Al final de su mandato, MAFO solo ha conseguido una parte de lo que venía persiguiendo desde que era Secretario de Estado de Economía: acabar con las cajas de ahorros. Una obsesión que …
Al final de su mandato, MAFO solo ha conseguido una parte de lo que venía persiguiendo desde que era Secretario de Estado de Economía: acabar con las cajas de ahorros. Una obsesión que le ha distraído y nos ha distraído a todos, también a los gobiernos, a la hora de abordar de raíz una reestructuración ordenada y coherente del sistema financiero.
Porque lo que ha fallado no es un sistema de gobierno, sino un modelo de negocio de los gestores y de control de los administradores, las administraciones y los supervisores. Muchas cajas de ahorros y algún banco se convirtieron directamente en socios de la Promoción Inmobiliaria además de financiarla y, todo ello, a lomos de la recalificación de terrenos promovida por las Administraciones Públicas, como vía de equilibrar los ingresos tras la intensa desfiscalización que promovieron en los años de la burbuja.
Tras el estallido, con una economía sobreendeudada y con gran parte del sistema financiero enladrillado se optó por la política de » la patada a seguir», en vez de sanear balances, financiando a largo plazo la capitalización del sector financiero a condición de eliminar entidades no viables, retirar a los gestores responsables y de que la factura la costeara el propio sector, por ejemplo, a través de las aportaciones al FGD.
Se confió en demasía en las provisiones anticíclicas que no han sido suficientes; se elevaron los requisitos de capital por encima de las normas internacionales, lo cual ha restringido aún más el crédito y lastrado la rentabilidad; y, sobre todo, se dejó, en gran medida, en manos de los mismos gestores responsables la consolidación de las entidades con problemas, para mayor escarnio, a través de fórmulas que complican aún más el Gobierno Corporativo y la Unidad de Empresa: los SIPs.
En poco tiempo, la experiencia acumulada en la gestión de las crisis financieras anteriores, la supervisión prudencial, la reputación en definitiva del Banco de España, ha quedado malbaratada. La política de supervisión in situ, que es una de las mejores y grandes diferencias con otros supervisores, queda en entredicho cuando los informes de los inspectores no se han tenido en cuenta a la hora de impulsar y hasta forzar fusiones inviables. El caso más flagrante, el de la CAM y Banco Base, pero no el único, como se hace evidente con Bankia y la dimensión que alcanzan los activos tóxicos, sobretodo de Bancaja.
Esta política de «huida hacia adelante» se basa en eludir un debate espinoso por populista: la capitalización pública de los bancos. Curiosamente, las medidas en torno a la reestructuración del Sector Financiero son las únicas que han sido objeto de consenso entre el Gobierno y su principal oposición (FAAF, FROB, LORCA, Reforma Guindos) y alternativamente, la oposición en cada momento ha amenazado con impedir la solución si se cruzaba esa línea roja.
Y, mientras tanto, la crisis sigue, se recrudece y las entidades más solventes, con la ventaja de «ser los que más aguantan la respiración», esperan tocar a más, quedándose paulatinamente con las cuotas de mercado de las entidades absorbidas, subastadas o troceadas. Se conforma así un reducido oligopolio, cuasi natural, que augura futuros problemas para el consumidor. Se echarán de menos las cajas de ahorros, su obra social desde luego, pero también el nivel de competencia que suponían.
La intervención de facto de Bankia anuncia una nueva etapa dentro de la Reforma del Sistema Financiero. Lo venimos diciendo, y lo dijimos el pasado mes de febrero, sin financiación externa no hay reforma que valga ni para sanear el sector, ni para que circule el Crédito.
No somos ingenuos, como pasó en CCM, Caja Sur, CAM y Banco de Valencia el agujero siempre es mayor del que se declara. Inquieta pensar para qué se inspeccionan las entidades y se auditan sus cuentas. Pero mientras se sigan políticas de austeridad que profundizan la recesión, seguirán deteriorándose los valores de los activos, subirá la morosidad, y en definitiva, sin crecimiento la inestabilidad de los balances seguirá generando incertidumbre y el déficit de capital será creciente.
Hay que asumir que la financiación del saneamiento del sector financiero debe formar parte de la Política de Estímulo al Crecimiento, porque sin Crédito no habrá tampoco Crecimiento. Y hay que ponerle el cascabel al gato: hará falta impulso público, ya sea estatal o europeo.
Eso sí, el sector tiene que pagarlo, aunque sea en el tiempo, y no los ciudadanos. Al fin y al cabo las entidades que drenan las ineficiencias de los demás se quedan con su cuota de mercado, y las que no, y sobreviven, pagan su cuota por pertenecer a un club selecto de mercado regulado.
Los Gestores y Administradores responsables han de ser retirados y en algunos casos condenados. El Estado debe hacer valer su inversión para que el Crédito fluya y, en algún caso, incluso hacer valer sus derechos de propiedad. Por ejemplo, si la solución pasara por la segregación de activos inmobiliarios hay políticas de interés público que promover en materia de vivienda, alquiler, condominios de la tercera edad, etc..
A la vez que las entidades financieras sueltan lastre, las familias hipotecadas también pueden reducir el volumen de su deuda. Hay que echarle coraje, responsabilidad y lo que hasta ahora ha brillado por su ausencia, Diálogo y Compromiso.
JOSE MARÍA MARTÍNEZ
SECRETARIO GENERAL DE COMFIA CCOO
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