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La inseguridad del establishment español y su respuesta al hurto en un supermercado andaluz

El hecho de que tal hurto se hiciera por unos sindicalistas a fin de poder alimentar a unas familias en pobreza, sin recursos, alarmó enormemente al establishment español por su peligro de contagio, de manera que tanto el Fiscal del Estado como el Ministro del Interior intervinieron inmediatamente para penalizar a tales sindicalistas. Ello es una predecible respuesta que confirma el gran temor y justificada inseguridad que tiene la estructura de poder basada en unas enormes desigualdades, de las más elevadas existentes hoy entre los países de mayor desarrollo económico de la OCDE, siendo un país en el que coinciden las mayores fortunas del mundo (sí, del mundo) con sectores populares que viven en los mayores niveles de pobreza existentes en tal comunidad de países, de la OCDE. No es, pues, de extrañar, que España, como ocurre también en países con grandes desigualdades, tenga, junto a un Estado con escasa sensibilidad social, un Estado con gran desarrollo de sus aparatos represivos. Como he documentado en mi libro El Subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias, España es el país de la UE-15 que tiene mayores desigualdades sociales y más policías por 10.000 habitantes y, a la vez, menos adultos trabajando en sanidad, educación, y servicios sociales.

 

El establishment español es consciente del nivel tan desigual de ingresos y rentas en España, donde tales recursos están altamente concentrados en sectores poblacionales muy minoritarios (dentro de los cuales estan los sectores financieros). De ahí su preocupación de que cualquier acto de agitación social en protesta a tales desigualdades pueda expandirse, despertando gran simpatía, cuando no apoyo popular. En un periodo en que tales desigualdades se están acentuando todavía más, tal preocupación se está convirtiendo en auténtico temor. Es en este contexto que se entiende la respuesta claramente desorbitada frente a un hurto de 400 euros en un supermercado andaluz. Como indicó en un gran titular, el diario conservador La Vanguardia, “el gobierno frenará de raíz cualquier conato de estallido social” (09.08.12).

 

Y el máximo argumento de tal denuncia era que el hurto era ilegal, exigiendo el cumplimiento de la ley. Aunque, repito, fuera previsible que las fuerzas conservadoras respondieran de esta manera, es sorprendente y rechazable la condena que tal acto tuvo por sectores de las izquierdas gobernantes. Tales voces olvidan que los mayores cambios ocurridos en nuestro y en otros países han sido resultado de agitación y desobediencia civil. El identificar ley con moralidad y/o con rectitud democrática es ignorar o desconocer el papel de la ley en reproducir un sistema injusto y escasamente democrático, como es el español. Lo que han hecho aquellos sindicalistas es, en un acto de desobediencia civil, mostrar la situación dramática en la que se encuentran más de un millón de familias españolas que viven en situaciones miserables (que creíamos habían ya desaparecido en España), resultado de unas políticas públicas frente a las cuales la única actitud de decencia democrática es la de rebelarse frente ellas. Hay que agradecer a tales sindicalistas que, con tal acto, la sociedad española se concienciara del impacto que tales políticas están teniendo en nuestro país.

Vicenç Navarro | Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

El gobierno del Partido Popular, presidido por el Sr. Mariano Rajoy, a fin de responder a las condiciones puestas por las autoridades de la Unión Europea para permitir al gobierno español retrasar un año el cumplimiento del mandato de reducir su déficit público a una cantidad igual o inferior al 3% de su PIB, ha enviado un presupuesto para el período 2012-2014 a Bruselas que intenta alcanzar tal objetivo, la reducción del déficit.

En tal propuesta el gobierno español se compromete –para conseguir tal reducción del déficit- a obtener durante este periodo 102.000 millones de euros mediante subidas de impuestos (la mayoría indirectos) y recortes de gasto público (y muy en particular del gasto público social, gestionado por la Comunidades Autónomas) que podría significar el desmantelamiento del Estado del Bienestar español que ya es, ahora, el menos financiado de todos los Estados del Bienestar existentes en los países de la UE-15, el grupo de países de semejante nivel de desarrollo al español (el gasto público social por habitante en España es el más bajo de la UE-15).

Según tal presupuesto, los ingresos conseguidos a base de un aumento de impuestos y recortes de gasto público serían de 13.118 millones de euros para este año 2012, 38.956 millones en 2013 y 50.075 millones en 2014. Para alcanzar estas cifras se subirá el IVA, consiguiéndose, según el documento, 2.300 millones de euros este año, 10.134 millones en 2013 y 9.670 millones en 2014. El resto, hasta alcanzar los 102.000 millones de euros, se conseguirá principalmente a base de recortes de gasto público incluyendo gasto público social. En sanidad y en educación públicas, por ejemplo, se recortarán 15.000 millones de euros (procedentes en su gran mayoría de la Comunidades Autónomas, que reciben recortes proporcionalmente más elevados que el Estado central). Se recortarán también las pensiones (aunque ello no se cita) pues el presupuesto requiere un recorte sustancial (exigido por Bruselas) de las cotizaciones al régimen general de la Seguridad Social, tanto en 2013 como en 2014 (medida que se exige por parte de la Comisión Europea, asumiendo –erróneamente- que ello facilitará la creación de empleo), sin indicar como se rellenaría el agujero en los fondos de la Seguridad Social como consecuencia de tales recortes (el documento habla que el Estado absorberá el coste de las pensiones no contributivas sin aclarar, sin embargo, su coste y su ahorro definitivo).

Todas estas medidas se proyectan realizar con el objetivo de reducir el déficit público a un 4,5% en 2013 y (¡por fin!) a un 2,8% en 2014. Para llegar a este escenario se asume que el PIB español –según el documento- bajará un 0,5% en 2013, y crecerá un 1,2% en 2014 “debido a las reformas estructurales emprendidas”, de las cuales las más importantes son las reformas laborales (que han tenido como consecuencia la destrucción de empleo y la bajada de salarios). Estas cifras, por cierto, no concuerdan con las cifras más realistas de evolución económica del país producidas por el FMI, por la OCDE, y por la propia Comisión Europea que todas ellas predicen una caída del PIB mucho más acentuada.

