Categoría: Divulgacion

CCOO ha editado “La Inversión Socialmente Responsable: análisis de la situación actual, debate y propuestas”, una publicación con la que el sindicato pretende contribuir al impulso de la ISR, un objetivo de la acción sindical del sindicato que resulta especialmente necesario en una situación de crisis propiciada, en buena medida, por la falta de responsabilidad social de empresas e instituciones públicas de control, supervisión y regulación.

La ISR en palabras llanas, no es otra cosa que tratar de evitar que las empresas inviertan nuestro dinero en actividades que no respeten los derechos humanos, el medio ambiente, los derechos laborales, etc…

También, muy importante, es que no lo utilicen en nuestro perjuicio.  El dinero de nuestros planes de pensiones, seguros, ….  se encuenran en un Fondo que normalmente es gestionado por un tercero, que nos garantiza un interés, e invierte el total de dicho Fondo en el mercado.  Cuando los miles y miles de millones de euros que manejan las Gestoras de Fondos, los invierten en Deuda de los Estados, lo que están consiguiendo es que éstos tengan que hacer recortes de prestaciones y derechos a los ciudadanos para garantizar que devuelven el dinero invertido. Es decir nuestro dinero se convierte en un arma contra nosotros mismos.

CIUDADANOS ==>   FONDO PENSIÓN   ==>  GESTOR FONDO INVIERTE  DEUDA ESTADO ==> ESTADO RECORTA DERECHOS A CIUDADANOS 

O sea que nos nos jod….  con nuestro dinero.  

                                                                                Comfia-CCOO Caja3 (CB)

 Los sistemas de previsión social complementaria en la empresa (planes de pensiones, seguros, mutualidades de previsión social y entidades de previsión social voluntaria) existen en el marco de las relaciones laborales y la negociación colectiva, desde hace décadas. En los últimos 25 años han tenido un desarrollo significativo, centrado en medianas y grandes empresas, así como en administraciones públicas, si bien estas en su mayoría por cuantías individuales meramente testimoniales. Hoy mantienen sistemas complementarios de las pensiones públicas de jubilación, un 25% de las personas asalariadas y, en España, acumulan recursos por más de 40.000 millones de Euros.

Estos sistemas complementarios además de proporcionar prestaciones complementarias a las pensiones públicas llegado el momento, entretanto, deben invertir sus recursos en los mercados organizados de deuda pública, deuda emitida por las empresas u otros activos. La preocupación permanente de CCOO es que esa inversión se haga con criterios de prudencia, diversificación y búsqueda de rentabilidad razonable para poder atender las prestaciones previstas, pero también que este capital de los trabajadores se invierta con criterios socialmente responsables y ejerza influencia social promoviendo la financiación e inversión pública y privada, las buenas prácticas en las empresas, y atendiendo a criterios sociales (respeto de derechos de las personas en toda la cadena de proveedores, de los trabajadores y de los consumidores), de buen gobierno y sostenibilidad medioambiental.

Como consecuencia de esta labor, a la que CCOO contribuye desde hace años, veinte de los principales planes de pensiones del sistema de empleo, que agrupan a unos 700.000 partícipes y gestionan 6.000 millones de € de patrimonio, ejercen la propiedad activa en las empresas en las que participan. Asimismo, ocho planes de pensiones de empleo (100.000 partícipes y 8.000 millones de € de patrimonio), ya han suscrito y participan de la Iniciativa Principios para la Inversión Responsable (PRI), para el fomento y difusión de la ISR que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas.

Pero para esta labor, no basta con tener voluntad, es preciso contar con medios y herramientas adecuadas para alejarse del marketing responsable que practican muchas empresas e instituciones, buscando efectos meramente publicitarios, y dotar a los representantes de los trabajadores de formación y herramientas adecuadas. Entre esas actividades, CCOO realiza una labor de divulgación e investigación, con una primera publicación en 2009 . Ahora publica su segundo trabajo sobre esta materia con un enfoque internacionalmente inédito al analizar las fortalezas y debilidades de las agencias de investigación que actúan como proveedoras de servicios a los inversores socialmente responsables. 

El estudio presenta dos líneas de trabajo. En la primera, de carácter más divulgativo, se realiza un repaso a estudios y documentos relevantes en materia de ISR. La segunda, incluye un trabajo de investigación sobre el análisis medioambiental, social y de buen gobierno (ASG) que realizan estas agencias sobre las empresas (EIRIS, Sustainalytics y Vigeo, de forma detallada y una aproximación a MSCI y GES). Estas han sido incluidas en el estudio debido a su presencia global y también por su relevancia en el ámbito de la ISR en España. El objetivo de este trabajo es contribuir al impulso de la ISR a través de herramientas cada vez más completas, especialmente en relación con los indicadores sociolaborales, que tradicionalmente tienen un menor desarrollo y atención que los indicadores de buen gobierno y medioambientales. Existen indicadores clave en materia de seguridad y salud laboral, considerados por iniciativas internacionales relevantes, como por ejemplo la Global Reporting Initiative (GRI), que no suelen formar parte de los análisis de las agencias. En otros indicadores laborales fundamentales como son la libertad de asociación o el los trabajadores cubiertos por convenio colectivo, las agencias no suelen profundizar más allá de de datos básicos. Dada la variedad de normativas laborales existentes y el riesgo que corren estos derechos en determinadas áreas geográficas, es importante que estas cuestiones se valoren país a país.

Este trabajo ha identificado cuestiones sociolaborales que no suelen ser valoradas, pero que son susceptibles de ser analizadas, medidas y comparadas. Todo ello puede aportar valor a los inversores socialmente responsables y por ello, se ha incluido una propuesta de indicadores sociolaborales que esperamos sean de utilidad para el progreso del análisis y la medición de estas cuestiones.

No obstante, la ISR no debe finalizar en el sistema de empleo; para evitar futuras crisis financieras, es necesario que la ISR se extienda al resto de productos financieros e instrumentos de inversión y que sea conocida por la ciudadanía. La ISR es a su vez una vía más de fomento de comportamientos socialmente responsables de las empresas, cuya influencia incluso alcanza o puede alcanzar a estados soberanos.

“LA INVERSION SOCIALMENTE RESPONSABLE. Análisis de la situación actual, debate y propuestas. LAS AGENCIAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE CRITERIOS SOCIALES, MEDIOAMBIENTALES Y DE BUEN GOBIERNO. Una perspectiva sindical.” Mario Enrique Sánchez Richter; Jorge Aragón Medina; Carlos Bravo Fernández. Edita: Fundación 1º de Mayo. Madrid 2012. ISBN 978-84-87527-31-9. Puede descargarse el pdf en:

 http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub72243_La_Inversion_socialmente_responsable._

Anadie le entraría en la cabeza que, en caso de epidemia, el Gobierno reaccionara tomando medidas meramente políticas, sin tener en cuenta las consideraciones que pudieran hacer las autoridades sanitarias.

Sin embargo esto, que parece de sentido común, no se cumple en el caso de la crisis económica, donde los sucesivos Gobiernos están actuando al margen de las recomendaciones de los expertos en la materia.

El peligro de esta política de «ostracismo» frente a los consejos externos salta a la vista. Basta con recordar algunos ejemplos recientes, como las actuaciones realizadas por el Banco de España en contra de los dictados de sus propios inspectores, las políticas aplicadas para tratar de reducir el déficit sin considerar la opinión de los Técnicos del Ministerio de Hacienda o, más recientemente, la aprobación de una amnistía fiscal con el rechazo unánime de éste y otros colectivos del sector.

El resultado de no escuchar a los expertos siempre es el mismo: un fracaso en los objetivos previstos. Sin embargo, una vez más nos encontramos ante la misma situación tras el anuncio esta misma semana de un plan de recortes con la subida del IVA y los ajustes a los funcionarios como medidas ‘estrella’, aún cuando ambas chocan frontalmente con las alternativas planteadas por los Técnicos.

Por desgracia, el tiempo demostrará que estas políticas cortoplacistas implican necesariamente una reducción del consumo interno, lo que a su vez acabará agravando la recesión económica y obligará a aplicar nuevos recortes en un futuro. ¿Hasta cuándo seguiremos haciendo oídos sordos a quienes más pueden ayudar a encontrar soluciones?

Contesta Carlos Cruzado. Presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA)

Se trata de una cantidad equivalente a «una tercera parte del rescate bancario», entre 20.000 y 30.000 millones de euros, paralizada en los tribunales que debe salir al tráfico económico.

Por todo ello, el Ministerio mejorará las herramientas de las que disponen los secretarios judiciales para que puedan realizar averiguaciones patrimoniales y agilizar la ejecución de las resoluciones.

En una entrevista concedida a Europa Press, Joaquín Silguero ha señalado que esta cuantía no entrará en el flujo económico en la medida en que la tramitación de los procesos siga demorándose. Es «la gran masa, a la que hay que atacar y que nunca se ha atacado en este país, hasta el punto de que no hay cálculos fiables sobre esto», ha dicho.

El departamento que dirige se ocupa de controlar y supervisar la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales, que acumula fianzas, conceptos por embargos de bienes, cantidades halladas durante la práctica de diligencias judiciales o dinero aprehendido por las Fuerzas de Seguridad, por Vigilancia Aduanera o por cualquier otro funcionario que lo haya puesto a disposición del juez.

En concreto, la cuenta registró un saldo medio de 3.264 millones de euros tan sólo en el año 2011 y la suma total ascendería a entre «30.000 o 20.000» millones de euros. «Estamos hablando de la tercera parte del rescate bancario. Son unas cifras de una magnitud tremenda«, ha afirmado.

Silguero dice que es consciente de que las controversias tiene sus tiempos procesales pero critica que el resultado del pleito tarde años en ser ejecutado. «No entenderé nunca que desde el momento en que se dicte sentencia, se tarde años en ser ejecutada«, ha expresado.

«La gente cuando va a un proceso no distingue cuando le están declarando un derecho o cuando le están ejecutando algo que ha ganado en un juicio», explica.

120 MILLONES EN INTERESES

En este sentido, añade que la ley contempla el pago de intereses por mora judicial. «El artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que cuanto más se tarda en la ejecución, se cobra el interés legal más dos puntos«, apunta.

«Pero no creo que sea bueno para el país que esté generando 120 millones de euros de intereses, sino que tiene que estar en manos de las personas que son los acreedores de esas cantidades para que fluya en el tráfico económico», destaca.

Por todo ello, Silguero hace hincapié en poner el foco en el momento en dictar sentencia y, por ello, aportará herramientas electrónicas a través de un nuevo sistema de gestión procesal para que los secretarios judiciales, que son los «directores de la ejecución», puedan agilizar su actuación.

«Si les dotamos de ese programa para hacer las averiguaciones patrimoniales, conseguiremos que este dinero que está fuera, entre en el tráfico económico«, concluye.

Un estudio realizado por el grupo Tax Justice Network ha revelado que existen entre 17 y 26 billones de euros escondidos en paraísos fiscales, que habrían aportado 230.000 millones de euros en concepto de recaudación por impuestos.

Las afirmaciones de hace unos meses, comparadas con la situación actual, no tienen parangón.