Intervención de Ignacio Fernández Toxo en el Club Siglo XXI Dentro del ciclo «La Encrucijada Europea»
Agradezco,
sinceramente al Club Siglo XXI que me haya invitado a participar en
un foro de debate de tan larga trayectoria, prestigio y proyección.
Deben saber que la invitación me fue cursada nada más salir elegido
secretario general de la Confederación Sindical de CCOO durante el
9º Congreso del sindicato, y que únicamente razones de agenda han
hecho que mi presencia no haya sido posible antes. Con esta
invitación se pone de manifiesto el interés de sus miembros por
conocer las reflexiones y propuestas del sindicato al que represento
en un momento particularmente grave de la historia reciente de
nuestro país.
Quiero
agradecer también las amables palabras de Nicolás Sartorius en su
presentación. CCOO es una organización sindical de corta historia
si se compara con la larga tradición del sindicalismo en España,
pero, desde las primeras comisiones obreras que se eligieron a
mediados de los años cincuenta para canalizar las reivindicaciones
de los trabajadores en las empresas, ha llegado a ser uno de los
actores fundamentales de la historia contemporánea española y ello
sólo ha sido posible gracias a la decidida y sacrificada entrega de
personas como Nicolás. Lo que CCOO es hoy, como sujeto social y
político, lo es gracias a él, a Marcelino Camacho, a Julián Ariza,
a Antonio Gutiérrez a José Mª Fidalgo y a todas aquellas personas,
unas más conocidas, la mayoría anónimas, que han dedicado lo mejor
de ellas mismas a la causa de los trabajadores y las trabajadoras.
Comisiones
Obreras nació en el seno de la empresa para defender las
reivindicaciones más genuinas de los trabajadores, inmediatamente
después incorporó a ellas la conquista de las libertades
democráticas y a través de varias décadas de lucha ha ido
conformando lo que Marcelino denominó como “sindicalismo de nuevo
tipo”, que no es otra cosa que un modelo de sindicato que,
profundamente anclado en la empresa, la trasciende y supera cualquier
tentación corporativa, para situarse como sindicato sociopolítico,
autónomo y que se identifica con la mejor tradición de la
izquierda.
Para
un sindicato como CCOO la defensa, hoy, de los intereses de los
trabajadores y trabajadoras, desde esa vocación sociopolítica a la
que me he referido, supone interpretar correctamente la naturaleza de
la crisis por la que atravesamos, desentrañar sus claves
internacionales y su dimensión nacional, proponer aquellas medidas
más adecuadas para superarla más pronto que tarde, con el menor
coste social posible y para salir de la misma más reforzados; todo
ello, en consonancia con el movimiento sindical internacional y desde
una profunda afirmación europeísta.
Eso
es lo que pretendo exponer hoy aquí, al hablar de las “Iniciativas
sindicales para unescenario de crisis”
Estamos
ante la primera gran crisis financiera y económica de la
globalización.
La
recesión y la incertidumbre sobre el futuro siguen siendo los
factores dominantes en la economía mundial.
La
crisis financiera desencadenada por los bancos norteamericanos, a
través de los activos tóxicos emitidos en base a las hipotecas de
baja calidad, ha contaminado, en muy poco tiempo, no sólo el sistema
financiero global, sino también el segmento productivo, condenando a
una fase recesiva –desconocida desde la Gran Depresión de 1929– a
la mayor parte de las economías mundiales y, en especial, a las de
los países más desarrollados.
Los
costosos planes de reflotamiento del sistema financiero, junto a los
de activación de la demanda, aplicados en buena parte del mundo, han
evitado el colapso, pero todavía no han conseguido normalizar la
labor de intermediación de las entidades financieras y, mucho menos,
salvar de la recesión la actividad productiva de las principales
economías.
La
crisis financiera y económica y la recesión de la economía mundial
están teniendo una extensión, profundidad y duración mayor de la
que reflejaban los primeros pronósticos. Las últimas predicciones
–FMI, OCDE y OMC– apuntan a una disminución del PIB mundial, en
2009, entre un 1,5% y un 2%. En Europa, la caída del PIB se situaría
en torno al 4,2%. La caída del comercio mundial estaría entre el 9%
y el 10%.
El
importantísimo aumento de los recursos del FMI, acordado en la
Cumbre de Londres del G20, se debe a la previsión de que en los
próximos meses se sentirán fuertemente los efectos de la crisis en
algunos países emergentes y en vías de desarrollo, cuyas finanzas
públicas no podrán hacer frente a sus obligaciones de pago.
Aunque
en abril han aparecido algunos indicadores positivos en la economía
de los EEUU y en su sector financiero, no todos los datos avalan un
cambio de tendencia. Ningún análisis riguroso se atreve a poner
fecha al fin de una recesión cuya gran velocidad de propagación se
corresponde con las características de una economía globalizada.
La
crisis está generando mayores penalidades y sufrimientos a los
trabajadores y trabajadoras, especialmente en aquellas áreas
geográficas donde no existen sistemas de protección social o son
muy insuficientes. La OIT estima que pueden destruirse más de 50
millones de empleos.
Los
gobiernos, coordinados los económicamente más fuertes en el G20,
están aplicando políticas keynesianas para salir de la recesión
mediante la reactivación de la demanda. Gobiernos e instituciones
financieras internacionales parecen apostar por la regulación. La
lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible está
pasando de la época de las declaraciones a la de los compromisos y
la implementación de medidas. Sin embargo, no sucede lo mismo con
los derechos fundamentales del trabajo. Los avances en la Declaración
de la Cumbre de Londres del G20 respecto a la de Washington no se
hubieran producido, probablemente, sin el cambio de gobierno en los
EEUU.
Los
primeros pasos dados por la nueva Administración demócrata apuntan
a un cambio tanto en política interior, como en el campo de las
relaciones exteriores. En este terreno el cambio es, ante todo, en
las formas, que ahora parecen presididas por la voluntad de diálogo
y la vuelta al multilateralismo. Si bien no se puede perder de vista
que una potencia como los EEUU no dejará de defender nunca sus
intereses nacionales, el modo de relacionarse puede suponer, en sí
mismo, un valor importante, máxime si se compara con el extremismo
unilateralista y conservador del Gobierno de George W. Bush.
En
la Declaración final de Washington y los primeros borradores de la
Declaración de Londres del G20 se han introducido el empleo y los
temas sociales. La OIT tomará parte en el seguimiento y evaluación
del impacto de las acciones relacionadas con el empleo. La Cumbre se
comprometió a abrir un debate más amplio sobre los valores clave y
principios para un desarrollo económico sostenible y la elaboración
de una “Carta” sobre los mismos, según la propuesta realizada
por la canciller Merkel.
Se
comprometen 1,1 billones de dólares, en su mayor parte a través del
FMI, para facilitar créditos a las economías emergentes y en vías
de desarrollo que no puedan hacer frente a sus pagos con el exterior.
Sin embargo, por el contrario, no se establecen nuevos planes para un
estímulo coordinado de la demanda global.
Se
ha alcanzado un acuerdo más amplio para reforzar la regulación de
las finanzas mundiales, que incluye los “hedge funds” importantes
y la persecución de los paraísos fiscales o “no cooperativos”,
en base a las listas del grupo GAFI1de la OCDE. Sin embargo, el control de la regulación se deja en
manos del Foro de Estabilidad Financiera en lugar de establecer una
“autoridad reguladora supranacional”.
La
Cumbre volverá a reunirse en 2009, para evaluar los resultados de la
aplicación de las medidas adoptadas y aprobar otras nuevas
(probablemente en septiembre en Nueva York, coincidiendo con las
sesiones de la Asamblea General).
La
previa acción coordinada de las centrales de la Confederación
Sindical Internacional (CSI, en adelante) con los Gobiernos del G20,
y las propuestas al borrador de Declaración, formuladas en la Cumbre
de Londres por la delegación sindical internacional, han tenido su
impacto en la misma y se ha logrado subrayar la importancia de “las
necesidades y empleos de las familias trabajadoras” y la necesidad
de “restaurar la confianza, el crecimiento y los empleos”.
Es
justo reconocer la receptividad expresada por el Gobierno español a
las demandas que, en consonancia con las formuladas por la CSI, le
hicimos llegar CCOO y UGT y su positiva actuación posterior.
1GAFI son las siglas del Grupo de Acción Financiera Internacional,
grupo de trabajo creado en el seno de la OCDE, que en la actualidad
es la única instancia supranacional que tiene como objetivo combatir
el lavado de dinero y las actividades ilícitas de los paraísos
fiscales. El GAFI realiza estudios, emite recomendaciones y publica
las listas -negra y gris– de los países y jurisdicciones que
no aceptan cooperar con el GAFI y sus fines por tener legislaciones y
prácticas permisivas con el blanqueo de capitales y otros delitos
financieros.
La
Cumbre, condicionada en este aspecto por el diferente enfoque con el
que llegaron a la misma los distintos países, no adoptó nuevas
medidas de estímulo fiscal, sólo se comprometió a hacerlo “si
fuera necesario”. Sin embargo,
respecto al empleo sí se logró introducir por iniciativa sindical:
(1) que la Declaración hiciera suyas las conclusiones de la Cumbre
Social de Roma del G8, que incluyen una referencia a las discusiones
de la próxima Conferencia de la OIT y a su propuesta de Pacto
Mundial por el Empleo; (2) encomendar a la OIT la evaluación del
impacto de las medidas adoptadas en el empleo y la formulación de
nuevas propuestas en este campo; y
(3)
con ello, abrir el camino para alcanzar el objetivo sindical de
establecer una cooperación estructurada y la creación de un grupo
de trabajo sobre empleo en el seno del G20. Para lograrlo y
conseguir un buen desarrollo de las otras dos referencias es
necesario intensificar la presión sindical.
La
Declaración de Londres acoge una referencia a la llamada “Iniciativa
Merkel-Tremonti” para adoptar “una Carta Global para una
actividad económica sostenible”. Se compromete a abordar, en la
próxima cumbre, la consecución de un consenso global sobre los
valores clave y los principios para ello. La importancia de esta
cuestión, si se llegara a un acuerdo, es que la base de la
iniciativa es el compendio que la OCDE está realizando de las
principales normas económicas y sociales internacionales, incluyendo
las normas laborales fundamentales de la OIT. La coherencia de las
normas de la OMC, el FMI, el BM y la OCDE con las de la OIT es un
objetivo fundamental del movimiento sindical internacional, que
debería colocar en pie de igualdad a las normas fundamentales de la
OIT con los principales instrumentos internacionales ratificados en
los campos del comercio, las finanzas, la inversión y el desarrollo.
En
este contexto, la actividad principal de las internacionales
sindicales durante los próximos años estará orientada a enfrentar
la crisis y sus consecuencias sobre el empleo y los derechos de los
trabajadores y las trabajadoras; al tiempo que plantea un modo de
salir de la crisis reactivando la economía mundial, que implique un
cambio del modelo de crecimiento y el fin del modelo neoliberal de
globalización. En este sentido, la CSI, a la que pertenece CCOO,
está proponiendo:
• Una
regulación normativa del sistema financiero internacional y la
creación de órganos multilaterales de supervisión y control.
• La
reforma de las instituciones financieras y económicas
internacionales.
• Un
gobierno democrático del mundo, también de lo económico y lo
social.
• La
liberalización comercial respetando los principios de un comercio
justo.
• La
universalización de los Principios y Derechos Fundamentales del
Trabajo y del Trabajo Decente.
• La
construcción de un nuevo modelo económico basado en los principios
del desarrollo sostenible y en la eliminación de la pobreza. Nueva
economía baja en emisiones de carbono y creadora de “empleos
verdes”. Negociación de la transición hacia ella y de los
impactos en el empleo.
Con
la crisis como telón de fondo y con carácter previo a la reunión
de G20, se celebró la Cumbre de Primavera de la UE bajo presidencia
checa.
En
el marco de la misma se celebró una cumbre social con la
participación de la presidencia del Consejo y los presidentes de los
tres países: Chequia, España y Suecia; es decir, quien preside y
aquellos que le sucederán en la presidencia.
Tanto
en la cumbre social, donde CCOO intervino en representación de los
sindicatos españoles, como en la cumbre europea se pusieron de
manifiesto la dificultad de articular un marco común de actuaciones
frente a la crisis y, como luego se pudo comprobar en Londres en la
reunión del G20, la disparidad de criterios para consensuar un plan
de actuaciones a escala internacional.
La
UE, a las puertas de las elecciones al Parlamento Europeo, aparece
ante la ciudadanía carente de impulso, debilitada frente a otras
áreas del mundo, con riesgos serios de renacionalización de la
iniciativa política; hechos que, además de restar eficacia a la
acción en cada uno de los países, están logrando un incremento del
euroescepticismo, que sin duda se va a manifestar con un creciente
desapego de la población, que hoy amenaza con expresarse en forma de
una altísima abstención en dichas elecciones.
La
ampliación de la UE, mal digerida en lo político; el
embarrancamiento del proyecto de Constitución Europea; el clima de
inseguridad que la globalización sin reglas ha producido en sectores
numerosos de la ciudadanía europea y que se proyecta contra las
instituciones de la UE; la insensibilidad social que manifiestan y
los intentos de recortar derechos laborales, a través de iniciativas
legislativas o de sentencias del Tribunal de Justicia Europeo (TJCE);
la falta de liderazgo –personal y colectivo– de unos partidos
políticos europeos desprovistos de fuerza, coherencia y proyección;
el continuo abordaje, por parte de responsables políticos y medios
de comunicación, de los grandes temas europeos en clave de las
miopes políticas nacionales…, son los aspectos, con algunas otras
razones, que han sumido a la UE en un estado de aguda debilidad
política y de gran distanciamiento entre sus instituciones y la
población.
El
que esto ocurra en un momento de profunda crisis, pero también de
esperanzas de cambio, es particularmente lamentable no sólo para la
UE, sino para el resto del mundo, que debería tener a Europa como
modelo de integración económica, social y política.
El
movimiento sindical europeo, agrupado en torno a la Confederación
Europea de Sindicatos (CES) viene luchado por revertir esta
tendencia. Se comprometió con el proyecto de Constitución Europea,
presionó para frenar las directivas de tiempo de trabajo y de
servicios y promueve un “Pacto social europeo” que permita
afrontar la crisis también en el marco de la Unión Europea, sobre
el restablecimiento del derecho del trabajo frente a la prevalencia
de la regulación mercantil, sobre la protección y la cohesión
social, frente aquellos que apuestan por el debilitamiento del Estado
del Bienestar que ha sido seña de identidad del modelo social
europeo.
Contribuir
a superar esta situación, desde la crítica y la propuesta, es la
prioridad del sindicalismo europeo y de la CES, y por ello nos
movilizamos, de manera extraordinariamente masiva los pasados 14,15 y
16 de mayo, primero aquí en Madrid, después en Bruselas, Berlín y
finalmente en Praga.
En
mi opinión, la UE debe dotarse de una mayor consistencia, coherencia
política y protagonismo. Urge un nuevo impulso a la integración
política, que genere nuevos mecanismos de intervención pública en
el conjunto de la Unión, que garantice derechos sociales y laborales
homogéneos; es decir, derechos de ciudadanía europea en los
distintos países y que huya de las tentaciones nacionalistas, que no
suponen ninguna solución económica y que únicamente contribuyen a
alimentar reacciones xenófobas. Llamaremos a la participación
electoral, somos los primeros interesados en el reforzamiento de las
instituciones europeas. En las próximas elecciones no se dirime
únicamente la composición política del Parlamento Europeo, se
dirime también cómo Europa enfrenta la crisis y el papel que ésta
va a jugar en un nuevo concierto económico y político
internacional.
En
este contexto, España, que no está al margen del escenario
económico internacional, vive su propia crisis fruto del agotamiento
de un modelo de crecimiento que ha explotado por demasiado tiempo
ventajas competitivas asociadas casi exclusivamente a los costes del
trabajo.
El
dato conocido sobre la evolución del PIB con una caída del 3% en
tasa interanual es muy negativo y supone el peor resultado de la
economía española desde la transición.
Los
efectos que esta fuerte caída de la actividad económica está
teniendo en el empleo en este mismo período han sido también
dramáticos; el desempleo se ha situado en un 17% de la población
activa, con más de cuatro millones de desempleados, y el diferencial
entre el paro registrado y la EPA apuntan a un importante crecimiento
de la economía sumergida, así como al crecimiento de una nueva
bolsa de inmigrantes en situación de irregularidad, sobrevenida como
consecuencia directa de la permanencia en el desempleo de una franja
creciente de los mismos.
El
crecimiento del desempleo en España tiene como origen la incapacidad
de la economía para absorber el crecimiento de la población activa
y la destrucción de puestos de trabajo.
El
proceso de destrucción, que comenzó en la construcción residencial
y los servicios vinculados a la misma, se ha extendido por el
conjunto de los sectores de la economía, incluida la industria.
La
altísima proporción de trabajadores temporales sobre el total de
asalariados, cuyos costes de despido son prácticamente nulos, ya que
la mayor parte de los despidos se hace a la finalización de los
contratos, está detrás de esta fuerte caída del empleo, un millón
trescientos mil trabajadores menos que hace un año.
Estamos,
por tanto, sufriendo un ajuste pasivo de la crisis, lo que
evidenciaría la escasa eficacia –dada la magnitud del problema– de
las medidas puestas en marcha por el Gobierno para hacerle frente,
pero también las enormes debilidades del modelo de crecimiento
desarrollado en nuestro país en los últimos años, basado en la
especulación inmobiliaria y en la especialización productiva en
sectores con bajos niveles de innovación y productividad, bajos
salarios y alta precariedad.
En
términos macroeconómicos, en la actualidad el principal riesgo de
desequilibrio va a ser el déficit público, ya que la prácticamente
estabilización del IPC en los últimos meses, con algunos ligeros
decrecimientos en algún mes, está haciendo que, por ahora, la
inflación haya dejado de ser un problema en términos de diferencial
con la UE, apenas medio punto en febrero de 2009.
La
mayor contracción de las importaciones con una reducción en volumen
del 30% en enero de este año (las exportaciones han disminuido en un
23%) está suponiendo una reducción del déficit exterior, en el
cuarto trimestre de 2008 era del 7,8% del PIB frente al 9% de la
media anual, aunque aún se mantiene en volúmenes elevados.
El
crecimiento de los gastos derivados de las políticas anticíclicas,
principalmente el gasto en protección por desempleo, así como el
esfuerzo inversor desarrollado por el Gobierno en obras públicas
para reducir la sangría de empleo en el sector de la construcción,
con unos ingresos que se están reduciendo por efecto de la menor
actividad económica, puede suponer un déficit del Estado al final
del año de un 7%.
Es
verdad que hay margen de endeudamiento, ya que las previsiones
oficiales son que la deuda pública llegue al 46% del PIB este año,
aún muy por debajo de la media de la UE que está en un 68%. Pero un
rápido crecimiento del endeudamiento público puede añadir
dificultades a la recuperación del crédito para las familias y las
empresas.
Por
eso, las mayores necesidades de gasto público que demanda la actual
crisis económica deben ser cubiertas, en primer lugar, por nuevos
ingresos fiscales, lo que requiere una vuelta atrás en el proceso de
desfiscalización de las rentas altas experimentado por la hacienda
pública en el último decenio. Es decir, una subida de los tipos
máximos del IRPF y el restablecimiento del impuesto del patrimonio,
o un nuevo impuesto sobre grandes fortunas, así como reactivar la
lucha contra el fraude fiscal. En este sentido debería considerarse
la supresión de los 400 euros del IRPF, así como potenciar la red
pública de educación 0-3 años frente a los 2.500 euros de
subvención por nacimiento de un hijo.
Las
causas de la situación que vivimos en España, hay que reiterarlo,
no residen en el mercado laboral; las razones últimas de la
profundidad de la crisis no hay que buscarlas ahí. Algunos sectores
de opinión han dedicado ingentes esfuerzos a intentar convencer a la
sociedad de que únicamente la situación internacional era la que
estaba provocando la caída, en picado, del ciclo económico de
bonanza en España, con las consecuencias derivadas de destrucción
de empleo y deterioro social.
España
habría entrado en crisis aun sin crisis internacional. Ésta, cierto
es, ha venido a empeorar lo que ya presentaba síntomas evidentes de
gravedad.
La
crisis española tiene características propias, derivadas de un
tejido productivo, el español, que arrastra déficit estructurales,
que se muestra incapaz de competir en un mundo de economía abierta,
como pone de manifiesto el desequilibrio en la balanza comercial aun
en unas circunstancias como las actuales, que no se puede compensar
con llamamientos voluntaristas al consumo de bienes y servicios
españoles.
La
crisis española se produce por el agotamiento de un modelo de
producción que ha servido, aprovechando unas determinadas ventajas
competitivas propias de nuestro país, para el impulso del
crecimiento económico y la modernización de España en las últimas
décadas. Ese impulso ha llegado a su fin. Se ha alargado durante
excesivo tiempo la explotación de esas ventajas competitivas muy
vinculadas al factor coste de trabajo, incluida la protección
social, descuidando la necesaria e imperiosa transformación del
patrón de crecimiento.
Las
reformas parciales que se han venido sucediendo han puesto el acento
donde no había necesidad, con el propósito de estirar el
mantenimiento de esas ventajas a las que antes aludía. Esas reformas
que pretendían seguir explotando la misma veta y privilegios son
defendidas por sectores muy influyentes y sus altavoces mediáticos;
según ellos, para aumentar la competitividad y la productividad de
nuestras empresas hay que modificar el Estatuto de los Trabajadores y
replantearse qué Seguridad Social queremos y nos podemos permitir.
CCOO ha rechazado esta tesis, porque nos parece una fuente exhausta y
ya exprimida hasta la última gota.
Desde
CCOO planteamos una alternativa de trabajo distinta que, poco a poco,
se va abriendo paso en la sociedad. Las críticas fueron feroces
cuando explicitamos que no estábamos en disposición de aceptar la
congelación generalizada de los salarios en la negociación
colectiva.
Como
por esta vía no hallaron luz, quisieron cobrarse otra pieza básica,
la reducción en 3 puntos de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Así las cosas, se entenderá el desacuerdo en la renovación del ANC
para 2009.
Seguimos
sin compartir la idea de que para salir de la crisis hay que abaratar
los costes salariales directos e indirectos. Parece obvio que no se
puede combatir con eficacia la caída del consumo detrayendo recursos
que pudieran incentivar aquel. Además, la deflación que se apunta
en el horizonte puede agravar los síntomas de la crisis y traer como
consecuencia mayor destrucción de tejido industrial y de puestos de
trabajo.
En
este contexto, también hemos rechazado la tesis de una supuesta
reforma laboral que flexibilizara aún más nuestro mercado de
trabajo. Las estadísticas recientes avalan nuestra posición de que
la flexibilidad sin más no crea puestos de trabajo, ni estables ni
temporales. En España el despido no es caro ni el mercado laboral
rígido, son mitos que nos quiere imponer un discurso ya superado por
la realidad.
Hay
una cultura de empresa muy extendida en nuestro país que dice que la
temporalidad, con tasas que han venido oscilando entre el 27% y el
35%, ha sido la causa de nuestro despegue económico y del
crecimiento espectacular del Producto Interior Bruto (PIB), lo que
nos ha llevado a crear el doble de empleo que la media europea (zona
euro). Una afirmación que se puede responder con otra: la economía
española duplica la tasa de destrucción de empleo de la media
europea, y lo hace con mayor velocidad.
Un
ejemplo de lo que acabo de afirmar lo encontramos en los recientes
indicadores sobre la evolución del PIB en el primer trimestre de
2009 en los países de la UE y su repercusión en el empleo. Mientras
España es uno de los países en que menos cae la economía, en
comparación a Francia, Alemania o Italia, es sin embargo, el país
en que más empleo se destruye.
De
hecho, de los empleos perdidos en España únicamente el 6% se
producen a través de los Expedientes de Regulación (ERE), el 35%
vienen del despido individual y casi el 60% se originan por la no
renovación de los contratos.
Es
el uso y abuso de la temporalidad, el continuo fraude de ley en la
contratación, la ausencia de controles administrativos fruto de una
Inspección de Trabajo infradotada, lo que hace que en nuestro país
se destruya tan masiva y rápidamente empleo.
Por
su parte, el coste del despido objetivo en España es de veinte días
por año. Sólo el despido declarado improcedente por un juez recibe
una indemnización de cuarenta y cinco días, y siempre que la
contratación no se haya hecho con la última modalidad acordad con
los sindicatos en 1997, en cuyo caso es de 33 días por año. La
inmensa mayoría de los despidos que se producen en nuestro país, al
venir, como he comentado, de la no renovación de los contratos o de
contratos temporales, no suponen ningún coste para el empresario o
se limita a ocho días por año trabajado.
Ésta
es la clave del rechazo sindical a la propuesta de contrato único.
El contrato único supondría un paso más en la ruptura del
principio de causalidad, en este caso acompañado de la causa de la
extinción del contrato de trabajo, puesto que es solo la voluntad
unilateral del empresario y su libre valoración de las
circunstancias que aconsejan su acción las que hacen posible la
extinción del vinculo contractual, cuyo efecto más grave no sería
la reducción del coste del despido, sino la descausalización de la
contratación y la eliminación de la tutela judicial.
Por
tanto, no estamos ante una nueva figura contractual para superar la
dualidad existente en nuestro mercado laboral, algo que a CCOO
también le preocupa, sino ante una fórmula que con la apariencia de
nueva no persigue otra cosa que recuperar la tasa de ganancia perdida
en estos momentos por “la vieja vía” de seguir presionando a la
baja sobre los costes laborales.
Tampoco
creemos que la solución a los problemas actuales, en relación a la
competitividad de las empresas, venga por la reducción de las
cotizaciones sociales. Lo que sostienen las organizaciones
patronales, de llevarse a efecto, supondría transferir a excedente
empresarial directamente, y de una sola vez, 11.500 millones de
euros, al tiempo que al finalizar el año en curso la Seguridad
Social arrojaría un déficit de 9.000 millones de euros. En un
máximo de 7 años, si se aplicara una medida de este calado, nos
llevarían por delante el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y
al poco tiempo el Sistema Público de Pensiones. No compartimos las
tesis expuestas. Estamos trabajando en la dirección opuesta,
aportando ideas, realizando propuestas y elaborando alternativas que
pongan a los trabajadores en el centro de la cuestión. Contra los
derechos de los trabajadores no existe solución ni alternativa
social viable.
Si
lo que realmente se quiere es enfrentar el problema de la
productividad y de la competitividad de las empresas, uno de los
mayores déficit de la economía española, vuelvo a reiterar, las
soluciones no pueden buscarse, como sistemáticamente reclaman
determinados sectores, en reformas regresivas del mercado laboral,
que no dejan de suponer una suerte de flexibilidad externa, que acaba
siempre acarreando más desregulación, temporalidad y, al final,
desempleo.
Por
el contrario, hay que impulsar medidas que incrementen la eficacia en
la utilización de los factores productivos superando la brecha que
mantenemos todavía con respecto a la media de la UE, en asuntos como
la dotación de infraestructuras, las inversiones en Investigación,
Desarrollo e innovación -donde hay que destacar especialmente el
escaso esfuerzo tecnológico de las empresas- la baja difusión de
las tecnologías de la información y la comunicación o los niveles
relativamente más bajos de la cualificación de la fuerza del
trabajo, que se reflejan en indicadores como el menor desarrollo de
la formación profesional o los elevados índices de abandono
escolar.
Incrementar,
en definitiva, los niveles de productividad de nuestra economía
exige, cambio tecnológico, formación y estabilidad en el empleo y
una eficaz organización del trabajo. Para
ello, el papel de la negociación colectiva es crucial.
La
reforma de 1994 vino a hacer disponibles para el convenio colectivo
elementos importantes para la relación laboral, antes reservados a
la Ley. Pero lo que podría haber sido utilizado para dar un salto
cualitativo importante se vio limitado, a mi juicio, por dos
factores: La reforma del artículo 84 del Estatuto de los
Trabajadores y la falta de coraje para normar la participación
sindical en la empresa, equiparando el modelo español al de buena
parte de los países de la UE.
El
acuerdo de 1997, si bien permitió dar pasos importantes, apenas pudo
corregir alguna de las disfunciones del convenio colectivo y la
reforma del 2001 embarrancó en el arrecife de los convenios de
empresa.
CCOO
está dispuesta a participar del debate sobre la reforma de la
negociación colectiva en España. Soy consciente que proponer
reformar la institución de la Negociación Colectiva tiene menos
impacto mediático que hacerlo de la contratación laboral, pero de
lo que no me caben dudas es de la necesidad de una y la
inconveniencia de otra.
Desde
nuestro punto de vista, esta reforma que debería afectar
fundamentalmente a la estructura de la negociación, articulación,
concurrencia y sujetos legitimados tendría que suponer una mayor
implicación del sindicato en la empresa, en la organización del
trabajo, lo que, junto a una mayor inversión en innovación y
desarrollo tecnológico, llevaría aparejado un incremento de la
productividad muy necesario para garantizar una mayor capacidad
competitiva de nuestros bienes y servicios.
Apostamos
por la flexibilidad interna en la empresa, gobernada entre sindicatos
y empresarios desde el seno de la misma y desde los sectores
productivos frente a la flexibilidad externa.
En
esta misma dirección es necesario, también, abrir un espacio de
reflexión y negociación sobre la participación institucional de
los agentes sociales. Ámbitos de participación plenamente
consolidados en la práctica totalidad de los países de la UE-15,
países que, como hemos visto, son menos vulnerables a la destrucción
de empleo.
Sirva
como ejemplo que una de las bases del capitalismo renano ha venido
siendo la participación de los trabajadores en las empresas. De esta
forma, en las propias empresas se toman decisiones no basadas en elcortoplacismodel mayor beneficio en el menor tiempo, algo que venían haciendo los
especuladores a través de los fondos de inversión, que extendían
sus tentáculos por la economía productiva despreciando conceptos
como reinversión de beneficios, sostenibilidad empresarial, mejora
de la calidad y cualificación del empleo, esfuerzo de innovación,
etc.
Es
indudable que una mayor presencia de los intereses de los
trabajadores no sólo en el reparto de la riqueza generada en la
empresa, sino también en las decisiones sobre la generación de esa
riqueza, permiten que el marco de actividad empresarial esté
presidido por otras motivaciones distintas a la del rápido
enriquecimiento.
La
generación de confianza entre todos los que hacen posible que una
empresa funcione, la búsqueda de intereses colectivos más amplios,
es la mejor garantía para que el proyecto empresarial consiga sus
objetivos y la economía en general funcione con criterios de mayor
equidad y responsabilidad social.
Como
ya apuntamos desde CCOO antes del 9º Congreso Confederal: “de
la crisis no se sale deteriorando los derechos laborales y reduciendo
el papel de los sistemas de protección”.
A
CCOO le preocupan las personas.
Detrás
de las abrumadoras estadísticas del paro hay personas con nombres y
apellidos, con necesidades y proyectos vitales que una sociedad como
la nuestra no puede frustrar. Nos preocupan todos aquellos que
queriendo trabajar no pueden hacerlo, los que buscan empleo y no lo
encuentran, los que lo han perdido, los que se incorporan por primera
vez al mercado laboral… Nos preocupa el rostro generacional, de
género y étnico que adopta el paro. En el caso de los y las
trabajadores y trabajadoras inmigrantes en mayor medida, pues ellos
no disponen de la red de seguridad que supone el núcleo familiar lo
que les hace más vulnerables y fácil pasto de la economía
sumergida o la exclusión social.
Valoramos
el compromiso del Gobierno de que, más allá de las circunstancias
coyunturales, se dará cobertura a las personas que han perdido o
pierdan el empleo en esta situación de crisis. Pero no hay que
olvidar que los sistemas públicos de protección social contra el
desempleo, tanto en su vertiente contributiva como asistencial, no
van a ser suficientes para cubrir todas las necesidades si el ciclo
bajista económico se extiende más allá de lo previsible. Ya se
está conformando una zona de exclusión social muy preocupante; las
cifras oficiales del desempleo indican que son más de un millón de
ciudadanos los que no reciben prestación, que se solapan, quizás,
con la economía sumergida y las personas perceptoras de rentas
básicas o salarios de inserción.
Los
datos reales son desconocidos porque falta coordinación eficaz entre
las distintas Administraciones Públicas, incluidas las comunidades
autónomas, que tienen competencias en este terreno transferidas por
el Estado.
Esta
realidad, que bien se puede calificar de emergencia es lo que lleva a
CCOO y UGT a proponer un “Acuerdo
por el empleo y la protección social”presentado ayer mismo a la sociedad a través de los medios de
comunicación.
Las
alternativas sindicales que encierran la propuesta citada persiguen
un doble objetivo:
En
primer lugar, intervenir para hacer frente a la actual coyuntura de
crisis: protegiendo más y mejor a quienes más la sufren;
reactivando la economía para evitar que se siga destruyendo empleo y
reformando nuestro sistema financiero para garantizar el flujo de
crédito a las familia y empresas.
En
paralelo, proponemos actuar con visión estratégica para cambiar el
patrón de crecimiento que ha seguido la economía española hasta la
fecha y que es responsable, en gran medida, de la situación por la
que atravesamos: debemos apostar por una base industrial sólida que
invierta en I+D+i, por mejorar el sistema educativo y vincularlo más
y mejor al sistema productivo, y por consolidar y ampliar nuestro
sistema de protección social.
La
primera preocupación deben ser las personas. Particularmente las que
están perdiendo el empleo o no pueden acceder a él.
La
caída de la actividad económica está suponiendo una gran
destrucción de empleo. Una parte significativa, ya lo he apuntado,
son jóvenes, mujeres e inmigrantes que tenían contratos temporales,
caracterizados por bajos salarios e insuficiente tiempo de cotización
como para acumular derechos de protección por desempleo, lo que está
provocando que muchas personas y familias tengan escasas expectativas
de garantizar unas mínimas condiciones de vida.
El
riesgo de incremento de la exclusión social es evidente y para
evitarlo tenemos que: ampliar y mejorar la protección por desempleo;
adoptar mejoras en la Renta Activa de Inserción; conseguir una mayor
integración de las políticas activas de empleo; reorientar la
actuación de los Servicios Públicos de Empleo y mejorar su
funcionamiento; reformar la legislación concursal;…
Reactivar
la economía
Simultáneamente
hay que actuar para evitar que el desempleo siga creciendo e,
incluso, para que se generen nuevos puestos de trabajo, y ello sólo
es posible si intervenimos para reanimar la actividad económica.
Actuar en este sentido requiere una decidida iniciativa pública
(inversión directa en infraestructuras y sectores económicos,
garantías para que fluya el crédito…) a fin de que se generen las
condiciones en las cuales el sector privado encuentre los estímulos
y garantías suficientes para mantener las actuales iniciativas
empresariales o iniciar nuevos proyectos.
Para
ello proponemos: acometer nuevos programas de inversión pública,
tanto en lo que se refiere a la dotación de infraestructuras físicas
como tecnológicas, que apuesten por la anticipación de obra pública
prevista en el marco del Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transporte (PEIT), que vertebren el territorio y establezcan una red
transversal de comunicaciones; adoptar medidas encaminadas al aumento
del parque de viviendas en alquiler, mediante una acción concertada
del conjunto de Administraciones Públicas y el sector privado;
abordar un plan de rehabilitación urbana y de vivienda residencial,
con especial atención al aumento de la eficiencia energética;
acelerar la construcción de los centros educativos y sanitarios
públicos; desarrollar la aplicación de Ley de Dependencia;…
Revisar
el funcionamiento del sistema financiero
En
las condiciones actuales en las que no está fluyendo adecuadamente
el crédito a las familias ni a las empresas, a pesar de las medidas
que ha puesto en marcha el Gobierno, es clave normalizar el
funcionamiento del sistema financiero español como intermediario
entre el ahorro y el crédito, que presenta sus propias deficiencias
como suma de causas bastante complejas.
La
diferencia en los vencimientos entre la deuda de las instituciones
financieras españolas con inversores extranjeros (más de 200.000
millones de euros en el plazo de dos años) y la que mantienen con
ellos los agentes económicos españoles (plazo medio superior a los
veinte años), el sobreendeudamiento de familias y empresas
españolas y los fallidos provocados por la crisis (en una
proporción y cuantía elevada corresponde a promotoras
inmobiliarias), complican bastante la generación de nuevo crédito.
Por
otra parte, la garantía de crédito de las pequeñas y medianas
empresas es un elemento muy importante para mejorar el
funcionamiento de la economía española, pero la amplitud y el
volumen de recursos de las medidas aprobadas hasta la fecha ponen en
evidencia la capacidad de un organismo tan pequeño como el ICO
(menos de doscientos trabajadores) para poner en práctica un número
tan elevado de expedientes con un criterio adecuado de eficiencia.
En
estas condiciones nos planteamos: que el Estado fije objetivos
concretos de recapitalización de entidades para que puedan relanzar
su actividad; condicionar las ayudas públicas al sector financiero
a que las entidades hagan el máximo esfuerzo en reforzar sus
reservas, renunciando temporalmente al reparto de dividendos y
destinando sus beneficios a reforzar su estructura de capital;
promover la creación de sistemas de cooperación o integración
estables entre las cajas de ahorros y cooperativas de crédito;
defender la naturaleza jurídica de las cajas; abordar procesos de
cooperación, integración o fusiones de cajas de ahorros;
incrementar las líneas de crédito del ICO, favoreciendo su
efectividad real y reforzar adecuadamente sus recursos humanos.
Ya
he adelantado que la propuesta de “Acuerdo” se compone, también,
de una serie de alternativas llamadas a favorecer el necesario
cambio de modelo de crecimiento -es lo que se podría denominar
“medidas estratégicas”- cuyos resultados seguramente no serán
visibles más que en el medio y largo plazo, pero que hay que
acometer sin tardanza si de la crisis queremos salir con una
economía más reforzada y más cohesionados socialmente.
Una
base industrial sólida que invierta en I+D+i
El
excesivo protagonismo del sector de la construcción y de los
servicios en el desarrollo económico de estos últimos lustros ha
generado un gran crecimiento de la economía y del empleo, pero,
como se ha demostrado, las bases en las que se ha sustentado eran
frágiles, hasta tal punto que la situación desde la que España
aborda los retos de la competitividad no es la óptima. Nuestro país
se sitúa en una posición rezagada con respecto a los principales
líderes tecnológicos y del conocimiento europeo y mundial, ya que
se encuentra dentro de un amplio grupo de países que han basado su
ventaja competitiva en sus menores costes laborales, más que en
factores de calidad y cualificación.
La
presente crisis nos obliga a cambiar el patrón de crecimiento para
que éste se fundamente sobre bases sólidas, y para que, junto a
una mayor prosperidad general, se consiga mayor cohesión social y
haga que nuestra economía sea menos vulnerable a los cambios de
ciclo.
Para
ello es indispensable: desarrollar la sociedad de la información;
ordenar y priorizar las inversiones públicas en I+D+i en toda la
actividad productiva e incrementar el gasto privado en esta materia;
dotarse de una Ley de Ciencia avanzada; realizar un plan industrial
que afronte el diseño industrial y la calidad de los bienes y
servicios; reactivar el fomento de una política sectorial activa
que apoye el desarrollo de la industria, los servicios de valor
añadido, el turismo y la construcción productiva y no
especulativa; crear un marco regulador de la política energética
que asegure el abastecimiento, la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI), la eficiencia y el ahorro energético,
todo ello en un marco tarifario estable, transparente y asequible.
Mejorar
el sistema educativo y vincularlo más y mejor al sistema
productivo. Mejorar la Formación Profesional (FP)
La
cualificación de los trabajadores y trabajadoras es una de las
claves fundamentales para el cambio de patrón de crecimiento. La
formación de la fuerza laboral, junto a los necesarios cambios
tecnológicos y de la organización del trabajo son las bases para
incrementar la productividad y la competitividad que necesita
nuestro aparato productivo.
Desde
las reformas educativas implementadas en los años noventa, nuestro
país ha superado una brecha histórica con los países de nuestro
entorno en lo que a extensión de la escolarización obligatoria y a
la universalización de la oferta se refiere; pero este avance, sin
duda decisivo, no ha venido acompañado de los niveles de excelencia
necesarios medidos tanto por el nivel de abandono escolar como por
el número de estudiantes que superan con éxito la enseñanza
secundaria superior. Por otra parte, la Formación Profesional de
grado medio, pese a las sucesivas reformas, sigue apareciendo ante
la sociedad como refugio del fracaso escolar, lo que incide en la
carencia de profesionales suficientemente cualificados para
satisfacer las demandas del mercado de trabajo en el marco de otro
modelo productivo.
Esta
situación es consecuencia, también, de que en los últimos años
el sistema productivo en nuestro país ha generado una oferta de
empleo polarizada en cuanto a niveles formativos, creando empleo en
sectores intensivos en mano de obra y con escasa promoción y
reconocimiento de la cualificación profesional, por un lado, y, en
otro extremo, requiriendo cuantas más titulaciones y acreditaciones
mejor.
Así,
se ha alimentado, indirectamente, el abandono de los estudios de
muchos jóvenes y la demanda de estudios universitarios, lo que
provoca una «anomalía» en el nivel de estudios de la población
española con respecto a la de otros países europeos: alto volumen
de población con estudios primarios, baja tasa de población con
enseñanzas medias y Formación Profesional, y una población
universitaria proporcionalmente elevada. Es decir, abandono escolar,
por un lado, y sobrecualificación, por otro.
Por
su parte, la formación continua de los trabajadores y trabajadoras
también ha experimentado un alto nivel de desarrollo desde que
opera en España, pero, en términos comparativos, tampoco ha
llegado a las cotas que nos permitan homologarnos a los países de
nuestro entorno.
Al
mismo tiempo, hay que reconocer que nuestra Universidad esta
viviendo un tránsito hacia el Espacio Europeo de Educación
Superior cuando menos controvertido, que demanda de un debate
abierto a la sociedad.
Todo
ello nos lleva a proponer: Incrementar las plazas públicas de
educación infantil para niños y niñas menores de tres años;
poner en marcha medidas para atajar el alto nivel de abandono
escolar; garantizar la orientación en las etapas clave para que
nuestros jóvenes puedan decidir con criterio los estudios a seguir;
mejorar los resultados del alumnado en las materias de ciencias a lo
largo de todo su desarrollo curricular; extender programas de
aprendizaje de idiomas y nuevas tecnologías; potenciar los
Programas de Cualificación Profesional Inicial, asegurando una
oferta suficiente y articulándola con los ciclos de FP de grado
medio; diversificar la oferta de ciclos de grado medio de Formación
Profesional; desarrollar la regulación de los certificados de
profesionalidad, adaptándolos, junto a los títulos de la FP
reglada, al Sistema Nacional de Cualificaciones; impulsar una red
pública de centros integrados de FP y desarrollar la red de centros
de referencia nacional; promover el reconocimiento de la
cualificación y la formación en la negociación colectiva;
favorecer la formación de los trabajadores y trabajadoras con más
dificultades para encontrar empleo; vincular la universidad española
al Espacio Europeo de Enseñanza Superior con solvencia, potenciando
su faceta investigadora y mejorando la financiación pública.
Consolidar
y ampliar la protección social
Cambiar
el patrón de crecimiento es la apuesta estratégica para tener una
economía más sana y, por tanto, menos vulnerable; pero para CCOO
es, al mismo tiempo, el medio para que la riqueza generada se
distribuya más equitativamente favoreciendo la cohesión social y,
en esa medida, el medio más adecuado de evitar el riesgo de
exclusión social y de acabar con las bolsas de pobreza. Ampliar los
sistemas públicos que conforman el denominado Estado del Bienestar,
además de jugar un poderoso papel anticíclico, es una garantía de
que el crecimiento viene acompañado de mayor justicia social.
Los
poderes públicos también deben manifestar su compromiso con el
mantenimiento y crecimiento del empleo y con la recuperación
económica, ampliando y mejorando la cobertura, equidad y calidad de
los sistemas públicos de bienestar. En este sentido, deben promover
la suficiencia y calidad del empleo en estos sectores y revisar la
lógica mercantilista que se está instalando en la provisión de
los servicios públicos.
Es
por ello que, junto a la importancia que le damos a la mejora del
Sistema Educativo y al Sistema Nacional de Salud, destaquemos
nuestra decidida apuesta por el desarrollo y aplicación con los
mayores estándares de calidad de la Ley de Atención a la
Dependencia y a promover la permanente mejora de nuestro sistema
público de pensiones.
La
Ley de Atención a las Personas con Dependencia se construyó desde
el diálogo social, en la pasada legislatura. Hasta entonces no
disponíamos ni del reconocimiento del derecho de estas personas a
ser atendidas dignamente ni de la red de servicios necesaria para
ello. Su puesta en marcha se ha demostrado compleja y en no pocas
ocasiones caótica, dada la diferente implicación de las CCAA en su
desarrollo y aplicación. Consideramos que ha llegado el momento de
subsanar estas disfunciones, y para ello proponemos: asegurar el
cumplimiento de los criterios de calidad en el empleo para la
acreditación de las empresas; mejorar la financiación a las CCAA
de la prestación de servicios, mediante la creación de un fondo de
excelencia; urgir la puesta a disposición de los servicios de
proximidad, como la ayuda a domicilio o los centros de día con el
imprescindible protagonismo de las Administraciones locales;
garantizar el despliegue del catálogo de servicios dentro de la red
pública de servicios sociales de cada comunidad autónoma; e
implementar las medidas formativas necesarias para garantizar la
cualificación profesional de aquellas personas que se dediquen a
estas tareas.
En
España, a lo largo de estos últimos años y tras sucesivas
reformas, contamos con un sólido sistema público de pensiones que
se expresa, entre otras cuestiones, en el superávit con el que
cuenta en la actualidad y en la cifra que ha alcanzado el Fondo de
Reserva (58.000 millones). Este sistema tiene algunos retos de
futuro: pagar más pensiones durante más tiempo y de mayor cuantía
en un contexto de baja natalidad y, en la actual coyuntura, de
destrucción de empleo.
Pero
estos retos se pueden abordar desde dentro del sistema, acometiendo
aquellas medidas que garanticen su sostenibilidad presente y futura.
Para ello es fundamental no dar pábulo a aquellos que, vaticinando,
en cualquier coyuntura, su inminente quiebra, ven en el deterioro
del sistema público de pensiones una nueva oportunidad de negocio.
No
hay una sola manera de garantizar el futuro de nuestro sistema
público de pensiones, conscientes además de la necesaria mejora,
sobre todo de las más bajas. Es necesario actuar, no sólo sobre el
gasto, sino también sobre los ingresos. Así, la propuesta sindical
de mejora progresiva del SMI se configura como una pieza clave para
la mejora de las cotizaciones que entran al sistema, lo mismo que la
calidad del empleo es determinante para el citado objetivo.
Así,
para mejorar el sistema de pensiones públicas, y a expensas de lo
que en su momento se pueda plantear tras conocer las deliberaciones
de las fuerzas políticas reunidas en torno al denominado Pacto de
Toledo, que aborda la sostenibilidad del conjunto del sistema,
proponemos: la integración de los Regímenes Especiales en el
General de la Seguridad Social (Régimen Especial Agrario y Régimen
Especial de Empleados de Hogar); la jubilación anticipada por
realización de trabajos penosos, tóxicos o peligrosos; la
jubilación flexible y el estudio de la jubilación anticipada y
parcial de los empleados públicos; alcanzar una estructura de
población más equilibrada; la modificación de la estructura del
sistema de pensiones complementarias;…
Las
líneas de intervención hasta aquí apuntadas son las que dan forma
a la propuesta de CCOO y UGT de “Acuerdo por el empleo y la
protección social”, corresponde ahora explicar cómo concebimos
su construcción.
El
movimiento sindical español ha acreditado una dilatada tradición
en lo que a diálogo social y concertación se refiere; tanto es así
que en diversos foros internacionales nos sitúan como ejemplo a
imitar y no pocos “conferenciantes” se han especializado en
difundir la experiencia española, reproduciendo algo similar,
salvando las distancias, a lo que sucedió con “la transición
política”.
Por
tanto, ni CCOO ni UGT concebimos otro ámbito para dar vida a este
“Acuerdo” que no sea el del diálogo social. Éste ha demostrado
su eficacia en tiempos de bonanza. Ahora tenemos la responsabilidad
compartida de demostrar que también es un instrumento útil en
tiempos de crisis.
En
julio de 2008 se suscribió la «Declaración por el impulso de la
economía, el empleo, la competitividad y el progreso social», con
la que se inauguraba una nueva etapa del diálogo social en España.
De aquel documento destacaban: un diagnóstico de la situación
económica más en términos de desaceleración que de crisis, a
pesar de que la insistencia sindical consiguió situar este término;
una apelación a la concertación entre sindicatos y empresarios en
la perspectiva de renovar los Acuerdos para la Negociación
Colectiva (ANC), que se habían venido suscribiendo desde el año
2002, y la distinción entre las materias susceptibles de ser
negociadas y acordadas (Seguridad Social y desarrollo del Pacto de
Toledo, inmigración, Estrategia Española de Seguridad y Salud
Laboral, juventud, dependencia, modernización de los servicios
públicos de empleo, mejora de la formación profesional reglada y
para el empleo…) y aquellas que se situaban en el terreno de la
información y la consulta (las políticas de infraestructuras y
medioambientales; las industriales y energéticas; las de
investigación, desarrollo e innovación; las educativas; las
sanitarias; las de vivienda; las económicas, fiscales y
financieras…). Estábamos ante lo que se ha denominado «Diálogo
Social Reforzado».
En
menos de un año la situación económica se ha deteriorado hasta
tal punto que hemos rebasado la cifra de los cuatro millones de
personas desempleadas (según la EPA del primer trimestre). Hemos
entrado en recesión y de la abultada inflación de la que
hablábamos entonces hemos pasado a presenciar una fuerte moderación
de la inflación con riesgo, incluso, de entrar en escenarios
deflacionistas. De otra parte, el diálogo social mantenido hasta la
fecha sólo ha cosechado resultados parciales, y algún que otro
sonoro fracaso: no se ha podido renovar el ANC dadas las
pretensiones empresariales de vincular la negociación colectiva a
sus reivindicaciones más estratégicas (reducción de cuotas a la
Seguridad Social, nuevo contrato con 20 días de indemnización,
descuelgues generalizados…), y las medidas promovidas por el
Gobierno para aumentar la protección al desempleo y estimular la
contratación se aprobaron en el Consejo de Ministros sin acuerdo
entre las partes. El diálogo social hoy está languideciendo.
En
estas condiciones, la CS de CCOO junto con UGT, considera que la
estrategia de diálogo social que se concibió en julio de 2008 debe
reorientarse, a la luz de la evolución de los acontecimientos y es
por tanto, es imprescindible dar un nuevo impulso a la concertación
social.
Volcar
todos los esfuerzos de la sociedad para enfrentar la crisis, sus
efectos más negativos en términos de destrucción de empleo y de
tejido productivo, y establecer las bases de un nuevo patrón de
crecimiento que garantice mayor riqueza y un mejor reparto de la
misma asegurando la cohesión social, requieren de una negociación
y compromiso sincero en el que se impliquen con capacidad de
liderazgo el Gobierno, la patronal y los sindicatos.
En
consecuencia, éstos deben ser sus principales protagonistas y el
marco para llevar a cabo esta negociación no puede ser otro que el
del diálogo social.
Construir
el “Acuerdo” requiere también reestablecer el nivel de
interlocución directo entre sindicatos y empresarios, para lo cual
sería necesario recuperar la lógica del acuerdo y abordar la
reforma de la estructura de la negociación colectiva.
En
un Estado fuertemente descentralizado como el español, las CCAA,
que en estos años han asumido importantes competencias en todos los
órdenes, deberán asumir un papel activo. El Gobierno central
deberá coordinar las medidas que éstas ya están adoptando con las
que se puedan acordar en el ámbito nacional.
El
“Acuerdo” que proponemos deberá contemplar los compromisos
concretos sobre las medidas urgentes que deben implementarse de
forma inmediata (protección a los desempleados y desempleadas,
reactivación económica, revisión del sistema financiero) y
aquellas cuestiones más estratégicas (política industrial, I+D+i,
mejora educativa y de la formación profesional, consolidación del
sistema de protección social) que se abordarán posteriormente con
objetivos, método y calendario previamente determinados. Todo ello
supone superar la distinción, que se establecía en la declaración
de julio de 2008, entre temas objeto de negociación y aquellos
acotados a la información y la consulta, para pasar todos ellos al
ámbito de la concertación.
CCOO
es plenamente consciente de que tras alcanzar un “Acuerdo” como
el que proponemos hay que garantizar su aplicación, y para ello es
indispensable contar con suficientes recursos económicos, aun
sabiendo que éstos no son ilimitados. Por tanto, así se debe
plantear, cuando menos: flexibilizar, aunque sea temporalmente, los
márgenes de endeudamiento y revisar la política fiscal aplicada
hasta la fecha.
Hay
quien ha querido ver en esta propuesta una suerte de reedición de
los “Pactos de la Moncloa”.
Apostamos
por un Pacto por la economía, el empleo y la cohesión social que
debiera sustanciarse antes del verano entre los sindicatos, las
organizaciones empresariales y el Gobierno, e incorporar a las
Comunidades Autónomas a través de una Conferencia de Presidentes
de CCAA.
Los
Pactos de la Moncloa responden a un momento político y económico
de la historia reciente de España que poco o nada tiene que ver con
la actual. Entonces, ni los sindicatos participamos en la
negociación, a pesar de que debíamos corresponsabilizarnos con las
políticas salariales allí adoptadas, ni existía un marco
consolidado de diálogo social.
Por
otra parte, el paisaje político desde las elecciones gallegas y
vascas ha modificado tan drásticamente los equilibrios
parlamentarios que hace difícil imaginar que las formaciones
políticas presentes en la Cámara se puedan poner de acuerdo en un
tema tan propicio para la confrontación política como las salidas
que se apuntan en nuestra propuesta para salir de la crisis.
CCOO
considera que en momentos como los actuales la manera más eficaz de
defender los intereses que representa y la forma más responsable de
actuar, es dando una nueva oportunidad al diálogo y la concertación
social. Es por esta razón que no nos dejamos arrastrar por aquellos
“generadores de opinión” que de manera “sospechosa” nos
están preguntando sistemáticamente qué estamos haciendo y para
cuando una Huelga General. Si en algún momento debemos plantearnos
recurrir a una medida tan drástica como ésta será porque haya
fracasado la negociación y se arbitren medidas que atenten contra
los intereses de los trabajadoras y trabajadores. En todo caso la
adoptaremos libre y autónomamente, como siempre hemos hecho y no
seducidos por los cantos de sirena de quienes quieren convertirnos
en la infantería de su proyecto de sociedad.
CCOO
no quiere quedarse en la superficie de los acontecimientos sino que
estamos decididos a influir en ellos para modificarlos. Queremos
crecer en densidad, en extensión, pero queremos crecer sobre todo
en profundidad. Queremos estar cada vez más presentes en el mundo
del trabajo pero también en la sociedad. Queremos profundizar
nuestros lazos de amistad y colaboración con el mundo académico,
de la cultura y la ciencia,… con todos aquellos que pueden
contribuir a que cambie el estado actual de las cosas.
No
queremos caer ni en la autocomplacencia ni en el resistencialismo
porque ambos, autocomplacencia y resistencialis
