En CCOO no tenemos nada que esconder. Nuestras finanzas exigen la máxima transparencia, por eso las ponemos a disposición de nuestros afiliados y afiliadas. Para evitar malas interpretaciones intencionadas, te explicamos en unos minutos cuáles son los ingresos del sindicato y a qué se dedican.
El bienestar de la población sí que lo está.
Existe una frase, “el euro está en peligro”, que se reproduce constantemente en los medios de mayor difusión, la mayoría de los cuales pertenecen a la sensibilidad neoliberal. Esta frase, generada en los establishments financieros y políticos de la Eurozona, señala que su moneda está en crisis y que, a no ser que se implementen cambios profundos con los déficits y la deuda pública de los Estados, reduciendo dramáticamente su gasto público y su protección social, el euro desaparecerá. De ahí la llamada al arrebato para apretarse el cinturón (sobre todo de las clases populares) y salvar tal moneda. Bajo esta excusa se está reduciendo la protección social y desmontando el Estado del Bienestar de los países de la Eurozona, privatizándolo.
Tal movilización, sin embargo, tiene muy poco que ver con el euro. En realidad, mírese como se mire, el euro ha estado y continúa estando fuerte. Y algunas empresas exportadoras de la Eurozona dirán, con razón, que está demasiado fuerte, dificultando las exportaciones de sus productos. Basta con mirar la tasa de cambio del euro con otras monedas. Mientras que el dólar, el yen y la libra esterlina han ido bajando, el euro se ha mantenido. Durante el colapso de Lehman Brothers el dólar bajó casi en picado, pero el euro se mantuvo. Cualquier turista europeo puede dar testimonio de ello. EEUU se convirtió para un europeo en un país más barato que la mayoría de países de la Eurozona, y continúa siéndolo hoy.
Es cierto que el euro ha ido devaluándose un poco, pero no tanto frente al dólar o a la libra esterlina, sino frente a las otras monedas europeas, especialmente las monedas de Suecia, Noruega y Suiza, así como la moneda de los países emergentes como Brasil, China e India. Las reducciones de gasto público, incluyendo del gasto público social, tienen, pues, poco que ver con el valor del euro, a pesar de toda la avalancha ideológica neoliberal enmascarada como rigor.
El valor del euro depende, primordialmente, de un hecho que permanece casi oculto en los medios de mayor difusión, y es el comportamiento del Banco Central Europeo (BCE) que antepone el proyecto de controlar la inflación por encima de cualquier otro objetivo. En realidad es su único objetivo, logrado a costa de no realizar otra función que realizan otros bancos centrales: estimular la economía. Es decir, el BCE para salvar al euro está, con su comportamiento, destruyendo la economía de los países de la Eurozona, condenándolos a una Gran Recesión y pronto a una Gran Depresión.
El BCE, aunque es el único banco central que puede imprimir dinero en la Eurozona, imprime poco dinero, manteniendo así la inflación baja. Para complicar todavía más la cosa, mantiene unos intereses bancarios altos, dificultando además la disponibilidad del crédito, con lo cual, la actividad económica se reduce, el crecimiento económico se ralentiza, y aparece la recesión. En otras palabras, para salvar al euro el BCE está destruyendo a las economías de la Eurozona.
Detrás de esta frase “hay que salvar el euro” hay, sin embargo, unos intereses muy concretos y específicos: conseguir defender los intereses de la banca, y muy en especial de la banca europea para la cual la eliminación de la inflación es su objetivo único. Ello explica que estemos donde estamos, con una inflación baja y con un desempleo enorme y una economía de recesión. Y todo, para salvar, no tanto al euro, sino a la banca. A la banca, la recesión actual le está yendo muy bien. Según Ronald Janssen, economista que asesora a los sindicatos belgas, los beneficios bancarios en la zona euro han crecido astronómicamente, alcanzando 50.000 millones de euros en 2010, y 27 .000 millones en la primera mitad del presente año.
Todo ello a costa de un enorme crecimiento de la pobreza en la mayoría de países de la Eurozona, y notable descenso de la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población. Un tanto igual ha pasado en España. Es lógico, pues, que según las últimas encuestas publicadas, nada menos que el 70% de la población española cree que el euro ha sido más negativo que positivo para España. Sería conveniente que se iniciara un debate en España sobre si sería o no aconsejable para España continuar en el euro. Hay argumentos a favor de continuar utilizando el euro como la moneda española. Pero también hay costos, y algunos de ellos muy elevados (como el desempleo entre los jóvenes de un 45%) que debieran entrar en esta discusión. Y, sin embargo, no han aparecido en el debate voces que subrayen estos costes, no porque no existan, sino porque los autores que las sostienen no tienen espacio para poder presentarlas en los mayores medios de información y persuasión. Así de incompleta es la democracia española.
Vicenç Navarro | Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Rebajar la tasa de fraude en diez puntos recaudaría 38.000 millones adicionales, más del doble de lo que prevé ahorrar Rajoy.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) consideran que las nuevas medidas mejoran la igualdad y la progresividad del sistema tributario, aunque señalan que el mejor servicio a la progresividad es la creación de un nuevo tramo para las rentas del capital.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) calificaron hoy de “progresiva” la subida de la tarifa del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y destacaron que “el mejor servicio a la progresividad es la creación de un nuevo tramo para las rentas del capital”.
Además, valoran que el Gobierno eleve la progresividad porque se intenta que «paguen más los que más tienen», pero lamentaron que no se hayan eliminado los instrumentos legales que disfrutan los grandes patrimonios como las sociedades instrumentales y las SICAVs que permiten eludir la tributación de millonarias rentas inmobiliarias, plusvalías y dividendos, mientras que la subida impositiva afectará a todos los pensionistas, trabajadores y autónomos que no disponen de estos instrumentos.
Por otro lado, el colectivo calificó de «insuficiente» la tasa de reposición del 10% de los efectivos destinados a la inspección tributaria y laboral en un contexto generalizado de congelación de la plantilla pública, así como la voluntad manifestada por el nuevo Ejecutivo de luchar contra la economía y el empleo sumergido dentro de un plan global antifraude que, según aseguró, verá la luz en los próximos meses.
En la actualidad, la tasa de economía no declarada alcanza el 23,3% del PIB, lo que supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que el 65,9%, casi dos terceras partes -161.647 millones de euros- proceden del fraude fiscal y el tercio restante es fraude laboral. (Ver documento en pdf adjunto por Comunidades Autónomas)
Con la implantación de unas políticas adecuadas que redujeran en diez puntos la tasa sumergida en España -hasta el nivel de los países europeos más desarrollados- el Estado podría recaudar cada año más de 38.500 millones adicionales, de los cuales se recuperarían 25.500 millones en impuestos evadidos y unos 13.000 millones en cuotas a la Seguridad Social defraudadas. Esta cifra total supone más del doble de los 16.500 millones que prevé ahorrar el nuevo Ejecutivo el próximo, pero sin necesidad de acometer nuevos recortes sociales como la nueva congelación del sueldo de los funcionarios o las subidas d e impuestos.
En este sentido, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, lamentó que «los funcionarios paguen doblemente la consecución de los objetivos del déficit, puesto que ya ese les rebajó el sueldo hace dos años y congelado en cuatro ocasiones, teniendo ahora que pagar un nuevo gravamen en el IRPF«.
Medidas en vivienda
Entre las medidas del nuevo Ejecutivo, Gestha calificó de positivo que se mantenga el IVA superreducido para la compra de vivienda nueva durante un año más, aunque matizó que será necesario vender el doble de viviendas para compensar la rebaja de este impuesto. Esto supone que en 2012 deberán salir al mercado casi 367.000 inmuebles nuevos, frente a los 183.000 de 2011.
Por otro lado, Gestha estima que la recuperación de las deducciones por inversión en vivienda habitual -que rondan los 5.000 millones anuales- eliminará ese ahorro potencial de 1.500 millones de euros que el Gobierno habría alcanzado a largo plazo en caso de haberlas mantenido, aunque reconoció no tendrá un impacto inmediato sobre las cuentas públicas.
Nuevos cargos
Por otro lado, Gestha recordó al nuevo secretario de Estado de Hacienda y presidente de la Agencia Tributaria (AEAT), Miguel Ferre, así como a la que será directora de este organismo, Beatriz Viana, que su tarea al frente de la lucha contra el fraude es clave para mejorar los ingresos del Estado y cumplir con el objetivo de déficit público del 4,4% del PIB para el próximo año.
El colectivo animó a los nuevos responsables de la AEAT a afrontar los cambios organizativos y estructurales necesarios para contener el desfase entre ingresos y gastos provocado por el alto nivel de economía sumergida en España. Asimismo, hizo un llamamiento directo a la nueva directora general para que aumente las competencias y responsabilidades de los técnicos en la lucha contra el fraude fiscal, ya que «gracias a su cualificación y experiencia son una pieza fundamental para erradicar las bolsas de fraude, como bien conoce Viana por su trayectoria profesional en el Ministerio de Hacienda».
GESTHA José María Mollinedo
Sobre el banco malo, activos tóxicos y banca pública.
El nuevo gobierno del Partido Popular tiene un problema general: cómo hacer que sus votantes, ahora, se olviden de sus mentiras. Ha hecho tantas promesas y tantas críticas al gobierno anterior y va a tener que hacer lo que éste hizo –bien por obligación, bien por convencimiento- que las medidas que se avecinan van a entrar en conflicto con la parte de sus votantes que no puedan deshacerse de su dignidad.
Una de esas promesas es la de que no crearía un “banco malo” a costa de los impuestos de los ciudadanos. Lo de este “banco malo” es una carrera de la prensa mediática afin al PP –que es la mayoría- para hacer olvidar e, incluso, negar las promesas del partido tardo-franquista. En todo caso, asistiremos al travestismo mediático en próximas fechas de presentarlo como, primero necesario, para después presentarlo como bueno y demandado por la propia ciudadanía. Es la prensa del Movimiento del PP (ABC, El Mundo, La Razón, La Gaceta, Telemadrid, etc.).
Aunque ya existen diferentes bancos “malos” en la UE, todos tienen una consecuencia tarde o temprano: que los ciudadanos, con sus impuestos, pagarán los llamados “activos tóxicos”. Ese es el fin y la garantía. Garantía que no llega, por cierto, a que los bancos así exonerados de su mala gestión del crédito vayan por ello a aumentar el mismo a particulares y empresas. Tal es así que esa desconfianza y la contracción del crédito ha llevado al BCE de Mario Draghi a facilitar crédito a los bancos por la gigantesca cifra de 500.000 millones de euros el día 21 de este mes dándole a la máquina –no puede hacerlo de otra forma- de hacer billetes. Es así como actúa un banco central, nada extraordinario: crea dinero cuando concede un crédito y lo destruye cuando se amortiza, pero muchos han criticado en cambio cuando hace eso mismo comprando deuda soberana de los países. Mi opinión es que eso no va a suponer un aumento del crédito en España y dudo que en el resto de la U.E. porque van a destinarlo casi todo a comprar deuda soberana en un negocio fácil: lo contratan como prestatarios al 1% con el BCE y lo devuelven como prestamistas a los Estados comprando bonos al 4% o más. ¿Para qué van a arriesgar concediendo préstamos a empresas y particulares? Más vale esto que nada, pero a la economía en general le sería más favorable que ese medio billón de euros se hubieran destinado a la compra de bonos directamente por dos cosas:
1) porque rebajarían los costes financieros de la deuda al bajar seguro la prima de riesgo;
2) porque si los Estados gastan ese dinero compensaría algo la caída de la demanda agregada, con el consiguiente estímulo de la producción. En cambio, la banca no lo va a retornar a empresas y particulares. Espero equivocarme.
Lo de los “activos tóxicos” es otro eufemismo que trata de grabar en la mente de la ciudadanía de que estos activos deben separarse de los activos buenos como los virus y bacterias de las células buenas. Es una estupidez, porque nada tiene que ver la biología y sus contagios con el crédito. Los “activos tóxicos” que se lo coman los bancos que los han creado y punto. No porque se agrupen en un banco van a dejar de ser incobrables o morosos, porque no porque estén juntitos los “tóxicos” van a convertir en solventes a sus deudores. Hay una patronal que ya proclaman que estos activos los paguemos todos, estos tipos que tanto defienden la economía de mercado y la no intromisión del Estado en sus asuntos. No hago más comentarios ante tan repugnantes planteamientos.
Por ello cada vez se hace más necesaria la creación de un sector del crédito que actúe en función de los intereses de la economía y no de las cuentas de Resultados a corto plazo de cada entidad de crédito. Ese banco público en España podría desarrollarse con una expansión del ICO con una multiplicación de sus efectivos tomando crédito del BCE y del resto de la banca, y con la dos siguientes premisas o criterios de actuación:
1) concesión del crédito asumiendo un mayor riesgo de impago y morosidad (llegando a sobrepasar el 15%, o tanto como sea necesario hasta crear empleo);
2) que el aumento marginal de estas morosidad e incobrabilidad (la diferencia entre ese 15% previsto y la tasa media de impagados en la actualidad) fuera financiada por la propia banca privada con cargo a los impuestos de sociedades y en proporción inversa a la concesión relativa del crédito de esta misma banca: a más crédito concedido relativo, menos deuda tributaria. Para ello habría que desarrollar un impuesto especial para la banca.
Un banco con este criterio anti-crisis sí sería un banco público, porque esta consideración depende de su comportamiento crediticio y no de la propiedad de su capital.
Es verdad que eso no repara el error del BCE, de la oronda walquiria teutona y del Consejo de Europa, de seguir obligando a la reducción del déficit cueste lo que cueste en términos de empleo, pero en parte podría paliar este error estratégico.
Ya sabemos que las victorias tácticas no hacen ganar las guerras cuando se está en la estrategia equivocada, pero con un banco público en expansión podría alargar la situación antes de entrar en recesión y daría tiempo a la reflexión a los cenutrios de los que mandan en el Consejo y en el BCE; quizá la teutona, que de economía entiende lo que yo de teología, cambie de opinión en contra de sus asesores ante la persistencia y agravamiento de la crisis como hizo Roosevelt en 1933 ante sus consejeros. Claro que el presidente americano demostró una inteligencia y un valor de la que parece carecer la teutona.
Los déficits –que fueron causados en un 70% en España por una bajada de los ingresos y sólo el resto por un aumento del gasto- no deberían disminuirse ahora en plena crisis sino aumentarse, teniendo como límite los primeros brotes inflacionistas.
Lo de acabar con los déficits es que no está en ninguna teoría economica por más neoliberal que se presente, es una obsesión enfermiza de cretinos que no saben de lo que hablan. Eso sí, gobiernan con los votos de los que esa pertinaz insistencia les lleva a la ruina y/o al paro. A cada cual su responsabilidad.
De la ideología a la teología.
En su intervención el Sr. Rajoy plantea como ejes de su programa de Gobierno tres grandes ámbitos de reformas, que trata con niveles de concreción muy distintos. Las referidas a la estabilidad presupuestaria, las referidas al sistema financiero y las que denomina reformas estructurales, entre las que destaca la reforma laboral. Veamos que dice y sobre todo que calla o que camufla, con todo tipo de eufemismos.
El Sr. Rajoy en su intervención nos conduce sutilmente desde el “sentido común” de sus reformas hasta la inevitabilidad del “único camino” que propone para orientarlas. ¿Quién puede estar en contra de que las finanzas públicas consigan estabilidad entre ingresos y gastos? ¿Quién puede estar en contra de una reforma del sector financiero que permita hacer fluir el crédito a empresas y familias? Quién puede estar en contra de que se lleven a cabo reformas estructurales para mejorar el funcionamiento de la economía y la sociedad?
A partir del “sentido común” de las reformas necesarias, el PP construye la trampa ideológica de identificar el “sentido común” de las reformas con el “único camino” de sus propuestas. Intentando así que la ciudadanía se resigne a la inevitabilidad de sus recetas. Como si la orientación de las reformas no tuviera más que una opción. Es la vieja práctica del pensamiento dominante, que convierte su ideología en teología en estado puro, sin posibilidad de ser discutida con datos.
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REFORMA FISCAL
El primer de estos deslizamientos se produce al tratar de manera diferenciada las medidas urgentes para conseguir la estabilidad presupuestaria – que las propone con carácter de urgencia – a la reforma fiscal que además de posponerla para el momento en que se haya estabilizado el presupuesto ni tan siquiera la concreta en lo más mínimo.
Con ello Rajoy y el PP pretende que asumamos el primer dogma de su discurso político: la estabilidad presupuestaria solo puede venir de la mano del recorte de los gastos y no de la mejora de los ingresos.
A pesar de que en el 2011 se producirá un incremento de los ingresos respecto al 2010 que puede ser de unos 4.000 m euros, como consecuencia sobre todo de la subida del IVA, este incremento está muy por debajo de la evolución nominal de la actividad, con lo que la presión fiscal española en el 2011 puede caer de nuevo cerca de un 1% del PIB. Es probable que se cierre el 2011 con una presión fiscal muy cercana al 30% del PIB, un 9% menos que la media de los países de la UE zona euro.
Este es el cuello de botella de nuestras cuentas públicas que no se puede resolver por la vía de más ajustes en el gasto que, además de desigualdad provocan una mayor paralización económica de ahí que sea un grave error posponer la reforma fiscal que requiere nuestro país.
A esta reducción de los ingresos fruto de la recesión económica, debe añadirse en el 2012 el impacto fiscal de las medidas anunciadas por el Sr. Rajoy que van a suponer una nueva reducción de los ingresos en determinados tributos. Especialmente significativo puede ser el impacto en el impuesto de sociedades que ya ha visto reducida su capacidad de recaudación por los cambios legales producidos en el 2006 – alrededor de 6000 euros menos al año – y por la elusión fiscal de los últimos años. En el año 2008 las minoraciones en la cuota líquida de las declaraciones fueron por los conceptos de doble imposición, pérdidas de ejercicios anteriores y deducciones por creación de empleo o inversiones del orden de 22.000 millones de euros. El resultado es que entre el 2.008 y el 2.010 la caída en la recaudación del impuesto de sociedades has sido superior a los 28.000 millones de euros menos.
En este contexto el Sr. Rajoy anuncia bajo el pretexto de la dinamización económica cambios en el impuesto de sociedades, sin que se apunten medidas para compensar estas reducciones. Conviene recordar que la coartada del trato favorable a las PIMES ya se utilizó en la reforma del 2006 que, en cambio ha favorecido especialmente a las grandes empresas y entidades financieras. Con un tipo nominal de impuesto de sociedades entre el 25% y el 32,5% el tipo efectivo de las PIMES en el 2009 fue del 23%, el de las grandes empresas del 20,5% y el de las entidades financieras por debajo del 15%. El resultado es un tipo real – lo que se paga en función de los beneficios declarados – para el año 2009 que supera escasamente el 8 %.
Algo parecido puede suceder con las mejoras en el trato que se quiere dar en el IRPF a los Fondos de Pensiones, que conviene recordar afectan a un porcentaje muy pequeño de la población y que supondría una merma de ingresos tributarios superior a los 1.000 millones de euros. O las que se dejarán de ingresar por la recuperación – también anunciada – de la deducción en el IRPF por adquisición de vivienda habitual
El resumen del desequilibrio presupuestario en función de la desviación en los ingresos previstos, de la reducción de la actividad económica y de las medidas anunciadas podría situar el volumen global del ajuste – siguiendo la lógica del Sr. Rajoy – más cerca de los 35.000 millones de euros que de los 16.500 anunciados en el debate de investidura.
Es por eso que resulta aún más incomprensible que las medidas de reforma fiscal sean pospuestas por el Sr. Rajoy y el PP “ad calendas grecas”. A esta reforma fiscal estructural el discurso de investidura del Sr. Rajoy dedica estas escuetas e indeterminadas palabras. “En su momento, cuando la situación económica se haya normalizado y el país haya retomado la senda del crecimiento, será preciso abordar una reforma fiscal de mayor calado que incremente la justicia y la equidad del sistema y que contemple incentivos adecuados a la inversión, el ahorro y el apoyo a las familias”.
Como puede comprobarse no solo pospone la reforma fiscal a cuando vuelvan las “vacas gordas”, sino que no concreta nada sobre su orientación, más que vagas palabras. Ni una sola mención a incrementar la fiscalidad sobre el capital reduciendo la discriminación que sufren las rentas del capital, ni una mención a las SICAVS, nada sobre fiscalidad medioambiental. Por silenciar, silencia incluso las referencias a la economía sumergida y el fraude fiscal.
Lógico si se tiene en cuenta que entre sus prioridades no está un sistema fiscal más progresivo y suficiente. Y que su gran objetivo en este apartado es que la ciudadanía asuma acrítica y resignadamente que el “único camino” al “sentido común” de la estabilidad presupuestaria es la política de recortes.
Joan Coscubiela