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Categoría: Economía y Política

  • Sobre el Mecanismo Único de Supervisión y la Unión Bancaria Europea

    El pasado 3 de noviembre el Banco Central Europeo estrenó el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), organismo que se va a encargar de vigilar directamente a los 120 principales bancos de la zona euro e indirectamente al resto. El MUS no es más que una primera pata de la Unión Bancaria que ya en junio de 2012 los gobernantes de la Eurozona concibieron como una posible solución a las crisis bancarias.

    Existe un amplio consenso a la hora de considerar responsable a la banca privada de buena parte de los problemas económicos actuales. Al fin y al cabo los bancos fueron los agentes que se endeudaron en niveles mastodónticos para conceder y estimular un crédito también desorbitado a familias y empresas. Este fenómeno se agotó en el año 2008 dando paso a una crisis bancaria de enorme envergadura: el flujo del dinero se detuvo, el mercado interbancario colapsó, y con él la actividad bancaria, asestando un golpe mortal a la economía productiva (dependiente de este endeudamiento). Las pérdidas de los bancos no fueron salvadas o compensadas con el capital de sus accionistas o acreedores, sino con dinero del contribuyente. Estas ayudas públicas a la banca inflaron de una manera muy importante los déficit públicos de muchas economías de la zona euro, dando lugar unos años más tarde a la crisis de la deuda pública. Y el sobreendeudamiento de empresas, familias y Estados es lo que hoy día complica enormemente la recuperación de la economía.

    En consecuencia, el objetivo que los gobernantes europeos declaran perseguir con una Unión Bancaria es doble: 1) evitar el estallido de crisis bancarias y 2) en caso de no lograrlo, resolver las crisis de forma que el contribuyente sea el último en tener que pagar los platos rotos.

    El punto 1 es el que se pretende abordar con el MUS. Se trata de supervisar la actividad de los bancos para que no incurran en prácticas tan arriesgadas como las pasadas. Para ello se han dictado normas obligatorias que han de cumplir todos los bancos, especialmente en lo referente a provisiones de capital. Una provisión de capital es el dinero que los bancos han de guardar como ?colchón? por si algún préstamo no es devuelto o por si alguna inversión fracasa, de forma que puedan soportar las pérdidas con ese dinero reservado.

    Sin embargo, aunque son medidas bien encaminadas para fortalecer la posición de los bancos, son claramente insuficientes por dos motivos:

    • Numerosos analistas ya han manifestado su preocupación por la laxitud en estas medidas de control, al diseñar unos indicadores de referencia inadecuados o al establecer exiguos niveles mínimos en muchos de estos indicadores, así como al seguir permitiendo el mismo tipo de prácticas arriesgadas que generaron importantes desequilibrios financieros en el pasado.
    • La crisis del sistema financiero no sólo se ha producido por la gestión y la falta de supervisión a las entidades bancarias, sino fundamentalmente por la naturaleza de las actividades con las que hacían negocio. El sistema bancario no crea renta por sí mismo, si no que sus beneficios provienen en última instancia de su papel como financiador de la economía real a través de lo que se conoce como ?punción financiera? (beneficios que obtiene por prestar dinero o por los productos financieros que pone en el mercado). El hecho de tener a un sistema bancario dedicado a sectores financieros cada vez más alejados de la actividad productiva o dedicado a financiar sectores productivos especulativos como el sector de la construcción, aumentan de forma significativa la exposición al ?riesgo de crédito? de un sector bancario.

    Para entenderlo mejor, se pueden poner dos ejemplos:

    1. Uno de los instrumentos de inversión del sistema financiero son los hedge funds (fondos de inversión de alto riesgo) que ofrecen a los inversores la posibilidad de altos rendimientos. Los hedge funds son terriblemente opacos, incluso para los mismos inversores, dado que los gestores ocultan la información bajo el pretexto de no revelar sus estrategias a la competencia. Es prácticamente imposible someter a un instrumento financiero como éste a obligaciones de información y a normas regulatorias y supervisoras directas, ya que existen enormes dificultades para poner precio a instrumentos así que no se negocian en mercados secundarios líquidos. Por tanto, tratar de ?supervisar mejor? o ?mejorar la información? en este tipo de actividades de inversión y comercialización de la banca no va a prevenir de riesgos sistémicos porque la única forma de hacerlo pasa por prohibir este tipo de actividades a las que se dedica la banca.
    1. Un banco puede conceder un crédito a una empresa constructora que es solvente (es decir, que puede devolver el dinero prestado) y cuando estalla la burbuja inmobiliaria por la que obtenía grandes beneficios verse imposibilitada de saldar su deuda (caer en ?riesgo de crédito?). Es decir, inversiones sanas a priori pueden convertirse en tóxicas simplemente por la dinámica de la economía real, sin necesidad de que los bancos hayan acometido malas prácticas. Porque la salud de los bancos no depende únicamente de cómo gestionen sus actividades, sino también y fundamentalmente de la salud de la economía productiva. Esto es precisamente lo que ha pasado de forma generalizada y uno de los motivos por el que los bancos se encuentran en una mala situación. En consecuencia, supervisar la gestión del banco no es suficiente para asegurar su buen estado de salud.

    El punto 2 (en caso de que la supervisión falle y se produzca una crisis bancaria, resolverla de forma que el contribuyente sea el último en tener que pagar los platos rotos) es el que se pretende abordar con el Mecanismo Único de Resolución (MUR), que todavía no ha sido puesto en marcha. Su naturaleza y fecha de creación dependerá de las futuras negociaciones políticas entre todos los miembros de la Eurozona, pero se espera que comience a funcionar en el año 2016. De momento se han decretado una serie de normas y líneas de actuación que se discutirán a finales de este año. Estas directrices son las siguientes:

    • El banco que tenga dificultades comenzará vendiendo parte de sus activos para conseguir dinero y así saldar sus deudas.
    • A continuación, los primeros en soportar las pérdidas serán los accionistas, seguidos de los acreedores de bonos convertibles y bonos junior, para terminar con el resto de acreedores.
    • Si no bastara para resolver el problema, se cargarían pérdidas a los depositantes de más de 100.000 euros en sus cuentas bancarias.
    • En caso de que las medidas anteriores no sean suficientes, sería el sector bancario a nivel europeo quien contribuiría a reparar el daño a través de un fondo constituido para tal fin.
    • Este fondo bancario empezaría a originarse en el año 2016 e iría nutriéndose de aportaciones de todos los bancos europeos, que cada año tendrían que destinar una cantidad equivalente al 0,8% de los depósitos asegurados, con modificaciones en función del riesgo financiero en el que incurran. Para el año 2024 se estima que el fondo alcanzaría la cifra de 55.000 millones de euros.
    • Si este fondo resultase insuficiente, pasaría a soportar las pérdidas el contribuyente.

    Como se puede ver, el objetivo principal es que el contribuyente sea el último en pagar los platos rotos de la banca. Al mismo tiempo, al existir un fondo bancario común que respalda a todos los bancos de la Eurozona (y de otros países de la UE sí así lo desean), se mutualizan los riesgos de las entidades, de forma que haya motivos para confiar por igual en un banco griego que en uno alemán. Dotar de confianza al sistema bancario europeo es otro de los objetivos que se persiguen.

    No obstante, este diseño (todavía no aprobado) alberga importantes deficiencias. Se citan tres de las más importantes:

    • La creación del fondo es gradual (año a año), y comenzará en 2016, por lo que no estará completo hasta dentro de diez años. Es evidente que de producirse pronto una crisis bancaria importante este fondo no estaría listo conforme a su diseño.
    • Incluso aunque la crisis bancaria se produjese después de 2024, es muy probable que la cantidad total del fondo resulte insuficiente para solventar los problemas. Valga un botón: para 2024 se estima que la cantidad atesorada será de 55.000 millones de euros, mientras que sólo entre 2008 a 2012 las ayudas públicas europeas a la banca alcanzaron los 560.000 millones de euros[1], diez veces más.
    • No hay previstos mecanismos de reparto de las cargas fiscales (más allá del limitado Mecanismo Europeo de Estabilidad). Es decir, en el caso más que probable de que sea el sector público quien tenga que aportar dinero, nada se dice de si habrá de hacerlo el Estado en cuestión o la Eurozona en su conjunto. Por lo tanto, esta unión bancaria no va acompañada de una unión fiscal, que es un complemento indispensable para que sea de verdad una unión bancaria. En el caso de Estados Unidos la interrelación de ambas dimensiones es clara. Por ejemplo, cuando los bancos del Estado de Nevada (de tamaño similar a Irlanda) quebraron, no fue el Estado quien se hizo cargo del rescate (de un coste del 10% del PIB de Nevada) sino todos los Estados a través del presupuesto federal. Esto, que sí es una auténtica unión bancaria y fiscal, no puede ocurrir en la Unión Europea porque no hay mecanismos diseñados para ello.

    Sea como fuere, ni siquiera es necesario analizar este segundo pilar de la Unión Bancaria para concluir que este proyecto se enfrenta a obstáculos de enorme envergadura. Al fin y al cabo, sólo se ha estrenado el primer pilar (el MUS) y para el segundo pilar queda al menos más de un año, suponiendo además que las negociaciones políticas no ralenticen el proceso (lo cual parece más que probable atendiendo a la falta de solidaridad y de acuerdo entre los estados miembros de la Unión Monetaria). Una supervisión única no sirve de nada si no se acompaña de mecanismos únicos de resolución.

    Esto es algo que acabamos de comprobar con las pruebas de resistencia y de calidad de activos que ha llevado a cabo el Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea: han puesto de manifiesto un déficit de capital de 25.000 millones de euros (¡casi la mitad del futuro fondo bancario comentado!) en determinados bancos pero este agujero no se cubrirá de forma comunitaria, sino que se le encomienda a los bancos afectados que adquieran capital en los mercados financieros. Si no pueden hacerlo, entonces será el sector público nacional quien cubra esa deficiencia. En consecuencia, no sólo no puede haber Unión Bancaria con la simple existencia del MUS, sino que este organismo acelera el trasvase del coste bancario a los bolsillos de los contribuyentes, algo que los dirigentes europeos dicen evitar con esta aventura institucional.

    [1] Si incluimos garantías, la cifra alcanza entre 2008 y 2010 los 1.600.000 millones de euros. Datos de la propia Comisión Europea. Disponible en europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1301_en.htm

    Eduardo Garzón Espinosa /  Carlos Martínez Núñez – FEC, Fundación por la Europa de los Ciudadanos

  • Técnicos de Hacienda … RESPONDEN: ¿Tiene Hacienda suficientes trabajadores para luchar contra la economía sumergida?

    En España apenas hay un empleado de Hacienda por cada 1.958 contribuyentes, según datos de la OCDE.

    En numerosas ocasiones, el Gobierno ha reconocido que la economía sumergida es ?mala para todos?, pero si analizamos los recursos con los que cuenta la Agencia Tributaria estatal (AEAT) para luchar contra el fraude, descubrimos que todavía hay mucho por hacer.

    Sin ir más lejos, en nuestro país apenas hay un empleado de Hacienda por cada 1.958 contribuyentes, según los últimos datos de la OCDE. Esta cifra está a años luz de lo que sucede en otros países, como en Alemania y Francia, donde cuentan con un trabajador por cada 740 y 942 contribuyentes, respectivamente, a pesar de que su tasa de economía sumergida es la mitad que la española. 

    Lo mismo sucede en otros países en los que la economía sumergida apenas supera el 10%, como Reino Unido o Luxemburgo, con 929 y 574 contribuyentes por cada empleado de la Agencia Tributaria, respectivamente. Sin duda, son datos para reflexionar y creemos que las actuaciones en la lucha contra el fraude no deben limitarse sólo a hacer más llamamientos que apelen a la conciencia de los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones tributarias.

    La lucha contra el fraude debe ser realista y, como tal, tiene que contar no sólo con los efectivos adecuados para llevarse a cabo, sino también aprovechar los existentes. La ausencia de recursos y la falta de optimización de los existentes impiden que los objetivos sean más ambiciosos y acordes con la realidad del fraude de nuestro país. Debemos tener muy en mente que, si Hacienda se hace cada vez más chica, la economía sumergida seguirá haciéndose cada vez más y más grande.

    Carlos Cruzado | Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

  • ¿Qué pasaría si no pagásemos la deuda?

    La deuda española sigue estando en situación crítica. La mejora de los tipos de interés a los que se financia el Estado español ha sido considerable en el último año. Sin embargo, esa mejora de los costes de financiación de las nuevas emisiones de deuda pública y la reducción de la prima de riesgo no revelan una mejora de la solvencia de las administraciones públicas.

