2004 cuando Rajoy pierde las elecciones por primera vez, la deuda pública era de tan solo el 46% del PIB, veinte puntos menos. Y no, no fue que Aznar pagara la deuda que le dejo Felipe Gonzalez. Porque en cifras absolutas la deuda no solo no se redujo sino que siguió creciendo hasta alcanzar un máximo histórico, en aquel momento, de 389.942 millones de euros.

¿ Que pasó entonces? . Pues que la economía española creció, y mucho, en esos ocho años de tal forma que absorvió la deuda. Mientras que la deuda aumento el 20%, el PIB lo hizo el 72%. El resultado es una reducción del ratio de deuda, lo que significa que al disponer de mas recursos el coste de la deuda se hace menor. Por cierto, y para que a Rajoy no se le suban los humos, en la primera legislatura de Zapatero las cosas fueron todavía mejor y la deuda bajó hasta un mínimo histórico del 36% del PIB en 2007.

Aprendamos de nuestra historia. La formula más eficiente de enfrentarse a los problemas de deuda es el crecimiento. Lo fue con Aznar y con zapatero y lo tiene qyue ser ahora. La estrategia de Rajoy de pagar la deuda alcanzando superavit presupuestario está condenada al fracaso. En un escenario sin crecimiento harían falta diez años con un superavit del 2% para reducir la deuda al 60% del PIB. Pero alcanzar ese resultado presupuestario, ademas de basarse en recortes socialmente inasumibles, no es posible. A pesar de los cuentos del PP en todos y cada uno de los ocho años de Aznar las cuentas publicas se cerraron con déficit. En ningún ejercicio se alcanzó el superavit. Nuestra experiencia demuestra por lo tanto que la estrategia de Rajoy ademas de injusta y dolorosa para la sociedad está condenada al fracaso.

La solución es el crecimiento. Con un aumento del PIB nominal del 3%, muy por debajo de lo que creció en los últimos 20 años, la deuda se situaría por debajo del 60% en solo cinco años sin necesidad de superavit, solo con cuentas equilibradas. Más aun, si el PIB nominal creciera al mismo ritmo que la media de los últimos 15 años hasta se podría alcanzar ese objetivo con un déficit publico del 2%. Eso sí, Rajoy tendría que demostrar que no solo sabe utilizar el BOE para recortar sino que es capaz de gestionar de verdad la economía del país para lograr ese crecimiento.

El análisis de las últimas estadísticas disponibles del IRPF arroja algunos datos bastante llamativos, …

… como que los trabajadores y pensionistas declaran anualmente a la Hacienda Pública 19.359 euros de media, mientras que pequeños empresarios y profesionales liberales tan sólo obtuvieron11.036 euros, un 43% menos.

Si bien es cierto que en el año analizado (2009) la crisis ya había comenzado a reducir los beneficios de los profesionales y pequeños empresarios, e incluso su número disminuyó en casi 74.000 declarantes, también lo es que esta misma recesión golpeo igualmente a los trabajadores, aumentando el número de desempleados en 1.118.600 personas sólo en ese ejercicio.

A la vista de estos datos, parece poco creíble que durante los últimos 16 años -década de expansión económica incluida-, un empleado o pensionista gane de media más que un pequeño empresario, notario, arquitecto, médico o abogado, por citar algunas profesiones liberales bien remuneradas.

Por si ello fuera poco, la brecha entre ambos colectivos ha ido incrementándose año tras año hasta alcanzar su mayor diferencial en este último ejercicio (8.300 euros), lo que con toda probabilidad se debe a la existencia de un fraude fiscal estructural y masivo entre los autónomos, que tributan de media en el IRPF por debajo del mileurismo.

En cualquier caso, no se debe perder la perspectiva. En conjunto, el fraude de los autónomos apenas representa el 8,6% del total del fraude fiscal en nuestro país, al ser titulares generalmente de pequeños negocios.

Mientras tanto, la Agencia Tributaria se plantea una estrategia de lucha contra el fraude claramente equivocada, centrada en “lo más fácil” como es el control de las rentas del trabajo y de los autónomos, en lugar de inspeccionar “lo más difícil”, como son las bolsas de fraude que representan las grandes fortunas y las empresas de gran tamaño, principales responsables de la evasión fiscal en nuestro país.

Carlos Cruzado, Presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA)