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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, manifestó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado el viernes que la mayor prioridad ahora es reducir el déficit público hasta el objetivo del 6,3% del PIB que permite la Unión Europa a nuestro país.

Para ello, el Ejecutivo seguiráreduciendo el gasto público y buscando fórmulas para elevar los ingresos, como la próxima entrada en vigor de la subida del IVA, aunque se grave el debilitado consumo de nuestro país.

 

Sin embargo, la necesaria reducción del déficit público se está consiguiendo en gran medida por el lado del gasto, aplicando duros ajustes en la economía y perjudicando el poder adquisitivo y bienestar de los ciudadanos. Por ello, los Técnicos de Hacienda recalcamos una vez más que hay alternativas que no ahondan en la recesión y, por tanto, nos alejan de la intervención de la economía española.

 

De hecho, la aprobación de las medidas de ajuste que desde las Instituciones Europeas se ha exigido a España para cuadrar su déficit, como son la subida del IVA, el recorte de los sueldos de los empleados públicos, la reducción de las prestaciones por desempleo y de la cartera de servicios públicos, tan sólo aportaría una recaudación entre 20.000 y 22.000 millones de euros anuales.

 

Además, consideramos que la subida del IVA es injusta en la medida en que aumenta el esfuerzo fiscal de las familias frente a las empresas, y es regresiva porque afecta en mayor medida a los ciudadanos con bajos ingresos que a quienes disponen de más recursos: mientras los primeros dedican gran parte de sus ingresos a pagar el IVA –que grava el consumo–, los segundos además de consumir tienen posibilidad de ahorro sobre lo que no se aplica este impuesto.

 

La puesta en marcha de estas drásticas medidas por parte del Gobierno, pese al impacto positivo previsto sobre el déficit público, reducirá notablemente el consumo interno, provocando el cierre de centros de producción con el consiguiente el aumento del desempleo, por lo que a corto y medio plazo se agravará aún más la recesión de la economía española y el desplome de la recaudación perjudicará el objetivo previsto.

 

Con alternativas que no perjudican el consumo ni el empleo, se podría conseguir igualmente una recaudación entre 20.000 y 22.000 millones, según nuestros cálculos, con la creación de un Impuesto sobre la Riqueza (dado que el Impuesto sobre el Patrimonio se extinguirá el 31/12/2012), un tipo del 5% adicional en el Impuesto de Sociedades para las grandes empresas con beneficios por encima del millón de euros, y un Impuesto a las Transacciones Financieras, las cuales no tributan por IVA.

 

Alternativas, sin perjuicio de una reforma integral del Ministerio de Hacienda y de la AEAT para lograr un afloramiento importante de la economía sumergida.

 

Carlos Cruzado,  Presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA)

Desde el poder establecido por el neoliberalismo, tanto europeo, como español, se quiere hacer recaer la responsabilidad de la crisis, que estamos padeciendo, en las personas corrientes, diciéndonos que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que en consecuencia, ahora debemos aceptar sumisamente lo que nos está sucediendo porque hemos sido unos despilfarradores.

Los neoliberales nunca asumen las consecuencias de sus políticas favorecedoras de las clases ricas y achacan además las culpas a los otros. Esta campaña ideológica intensa, que estamos sufriendo, hace pensar que somos culpables y en consecuencia la única medicina es dejar de ser protestones y asumir todo lo que se nos ordene desde el gobierno.

La mayoría de los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y los datos refutan este axioma falso de los neoliberales. Veamos.

Los funcionarios  han visto reducido su poder adquisitivo de una forma continuada desde el año 1990 hasta finales del 2011 en un 52%, debido a las continuas congelaciones salariales y a la disminución salarial de forma unilateral por el gobierno de turno.

Si seguimos el informe de OIT, nos dice que desde el año 1995 al 2007, los salarios medios reales tuvieron un crecimiento nulo en este periodo de esplendor económico.   Sin embargo, otros consideramos que el descenso en este mismo periodo ha sido del 10%. Esto fue posible por la política de moderación salarial firmada por los sindicatos UGT y CCOO con la patronal. Resulta que cuando va bien la economía debemos de ganar menos y cuando va mal nos los bajan de forma unilateral y haciéndonos perder salario y derechos. ¿Cuándo los trabajadores recuperarán todo esto?

Nunca hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, sino por debajo de lo que nos hubiera correspondido por nuestro trabajo, pues como vemos, hemos sufrido décadas de disminución salarial. Lo que ha sucedido es que se ha producido en estos años la inserción de la mujer en el mundo laboral, y donde antes había un solo salario, ahora hay dos. Esto es lo que ha permitido una mejora general. Desde 1990 hasta 2010, se han unido al mundo laboral más de tres millones de trabajadoras nuevas.

A todo esto nos estimulaban al consumo con el acceso a un crédito fácil y a bajos tipos de interés, que aportaban liquidez a nuestros bancos, los franceses y alemanes, para que consumiéramos sus productos. Esto ha provocado un gran endeudamiento de las familiar españolas, siendo aproximadamente unos 850.000 millones de euros, una cantidad muy importante siendo uno de los países del mundo con mayor endeudamiento familiar.

La política neoliberal impulsó desde 1980 un consumo irracional, en aras de una libertad, lo que nos llevó a vivir del crédito, y en consecuencia, a una multiplicación del dinero, que nos ha llevado a una globalización irreal y no sostenible. Con esta política, el capitalismo asegura una potente demanda de consumo, mientras que se apropia de la productividad, consiguiendo mantener los salarios congelados.

El salario medio bruto anual en la industria y en los servicios en el año 2006 era de 22.667 euros anuales, mientras que en Francia era de 29.224 euros y en Alemania de 41.038 euros. El salario medio de la Europa del euro era de 33.000 euros. Está claro que la crisis actual no la han creado los trabajadores españoles.

En el año 2000, las rentas salariales representaban el 49,4% del PIB nacional y sin embargo, a mediados de 2007 ya solo era del 47,4%, y a finales de 2011 había caído al 45%. A este dato hay que añadir que en los últimos once años se han añadido cinco millones de trabajadores nuevos, es decir, que siendo muchos más trabajadores, cada vez representamos menos en el PIB del país. Esto es posible porque las rentas del mundo del trabajo se han ido  al beneficio del mundo del capital.   Mientras que las rentas del capital han pasado del 40,5 % del PIB en el año 2000 al 43,7% del año 2008, estando a finales del 2011 en el 45% del PIB.  

Todo esto demuestra, que los trabajadores no hemos creado la crisis con nuestros salarios, pues los datos con incontestables.  Esto debería llevar a una profunda reflexión a los sindicatos mayoritarios, para que analizaran las consecuencias de su política de moderación salarial. ¿Reflexionarán UGT y CCOO?  Me temo que no.

Estamos asistiendo como vemos a una campaña de meter miedo a la gente y de responsabilizarnos colectivamente y lo hacen intentado que interioricemos la frase“hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. En consecuencia debemos asumir con resignación cristiana nuestros pecados y vivir como un castigo estas políticas irracionales de recortes de derechos sociales, económicos y políticos llevadas a cabo por los gobiernos de Zapatero y de Rajoy.

Desde 1996 a 2010, la presión fiscal ha subido en nuestro país un 4,5% del PIB, pero esta mayor recaudación se ha conseguido a través de impuestos indirectos con un gran coste social y con un fuerte gravamen del mundo laboral, mientras que las rentas del capital cada vez pagan menos, es ahí donde encima se encuentra la escandalosa bolsa de defraudación fiscal, valorada en unos 80.000 millones de euros anuales, de los cuales más de la mitad de esta defraudación  provienen de las 35 empresas que forman el IBEX

¿Somos culpables de esto los ciudadanos? O somos los sufridores y paganos de esté escándalo social.

Nos hablan de que no se puede sostener nuestro sistema social pro ser muy caro. Nuevamente asistimos a la enésima mentira. España es de los países europeos con menor gasto social. Gastamos en el año 2005 el 20,8% de nuestro PIB mientras que la Europa a 15 lo hacia en el 27,5% de su PIB, así que despilfarradores nada de nada.

Miremos como miremos, el mundo del trabajo no ha creado ninguna crisis, ni hemos sido despilfarradores para nada. Ha sido el mundo financiero con su usura quien lo ha creado y ahora tiene dos objetivos muy claros, por un lado, socializar las pérdidas y privatizar los beneficios y en segundo lugar, para no asumir la responsabilidad de la crisis, tiene que hacer asumir la crisis con el cuento de que hemos sido despilfarradores. Ellos si que son despilfarradores y no el mundo del trabajo. Se piensan que son una casta superior y como seres humanos todos somos iguales, aunque ellos estén apestados de billetes en muchos casos ilegalmente obtenidos.

Así que no nos dejemos engañar y culpabilicemos de la crisis a quien la ha creado, que no es otro que el mundo financiero. 

                  Edmundo Fayanas Escuer | Profesor y licenciado en Historia

Una de las consecuencias de la enorme crisis financiera y económica que estamos experimentando es la pérdida de confianza en las élites gobernantes, sean éstas financieras, económicas, mediáticas o políticas. La confianza que un sistema político democrático requiere que exista entre el establishment –las instituciones que gobiernan las distintas actividades financieras, económicas, mediáticas y políticas del país- por un lado, y las clases populares por el otro, se está perdiendo rápidamente. La gente normal y corriente, que solía creer que “los que mandan” son mejores y tienen más información sobre la cual toman decisiones, ya no cree en ello. Más y más gente cuestiona que las élites que están arriba mandando estén allí debido a su mérito. Según la última encuesta de valores realizada por la Pew Foundation, la mayoría de las poblaciones de los países en recesión incluyendo los países de la Eurozona, no confían en las élites gobernantes. Y ello explica que tales élites estén perdiendo no sólo la confianza sino su legitimidad para “mandar”, sea en el sector que sea.

Hay muchas consecuencias de este hecho, fácilmente evidenciables. Pero una de las más importantes es que además del esquema político derecha-izquierda hay que incluir otra línea divisoria que separa los que están arriba de todos los demás, que constituyen la gran mayoría de la población. Esta mayoría percibe que la línea ascendente en el gradiente social no la determina el mérito, sino las conexiones y relaciones interpersonales determinadas en gran parte por el origen social del individuo, definido este por clase social y género. En realidad, la evidente incompetencia de los que están arriba (tanto en los sectores financieros como en los políticos), que aparece claramente en su continuo y persistente intento de seguir las políticas de austeridad que han conducido a estos países al desastre, muestra que el mérito tiene poco que ver con que estén donde están. Las conexiones y redes de intereses (que los sociólogos llaman capital social y la gente normal y corriente llama las conexiones y enchufes) que les permiten trepar, explica que estén arriba. Ésta es la percepción hoy generalizada.

Es lógico, pues, que la gran mayoría de la ciudadanía cuestione el sistema que permite a las élites existir, permanecer y reproducirse, sin ninguna justificación o responsabilidad frente a los demás (lo que en inglés se llama accountability). La meritocracia aparece como la ideología que las élites promueven en los medios que controlan para justificar su poder. La pérdida de credibilidad de esta ideología es clara y enorme. La gran mayoría de la población en la citada encuesta Pew, no cree que las élites gobernantes sean “mejores” que la gente normal y corriente. En realidad, comienza a verse lo contrario. Unos porcentajes que están creciendo son los de los que piensan que la gente de arriba es más corrupta que la gente normal y corriente. Se han enriquecido, no a base de sus méritos, sino a base de sus contactos y conexiones (repito, el llamado capital social).

Esta toma de conciencia lleva a una situación que tiene un enorme potencial explosivo, pues el mayor grado de conocimiento y mayor exigencia que ello conlleva, conduce a una situación en que la falta de credibilidad de la ideología meritocrática provoca el deseo de cambiarla o eliminarla. Y de ahí surgen los movimientos contestatarios: de la concienciación de que los que tienen gran poder en el país defienden, no los intereses generales de la población, sino los particulares que representan, careciendo de legitimidad para estar donde están y tener el poder que tienen.

Los movimientos contestatarios

No es, pues, por casualidad, que tales movimientos hayan surgido en países como España y como EEUU, donde hay mayor concentración del poder financiero, económico, mediático y político, y donde la relación existente entre estos diferentes establishments es más acentuada. La relación y conexión, por ejemplo, entre el establishment financiero, el mediático y el político alcanza dimensiones elevadas en España y en EEUU. De ahí el surgimiento del 15-M y del Occupy Wall Street. Son movimientos de denuncia de la gran concentración del poder y de las enormes limitaciones que ello determina en el sistema democrático de tal país. En ambos países las limitaciones del sistema democrático son enormes y evidentes. El “no nos representan” del movimiento 15M es ampliamente entendido y compartido por la mayoría de la ciudadanía, mayor en las personas de sensibilidad progresista, pero también presente en personas de sensibilidad conservadora.

Ello conlleva una distancia cada vez mayor entre los gobernantes y los gobernados, que incluye a los gobernados de distintas sensibilidades políticas. En ambos países, tales movimientos contestatarios actúan como conciencia colectiva de la mayoría de la población. Su gran poder deriva del gran apoyo popular que reciben. De ahí el enorme temor que tales establishments han mostrado, aumentando la represión, que ha alcanzado en España y en Catalunya un nivel no visto desde tiempos de la dictadura.

Tales movimientos, en contra de una imagen intencionada y sesgada promovida por los medios conservadores, han sido altamente exitosos, pues han puesto en el centro del debate y de la visibilidad mediática las enormes falsedades en las que se apoya el sistema. En España, hay una escasísima representatividad del sistema político (“no nos representan”), una enorme corrupción de las estructuras políticas (“no hay pan para tanto chorizo”), una exigencia del cambio (“si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir”), y una larga lista de eslóganes que reflejan gráfica y simbólicamente los enormes déficits del sistema político-económico heredado de la transición inmodélica, hecha en términos muy desiguales con gran dominio de las fuerzas conservadoras en aquel proceso de transición, determinando una democracia muy incompleta, con un bienestar muy insuficiente (todavía hoy España tiene el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15).

Estos movimientos, con su estrategia de ridiculizar al establishment (lo cual hacen con gran creatividad y humor) están mostrando que el rey está desnudo. La manera como los “yayo flautas”, un grupo de ciudadanos de edad avanzada, ridiculizan la pomposidad del poder es digna de aplauso y apoyo. Al poder hay que mostrarlo por lo que es: la mera defensa de intereses particulares para el enriquecimiento de élites que han trepado hasta arriba a costa de todos los demás.

No es su objetivo convertirse en un partido político sino denunciar los enormes déficits democráticos, y radicalizar a los instrumentos políticos y sociales que necesitan que se les agite para que sirvan mejor a la ciudadanía. Y lo están consiguiendo.

Una última observación. Este distanciamiento entre gobernantes y gobernados, resultado de las enormes insuficiencias del sistema democrático español, no debe llevar a un sentimiento antipolítico que conduce a un fascismo antidemocrático (Franco era el indicador máximo de la antipolítica) sino a un mayor nivel de exigencia democrática, pidiendo con toda contundencia, que se hagan las transformaciones profundas de lo que se llama democracia en España, para conseguir una democracia real y auténtica en la que sea la ciudadanía el origen de todo poder, expresado este, tanto en forma directa como indirecta, dentro de un sistema auténticamente proporcional el que cada ciudadano tenga la misma capacidad decisoria en el país, expresada a través de referéndums vinculantes (tanto a nivel central como autonómico y municipal) así como a través de instituciones auténticamente representativas. Y exigiendo también una pluralidad en los medios, hoy prácticamente inexistente en España, que represente la existente pluralidad que hay en la ciudadanía española.

“Nadie puede quedar excluido de los efectos de la recuperación económica” dijo el rey en su intervención que abría el último Consejo de Ministros, el que aprobó el mayor recorte de la democracia.

¿Un lapsus?  En absoluto, dado que formaba parte de una declaración escrita y formal. Por tanto, es fácil deducir que dijo exactamente lo que quería decir.  ¿Y qué quería decir? Exactamente eso: que cuando llegue la recuperación nadie debe “quedar excluido” de sus efectos… pero dado que ésta  no se otea en el horizonte cercano, ¿significa que avala, justifica, pasa por alto la exclusión de hoy, en pleno hundimiento económico? ¿Esta defendiendo o dando por hecho el desmontaje de las coberturas sociales?

Una declaración aparentemente social pero calculadamente y perversamente antisocial que reproduce los argumentos de la derecha más reaccionaria y neoliberal. Dice mucho más de lo que parece decir porque hace depender la inclusión social de la coyuntura y de las leyes del mercado, de la recuperación. Las declaraciones del Rey se enfrentan  al sentido de la Seguridad Social cuya razón de ser es justo  la contraria, una red que debe sostener a cualquier ciudadano cuando las cosas les van mal, en plena crisis, no cuando no lo necesita.

Al hablar así, el rey asume una posición ideológica absolutamente ajena a la neutralidad institucional, la peor, la que más le aleja de la mayoría de sus conciudadanos. Después de destinar 35 de años de democracia a construir una red de seguros sociales para evitar que la gente tuviera que depender de “sus ahorrillos”… o descender a la miseria en situaciones de gran crisis,  ”la solución” no puede ser desmontar a toda prisa esa red social justo cuando más se necesita, para que el destino de cada uno vuelva a depender de los propios apoyos familiares… o, en su ausencia, depender de la beneficencia hasta descender a la miseria más absoluta. Es cinismo social pero es, también, un nuevo error y una metedura de pata más.

“Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir” decía pocos meses antes, el 18 de abril, al pedir perdón después de su viaje a Bostwana. Aquellas palabras que parecían espontáneas respondían a un estudiado Plan de Comunicación para reconciliarse con la Sociedad después de su ruptura de cadera en una cacería de elefantes, días después de que su nieto Felipe Luis Froilán, de 11 años, se disparara en el pie en otra cacería igualmente extraña, mientras su yerno  Iñaqui Undargarín, procesado por el caso Noos, era portada en todos los diarios. Es entonces cuando incorpora a su equipo a Javier Ayuso, ex director de Comunicación del BBVA y experto en asuntos económicos. ¿Significa quizás que ese cambio anticipa y explica una nueva actitud pública alineada con la posición de banqueros y grandes empresarios?

El mismo cinismo social era exhibido, unas semanas antes, por el príncipe Felipe. Ocurrió en otro acto solemne, el 21 de junio pasado, en Nueva York, con ocasión del discurso en el Nuevo Campus del IESE, rodeado de empresarios. Allí dijo algo también tremendo, que “nuestros precios y salarios están marcando el ritmo del retorno al sendero de la competitividad”. Significa un apoyo claro al descenso unilateral y forzado de salarios incluido en una reforma laboral que el PSOE ha recurrido al Tribunal Constitucional y que está siendo aprovechada para un ajuste de plantillas que incrementa el desempleo masivo. Utilizar el plural “nuestros salarios” se presta a mofa. ¿Se refiere a su rebaja del 7% como factor de competitividad?

Su misma presencia activa en este y no a otro Consejo de Ministros fue ya chocante. Es una práctica habitual que presida alguno de los primeros Consejos de cada legislatura, pero parece extraño qué participara en este, seis meses después de comenzar,  en el que se aprobaban los principales recortes. Todo parece indicar un cambio estratégico en el perfil de la política de comunicación de la Casa Real.

Si todavía no está convencido del giro de sus mensajes, una nueva perla del Príncipe en el mismo acto: festeja  que “nuestras familias estén reduciendo sus niveles de deuda mientras mejoran su ahorro”. ¿En qué mundo viven?  O peor ¿en qué mundo quieren vivir?                                            Ignacio Muro

Una de las características que España comparte con los otros países intervenidos en la Eurozona (Grecia, Portugal e Irlanda) es la pobreza de su Estado.

Los ingresos al Estado son de los más bajos de la UE-15, el grupo de países de la UE más próximos a España por su nivel de riqueza. Cuando la crisis empezó, representaban sólo el 34% del PIB (en Grecia el 37%, en Irlanda el 34% y en Portugal el 39%. Como comparación, en Suecia representan el 54%). Esta pobreza se basa (como también les ocurre a los otros países intervenidos) en la escasa capacidad recaudatoria del Estado, que se explica, en parte, por la gran regresividad de su política fiscal. Las rentas del capital, por ejemplo, reciben un tratamiento muy distinto a las rentas del trabajo. A las primeras se las trata mucho más favorablemente que a las segundas. Esto implica que las personas que derivan la mayoría de sus rentas de la posesión de capital pagan muchos menos impuestos que los que derivan tales rentas del mundo del trabajo, y que representan la gran mayoría de la ciudadanía. Ni que decir tiene que hay argumentos (algunos válidos) para explicar tal diferencia, pero toda la evidencia muestra que en España tal diferencial es excesivo, y ello como resultado de que los poseedores de capital tienen mucha más influencia sobre las instituciones políticas que los que derivan sus rentas del trabajo. Ejemplos de ello hay múltiples. Veamos.

En los años de bonanza económica, creada principalmente mediante la burbuja inmobiliaria, el Estado español (que incluye el Estado central y las CCAA) redujo los impuestos significativamente, sobre todo de las rentas del capital y de las rentas superiores. Este descenso creó un déficit estructural que pasó desapercibido porque los ingresos al Estado subieron espectacularmente, resultado del elevado crecimiento económico y crecimiento de empleo.

Ahora bien, cuando la burbuja inmobiliaria explotó (resultado de que la banca europea, principalmente la alemana y la francesa – que había alimentado la burbuja inmobiliaria española- dejó de prestar a la banca española, porque aquella, la banca europea, estaba contaminada con productos tóxicos procedentes de la banca norteamericana) apareció con toda su crudeza tal déficit estructural del Estado, causado por aquellas reducciones de impuestos (según el Fondo Monetario Internacional la mitad del déficit estructural se debía a la rebaja de impuestos).

Pero, cuando el déficit apareció, en lugar de anular las rebajas fiscales para recuperar los fondos del Estado, éste (tanto central como autonómico) recortó el gasto público, incluyendo el gasto público social, asumiendo que el crecimiento del déficit del Estado se debía al excesivo tamaño de tal gasto público, atribuyéndole, además, ser una de las causas de la crisis. Tal argumento fue promovido extensamente a pesar de que la evidencia existente claramente lo cuestiona. En realidad, el Estado español, cuando se inició la crisis, estaba en superávit, y la deuda pública era de las más bajas de la Eurozona. El crecimiento tan acentuado del déficit no se debió a que se disparara el gasto público, sino a la bajada de impuestos que había creado el déficit estructural, incrementada esta bajada por la enorme disminución de la actividad económica y del empleo, puesto que, al depender de una manera tan acentuada los ingresos al Estado de las rentas del trabajo, el elevadísimo desempleo -que el estallido de la burbuja produjo- se tradujo en una gran disminución de los ingresos al Estado.

Ignorando estos hechos, la respuesta a la crisis fue recortar el gasto público, sin tocar las causas estructurales del déficit. Ejemplos de ello hay a miles. Se congelaron las pensiones, intentando ahorrar 1.200 millones de euros, recorte que hubiera sido innecesario si se hubiera mantenido el impuesto de patrimonio (2.100 millones de euros) o se hubiera anulado la rebaja del impuesto de sucesiones (2.552 millones) o se hubiera revertido el descenso de impuestos a las personas que ingresan más de 120.000 euros al año (2.500 millones).

Tras sus últimas propuestas, Rajoy intenta recortar todavía más, centrándose en los servicios públicos, incluyendo servicios i transferencias del Estado del Bienestar, 13.764 millones de euros en la reducción de los seguros de desempleo para, teóricamente, estimular a los parados a encontrar trabajo y 3.024 millones en los servicios de dependencia. Como ingresos al Estado propone recoger 22.104 millones en tres años (2.300 en el primer año, 10.134 en el segundo y 9.670 en el tercero) mediante el crecimiento del IVA. Pero como bien señala el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda español, GESTHA, (cuyas estimaciones hasta ahora han sido las más creíbles), la recaudación será mucho menor. De cada 100 euros gastados, el Estado recoge 9,7 euros (frente al promedio de la UE-15, de 12,3). Esto quiere decir que España pierde 17.000 millones de euros al año por el fraude del IVA. Hubiera sido, por lo tanto, más efectivo corregir este déficit en lugar de aumentar el IVA, que afectará sobre todo a la demanda de las clases populares. Las consecuencias de estas políticas regresivas serán aumentar todavía más las desigualdades en España, uno de los países más desiguales de la Unión Europea.

Vicenç Navarro | Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra