Categoría: Divulgacion

¡Basta de imponernos recortes sociales para reducir un déficit consecuencia de políticas fiscales injustas y de salvamento a la banca!

A principios de año, el pueblo de Túnez logró tumbar a Ben Alí, el cual huyó del país el 14 de enero de 2011, después de 23 años de una dictadura apoyada por los llamados países “desarrollados”. Seis meses más tarde, Ben Alí fue condenado a pena de cárcel (en rebeldía, porque huyó a Arabia Saudita, donde está protegido) y a pagar 46 millones de euros de multa. Pero… ¿Es eso suficiente? Desde la caída del régimen dictatorial, Túnez afronta una deuda externa pública de alrededor de 10.000 millones de euros. Ésta sirvió para enriquecer al clan de Ben Alí, cuya fortuna se estima en 3.500 millones de euros, así como para imponer Planes de Ajuste Estructural que afectan a la población con duras medidas de austeridad. Esta deuda, en su mayor parte, se califica como odiosa, ya que no benefició a la población, sino que sirvió para fortalecer y enriquecer un régimen despótico. Todo ello con pleno conocimiento de los acreedores, en este caso, verdaderos corruptores. Según el argumento jurídico de la deuda odiosa, elaborado por Alexander Sack en 1927, una deuda contraída no para satisfacer las necesidades y los intereses del pueblo, sino en contra de todo ello, es “una deuda de régimen personal del poder que la contrajo, y, en consecuencia, deja de tener validez cuando ese poder cae”.

En febrero de 2011, en el seno del Foro Social Mundial, la sección tunecina del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) lanzó en Dakar una campaña internacional para la condonación de la deuda contraída por el dictador Ben Alí. Desde entonces, cerca de cien parlamentarios europeos han apoyado la iniciativa de auditar la deuda tunecina |1|. Desde España, el grupo Patas Arriba |2| de Valencia se solidariza con la campaña, al igual que lo hizo la red ¿Quién debe a Quién? a nivel de Estado Español |3|.

En Egipto, desde que Mubarak se convirtió en Presidente en 1981, tras el asesinato de su predecesor, Anwar el-Sadat, el pueblo egipcio ha reembolsado el equivalente a 68.500 millones de dólares en concepto de deuda externa. Sin embargo, durante el mismo periodo, la deuda no cesó de aumentar, pasando de 22.000 a 33.000 millones de dólares. Al igual que pasó en Túnez, la deuda contraída por el régimen de Mubarak es en su mayor parte odiosa, y por lo tanto, conforme al Derecho Internacional, es nula y no tiene validez, por lo que debería simplemente repudiarse.

Del otro lado del Mediterráneo, en Grecia, la comisión independiente para auditar la deuda pública griega ya está en marcha. Ésta se creó como consecuencia de una propuesta llevada a cabo por un grupo de parlamentarios, movimientos sociales y ciudadanos. En Irlanda, las organizaciones Afri, Debt and Development Coalition Ireland, junto con el sindicato Unite, han impulsado una comisión ciudadana e independiente para una auditoría de la deuda.

Dentro del Estado español, el debate ya está en la calle. Desde diferentes movimientos sociales como el de los indignados se empieza a pensar en impulsar esta herramienta de participación ciudadana. ¿Vamos a aceptar la hemorragia de recursos hacia los acreedores responsables de la crisis que están padeciendo los más humildes? ¿Vamos a seguir pagando una deuda que no nos benefició, que no debemos, pero que sigue recompensando a los que arruinaron al Estado? o más bien ¿vamos a auditar la deuda pública, repudiar la parte ilegítima, odiosa o ilegal y castigar a los responsables de la crisis?

Victorias sociales son posibles

Cuando, en 2002, Argentina decretó la mayor suspensión de pago de la historia—la deuda era de unos 100.000 millones de dólares—, muchos pronosticaron una ola de represalias financieras y comerciales sobre el país. Pero en realidad, Argentina se encontraba en una posición de fuerza con sus acreedores privados y la renegociación de la deuda desembocó en 2005 en una renuncia de más del 55% del valor de los títulos por parte de los tenedores. A partir de ese momento, Argentina creció y demostró que es posible decidir no pagar la deuda externa, o al menos una parte, y mejorar la economía y el nivel de vida de su pueblo, por supuesto siendo conscientes que todavía existen grandes desigualdades sociales en el país. Además, desde la crisis de 2001, Argentina ha dejado de reembolsar su deuda a los países ricos agrupados en el Club de Paris |4|. Este hecho es silenciado e invisibilizado por los medios y el mismo Club, por lo que nos preguntamos ¿Es posible que estas personas tengan miedo de un efecto contagio a otros países endeudados? ¿Temen la idea de Thomas Sankara (asesinado el 15 de octubre de 1987) y de Fidel Castro de fomentar un frente de países endeudados unidos contra el pago de la deuda?

En 2007/2008, Ecuador suspendió el pago de una parte de sus deudas mientras realizó una auditoría oficial con participación ciudadana que permitió al Gobierno renegociar títulos, ya que en gran parte eran ilegítimos. Esto permitió al gobierno ecuatoriano el ahorro de más 2200 millones de dólares del stock, más 300 millones de dólares al año en concepto de intereses y esto durante 20 años. Este dinero se dedica ahora a la mejora de la sanidad y educación pública.

En Islandia, la movilización social logró hacer dimitir al Gobierno a finales de 2008. Después de haber desembolsado centenares de millones de euros para re-nacionalizar los tres principales bancos islandeses (Kaupthing, Landbanski y Glitnir) —totalmente privatizados en 2003— el pueblo islandés se sintió engañado y se movilizó masivamente para que los verdaderos responsables de la crisis pagasen el coste de ésta. Mediante referéndum, las islandesas y los islandeses rechazaron el 9 de abril de 2011, por segunda vez, el reembolso de la deuda ilegítima Icesave, que contemplaba la nacionalización de deudas privadas |5|.

La historia nos enseña muchos otros casos. En 1914 en plena revolución, México (por entonces el país más endeudado del continente) suspendió por completo el pago de su deuda externa y en 1942 los acreedores renunciaron aproximadamente al 80 % del valor de sus créditos.

No satisfaremos la reestructuración de deudas, permitiendo alargar en el tiempo el reembolso, sin cambiar nada de este sutil instrumento de dominación. No podemos aceptar tampoco una moratoria sólo de reembolso de capital, ya que incluso en estos casos, muchas veces los intereses continúan vigentes. Para conseguir la justicia real, tenemos que exigir una moratoria del pago de la deuda con congelación de intereses, y facilitar así la realización de una auditoría independiente y ciudadana de la deuda pública de España |6|. Como se dice en Grecia: ¡No debemos, no pagamos!

En consecuencia, seria para todo el beneficio del pueblo, averiguar quiénes contrajeron esas deudas y a quiénes beneficiaron los créditos; difundir los resultados a la ciudadanía y ver qué parte sirvió para enriquecer las elites corruptas, para comprar armamento ilegítimo o para estafar al tesoro público. Los resultados de una auditoría ciudadana empoderarían al pueblo para que éste luchase por su soberanía y sus derechos. La auditoria, si se realiza con participación ciudadanía, puede ser una herramienta útil para la emancipación de los pueblos.

Al finalizar el año 2010, la deuda acumulada por el conjunto de las administraciones públicas españolas era de 638.767 millones de euros.

Pero una cifra absoluta es poco significativa. Un indicador más relevante es la ratio de deuda pública/PIB.

En 2010 el endeudamiento público de la zona euro se situó en el 85,1% del PIB frente al 60,1% de España. Es decir, nues­tro país estaba 25 puntos por debajo de la media. Y la diferencia con los grandes países era similar o mayor en algunos casos: 23 puntos por debajo de Alema­nia, 22 puntos menos que Francia y, so­bre todo, 59 puntos menos que Italia, la cuarta economía de la UE que duplica la ratio de la deuda española. España, por lo tanto, no tiene un problema con su deu­da soberana. O, dicho de otra forma, den­tro de los grandes países de la UE, somos el que menos problemas tiene.

Ahora bien, este dato no puede ocultar una negativa evolución de las cifras de deuda del conjunto de la UE y, por lo tan­to, también de España en los años de la Gran Recesión. Porque los problemas de deuda privada generada con el estalli­do de la burbuja financiera-inmobiliaria se han trasladado en buena medida a la deuda pública.

En 1996 nuestra deuda soberana equiva­lía al 67,4% del PIB. En ese año se inició un proceso de reducción sostenido hasta llegar al 36,1% en 2007. De esta larga se­rie temporal se pueden sacar varias con­clusiones relevantes para estimar en qué grado está el problema de nuestra deuda actual.

La primera conclusión es que en 2010, tres años después de iniciada la crisis, la deuda pública acumulada está, en térmi­nos de PIB, casi al mismo nivel que tenía­mos al empezar la década.

La segunda es que la ratio de la deuda/ PIB se redujo en cada uno de los años desde 1996 a 2007, hasta acumular una disminución de 31 puntos, alcanzando en este ejercicio un mínimo histórico.

La tercera es muy relevante porque lo que explica la reducción del peso de la deuda en el pasado ha sido el crecimiento del PIB nominal, de tal forma que en el futuro la reducción del peso de la deuda dependerá más del crecimiento nominal del PIB que de alcanzar superávits presupuestarios que permitan reducir el nominal de la deuda.

Los problemas de sostenibilidad de la deu­da pueden ser de dos tipos: la posibilidad de seguir acudiendo a los mercados finan­cieros para refinanciar la deuda vencida o cubrir nuevas necesidades de financiación; y/o que el servicio de la deuda se convierta en una pesada losa sobre las cuentas pú­blicas.

Para tener una opinión fundamentada acerca del nivel de sostenibilidad de la deuda española, analizamos su coste fi­nanciero y las necesidades de financia­ción/refinanciación en los próximos años.

En 2010, los intereses generados por la deuda fueron 20.423 millones de euros, una cifra que equivale al 1,9% del PIB. En 1996 alcanzó el 5,23% del PIB, valor casi tres veces superior al de 2010. La ratio in­tereses/PIB se mantiene en 2010 en niveles históricamente bajos en nuestro país y por lo tanto sigue sin representar un problema de sostenibilidad.

La comparación con el país de referen­cia de la ortodoxia financiera de la UE es determinante en este sentido. En el año 2010, Alemania pagó en intereses de su deuda lo equivalente al 2,4% de su PIB.

Por otro lado la deuda española está rela­tivamente bien estructurada en sus plazos de vencimiento. En 1987, la vida media de la deuda española era de 2,72 años; en 1997 ya eran 4,24 años, para llegar a su­perar los 6 años en 2003 y cerrar el 2010 con una vida media de 6,62 años. Esto sig­nifica un peso cada vez mayor de la finan­ciación a más largo plazo, lo que propor­ciona mayor estabilidad a la estructura de financiación y menor necesidad de acudir a los mercados de deuda para financiar vencimientos.

La deuda pública española está repartida, un 56% entre prestamistas españoles y el 44% restante, 267.628 millones, en ma­nos de prestamistas del resto del mundo. Por lo tanto, la mayoría de compradores de deuda española son instituciones, en­tidades y empresas españolas, si bien el peso de los compradores exteriores es cada vez mayor.

El principal comprador no residente de deuda española son los bancos centrales de otros países, en especial de Estados europeos, que suponen el 32%, casi un tercio, de los inversores no residentes. Le siguen el grupo de las familias y empre­sas no financieras, que tienen otro 29%.

Las entidades financieras y las empresas de seguros tienen comprado el 23% de la deuda en manos externas, de tal for­ma que sólo el 16% del total de la deuda en poder de no residentes pertenece a fondos de inversión y de pensiones. Si se tiene en cuenta que la deuda en poder de los no residentes es el 44% del total, se concluye que la participación en el to­tal de la deuda soberana en circulación en manos de fondos de inversión y de pensiones no supera el 7% del total de la deuda pública española. Demasiado poco para que ellos solos puedan llevar a nues­tro país a la insolvencia. 

  Manuel Lago Peñas   Economista.     Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Evasión de impuestos de las grandes fortunas.

El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más influyente de España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, además de en España. En EEUU el Banco de Santander es propietario de Sovereign Bank.

Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EEUU y uno de los más influyentes del mundo. Es de suponer que si se escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre el Presidente Zapatero, tales reportajes serían noticia. No así en el caso Emilio Botín.

Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas).

Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa –según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total.

Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por la ex Vicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, “el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal”. Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que “los ricos no pagan impuestos en España”.

Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súper ricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad. Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y en Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy realizando.

Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos –aclara el Sr. Salvador Arancibia- “….medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una situación financiera muy delicada”. De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman “libertad de prensa”.

Vicenç Navarro | Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

En ‘Matinal Fin de Semana’ Jesús Cintora ha hablado con el Secretario General de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) sobre el dinero negro que se mueve en España.

Las decisiones y la falta de voluntad del gobierno, hacen que el abono de prestaciones sufran gran retraso.

La actual coyuntura española, genera­da por la crisis económica y financiera, ha agravado la situación del Fondo de Garantía Salarial, suponiendo un aumento importantísimo del volumen de peticiones de prestaciones. No hay que olvidar que la misión fundamental de este organismo es el abono, a los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, de los créditos salaria­les e indemnizatorios pendientes de pago por la declaración de insolvencia o con­curso de las empresas que se los adeudan, situaciones que han aumentado significa­tivamente durante la crisis, triplicando e incluso cuadruplicando la actuación de las unidades administrativas.

A pesar del esfuerzo que viene desempe­ñando la escasa plantilla del Organismo, apenas 400 trabajadores/as en todo el te­rritorio español, los expedientes pendien­tes en la actualidad superan los 68.000, afectando a 125.000 personas que, en tanto no se tramiten, no pueden percibir los salarios e indemnizaciones por des­pido, devengados y no pagados por sus empresas. La carga de trabajo pendiente en este apartado es superior a la activi­dad que desarrolló el FOGASA a lo largo de todo el ejercicio 2008.

Los tiempos medios de tramitación su­peran los 6 meses, cuando por impera­tivo legal no deben superarse los 3, esta situación tiene como consecuencia que, siendo el silencio administrativo positivo, conlleva el devengo de intereses de de­mora, así como la estimación de derechos por silencio administrativo, generando un significativo perjuicio a la hacienda pública.

El Fogasa debiera participar en miles de procedimientos concursales, de media, más de 1.000 por letrado, a la vez que es citado anualmente a más de 90.000 pro­cedimientos declarativos ante los juzga­dos de la jurisdicción social, más de 690 juicios por letrado y año. Tampoco en esta parcela el organismo puede respon­der a los requerimientos judiciales y ello colabora al aumento del gasto.

La aprobación del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas ur­gentes para la reforma del mercado de trabajo supone la asignación de nuevos cometidos al FOGASA, así el abono de los 8 días de la indemnización por despido supone otros 200.000 expedientes y que las prestaciones se abonen con un año de retraso a finales del 2011.

La situación es dramática y en las con­diciones actuales el organismo no pue­de responder a los requerimientos de la ciudadanía, unos requerimientos que se producen en un momento crítico para las personas y las familias al conllevar la pérdida de empleo con todas las conse­cuencias que ello arrastra.

La plantilla de FOGASA está sobrepasada por la carga de trabajo existente, las con­diciones de trabajo son insufribles. Desde CCOO se ha instado al Ministerio de Tra­bajo e Inmigración a que se resuelva esta situación de forma inmediata, ya que el propio MTIN había adquirido el compro­miso, en el corto plazo, de incrementar la plantilla en un número cercano al cente­nar y que no sabemos por qué motivos no ha cumplido. La incorporación de planti­lla es urgente si se quiere normalizar los abonos de las prestaciones. Las conversa­ciones que se han podido mantener hasta la fecha han terminado fracasando por la desidia, desinterés e irresponsabilidad de quienes gobiernan este Ministerio.

El Real Decreto-Ley 10/2011 publicado recientemente recoge más de un desati­no en lo que a contratación se refiere, un contrato de formación y aprendizaje fue­ra de toda lógica, contrato que puede ge­nerar una verdadera descapitalización de la seguridad social, así como una apuesta por mantener los anormales niveles de temporalidad de nuestro mercado labo­ral permitiendo durante dos año el enca­denamiento de los contratos temporales. Junto a todo ello, se recoge la decisión de fusionar el FOGASA y el Servicio Pú­blico de Empleo Estatal (SPEE), el antiguo INEM.

Esta última ocurrencia se realiza sin nin­gún análisis previo. Tanto FOGASA como el SPEE son los dos organismos en los que más crece la actividad en tiempos de cri­sis. Sobre los mismos está recayendo en los tres últimos años una intensidad de trabajo innegable y ninguno de los dos ha podido contar con los medios necesa­rios para poder absorber, con unos míni­mos de calidad, las cargas de trabajo a las que deben responder.

La alocada política de recortes que se ha instalado en el seno de la Administra­ción General del Estado ha sido incapaz de contemplar la situación excepcional que soportan tanto el SPEE como el FO­GASA y ha impedido establecer medidas correctoras de los déficit que padecen, comprometiendo claramente la gestión que deben desempeñar. Pretender fusio­narlos, sin corregir previamente las de­ficiencias estructurales de plantilla y de medios que sufren, solo puede llevar a un colapso aún mayor en ambos, algo que repercutirá directamente sobre la pobla­ción desempleada que sufre en primera línea las consecuencias de la crisis. La intención de integrar los dos organismos se hace en el momento más crítico de su gestión y encierra peligros que no se pueden obviar. Sería de una irresponsa­bilidad absoluta iniciar este camino sin contar con los medios y las soluciones que los eviten, y este Gobierno no iden­tifica nada que se le pueda parecer en el Real Decreto-Ley publicado.

Desde nuestra Sección Estatal de CCOO en el Ministerio de Trabajo, con la cola­boración de la FSC y de la Confederación, se ha llevado adelante un primer proceso de denuncia de la situación, se han rea­lizado propuestas concretas y razonables de solución y la cerrazón que muestra el Gobierno obligará, durante los próximos meses, a intensificar este trabajo y a abordar las movilizaciones necesarias para modificar las claves en las que se encuentran tanto el FOGASA como el SPEE