    Solamente el rescate por la puerta de atrás [1],  del que se han beneficiado las economías de la periferia europea, explica que podamos seguir refinanciando nuestra enorme deuda.

    No obstante, ese auxilio no solo no ha solucionado el problema, sino que lo ha convertido en mucho más peligroso. En vez de abordar una política de reducción de la deuda pública a gran escala, se ha optado por una operación de salvamento que no ha sido más que una cortina de humo en búsqueda del verdadero objetivo, el rescate al sector bancario internacional.

    Para ello se ha utilizado como herramienta la ilimitada financiación a las entidades bancarias privadas para que acudan a las subastas de la deuda soberana. Los bancos han destinado el dinero del Banco Central Europeo a la compra de deuda pública y a pagar los créditos con los que financiaron la burbuja. Eso les ha permitido obtener, a costa de las administraciones públicas, elevadísimos beneficios, pero en monto insuficiente para restablecer su solvencia.

    La política implementada no ha ido acompañada de la adecuada depuración de los activos dañados y hay más dudas que certezas sobre el valor real de los activos bancarios. El segundo efecto de este rescate ha sido el cierre del crédito que sufre el sector privado, ya que para las entidades bancarias es mucho menos arriesgado comprar deuda soberana en vez de prestar recursos a empresas y familias sobreendeudadas.

    Pero esto ha repercutido negativamente en los estados financieros de los bancos, ya que el estrangulamiento de familias y empresas ha supuesto un fuerte incremento de la morosidad y el debilitamiento de los balances bancarios. El círculo vicioso se completa con la profunda debilidad estructural de la deuda pública que han adquirido las entidades bancarias y que, paradójicamente, tienen la consideración para éstas de ?activos libres de riesgo?.

    El resultado supone una verdadera bomba de relojería, de la que solamente podemos dudar una cosa: el momento de su estallido [2].

    El cóctel explosivo se completa con el rápido crecimiento de la deuda directa, de los avales y el déficit primario existente antes del pago de intereses motivado por la infrafinanciación de las administraciones públicas como consecuencia de políticas fiscales regresivas y una escandalosa permisividad ante el fraude y la elusión fiscal. La guinda es un endeudamiento externo de la economía española, que se ha situado en cifras máximas y que ya no existe capacidad de reducir el precio que se paga por el enorme endeudamiento existente, por lo que la verdadera espada de Damocles es el riesgo de subida de los tipos de interés.

    El tratamiento aplicado no tiene capacidad más que de paliar parte de los síntomas de la enfermedad del sobreendeudamiento que aqueja a las economías europeas y, de forma extrema, a la española. La banca europea y, en concreto la española, sigue estando en situación de insolvencia y, al mismo tiempo, es la que financia los desequilibrios insostenibles de las administraciones públicas.  Para que las entidades bancarias puedan resistir, se acude en su auxilio con mecanismos que suponen una transferencia de recursos desde el ámbito público y eso compromete la solvencia de la deuda pública y agudiza por tanto los desequilibrios de los bancos.

    Para romper ese perverso vínculo entre gobiernos y entidades bancarias es preciso enfrentarse a una cruda realidad: tanto entidades bancarias como administraciones públicas no podrán pagar sus deudas y será inevitable que tengan que aplicar quitas a sus acreedores para hacerlas sostenibles. No bastará con lo anterior, ya que, para alcanzar un nivel de sostenibilidad en la deuda, sería imprescindible realizar reducciones y quitas en las que asfixian a las familias, actuando de forma inmediata sobre la deuda hipotecaria fruto de la adquisición de la vivienda habitual de las familias en riesgo de exclusión.

    Además del escenario de insostenibilidad de la deuda pública, hay que añadir la cuestión de su ilegitimidad. Esta realidad obliga a los ciudadanos a plantear la opción del impago como herramienta de salud democrática. Se trata de una condición necesaria para resolver la actual situación, pero no suficiente para evitar su reproducción.

    Solo nacionalizando la mayor parte del sector financiero de manera definitiva se puede romper el círculo vicioso y se pueden poner a salvo los ahorros de la sociedad para dirigirlos a destinos diferentes de los marcados por la deriva suicida del hipertrofiado sistema bancario. Hay que evitar que estas quitas se lleven a cabo con pactos de despacho.

    Debemos incorporar las finanzas a la nueva cultura democrática que emerge en el Estado y exigir transparencia y participación ciudadana. La auditoría ciudadana, como reclama la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), debe permitir aclarar qué deudas injustas, y por tanto ilegítimas, podrían ser las que se identificaran con estas necesarias quitas para recuperar la salud del sistema económico y democrático.

    Cuando esto se plantea, nos  enfrentamos a la acusación inmediata de que esta medida nos sumiría en el caos más absoluto. Nos mienten una vez más tal y como nos demuestran las historias de los estados que se han enfrentado a los mercados cancelando deuda y aplicando restricciones a los flujos de capitales en los últimos años.

    Casos como los de Malasia, Ecuador e Islandia, y como el de Argentina en la lucha en la actualidad por defender su soberanía frente a los fondos buitre, son ejemplos exitosos de ello. Olvidan conscientemente que, el enorme endeudamiento de la economía española podría jugar a nuestro favor si existe una firme voluntad política de que el proceso de impago beneficie al conjunto de la población y no a los responsables de lo ocurrido.

    Sí que sería un caos pero, por primera vez en esta crisis, para las élites.

     [1] En junio de 2012, España pide el rescate al Eurogrupo y la prima de riesgo alcanzó los 650 puntos básicos. El día 26 de julio, Mario Draghi realiza sus famosas declaraciones ?El Banco Central Europeo hará lo necesario para sostener el euro. Y créanme, eso será suficiente?. La interpretación de esta posición política como síntoma de fortaleza, provocó que la prima de riesgo cayera hasta los 500 puntos básicos. En septiembre de 2012, el Banco Central Europeo anuncia su programa de adquisición de bonos (OMT) para países con problemas. Este programa surte sus efectos sin necesidad de aplicarse y la prima va bajando poco a poco.  El respaldo supone que, en el caso de que se produzca un agravamiento de la situación, la entidad actuará como ?prestamista de última instancia? para las emisiones de deuda pública, por lo que la demanda de bonos estaría garantizada y eso disminuye sensiblemente el riesgo de la inversión.

    [2] Según un informe de Moody?s publicado en enero de 2014, ?el reciente aumento en la propiedad por parte de los bancos españoles de bonos internos del Gobierno es insostenible. Una serie de bancos ha utilizado los préstamos a largo plazo otorgados por el Banco Central Europeo a finales de 2011 y principios de 2012 para comprar la deuda interna. Los bancos lo han hecho porque los bonos del Gobierno nacional se pueden utilizar como garantía para obtener financiación a bajo coste por parte del BCE, y porque la regulación considera los bonos del Estado de manera más positiva que con otras formas de deuda: las entidades pueden poseer la cantidad que deseen y los requerimientos de capital asociados son relativamente bajos?.

    Público.es

    Carlos Sánchez Mato miembro de ATTAC Madrid  y Gemma Tarafa

    Miembros de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD ? Madrid y Catalunya)

  • Endesa, el estúpido capitalismo español

    El 29 de octubre asistiremos todos los españoles al mayor escándalo financiero industrial de toda la historia de España. Ese día, la empresa eléctrica Endesa repartirá un dividendo entres sus accionistas, la cantidad de 14.606 millones de euros en dividendos (8.253 millones de la venta de sus empresas americanas a su matriz Enel y 6.253 en un dividendo extraordinario).

    Esto significa la descapitalización general de Endesa. El gobierno de Rajoy que lo sabía, guarda un silencio cómplice. Rajoy está siempre atento a hacer gigantescas banderas patrias, pero nula defensa de los intereses nacionales frente a las multinacionales. 

    Para entender, cual ha sido el desarrollo del capitalismo español en los últimos setenta años, lo comprenderemos si vemos el desarrollo de Endesa. 
    Endesa (Empresa Nacional de Electricidad) se crea por orden del dictador Franco en 1944, con la intención de controlar el sector eléctrico, que es uno de los sectores estratégicos de cualquier país. Endesa se convierte así en la empresa dominante nacional dentro del oligopolio histórico de la electricidad en España. 
    En el año 1983, bajo el gobierno de Felipe González, siendo ministro de Economía Miguel Boyer, acuerdan que Endesa absorba a otras empresas eléctricas de tipo regional, que pertenecían al INI. Así fueron absorbidas ERZ, ENHER, GESA, UNELCO y ENCASUR. 
    Siguiendo las directrices de la Unión Europea, se pide que se privatice sus empresas públicas, con el fin de ganar competitividad y homologarse a Europa, lo cual facilitaría el ingreso de España en la UE. Se debía acabar con los monopolios públicos, incluidas las empresas estratégicas, caso de Endesa. 
    Los socialistas con Felipe González a la cabeza, nos pidieron que había que acabar con los monopolios públicos, Endesa, Telefónica, Repsol?que todas ellas daban buenos dividendos a la Hacienda española. Son vendidas a precio de saldo, a unas pocas elites financieras españolas y con un perjuicio económico para casi todos los españoles. Una de las primeras cosas que debería hacer un gobierno decente es hacer una auditoría del proceso de privatización realizado por los gobiernos del PP/PSOE. 
    En este proceso privatizador se trasfirieron sociedades sumamente rentables con mercados cautivos y sin ningún riesgo financiero. No nos puede extrañar que estas empresas fueran ambicionadas por el sector privado.
    Esto es una muestra más de la estupidez del capitalismo español y de sus políticos 
    Resulta sorprendente que aquellos países que nos reclamaban la privatización de la industria eléctrica, ellos nunca lo hicieron, EDPF (Francia), EON (Alemania), EDP (Portugal), ENEL (Italia). Nos hablaban de la competitividad de las empresas privadas ¿Por qué estos países no los privatizaron? Esto es una muestra más de la estupidez del capitalismo español y de sus políticos. 
    Estas empresas privatizadas han tenido dos características, en primer lugar, sus presidentes han sido nombrados bajo las directrices del gobierno de turno y en segundo lugar, destacan por la falta de competitividad existente en los sectores donde actúan, lo que pone en evidencia el argumento para su privatización. 
    Las consecuencias de estas privatizaciones están a la vista, encarecimiento de la energía, deterioro del servicio, despidos de trabajadores, más quejas de los clientes y donde las elites financieras siguen ganando muchísimo dinero a costa de la pobreza de la mayoría, esas son sus leyes de mercado. 
    Endesa tuvo una primera privatización en el año 1988, con el gobierno de Felipe González y una segunda y definitiva con Aznar en 1996. Se puso en los dos procesos privatizadores precios muy inferiores a su valor de mercado. 
    En el año 2008, asistimos al intento de Gas Natural de comprar Endesa, para así hacer un campeón nacional eléctrico que estuviera al mismo nivel que otras empresas europeas. El Partido Popular se negó a dicha compra porque decía que el precio era bajo y el segundo más importante es que Endesa no podía ser catalana. El PP buscó en la alemana EON la empresa que podía echar abajo la OPA de Gas Natural. En medio apareció la pública italiana Enel, quien fue la que se quedó con Endesa, con el apoyo de Acciona. 
    Desde la llegada de Enel a Endesa en el año 2008 hasta finales del 2014 habrá recibido unos 26.500 millones en dividendos, es decir el 71% del dinero desembolsado, y además sigue teniendo la propiedad en un 92% de Endesa. 
    ¿Qué hace Enel con Endesa? 
    Enel compra a la propia Endesa, la parte internacional de la misma por 8.253 millones, cuando esta parte está valorada por encima de los 12.000 millones. Endesa da inmediatamente un dividendo pro 14.606 millones, de los cuales 13.345 de euros vuelve a la propia Enel, es decir, paga no solo la compra de los activos internacionales sino que se lleva unos 5.500 millones por encima. Además obliga a endeudarse a Endesa por 6.500 millones para que le pague el dividendo y haciéndolo todo en Holanda, para así no tener que pagar nada a la Hacienda española 
    A todo ello, posteriormente procederá a sacar a bolsa un 22% del capital de Endesa pro lo que se embolsará otros 4.000 millones de euros y aun poseerá el 70% de Endesa, es decir, Enel hace un negocio redondo a costa de todos los españoles. 
    Toda la operación es un escándalo pues como dice Manuel Lago ?Descapitalizar y endeudar a Endesa en primer lugar, pero eso afecta al conjunto de la economía española y, sobre todo, porque al final la vamos a pagar los ciudadanos a través de la reducción en el impuesto de Sociedades que Endesa va aplicar en los próximos diez años y en los precios de la luz.

    Cuando pague el próximo recibo de la luz y oiga hablar del déficit tarifario, cuando el ministro de Industria y el oligopolio eléctrico le expliquen porque hay que seguir subiendo el precio de la energía, acuérdese de los 14.606 millones de euros del dividendo de Endesa?. 
    El gobierno de Rajoy no ha hecho nada ¿Dónde está su patriotismo en defensa de los intereses del país? Las leyes desreguladores hechas por Rajoy le impiden hacer nada. Lo mismo que cuando nos bajaban los sueldos, disminuían los servicios sociales, educación, sanidad…, en silencio regalaba miles de millones a 30 empresas nacionales. Sirva como ejemplo que sólo a Telefónica supone unos 4.000 millones ¿Dónde está la decencia política y ética de Rajoy?
    Es todo un escándalo. En las tarjetas Black son 15,5 millones, en el tema de Endesa son 14.6006 millones y en las exenciones fiscales retroactivas, decenas de miles de millones, por eso no recauda Hacienda. 
    Es todo un robo descarado. Este es el estúpido y ladrón capitalismo español que sufrimos: robo y corrupción. 

    Edmundo Fayanas Escuer | Profesor y licenciado en Historia

  • La Defensora del Pueblo Europeo pide una comisión de investigación sobre el TTIP

    Los grupos de la izquierda en el Europarlamento mantienen su ofensiva ante las negociaciones entre la Comisión Europea y Washington para el tratado de libre comercio.

    La Defensora del Pueblo Europeo Emily O?Reilly ha pedido una comisión de investigación parlamentaria para conocer el detalle de las negociaciones que se están llevando a cabo entre Europa y EEUU sobre el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP). El pasado fin de semana, ciudadanos, organizaciones sociales y representantes políticos volvieron a mostrar en la calle su rechazo a un tratado que viene negociándose desde hace 25 años.

    Eurodiputados de izquierda mostraron hace unos días en Estrasburgo su malestar por el oscurantismo y falta de transparencia en la negociación del acuerdo. ?Los documentos se están viendo a puerta cerrada y no tenemos información de los mismos, la única información que tenemos son de aquellos que ya están firmados y que son de carácter público?, señala la diputada de Izquierda Unida Paloma López en declaraciones a Nuevatribuna.

    Dichos textos, cuya lectura se hace a puerta cerrada, tiene marcas de agua específicas para evitar filtraciones y las únicas personas que acceden a ellos son los miembros de la Comisión de Comercio encargados de dar el visto bueno. ?Hay un absoluto oscurantismo con esta situación?, denuncia López, que advierte de las consecuencias que puede traer un tratado de estas características y lo compara con el NAFTA, el tratado de libre comercio entre EEUU y Canadá, un acuerdo muy similar al TTIP y del que se han derivado varios litigios en el estado canadiense con empresas como ETHIL, MOBIL, MEYER o HABITITI, esta última por mediar en conflictos laborales.

    El asunto que genera mayor controversia es la creación de tribunales internacionales de arbitraje (ISDS), una cláusula de precaución, de salvaguarda para las empresas, que llevarán la voz cantante y que podrán requerir indemnizaciones millonarias ante legislaciones nacionales que atenten contra sus intereses.  Sin ser lo mismo, el ejemplo de Castor en España, empresa a la que el Estado deberá pagar 1.300 virtud a un decreto ley del Gobierno, podría pasar con muchas más empresas una vez aprobado el TTIP.

    Europa y EEUU han acelerado las rondas de negociaciones con la intención de que el tratado entre en vigor a finales de 2015. Hasta el momento, se han celebrado 130 reuniones preparatorias, de las cuales, 119 han sido con representantes de lobbies de multinacionales ?que son los que verdaderamente están influyendo a la hora de imponer sus prioridades?, señala López. En el Parlamento Europeo hay registrados 15.000 lobbies, muchos pertenecen a los denominados ?lobbies blancos?, de ONG y organizaciones ecologistas y medioambientales, pero mucho de ellos responden a intereses estrictamente ?mercantilistas y económicos my claros?.

    Ante la magnitud del acuerdo, algunos países como Francia y Alemania, están empezando a ?blindar? algunas de sus normativas. La Comisión Europea es la única competente para negociar este acuerdo, sin que los países miembros puedan intervenir de forma unilateral. Una vez firmado deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo, donde el grupo mayoritario, el PPE, previsiblemente votará a favor.

    Artículo publicado en nuevatribuna.es