Categoría: Divulgacion

Ya han comenzado a aparecer en la prensa noticias relacionadas con las retribuciones que perciben las personas que ostentan la representación del sindicato en los distintos Consejos de Administración y Órganos de Gobierno de las Cajas de Ahorro.

Ante estas informaciones, conviene recuperar las siguientes consideraciones:

1. LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD
La Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (Ley 31/1985) recoge el derecho a que la sociedad civil participe en la administración y control de las Cajas de Ahorros. Para ello, la Ley define los grupos de interés colectivo que deben integrar sus Órganos de Gobierno y pondera el peso que cada grupo debe tener en los distintos órganos. Además regula su proceso de elección. Impositores, Plantilla, Ayuntamientos y Entidades Fundadoras, extendiéndose en la legislación autonómica a los representantes de los Parlamentos y Otras Entidades Representativas inmersas en el ámbito de actuación de cada Caja. Esta Ley responde a la función social que las Cajas desempeñaban desde sus orígenes históricos y cada representante está legitimado por su propio proceso democrático de elección, que puede ser distinto para cada grupo de interés colectivo. El sindicato participa por distintos grupos. Primero y fundamentalmente en representación de las plantillas; pero también, y según desarrollan distintas legislaciones autonómicas, como instituciones de la sociedad civil, miembros de los consejos económicos y sociales y, finalmente, como promotores de candidaturas sociales de impositores, a menudo de manera concertada con otras organizaciones sociales.

2. REPRESENTACIÓN COLECTIVA Y RESPONSABILIDAD PERSONAL
Nuestros representantes y las personas que mantienen la vinculación activa con el Sindicato que trabajan en los Órganos de Gobierno (Consejos, Comisiones y Asambleas) lo hacen en representación de la Organización y nunca a título personal. No obstante, el Derecho Mercantil les atribuye responsabilidad personal ante sus decisiones en las tareas de administración y control, lo cual nos pueda resultar internamente paradójico.

3. RETRIBUCIONES
Atendiendo al punto anterior, las retribuciones de los Consejeros se fijan por los órganos de cada entidad atendiendo a esa responsabilidad y trabajo y COMFIA-CCOO hemos reclamado la mayor transparencia sobre las mismas. Transparencia y detalle que sólo ha alcanzado a las entidades financieras que han sido objeto de ayudas y/o participaciones de capital público, por lo que seguimos reclamando dicha transparencia también para el resto de entidades financieras. En nuestro caso, tenemos normas internas que obligan a dichas personas a ingresar esas retribuciones al servicio de la actividad sindical, salvando la indemnidad fiscal y otros efectos, como una valoración de su dedicación y responsabilidad.

4. RACIONALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
Es una exigencia publicitada desde COMFIA-CCOO la racionalización de los órganos de gobierno de las Cajas y de sus empresas filiales, que debe afectar a la existencia de los órganos de gobierno mismos (Consejos de Administración, Comisiones Ejecutiva, de Control, de Retribuciones, de Auditoría, de Inversiones, de Obra Social, Asambleas Generales y Consejos de empresas participadas), a su dimensión y tamaño y al importe de las dietas y todo el conjunto de remuneraciones ya sean variables, en especie, complementos de pensiones y/o indemnizaciones. Hemos exigido limitaciones y reducciones de las retribuciones de los consejeros y en ese sentido estamos de acuerdo con la línea iniciada por el actual Gobierno.

5. EL DERECHO Y EL DINERO
Más allá de la coyuntura actual, nosotros aspiramos a que los representantes laborales tengan presencia en órganos de control de la gestión de las empresas. Como en Alemania, pero en todo. Las remuneraciones no pueden ser un freno a esta legítima aspiración sindical, y mucho menos en las cajas de ahorros en las que este derecho está garantizado por Ley.

Pero si la discusión de fondo no es el dinero sino el derecho, si el objetivo no manifestado es impedir la presencia de la representación laboral en los órganos que controlan y administran las entidades, con toda rotundidad, vamos a defender nuestro derecho a participar en las decisiones y en el control de las Cajas, en todas mientras éstas existan, en las que tienen dificultades y en las que no. Y nadie va a impedir que sigamos garantizando y exigiendo la mayor transparencia, como reclamamos el pasado 25 de octubre de 2011 con la publicación del estudio de remuneraciones de las cúpulas directivas en el sector financiero.

>> Impacto de la campaña lanzada por COMFIA-CCOO sobre las remuneraciones de la cúpula del sector financiero

22 de febrero de 2012 COMFIA-CCOO

La reforma laboral se basa en una falsedad, se explica con mentiras y se justifica con un engaño.

Haciendo honor a sus orígenes ideológicos, el Gobierno del PP ha puesto en marcha una ofensiva con la que aprovechar la crisis económica para provocar una ruptura en el modelo de relaciones laborales democrático y de paso cargarse la capacidad de los sindicatos y de la negociación colectiva.

La ofensiva esta utilizando todos los medios a su alcance. Unos son medios democráticos – su mayoría absoluta en las Cortes -. Otros, la falsedad, la mentira y el engaño nos recuerdan los peores momentos del siglo XX. Y suponen no sólo un ataque frontal al derecho de los trabajadores, sino una grave involución democrática.

En esta ofensiva por Tierra, Mar i Aire esta jugando un papel importante su División Mediática Brunete. Rajoy sabe que para ganar en el Congreso le basta con su mayoría absoluta, reforzada como siempre en temas socio-económicos por Convergencia I Unió, en su papel de punta de lanza de las concepciones económicas más ultraliberales. Pero el Presidente del Gobierno sabe también que esta victoria parlamentaria se le puede volver en contra si no gana la batalla en la sociedad. Y es en este terreno en el que esta utilizando todos los medios a su alcance, incluidos la descalificación de las organizaciones sindicales a partir de concepciones más propias de un Régimen autoritario, que quisiera ver como desaparecen los contrapoderes sociales, que de un Estado Social y democrático de Derecho.

Para ello, su primera decisión estratégica es utilizar a las personas paradas como escudo humano con el que justificar su reforma. Así apela a la situación de los 5,3 millones de parados como coartada para acabar con los que el llama privilegios, refiriéndose a los derechos colectivos e individuales de los trabajadores. Se trata,es obvio, que los desempleados vean en los trabajadores con derechos su enemigo y a Rajoy su Salvador. Y de paso neutralizar a los trabajadores con empleo a través del sentimiento de culpabilidad que les transfiere el PP por tener derechos, mientras los parados no tienen ni tan siquiera empleo.Zaratrusta en estado puro y sentimiento de culpa judeo-cristiano como gran arma de paralización masiva

El segundo pilar de la estrategia comunicativa del PP es la falsedad de culpabilizar a la legislación laboral del nivel de paro de nuestro país. Es igual que en el debate sindicatos y nuestro grupo aportemos datos que impugna esa falsa relación causa efecto. Con la misma legislación hay CCAA con el 12% de desempleo y otras con el 32%. Con esa misma legislación hay CCAA y sectores que tienen tres veces menos temporalidad que otros. Con esa misma legislación, las empresas exportadoras españolas que además son las que actúan en un entorno más competitivo han mantenido su cuota exportadora y su volumen de empleo, a pesar o precisamente de tener plantillas con trabajadores con mejores salarios comparativos y menos temporalidad. El empleo autónomo es el que más puestos de trabajo ha destruido durante la crisis, el 18% de los existentes en 2007, frente a un 9% del empleo asalariado destruido; y todo el mundo sabe que a los autónomos no se les aplica la legislación laboral. Con un modelo de relaciones laborales absolutamente desregulado, como al que aspira el PP, Irlanda ha destruido en los años de la crisis un 13% de su empleo, mucho más que España. Todos estos datos y muchos más impiden continuar con la falsedad de que es la legislación laboral la que provoca estas caídas del empleo en momentos de crisis. Pero ante los datos, el Gobierno mira hacia otro lado, elude el debate y se limita a repetir una y otra vez su falsedad, que es eficientemente difundida por la División mediática Brunete.

No contentos con justificar su reforma en falsedades, la presentación y explicación de la misma se hace con mentiras. Desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Real Decreto Ley 3/2012 esta siendo vendido con mentiras tales como que es equilibrado, que garantiza los derechos de los trabajadores, que solo se limita a acabar con privilegios. O que afecta por igual al poder de sindicatos que a las patronales. Se esconde que el RD ley permite la modificación unilateral de condiciones de trabajo que no solo afectan a los términos de la prestación de trabajo, sino que irrumpen en la vida de las personas – especialmente las mujeres – con los cambios unilaterales y sin control de jornada o de salarios. Se dice que se apuesta por la formación y el contrato de aprendizaje y formación reduce del 25% al 15% las horas dedicadas a formación a partir del segundo año. Se dice que simplifica la contratación y lo que se hace es mantener todas las modalidades de contrato menos la más protegida y se crea un contrato de crisis con un período de prueba de un año en unos momentos en que la media de contratos no supera los seis meses. Se dice que termina con la dualidad y se genera más segmentación, entre trabajadores antiguos y nuevos, entre trabajadores de grandes empresas y los de menos de 50 trabajadores. Se dice que no toca los derechos de loa trabajadores actuales y se facilitan y abaratan las condiciones de los despidos, regulando incluso la aplicación retroactiva de los límites en la indemnización. Y así hay mil ejemplos de mentiras en la explicación de la reforma. Se dice que la desparición de la autorización administrativa previa en los ERES es substituida por el acceso a los Tribunales y en otro articulo se limita al máximo la tutela judicial, intentando impedir que los jueces puedan entrar a juzgar la causalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las decisiones propuestas de las empresas, como sucedía hasta ahora.

La reforma laboral se basa en una falsedad, se explica con mentiras y se justifica con un engaño. Se dice que va a contribuir a crear empleo y que dificulta su destrucción. Y es ahí, donde la estrategia goebbeliana de la División mediàtica Brunete comienza a hacer aguas. Como Rajoy y su gobierno saben que la asfixia financiera de las empresas, las políticas de ajuste fiscal drástico y la pérdida de salarios va a provocar un incremento del desempleo, comienzan a matizar sus afirmaciones. El discurso de Rajoy comenzó diciendo que en el 2012 no se reduciría el paro, luego incluso se acepta que durante el 2012 se incrementara el desempleo. Y para curarse en salud se reconoce que la reforma laboral no va a crear empleo a corto plazo, solo a medio o largo plazo, cuando se reactive la economía. Por supuesto, cuando se reactive la economía se creara empleo, pero también se crearía igualmente con la legislación laboral anterior a 2011. Es precisamente lo que venimos diciendo algunos para desmontar tanta falsedad. Conviene recordar que con la legislación que ahora se deroga, el empleo en España creció entre 1995 y el 2007 en un 62,7%, diez veces más que en Alemania (6%) y 5 veces más que la media de la UE (12%). Desgraciadamente este crecimiento lo fue sobre arenas movedizas, por eso en 4 años se han destruido más de 2,5 millones de empleos, de los cuales el 55% corresponden a la construcción, mientras la población activa continua creciendo.

Es cierto, cuando se reactive la economía se creara empleo, pero será mucho más precario y con menos derechos. Porque este es el verdadero objetivo de la reforma. El objetivo de esta reforma es coyuntural, forzar a la baja los salarios como salida de la crisis, pero lo hace con medidas estructurales – la única verdad de Rajoy la reforma es estructural -. Se pretende diseñar un modelo de relaciones laborales donde los trabajadores individual y colectivamente tengan menos posibilidades de negociar sus condiciones de trabajo y en consecuencia se produzca una redistribución de rentas, de los salarios a los beneficios.

El verdadero y oculto motivo de la reforma es disciplinar para el futuro la fuerza de trabajo y para ello, intimidar a los trabajadores y debilitar la negociación colectiva o limitar la actuación de los sindicatos es el camino.

Por eso, Rajoy y los poderes económicos a los que representan saben que para ganar esta batalla, deben aprovechar la crisis para cargarse a las organizaciones sindicales y sus instrumentos, la negociación colectiva y la intervención sindical en los centros de trabajo.

Y es con el fin de alcanzar este objetivo estratégico que se ponen en marcha todos los medios al alcance de la Brunete mediática, por Tierra, mar i aire.

Afortunadamente en las manifestaciones del domingo 19 de febrero los trabajadores/ras y la ciudadanía demostraron que no se lo van a poner fácil a Rajoy, su Gobierno. Y también por eso mismo es de esperar que el PP ponga en marcha todas sus armas de destrucción masiva.

A las que como siempre deberemos responder con nuestras armas democráticas, las de los argumentos, el debate, la explicación y todos los mecanismos de movilización que están en nuestros manos y que conseguimos precisamente para conquistar y defender derechos.

Disculpad los símiles bélicos, pero es que los comportamientos de la bancada popular y sus voceros me los recuerdan insistentemente. No puedo evitarlo, me traen viejos y amargos recuerdos.

En total representan una evasión cercana a los 42.700 millones de euros anuales.

Desde Gestha vemos lógico, por tanto, que este tipo de corporaciones se sumen al esfuerzo de austeridad que ya está haciendo el resto de la sociedad y «arrimen el hombro» para reducir el déficit. En este sentido, proponemos la creación de un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas -aquellas cuya facturación supere los 45 millones de euros- elevando del 30% al 35% el gravamen aplicable a los beneficios que superen el millón de euros.

Gracias a esta única medida, la recaudación para las arcas públicas aumentaría en más de 3.900 millones de euros anuales -cantidad superior a la que se obtendrá por la reciente subida del IRPF-, además de reducirse la brecha que separa el tipo medio efectivo de las microempresas y pequeñas empresas frente al menor tipo efectivo de las grandes corporaciones que a los ojos del Fisco aparecen como “auténticas privilegiadas”.

Carlos Cruzado, Presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA)