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Estas
entidades, lo mismo que otras organizaciones en las que entran en juego
diversos agentes y hay que asignar recursos a diversas actividades,
deben ser gobernadas con total transparencia y eficientemente.
En
España, los órganos de gobierno de las entidades no lucrativas de mayor
peso, las ONGD (organizaciones no gubernamentales para el desarrollo),
necesitan urgentemente una reforma según desvela El gobierno de las sin gobierno,
un trabajo de investigación realizado por los profesores de la
Universidad de Valladolid Pablo de Andrés Alonso, Natalia Martín Cruz y
Elena Romero Merino, que fue publicado por Universia-Business Review.
En
el estudio los autores señalan cómo la preocupación por el gobierno de
las entidades sin ánimo de lucro españolas ha adquirido un creciente
protagonismo en los últimos años, tanto en el ámbito público como en el
privado. En el sector privado, el estudio destaca el trabajo
desempeñado por las Fundaciones Luis Vives y Lealtad –organizaciones al
servicio del tercer sector- para llamar la atención sobre la necesidad
de que las ONGD aprovechen más eficientemente los recursos que
gestionan. En concreto, la Fundación Lealtad hizo saltar las alarmas
con la conclusión de la segunda guía de principios de transparencia y
buenas prácticas de sesenta y ocho ONG españolas en la que se advertía
sobre “el fracaso reiterado de las organizaciones en el cumplimiento de
los principios relacionados con la regulación de los órganos de
gobierno y la pluralidad de las fuentes de financiación”.
En
el ámbito público también se han realizado muchos esfuerzos para dotar
de eficacia a los órganos de gobierno de las entidades no lucrativas
mediante reformas legales encaminadas a estimular la iniciativa privada
y la desinversión pública en algunas actividades de interés general.
Además de estas leyes, los autores señalan que otros trabajos privados
han servido para definir las características que deben cumplir los
órganos de gobierno de las entidades sin ánimo de lucro, pero ninguno
de ellos contrasta el efecto que dichas características tienen sobre la
eficiencia de las organizaciones. Según los autores, “no se evalúa la
capacidad de los órganos de gobierno como mecanismo de control de las
organizaciones o de sus directivos”.
Gobierno y eficiencia de las ONGD
Con
el fin de llenar ese vacío, los profesores de la universidad de
Valladolid realizaron un estudio entre 42 organizaciones no
gubernamentales para valorar la influencia de los órganos de gobierno y
de los donantes institucionales sobre la eficiencia de las ONGD
españolas. El trabajo puso de manifiesto, en primer lugar, el peculiar
perfil de los órganos de gobierno de estas entidades, resaltando, entre
otras cosas, que la mayoría de los miembros del board (77%)
no mantiene una relación contractual con la ONGD. Estos miembros son,
en su mayoría, profesionales pertenecientes a otros sectores de
actividad que dedican parte de su tiempo a la organización. Además,
según el estudio, “sólo un tercio de las organizaciones poseen una
Comisión Ejecutiva para dotar al órgano de gobierno de una mayor
flexibilidad y agilidad; en el 72,5% de las organizaciones está
presente la figura del fundador. Estas dos últimas prácticas de
gobierno son elocuentemente más empleadas por las fundaciones que por
las asociaciones”.
Para
analizar el efecto de estos órganos en la eficiencia de la entidad los
autores se sirvieron de “un indicador de eficiencia que fuera sencillo,
homogéneo, objetivo y comparable para todas las ONGD”. En concreto,
dicen, “adoptamos la eficiencia económica en dos de sus vertientes más
tradicionales, la eficiencia en costes (técnica administrativa) y la
eficiencia en resultados (eficiencia asignativa)”.
Los
resultados mostraron que los gastos de administración, por lo general,
no superan el 8% de los gastos totales necesarios para que la
organización realice su actividad, y que el 80% de las donaciones
obtenidas por la entidad se dedican directamente a los proyectos. Pero
lo que realmente sorprendió a los investigadores fue que al relacionar
las características de los órganos de gobierno con la eficiencia de las
entidades, no se encontraron evidencia alguna de influencia. “Esto
contrasta fuertemente con la percepción, reiteradamente puesta de
manifiesto por la teoría, de que una correcta supervisión y control por
parte de los órganos de gobierno debiera traducirse en una mayor
eficiencia de las organizaciones”, sustenta el estudio. Para el caso
español, “la actividad de los órganos de gobierno no se traduce en
funcionamiento eficiente de las ONGD”, explican los autores.
La
información proporcionada por los responsables del departamento de
proyectos de las ONGD de la muestra arrojaba algo de luz sobre estos
datos, al explicar que los patronos o miembros de la Junta no cuentan
con los conocimientos relevantes para desarrollar sus funciones en
estas entidades, además de que se mantienen independientes de la ONGD.
“Sus funciones quedan reducidas a la aprobación anual de cuentas y
presupuestos”, aseguran. En este sentido, los profesores explican que
aunque, en muchos casos, los consejeros cuentan con la experiencia
necesaria para ayudar a la organización a alcanzar su misión, mediante
la captación o el control de la asignación de los fondos, en la
práctica disponen de poco tiempo libre para dedicárselo a la ONGD, ya
que la mayoría trabajan a tiempo completo en el sector privado.
Si los consejos no gobiernan, ¿quién gobierna?
Dada
la falta de eficiencia y operatividad de los consejos, los donantes
adquieren un gran protagonismo en la gestión eficiente de los recursos
con los que cuentan las entidades sin ánimo de lucro. En el caso
español, los autores comentan que las ONGD dependen excesivamente de
los donantes públicos para la obtención de fondos y que, aunque esta
dependencia choca con el principio de pluralidad de la financiación, lo
cierto es que nadie mejor que ellos para asegurarse de que los fondos
que conceden se asignen eficientemente. Según los datos del estudio,
dos tercios de los recursos que reciben las ONGD del país dependen, en
término medio, de diversas administraciones públicas como la Unión
Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), y
Comunidades Autónomas.
Los
resultados del estudio muestran que cuanto mayor es el porcentaje de
recursos proporcionados por la AECI menor es el nivel de gastos de
administración (eficiencia técnica) y mayor es la asignación de
recursos a proyectos (eficiencia asignativa). Por tanto, las
subvenciones públicas no sólo suponen la principal fuente de recursos
para muchas ONGD españolas, además es beneficioso para su eficiencia
económica. La clave estaría en la fuerte fiscalización llevada a cabo
por la AECI sobre las ONGD a las que financia, mediante las
consultorías preceptivas o del requerimiento de informes pormenorizados
acerca del uso de los fondos proporcionados.
En
cuanto a la financiación pública, no es oro todo lo que reluce. Los
autores señalan que la excesiva dependencia de un único donante ha
llevado a organizaciones privadas como la Fundación Lealtad a mostrar
su preocupación por la falta de diversificación de los fondos. Porque
aunque los mecanismos de supervisión de subvenciones de la Agencia
Estatal parecen indicar que habrá una mejor asignación de recursos por
parte de las ONGD, los profesores advierten que
“los objetivos del organismo estatal podrían no coincidir con los de la
organización”. En ese caso, dicen, “una excesiva dependencia de los
fondos públicos –y del mercado político en el que se asignan- podría
implicar el sacrificio de la misión organizativa en aras de la
supervivencia. Una espada de Democles que pende sobre esta
organizaciones”.
A
pesar de todo, los autores consideran que es más relevante y
prioritaria la reestructuración de los órganos de gobierno que tratar
de conseguir la diversificación de las fuentes de ingresos, ya que de
momento esta concentración de fondos es el único supervisor eficaz con
el que cuentan las ONGD españolas. La eliminación de esta supervisión
sería “contraproducente”.
El trabajo de investigación subraya que “la falta de influencia de los boards sobre
la eficiencia de la organización constituye una señal de alerta sobre
la necesidad de reestructurar los patronatos y juntas directivas de las
ONGD españolas”. Sobre todo “teniendo en cuenta que el papel activo de
los patrones y miembros de las juntas directivas en cuestiones tales
como la planificación estratégicas de las acciones a seguir, las
relaciones sociales para la obtención de fondos o la garantía de la
consecución de la misión de la organización, es clave para lograr una
eficiente asignación de recursos”.
Los autores advierten que la reestructuración de los boards “es
más imperativa, ya que evita que la elevada concentración de las
donaciones en manos de un donante institucional sea síntoma de pérdida
de identidad y valores con los que se crearon”.
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