El ataque a la España Social 

Ahora bien, independientemente de la credibilidad de tales cifras, hay dos hechos que son muy preocupantes. Uno es que tales recortes significan un ataque frontal al Estado del Bienestar español. Ni que decir tiene que el documento intenta ocultar este hecho, refiriéndose a los recortes de gasto que se les exigirá a las CCAA, sin aclarar que son precisamente las CCAA las que gestionan los fondos públicos del Estado del Bienestar. Tales fondos representan la mayoría del gasto público autonómico. El imposible que el gobierno Rajoy no sea consciente de que estos recortes, en el país que tiene un gasto en su Estado del Bienestar más bajo de la UE-15, significarán la desaparición del Estado del Bienestar universal transformándolo en un estado asistencial para las personas menesterosas. Este es, por cierto, el objetivo explicitado en las declaraciones del Sr. Draghi, presidente del Banco Central Europeo, al Wall Street Journal, al afirmar que el Estado del Bienestar universal no es viable actualmente (24.02.12). El ataque a la Europa Social que está llevando a cabo la Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) –con estos recortes- tendrá su máxima expresión en España.

Pero la otra gran preocupación es que estos recortes no conseguirán lo que en teoría intentan conseguir. Es decir, no alcanzarán la reducción del déficit a la que aspiran, ni lograrán la famosa “confianza de los mercados”, ni estimularán la economía. Veamos lo primero: la reducción del déficit. Es más que probable que con estos recortes el déficit público se mantenga al nivel en el que está. La razón para ello es fácil de ver. El limitado conocimiento de cómo se generan los ingresos y los gastos en el Estado y como tales recortes de gasto público afectará a estos ingresos explica el error de tal supuesto, el cual tiene una visión excesivamente mecanicista de cómo se establece el déficit público. Se asume, que si el gasto es, por ejemplo, 15 euros, y los ingresos sólo 10 euros, el déficit es de 5 euros. Se supone entonces que para reducir el déficit hay que reducir el gasto en 5 euros. Parece lógico, pero no es real, puesto que cada variable en esta definición afecta a las otras variables, no de una manera mecánica, sino en un modo interactivo. Es decir, si el Estado recorta 5 euros, ello puede implicar que el Estado deje de ingresar 10, pues la actividad económica disminuirá, y con ello los ingresos al Estado bajarán. Así, los recortes en sanidad significan una destrucción de empleo en el sector sanitario, con la consiguiente disminución de la demanda originada por estos trabajadores de la sanidad pública que ahora estarán en el paro. Y los recortes sanitarios tienen también como consecuencia que el Estado compra menos material sanitario, disminuyendo así la demanda de tales productos.

En consecuencia, habrá un bajón de la demanda y de la actividad económica, y con ello una disminución de ingresos al Estado. Volviendo a nuestro ejemplo, el recorte de 5 euros también disminuye los ingresos al Estado, que pasan a ser menos de los 10 euros que habían considerado erróneamente que se mantendrían constantes. La realidad es que ya no serán 10 euros, sino menos, con lo cual el déficit público puede mantenerse tal como está o incluso aumentar.

Un punto clave en este cálculo es conocer como los recortes de gasto público afectarán negativamente la actividad económica y, con ello, los ingresos al Estado. Técnicos de la OCDE han hecho tales cálculos para España. Por cada descenso del crecimiento económico del PIB de un 1%, los ingresos al Estado debido a la bajada de Impuestos de Sociedades disminuyen un 1,38% y los ingresos debidos a los impuestos del IRPF (sección Rentas del Trabajo) se reducen un 1,48%, los cuales son porcentajes importantes. Pues bien, la OCDE calcula que el PIB decaerá un 3,8% en 2012 y un 4% en 2013 (mucho más realista que la calculada por el gobierno Rajoy), con lo cual la bajada de ingresos al Estado será considerable, impidiendo conseguir las metas que el gobierno Rajoy ha asumido. De estos datos también se deriva que es mucho más importante para reducir el déficit estimular el crecimiento económico que recortar gasto público. Vemos así, pues, que los recortes, que indudablemente, tendrán un impacto en reducir el crecimiento económico, tendrán también un impacto negativo en la recaudación de ingresos al Estado.

¿Recuperando la confianza de los mercados? 

Tampoco es probable que estas medidas de gran austeridad de gasto público con recortes recuperen la confianza de los mercados. En realidad, lo opuesto es lo que está ocurriendo. A cada propuesta del gobierno de recortar gasto público ha habido un aumento de la prima de riesgo de la deuda española lo cual tiene una lógica pues tales mercados están preocupados principalmente por el escaso crecimiento o crecimiento negativo de la economía española y son conscientes de que estos recortes afectarán negativamente el crecimiento económico. Incluso las famosas agencias de evaluación de la deuda pública (Standard & Poor’s, Moody’s y otras), meros instrumentos de la gran banca, han hecho referencia a esta realidad: es la falta de crecimiento de la economía (que se reconoce por las propias agencias, debida, en parte, a los grandes recortes) la que crea desconfianza en tales mercados respecto a la capacidad del Estado de poder pagar sus deudas.

¿Qué es lo que debería hacerse? 

Ni que decir tiene que la integración de España en el euro limita en gran manera lo que el Estado español pueda hacer. El gobierno ha perdido gran capacidad de decisión, resultado de las políticas dictadas por la Troika, políticas todas ellas imbuidas del dogma neoliberal que beneficia a ciertos sectores europeos y nacionales que explica su existencia y persistencia.

Ahora bien hay que diferencia entre los conceptos “limitar” o “condicionar” y determinar. El gobierno español tiene espacio para llevar a cabo políticas alternativas a las que se están tomando. Pero para considerar tales alternativas, hay que ser consciente que de todas alternativas posibles, la peor, es la que está siguiendo el gobierno Rajoy, y que consiste en condenar a España a continuar en la situación actual que es intolerable por sus enormes costes sociales, humanos y económicos.

Otra alternativa sería, sin abandonar el intento de reducir el déficit, intentar hacerlo mediante medidas de estímulo del crecimiento económico y creación de empleo, resolviendo el drama humano y social que es también el mayor problema económico que tiene España: el desempleo. Y puede hacerse, si hay voluntad política (ver Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España, Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón). Hay que entender que España no es un país pobre. Su PIB per cápita es el 94% del promedio de la UE-15. Su gasto público per cápita es, sin embargo, solo el 72% del promedio de la UE-15. Si fuera 94%, el estado ingresaría 66.000 millones de euros al año más de los que ingresa. Tales recursos existen en España pero el Estado (sea el central, el autonómico o el municipal) no los recoge. Y ahí está el quid de la cuestión. Y no los recoge porque los partidos gobernantes no han querido y continúan sin querer enfrentarse con aquellos poderes fácticos y con las clases más pudientes que tienen un enorme poder (incluyendo poder mediático y político además de económico en el país).

Si el Estado recuperara el impuesto del patrimonio el Estado conseguiría 2.100 millones de euros más; si eliminara las reducciones de impuestos de sucesiones ocurridos en los últimos quince años podría añadir 2.552 millones anuales más a las arcas del Estado; si eliminara también la reducción de impuestos de las empresas que facturan más de 150.000 millones al año (y que representan solo el 0.12% de todas las empresas) se conseguirían 5.300 millones más al año; si erradicara el fraude fiscal de las grandes fortunas, y de aquellas grandes empresas, 44.000 millones de euros más al año; si eliminara las ayudas a la Iglesia para impartir docencia de religión en las escuelas públicas (582 millones de euros) o el equipamiento militar en helicópteros Tigre y otro medios (1.500 millones) y así un largo, largo, etcétera.

Como mostramos Juan Torres, Alberto Garzón y yo en el libro citado anteriormente, por cada recorte de gasto público (que daña el bienestar de las clases populares) podrían haberse tomado otras medidas que hubieran conseguido incluso más ingresos al Estado y que ni siquiera fueron considerados porque implicaban un enfrentamiento con poderes fácticos y con las clases pudientes que no desearon.

Políticas alternativas 

Un tanto igual estamos viendo ahora en los recortes que se están imponiendo. Una vez más, el gobierno Rajoy está intentando recortar el déficit primordialmente mediante recortes del gasto público siguiendo las instrucciones de Bruselas, y que incluyen reducciones de las prestaciones de desempleo, recorte de los sueldos de empleados públicos, y recortes de gasto y personal de los servicios públicos. Los técnicos de Hacienda, Gestha (que han tenido gran certeza en sus cálculos y proyecciones, ganando una merecida credibilidad) han estimado que con las medidas propuestas por el gobierno Rajoy, el Estado recogerá entre 20.000 y 22.000 millones de euros anuales (incluyendo la subida del IVA que gravará el consumo).

Gestha calcula que tal cantidad podría haberse conseguido mediante otras medidas que no habrían afectado a las clases populares y sí en cambio a los grupos fácticos y rentas superiores, tales como un nuevo impuesto de Riqueza (que sustituiría el impuesto sobre el patrimonio que desaparecerá este año), un crecimiento de un 5% adicional en el impuesto de sociedades para las empresas con beneficios por encima de un millón de euros al año, y un impuesto a las transacciones financieras. Ni que decir tiene que estas alternativas ni siquiera han sido consideradas.

El Estado (tanto central, como autonómico, como local) debería recoger los 66.000 millones de euros que el país tiene pero que el Estado no recoge y con ello crear empleo, como medida de estimular la demanda y el crecimiento económico. En contra de lo que se aduce, España tiene una enorme pobreza de empleo en sus servicios públicos. Solo un adulto de cada diez trabaja en sanidad, educación, servicios de dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales, y otros. En Suecia es uno de cada cuatro. Si este porcentaje se alcanzara en España, habría cinco millones nuevos de puestos de trabajo, número que coincide con el número de desempleados. Con tal medida pues se eliminaría el desempleo.

Y, en contra también de la sabiduría convencional, esta inversión podría financiarse. Si España tuviera los mismos ingresos al Estado que tiene Suecia, el Estado español ingresaría 200.000 millones de euros más al año, con lo cual podrían financiarse tales inversiones sociales y físicas que estimularían la economía y eliminarían el déficit. El hecho de que este planteamiento se considere “radical” o “utópico” (algunos lo han llamado demagógico) habla mucho del dominio asfixiante que el neoliberalismo tiene en la cultura hegemónica mediática y política del país. Así de claro.

 

Vicenç Navarro | Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

Los ingresos de los notarios son sustanciosos, los de los registradores astronómicos.

 La profesión ideal, según un dicho popular, sería la que tuviera el trabajo de un cura, las vacaciones de un profesor y el sueldo de un político. Está claro que en el actual mercado de trabajo no existe ningún empleo que reúna esas tres condiciones, pero sí hay otros que tienen un innegable estatus de privilegio, por sus ingresos económicos, su peculiar regulación profesional o ambas cosas.  Aunque hay más (controladores aéreos, dentistas, pilotos de aviación, farmacéuticos…), dos ejemplos son bien representativos: registradores de la propiedad y mercantiles y notarios. Son pocos y privilegiados, por más que algunos digan que notan la crisis. Comparten otro rasgo: tienen pocas ganas de llamar la atención. Todas las personas consultadas para este reportaje han exigido el anonimato.

 

Registradores: funcionarios sin Estado

 

Se acaba de saltar un semáforo en rojo y el agente de la autoridad le impone una multa de 200 euros. ¿Se imagina que, acto seguido, el agente se guardara ese dinero en su bolsillo y no le diera ni un céntimo al Estado? Imposible, pensará usted. Es un funcionario público, con un sueldo, y la tasa -la multa en este caso- pertenece al Estado. Así es. Pero si usted acude a un registro a pagar la inscripción de propiedad de su piso, uno de los 1.100 registradores de España se embolsará íntegramente el arancel.

 

Fuentes profesionales consultadas afirman que de lo que “los ciudadanos pagan en los registros de la Propiedad y Mercantil, el Estado español no se lleva nada. De los ingresos del Registro, su titular, después de pagar los gastos corrientes, se queda con el 60% del dinero ingresado en la oficina y el 40% restante se reparte entre los empleados, que también van a porcentaje”. En España, un registrador cobra como media algo más de dos millones de euros anuales, una cantidad que superan ampliamente muchos de estos selectos profesionales.

 

La situación es especialmente llamativa en España, donde el ciudadano no tiene libertad para elegir registrador. En nuestro país rige el principio de territorialidad en los registros, de tal modo que, por ejemplo, si una persona compra un piso en Sevilla, puede escriturar la compraventa del piso en cualquier notaría de España, pero deberá anotar la propiedad en el Registro de la capital andaluza.

 

No obstante, otras fuentes subrayan que ahí reside la garantía del sometimiento de todos, particulares y empresas, a la legalidad, evitando que se cometan más irregularidades de las que ya hay, por ejemplo, en urbanismo. Una gran empresa constructora, si ve que un notario pone reparos a la construcción de una gran urbanización junto a la costa, puede acudir a cualquier otro notario de España que aplique la legalidad de forma más laxa. Pero, a la hora de inscribir la operación, tendrá que acudir obligatoriamente al registrador del partido judicial donde vaya a construir las viviendas. No tiene elección: habrá de pasar por el control de legalidad del registrador de turno. La territorialidad es, en teoría, garantía de la imparcialidad del registrador. El poder del registrador en su jurisdicción es inmenso.

 

Y parece que, por si fuera poco, los registradores son unos de los escasos beneficiados de la actual crisis económica: “En España es obligatoria la inscripción registral de los embargos, las ejecuciones de hipotecas, los concursos de acreedores, las ampliaciones y reducciones de capital y la disolución de las empresas mercantiles. Es mucho dinero que debería recaer en los ciudadanos a través del Estado, como sucede con los impuestos, pero los registradores se lo llevan todo”.

 

Paradójicamente hay otros registros públicos, como el Registro Civil, en los que los funcionarios encargados cobran un sueldo fijo del Estado. ¿Podría imponerse esta norma a todos los registros? Las fuentes consultadas lo ven poco menos que imposible. Izquierda Unida consiguió que se aprobara una proposición no de ley  que pretendía equiparar a los registradores de la propiedad y mercantiles con otros funcionarios públicos de altos cuerpos del Estado. La proposición fue aprobada, pero ni el PSOE ni el PP parecen dispuestos a dotarla de eficacia legislativa.

 

Si el PSOE no ha mostrado interés en la medida, menos va a hacerlo el PP, cuyo presidente, Mariano Rajoy, es registrador de la propiedad en excedencia, con plaza en el municipio alicantino de Santa Pola. En su etapa como vicepresidente primero del Gobierno, Rajoy modificó el Reglamento Hipotecario, otorgando un mayor poder a los registradores y creando el Registro Central de la Propiedad, dependiente no del Ministerio de Justicia, sino de una entidad privada como es el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, al que se le ha asignado la custodia de los datos registrales de todos los españoles. Una medida no exenta de críticas hacia su «dudosa constitucionalidad» y el aumento del poder del ya poderoso colegio profesional, que cuenta con un presupuesto anual de unos 120 millones de euros.

 

Los notarios acusan la crisis

 

En España hay algo más de 3.000 notarios. Facturan por término medio cada uno dos millones de euros anuales. Sus ingresos medios se acercan a los 150.000 euros anuales. Buena parte de su trabajo está relacionado con los asuntos de Derecho de la Propiedad, por lo que la crisis, que en España ha tenido a la construcción como gran protagonista, ha incidido de forma muy notable en la caída del trabajo de las notarías. Tanto que algunas están viéndose obligadas a prescindir de parte de sus empleados. Un jurista consultado apunta: “Hay sitios donde había varios notarios y mucho trabajo. Ahora, con la crisis de la construcción, los asuntos no llegan para todos y no queda más remedio, para sobrevivir, que reducir plantilla. Y la cosa no tiene visos de mejorar a corto plazo”.

 

Los notarios cobran por arancel, al igual que los registradores de la propiedad y mercantil. Pero, a diferencia de ellos, lo hacen en su doble condición de funcionarios públicos y profesionales liberales. Esta dicotomía se explica porque, como fedatarios públicos, el Estado debe garantizar su cualificación profesional. Por ello, para acceder a la condición de notario, los aspirantes deben ser licenciados en Derecho y superar una dura oposición. Pero, una vez superada, el trabajo de los notarios se desarrolla en el ámbito del derecho privado. Dan fe pública, pero a la vez están comprometidos con el secreto profesional porque operan en ámbitos donde la intimidad de la persona tiene una importancia crucial, como el testamento. Ahí el Estado no puede ni quiere entrar.

 

Respecto a la compraventa de casas y fincas, la intervención del notario y del registrador otorga a los ciudadanos una garantía esencial: la de que tanto el vendedor como el comprador son propietarios del inmueble. Por increíble que parezca, esto no es así en todo el mundo. En países ultraliberales, como Estados Unidos, no hay ni escrituras públicas ni registros. “La ley estadounidense no te garantiza que quien te venda la casa sea su propietario. En vez de una escritura, el comprador tiene que suscribir un carísimo seguro privado con el banco para que, en caso de fraude, el seguro le reembolse lo que se ha gastado. Cuando en alguna ocasión se ha planteado la creación de un sistema de escritura y registro público, los grandes lobbies económicos americanos han impedido que prosperara, perderían un inmenso negocio”, apunta el notario consultado. Un sistema que -por ahora- no ha llegado a Europa, a no ser que vuelvan a soplar con fuerza los partidarios de la libre y total autorregulación del mercado.

Bernardo Solís/Periodista.

Cuando el presidente del Gobierno presentó el pasado 11 de julio su enésimo `plan de ajuste’ para el próximo bienio negro, una de las primeras medidas concretas que citó, antes incluso que el aumento del IVA o la eliminación de la paga de Navidad a los funcionarios, fue la reducción del número de liberados sindicales, …

… lo que provocó el primer gran aplauso de su grupo, tal y como recoge el Diario de Sesiones, anterior incluso al que acompañó al famoso “…que se jodan!” con que la diputada Andrea Fabra jaleó la decisión de reducir las prestaciones a los parados, lo que más que un exabrupto de maleducada niña pija está resultando ser la síntesis del programa conservador que, más allá de las constricciones derivadas de la crisis, parece responder a un guión ideológico de viejos resabios clasistas y reaccionarios.

Como ya evidenció el diseño e implementación de la contrareforma laboral, se trata también aquí de  invertir las responsabilidades de la crisis y culpar a sus víctimas. En el primer caso, al focalizar las hipotéticas soluciones en el abaratamiento del despido, la desregulación contractual y la reducción de salarios y garantías, se emite el mensaje de la que causa del problema radica en los propios trabajadores y sus derechos, eximiendo de responsabilidades a una estructura empresarial que no ha completado su modernización, un modelo productivo agotado y una crisis financiera de origen y desarrollo especulativos.

Una estrategia de deslegitimación

Ahora se trata de aplicar una nueva vuelta de tuerca, situando ahora el foco en la función pública, tanto en sus trabajadores (reducción de empleo y salarios) como en sus servicios e instituciones (recortes en educación sanidad, atención a la dependencia) y en los sindicatos, reduciendo tanto sus recursos (legales, representativos, materiales, humanos y simbólicos) como sus posibilidades de intervención (tutela y asesoría laboral, negociación colectiva, gestión del conflicto y participación institucional), lo que resulta imprescindible para garantizar los planes de desregulación de las relaciones laborales y el desmantelamiento del Estado de Bienestar.

En este contexto, la recurrente apelación a los “liberados sindicales” resulta paradigmática, por cuanto siendo mínimo su coste económico real, los réditos de su utilización demagógica alcanzan niveles máximos en la estrategia conservadora de deslegitimación simbólica del sindicalismo y reducción práctica de sus posibilidades de respuesta.

Dicha desproporción tiene incluso reflejo legislativo y presupuestario, pues mientras las medidas dirigidas a recortar la representación de los trabajadores y los liberados sindicales ocupaban casi  el diez por cien del articulado del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (arts. 10 a 14, sobre un total de 42), el impacto económico de reducir en más de dos tercios los liberados existentes en la Administración Pública a partir del próximo 1 de octubre, equivale apenas al uno por mil sobre el total del ajuste previsto hasta finales de 2014 (150 sobre 102.149 millones de euros), según consta en el Plan Presupuestario remitido el pasado 3 de agosto a la Comisión Europea.

Pese a su evidente inconsistencia lógica, el recurso de la derecha política, económica y mediática a la deslegitimación del sindicalismo utilizando ésta y otras vías similares no es casual ni inocuo, por cuanto resulta necesario para el despliegue de su estrategia desreguladora y acaba influyendo en las percepciones y comportamientos sociales de una parte de la población, alimentando procesos de desafección por la acción colectiva y quienes la protagonizan, en una demostración del clásico teorema sociológico según el cual “…lo que las personas perciben como real, es real en sus consecuencias”,  es decir, que las percepciones sociales sí importan y acaban condicionando el comportamiento de las gentes, lo que obliga a los sindicatos a optimizar sus estrategias de comunicación e intervención social.

Tiempo y recursos de representación

Se trata, sin embargo, de una cuestión que cuenta con suficiente respaldo legal, homologación internacional y justificación real para justificar su reivindicación y defensa, desde la legitimidad de origen y la transparencia de ejercicio.

De entrada, la legislación internacional establece la obligación de empresas e instituciones públicas para dotar a los representantes sindicales de “…facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones” (art. 2.1 del Convenio 135 de la OIT),

Por su parte, la Recomendación 143 de la misma OIT  determina que el tiempo para el ejercicio de la actividad sindical habrá de ser “…sin pérdida de salario ni de prestaciones u otras ventajas sociales” (art. 9), tanto para “…desempeñar las tareas de representación en la empresa” (art. 10.1), como para “…asistir a reuniones, cursos de formación, seminarios, congresos y conferencias sindicales” (art. 11.1) fuera de la misma.

A nivel nacional, el Estatuto de los Trabajadores incluye entre las garantías de los representantes de los trabajadores en las empresas la de “…disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas…para el ejercicio de sus funciones de representación” de acuerdo con una escala que oscila entre  las 15 horas/mes para los delegados de  empresas con menos de 100 trabajadores hasta las 40 horas mensuales por delegado en las de plantilla superior a los 750, pudiendo “…pactarse en convenio colectivo la acumulación de horas de los distintos miembros del Comité de Empresa y, en su caso, de los delegados de personal, en uno o varios de sus componentes, sin rebasar el máximo total, pudiendo quedar relevado o relevados del trabajo sin perjuicio de su remuneración” (art. 68.e). Según la estadística oficial de la negociación colectiva, dos tercios de los convenios incluyen el correspondiente acuerdo entre las partes para la acumulación de las horas sindicales.

Similar regulación se establece para los funcionarios en el artículo 41.1.d, de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, con lo que los tan denostados “liberados” o “permanentes sindicales” tendrían una triple legitimidad de origen (legal, negocial y representativa), tanto en el sector privado como en el público.

Su número y función son también objeto de una recurrente e interesada manipulación que resulta necesario (y posible) desactivar, pese a las dificultades técnicas para un cálculo preciso, derivadas de las oscilaciones propias de la dinámica representativa y negociadora.

A tal efecto, la Encuesta Europea de Empresas realizada en 2009 por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo, sobre una muestra de 27.000 empresas con plantilla superior a los 10 trabajadores,  constituye una referencia fundamental, pues permite analizar comparativamente la cuestión, en base a datos y valoraciones empresariales, partiendo del principio de que “…el tiempo para realizar tareas de información, consulta, negociación y formación durante la jornada laboral regular, es una condición necesaria para una adecuada representación de los trabajadores y un importante factor de calidad de las relaciones laborales”.

egún dicha Encuesta, el 8% de los delegados de los trabajadores en la UE-27 estarían “liberados” y dedicados full time a sus funciones representativas, proporción que de aplicarse al caso español sobre los más de 310.000 delegados electos daría como resultado un total de 24.800 permanentes sindicales, cifra que triplica de hecho la realmente existente.

Asimismo, la citada Encuesta calcula, como media europea,  un 29% de los delegados sindicales dispondría, aún no estando “liberados”, de todo el tiempo necesario para el ejercicio de sus actividades representativas, proporción que en el caso español apenas alcanza el 7%

Así pues, aún dando por buenos, con las pertinentes cautelas, los cálculos realizados al respecto por la CEOE para el sector privado y por el Ministerio de Economía para el público, el número de “liberados” sindicales sería muy inferior al que correspondería de aplicar los standares europeos en la materia, conforme acreditan tanto la encuesta de referencia como otros estudios comparados.

Según el “Informe sobre la representación sindical en España”, hecho público por la CEOE a principio de 2010, el número total de “liberados” sindicales registrados en el sector privado ascendería a 4.127, mientras que en el conjunto de las Administraciones Públicas su número habría alcanzado los 9.000, según cálculos aproximados del Ministerio de Hacienda.

Dichos cálculos hay que ajustarlos a la baja, en función tanto de los recortes  impuestos en el sector público, que supondrían una reducción superior a los dos tercios, como la derivada de la disminución de delegados electos provocada por la crisis en las empresas del sector privado, por lo que el número total de delegados sindicales dedicados a tiempo completo al cumplimiento de sus funciones de representación, negociación, asesoramiento e información consagradas por la legislación, se situará finalmente en torno a los 7.000, lo que representa, como ya se ha indicado, menos de la tercera parte de los que correspondería de aplicarse la ratio europea en la materia y equivale, en el caso español, al 2,2% del total de representantes electos

En términos agregados, el tiempo dedicado a actividades de representación sindical, incluyendo tanto el crédito horario acumulado como el utilizado parcialmente por los delegados sindicales, equivaldría a 1,5 horas/año, lo que sobre una jornada anual media de 1.644,3 horas, representa apenas el 0,09 por cien, según datos de la última Encuesta sobre el tiempo de trabajo, realizada por el INE

Funciones del sindicalismo

El discurso conservador de deslegitimación del sindicalismo se centra en denunciar enfáticamente los costes de su intervención, acumulando a tal efecto tanto los recursos humanos (delegados con horas sindicales y liberados) como los materiales (subvenciones económicas) e institucionales (participación en programas de formación), ignorando deliberadamente los derechos que la avalan y los beneficiosresultantes de la misma.

En el primer caso, conviene recordar la cobertura legal que, desde la Constitución a las leyes orgánicas que regulan la negociación colectiva y las relaciones laborales (Estatuto de los Trabajadores, LOLS, EBFP), pasando por la legislación específica en materia de salud laboral, formación profesional, solución extrajudicial de conflictos, etc., legitima el ejercicio de las funciones sindicales, cuya cobertura universal justifica el acceso a recursos humanos (liberados sindicales) y materiales de financiación pública.

Para evaluar adecuadamente la cuestión baste con hacer referencia a alguno de los principales ámbitos de la intervención sindical, cuyos costes humanos y materiales asumen los sindicatos y cuyos beneficios alcanzan a la totalidad de los trabajadores y, por extensión al conjunto de la sociedad:

• Con tres millones de afiliados, trescientos mil delegados elegidos en las empresas con la participación directa de siete millones de trabajadores, los sindicatos negocian anualmente alrededor de 5.000  convenios colectivos, que regulan las condiciones salariales y laborales de más de 15.000.000 de trabajadores

• En la negociación de dichos convenios participan regularmente alrededor de 30.000 sindicalistas y expertos (abogados, economistas, etc.) aportados por las organizaciones mayoritarias

• Más difícil de cuantificar, pero no por ello menos importante, es la actividad de asesoría, interlocución y defensa de los trabajadores que realizan cotidianamente los sindicalistas en más de 300.000 empresas en que tienen presencia directa e indirectamente en el resto

• Son 180.000 los delegados de salud laboral designados y sostenidos por los sindicatos, cuya contribución al desarrollo de una nueva cultura de la prevención y a la reducción sostenida de los índices de siniestralidad ha sido decisiva

Con todo, los principales beneficios de la intervención sindical, una parte importante de la cual la desarrollan diariamente los “liberados”, se miden con magnitudes no estrictamente cuantitativas sino con la expansión de derechos, mejora de las condiciones socioeconómicas y laborales de los trabajadores, desarrollo de la sociedad civil y de las instituciones democráticas y cobertura del Estado de Bienestar por lo que, a sensu contrario, las limitaciones a su intervención, mediante el recorte de sus recursos y la desregulación del sistema de relaciones laborales, apuntan hacia la involución en toda esa serie de derechos y conquistas sociales.                  Pere J. Beneyto 

 

Una de las frases que se han estado reproduciendo con mayor frecuencia en los medios de mayor difusión a los dos lados del Atlántico es que “el euro está en peligro de desaparecer”.

Una y otra vez se subraya que el euro puede colapsarse creando un enorme problema, no sólo a los países de la Eurozona, sino a toda la economía mundial, resultado de la importancia que ha adquirido tal moneda a nivel internacional. El euro, sin embargo, no está en peligro de desaparecer. Como bien dijo el Sr. Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, en su conferencia de prensa última (02/08/12), “el euro no ha estado ni estará en peligro”. En realidad, el Sr. Draghi podría haber hecho referencia a que el euro continúa estando por encima del dólar, habiendo descendido algo desde su momento de auge, pero permanece todavía por encima del valor que muchos sectores exportadores de la Eurozona desearían. Y el hecho de que no esté en peligro se debe a que las fuerzas dominantes que determinaron su establecimiento continúan existiendo y beneficiándose de su existencia.

 

Aquellos que continúan insistiendo en que el euro está en peligro ignoran o desconocen cómo y el porqué se estableció. El euro se creó como un mecanismo para integrar la (dividida) Alemania post-nazi dentro de la Europa democrática. La reunificación de las dos Alemanias, deseada por la estructura de poder de aquel país, atemorizaba a la mayoría de países aliados que habían ganado la II Guerra Mundial, temiendo que surgiera de nuevo la Alemania unida frente a los países aliados (como Francia y Gran Bretaña) que habían sufrido dos veces en un siglo las ansias expansionistas de aquel país. De ahí que el presidente Mitterrand (que había dicho que quería tanto a Alemania que quería dos de ellas, en lugar de una) propusiera que el marco alemán fuera sustituido por una moneda europea –el euro-, a fin de anclar la nueva Alemania en la Europa democrática.

 

La condición que puso el gobierno alemán, sin embargo, fue que el euro fuera gobernado por una institución (el Banco Central Europeo, BCE) en el que el Bundesbank (el Banco Central alemán) tuviera la mayor influencia: en realidad, el BCE estaría bajo su control. La otra condición que puso Alemania fue la aprobación del Pacto de Estabilidad, que sometía a todos los países de la Eurozona a condiciones de gran austeridad fiscal, que deberían respetarse incluso en condiciones de recesión, como ahora. Para entender la aceptación de estas dos condiciones (que han tenido un impacto negativo en el crecimiento económico de toda la Eurozona) por parte de los países aliados, hay que entender el dominio hegemónico del neoliberalismo (iniciado por el presidente Reagan en EEUU y por Margaret Thatcher en Gran Bretaña) a los dos lados del Atlántico. Un promotor de tal ideología fue el capital financiero alemán, que estableció el control de la inflación como el objetivo central del establecimiento del sistema financiero europeo, centrado en el BCE, intentando a la vez disminuir el rol de los Estados y en su lugar, favorecer a la banca privada y al mundo empresarial exportador. Y así se hizo.

 

El Banco Central Europeo no es un banco central

 

Ahora bien, el problema mayor del BCE es que no era ni es un Banco Central. Un Banco Central digno de su nombre imprime dinero y compra la deuda pública de su Estado, regulando así los intereses de su deuda. Cuando tales intereses suben, el Banco Central compra deuda pública de su propio Estado y los intereses bajan. Con ello, el Banco Central protege a los Estados frente a la especulación de los mercados financieros con su deuda.

 

Pero el Banco Central Europeo no hace esto. Imprime dinero pero no compra deuda pública de los Estados, consecuencia de ello es que la deuda pública de los Estados está sujeta a la especulación de los mercados financieros. Ello explica que todos los Estados de la Eurozona sean muy vulnerables a tal especulación, pues no tienen un Banco Central que les proteja. Es cierto que el BCE ha comprado deuda pública de algunos de estos Estados (a pesar del mandato que tiene de no hacerlo) cuando la situación ha alcanzado un nivel intolerable en algún país. Pero lo hace casi clandestinamente y muy a regañadientes, y en cantidades muy insuficientes. Y los mercados financieros son conscientes de ello. No hace, pues, lo que debe hacer un Banco Central, que es indicar a los mercados financieros que actuará con contundencia cada vez que se inicie un ataque de especulación, no permitiendo que éste tenga lugar. El grado de desprotección que un país puede alcanzar aparece claramente ahora en el caso de España. A pesar del enorme ascenso de la prima de riesgo, el Estado español no puede hacer nada (repito nada) para protegerse de tal ataque. El argumento de que hay que reducir el déficit público para recuperar la confianza de los mercados y dejar que éstos especulen es frívolo en extremo. El que marca los intereses de la deuda pública es el Banco Central, no los mercados financieros. Y el hecho que la prima de riesgo sea tan elevada en España se debe a que el BCE no ha comprado deuda pública desde hace ya casi 5 meses.

 

¿Qué hace, pues, el mal llamado Banco Central Europeo?

 

El BCE, en lugar de prestar dinero al Estado, ha prestado dinero a los bancos privados, a unos intereses bajísimos (menos de un 1%), y con este dinero, estos bancos compran deuda pública a unos intereses elevadísimos, de un 6 ò un 7% (como es el caso italiano y español). Es el negocio más redondo del año. Esta situación se justifica con el argumento de que tales préstamos a la banca privada garantizan la efectividad del sistema financiero y la oferta de crédito, aún cuando la evidencia de que tales préstamos repercutan en una mayor disponibilidad de crédito es muy limitada. El crédito, por lo general, no aparece ni se le espera. El BCE ya ha prestado casi 500.000 millones de euros desde diciembre de 2011 a la banca española e italiana, sin que el crédito aumentara a las familias o a las pequeñas y medianas empresas. La evidencia de esta realidad es robusta y convincente.

 

En este sistema financiero europeo, la banca alemana es la dominante y ello, no solo por diseño de los fundadores del euro, sino también por la enorme acumulación de capital financiero resultado de otro diseño político, consecuencia de una serie de decisiones tomadas por los sucesivos gobiernos alemanes. El gobierno Schröder tomó una serie de medidas, continuadas por los gobiernos Merkel, que potenciaron el sector exportador a costa de la demanda doméstica. En un enfrentamiento entre el canciller Schröder y su Ministro de Finanzas, Oskar Lafontaine, este último quería que la demanda doméstica fuera el motor de la economía alemana (y por ende, de la economía europea), para lo cual proponía una subida de salarios y aumento del gasto público, denunciando que el crecimiento de la productividad estaba beneficiando más al capital que al mundo del trabajo. El canciller Schröder, sin embargo, se opuso a esta estrategia, favoreciendo, en cambio, que el sector exportador fuera el motor de la economía, propuesta que el sector empresarial y financiero apoyó y que se impuso, facilitando la acumulación de capital a costa de mantener una escasa demanda doméstica. Ello generó una enorme concentración de euros en el sistema financiero que, en lugar de mejorar los salarios de los trabajadores alemanes (como Oskar Lafontaine deseaba) compró deuda privada y pública en los países donde había una mayor rentabilidad de aquella inversión financiera, que era precisamente en los países periféricos de la Eurozona, incluyendo España. El origen de la burbuja inmobiliaria en España es precisamente el flujo de capital financiero del centro, incluyendo Alemania, a la periferia, flujo que fue facilitado también por la escasa capacidad adquisitiva de la población española (resultado de la disminución de las rentas del trabajo durante los últimos quince años) y consiguiente necesidad de endeudamiento.

 

¿Cómo aparece la crisis en España?

 

Cuando la banca alemana paralizó el flujo de capital financiero a la periferia (como consecuencia del pánico que le entró al verse contaminada con los productos tóxicos de la banca estadounidense) las burbujas inmobiliarias colapsaron, creando un agujero en el PIB español de un 10% (y todo ello en cuestión de meses), disparando el desempleo y los ingresos al Estado, apareciendo con toda su crudeza el enorme déficit estructural público de España (que había sido causado por las grandes rebajas de impuestos en tiempos de bonanza) y que había estado ocultado por el crecimiento del gasto público, resultado de la burbuja inmobiliaria. El enorme crecimiento del déficit público del Estado no se debía, como decía el pensamiento neoliberal dominante de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), al disparo del gasto público, sino al colapso de los ingresos al Estado. De ahí que las medidas de austeridad que se han estado imponiendo no tienen ninguna oportunidad de resolver el problema del déficit público, el cual sólo se puede reducir a base de incrementar los ingresos al Estado mediante el estímulo del crecimiento económico y de las reformas fiscales progresistas que faciliten el aumento de estos ingresos, aumento necesario para resolver el mayor problema, no sólo humano y social, sino también económico, que existe en la Eurozona (y en España), y que es el desempleo.

 

¿Cuál es el propósito de la supuesta ayuda financiera?

 

La narrativa oficial es que tal ayuda viene a ayudar al sistema financiero español. La realidad, sin embargo, es distinta. Su objetivo es ayudar a que los Estados (incluyendo España) y los bancos de la periferia a que paguen su deuda a los bancos del centro de la UE, y muy en especial a la banca alemana. En realidad, hubiera sido una medida más eficiente (que la transferencia de fondos a los bancos) el que tales fondos se hubieran distribuido a la población endeudada así como a las pequeñas y medianas empresas y al Estado (tanto central como autonómico) a través de agencias de crédito estatales como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), proveyendo crédito a intereses bajos, resolviendo así el enorme problema de falta de crédito. La experiencia muestra que transferir estos fondos a los bancos no resolverá tal problema. La población está enormemente endeudada, y el Estado también. Pero tales “ayudas” financieras no están, en contra de lo que dice el discurso oficial, orientadas a ayudar a los países sino a los bancos del centro de la Eurozona y muy en particular, los bancos alemanes, como indica Peter Böfinger (Chatterjee, Pratap, “Bailing Out Germany: The Story Behind The European Financial Crisis”, 28/5/2012), consejero económico del gobierno alemán. Un tanto igual ocurrirá con la intervención que el BCE desea que ocurra en España (puesto de manifiesto en la última conferencia de prensa del Sr. Draghi) pues, como ha ocurrido en Grecia, Portugal e Irlanda, el objetivo principal de tal intervención es que los acreedores reciban su dinero.

 

¿Dónde está el problema del euro?

 

El hecho de que el Estado español tenga dificultades en obtener liquidez, y que esté en dificultades, no quiere decir que el euro esté en dificultades. En realidad, este desequilibrio en la disponibilidad de crédito le está yendo muy, pero que muy bien a la banca alemana (receptora ahora de un enorme flujo de capitales de la periferia al centro) consecuencia de la inseguridad financiera existente en la periferia. La fuga de capitales de la periferia al centro está descapitalizando a los países periféricos y enriqueciendo a los bancos y al Estado alemanes (los bonos del Estado alemán son hoy los más seguros del mundo, junto con los estadounidenses).

 

La situación que se llama de crisis, no es crisis del euro. A los países de la Eurozona periférica, el sistema de gobierno del euro les está yendo fatal. Pero, repito, ello no quiere decir que el euro se colapsará. Sólo colapsaría si los países periféricos abandonasen el euro, lo cual es casi imposible, y ello por razones políticas. Las medidas que se están tomando en la periferia (en teoría para salvar el euro, el cual está en muy buena salud), están favoreciendo a las clases dominantes de aquellos países. Las burguesías de los países periféricos están utilizando la crisis para conseguir lo que siempre han deseado: reducir los salarios, eliminar la protección social y desmantelar el Estado del Bienestar. Y todo ello con el apoyo de la troika. Así, cuando Mario Draghi llamó a Zapatero antes, y a Rajoy ahora, lo que le pide es que, a condición de que les ayude, desarrollen las políticas de confrontación con el mundo del trabajo (y esto es lo que ocurrirá si España está intervenida). Y en su conferencia de prensa, Mario Draghi no podía ser más explícito. Indicó que la ayuda del BCE estaba condicionada a la desregulación de los mercados laborales y a la reducción del gasto público (del cual la mayoría es el social). Es lo que Noam Chomsky ha llamado la guerra de clases unidireccional (ver su introducción al libro Hay alternativas de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón). Se ha establecido así una alianza de las clases dominantes (que Jeff Faux definió en su día como la lucha de clases a nivel mundial) que ahora toma lugar a nivel europeo.

 

Nos encontramos, pues, en una situación en la que la troika (que representa los intereses de la burguesía financiera y exportadora alemana y de otros países del centro) coincide con las burguesías financieras y empresariales de la periferia, en que el euro permanecerá, pues está sirviendo a sus intereses. Lo último que el establishment alemán desea es que Grecia, España, Portugal, Irlanda y ahora Italia, dejasen el euro. Esto significaría el colapso de la banca alemana, que posee 700.000 millones de deuda pública y privada de estos países.

 

Y las burguesías periféricas tampoco desean salirse del euro porque les permite conseguir lo que siempre han deseado, externalizando la responsabilidad. Es más, salirse del euro abriría un enorme interrogante sobre su propio futuro. De ahí que de tal alianza de clases puede concluirse que tendremos euro para rato. Así de claro.

Viçens Navarro. Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU)