El buen momento que atraviesa la economía española no debe llevar, sin embargo, al triunfalismo o a relajar la coherencia de la acción colectiva en favor de medidas efectistas de parte.

Nuestro modelo de crecimiento, nuestra sociedad y nuestro aparato productivo tienen importantes oportunidades de futuro, pero también carencias que no deben esconderse, sino analizarse y abrirse al debate público para resolverlas con el esfuerzo colectivo.

Aprovechar
el cambio de modelo de crecimiento y construir nuevas redes de
protección

Octubre, 2007

Sumario

1.
Un compromiso con la competitividad, el empleo y la cohesión
social

La sociedad española
vive una larga etapa de intenso crecimiento económico que dura
más de una década. El aumento sostenido de la actividad
ha impulsado el desarrollo del país, incrementando la renta
por habitante, que ha recortado su diferencia con la Unión
Europea. El crecimiento del empleo ha sido también muy
importante, permitiendo una elevada incorporación de mujeres a
la actividad laboral y convirtiendo a España en un país
de acogida de un gran número de trabajadores y trabajadoras
extranjeros en un corto espacio de tiempo. El desempleo se ha ido
reduciendo año tras año, y aunque todavía hoy
tiene un volumen apreciable, su tasa se sitúa en un nivel
históricamente bajo. Asimismo, los salarios negociados en los
convenios colectivos han ganado poder adquisitivo todos los años
de esta larga etapa de crecimiento.

La madurez, constancia y
profundidad que tiene el diálogo social en nuestro país
ha servido para impulsar la bonanza económica, configurándose
como un valor de desarrollo y un hecho diferencial con respecto a
otros países de nuestro entorno. El compromiso de este diálogo
alrededor del aumento de la competitividad del aparato productivo, la
creación de empleo y la mejora de la cohesión social,
ha dirigido el esfuerzo de los agentes sociales del país en
una misma dirección, disipando incertidumbres en los momentos
de debilitamiento del ciclo e impulsándolo en las etapas de
auge.

El buen momento que
atraviesa la economía española no debe llevar, sin
embargo, al triunfalismo o a relajar la coherencia de la acción
colectiva en favor de medidas efectistas de parte. Nuestro modelo de
crecimiento, nuestra sociedad y nuestro aparato productivo tienen
importantes oportunidades de futuro, pero también carencias
que no deben esconderse, sino analizarse y abrirse al debate público
para resolverlas con el esfuerzo colectivo.

El aparato productivo
tiene un claro déficit de competitividad que se refleja en
los crecientes y voluminosos saldos comerciales negativos. El tejido
productivo tiene dificultades para competir en aquellas actividades
de contenido tecnológico medio y alto. Estas debilidades
repercuten negativamente en la calidad del empleo, en los niveles
salariales y en la sostenibilidad futura de la actividad económica.
La desigualdad en la distribución salarial ha aumentado al
crecer más las ocupaciones con salarios más bajos, de
ahí la importancia de seguir incrementando el salario mínimo
interprofesional.

Desde el año 2000
el modelo de crecimiento español se basa en exceso en la
construcción de vivienda residencial y en los servicios de
consumo, desarrollados no en base a su calidad, sino a su bajo valor
añadido (comercio, hostelería, servicios personales y
servicio doméstico). Estos sectores han creado muchos puestos
de trabajo pero poco productivos, mal remunerados y muy vulnerables
ante una inflexión en la actividad, lo que ha debilitado la
cohesión social. Además, han contribuido al alza de los
precios por tratarse de sectores no abiertos a la competencia
internacional.

Una expresión muy
grave de las consecuencias negativas de esta forma de crecer es la
siniestralidad laboral. El alto número de accidentes laborales
y enfermedades profesionales –que sufren más quienes tienen
empleos más precarios- sigue siendo inaceptable, a pesar de
que las nuevas normas y acuerdos en esta materia han logrado reducir
los índices casi a la mitad en la última década.

Por otro lado, la deuda
de las familias supera ya su renta anual. Algunas familias se han
endeudado durante la etapa de bonanza bajo la convicción,
alentada por los sucesivos gobiernos, de que los tipos de interés
no aumentarían, ni bajaría el valor de las viviendas.
La crisis de liquidez generada en el mercado hipotecario rompe este
espejismo y pone en riesgo el crecimiento del consumo y la inversión.

Desde CCOO venimos
propugnando desde hace tiempo un cambio de modelo de crecimiento,
encarando las carencias de nuestro aparato productivo y las
desigualdades que genera. Ahora que el ciclo de la construcción
empieza a debilitarse y que la actividad industrial crece, aunque
todavía sin crear empleo y con incertidumbres sobre su
recuperación, es más urgente apoyar el tránsito
hacia una economía más productiva, donde la industria,
los servicios de valor añadido y el sector exterior –a
través de las exportaciones- ganen protagonismo en la base del
crecimiento y con ellos, el empleo de calidad y una mejor
distribución de la renta.

El tránsito hacia
una economía más productiva requiere de propuestas
coherentes para producir resultados en la competitividad, el empleo y
la cohesión social. Para CC.OO. estas propuestas se articulan
alrededor de dos grandes ejes:

1. Aumentar la inversión
   productiva para apoyar el cambio en la manera de crecer.

2. Ampliar y mejorar la red
   de protección social para facilitar el tránsito hacia
   una economía más productiva a las personas más
   vulnerables.

1. Aumentar la
   inversión productiva para apoyar el cambio en la manera de
   crecer.
   La
   inversión privada tiene que liderar el cambio hacia un modelo
   basado en la calidad, el diseño, la exportación y la
   innovación tecnológica. En este sentido, debe terminar
   la inversión especulativa en la construcción, que ha
   caracterizado una parte importante del ciclo actual y que ha
   provocado inflación y vedado el acceso a la vivienda a
   importantes colectivos. La inversión pública tiene que
   reforzar y apoyar a la inversión privada, ampliando y
   manteniendo la calidad de las infraestructuras, optimizando la
   educación y la formación en línea con las
   demandas del cambio productivo, y mejorando sustancialmente las
   políticas e instrumentos de acompañamiento para la
   reinserción laboral de las personas que coyunturalmente se
   queden sin empleo en el tránsito hacia el nuevo modelo de
   crecimiento.

2. Ampliar y mejorar
   la red de protección social para facilitar el tránsito
   hacia una economía más productiva
   a
   las personas más vulnerables.
   El crecimiento actual se ha visto acompañado de desigualdad y
   de una insuficiente cohesión social. Quienes han cubierto el
   importante volumen de puestos de trabajo poco productivos generados
   por la construcción y los servicios de bajo valor añadido
   (mujeres, jóvenes e inmigrantes), se encuentran en una
   posición muy vulnerable ante el cambio de ciclo. Por tanto,
   para evitar un tránsito traumático de estas personas
   hacia una economía más productiva, es necesario que el
   sector público desarrolle, a través de sus
   presupuestos, una labor de compensación de los desequilibrios
   producidos por el mercado y, en esta línea, amplíe la
   protección de las personas y las familias, mediante la
   extensión de una red social que amortigüe los costes del
   cambio y evite su repercusión sobre los más débiles.

2.-
Invertir para apuntalar el cambio productivo

Invertir en productividad

La industria crece ya por
encima de la construcción en el segundo trimestre de 2007 y su
actividad aumenta a un ritmo intenso desde mediados del año
pasado. Los indicadores adelantados de producción industrial
señalan que el vigor se mantiene durante el segundo semestre
del año, aunque el sector todavía no crea empleo y la
reciente crisis financiera internacional ha abierto incertidumbres
sobre el crecimiento en EE.UU. y Europa que afectan a la
consolidación de la recuperación industrial. Asimismo,
desde principios de 2006, la demanda externa ha rebajado ligeramente
su aportación negativa al crecimiento interior, gracias a la
mejora de las exportaciones y a la moderación de las
importaciones. Y la inversión en bienes de equipo crece a
tasas por encima de los dos dígitos desde mediados de 2006.
Paralelamente, la construcción viene recortando su crecimiento
desde finales de 2006, y aunque éste se mantiene en tasas
vigorosas, los indicadores adelantados de empleo (paro registrado y
altas en Seguridad Social) registran ajustes crecientes durante el
segundo semestre del año.

Las señales
apuntan, por tanto, a una moderación del crecimiento y a un
posible cambio en sus componentes, aunque no parece muy probable que
se vaya a producir un parón brusco en la actividad económica,
sobre todo si se apuntalan las bases para consolidar la inversión
productiva en la industria, la construcción de
infraestructuras y los servicios de valor añadido. No somos
los que mejor lo estamos haciendo en el panorama internacional, ni
tenemos más margen que los demás, pero tendremos más
posibilidades de éxito si se identifican los problemas y se
ponen las bases para su solución.

España es la
novena economía del mundo y en las últimas tres décadas
ha dado un salto espectacular en su modernización política,
social y económica. Hemos acumulado el potencial necesario
para convertirnos en uno de los países más
desarrollados. El bienestar alcanzado no debe, sin embargo,
deslumbrarnos. Ni el camino es necesariamente ascendente si no
hacemos lo que tenemos que hacer, ni puede recorrerse si se fragmenta
la masa crítica que hemos acumulado entre todos.

Para esta nueva etapa,
al igual que hasta ahora, es necesario el liderazgo del gobierno de
España en la coordinación de esfuerzos entre
Administraciones, la iniciativa privada y el resto de agentes
sociales. Se cuenta con una importante ventaja de partida, unas
cuentas públicas saneadas, cuyo margen puede emplearse para
apuntalar el cambio de modelo en la siguiente dirección:

• Tiene
  que reactivarse la idea de una política sectorial activa que
  apoye el desarrollo de la industria, los servicios de valor añadido,
  el turismo y la construcción productiva y no especulativa (en
  infraestructuras, rehabilitación de viviendas y vivienda
  social). En este sentido, los organismos estatales deben
  desarrollar, con recursos humanos propios y permanentes, una
  actividad de prospectiva sectorial para orientar inversiones e
  indicar oportunidades de negocio, en particular, a las pequeñas
  y medianas empresas. Debe fomentarse el diseño industrial, la
  calidad de los bienes y servicios, la cooperación entre
  pequeñas y medianas empresas para acometer proyectos de
  envergadura, la exportación y la apertura de nuevos mercados,
  y la financiación de proyectos empresariales en función
  de su oportunidad e independientemente de sus avales físicos.

• El
  desarrollo tecnológico cobra especial relevancia en un modelo
  basado en el crecimiento de la productividad. La iniciativa privada
  tiene un papel básico que cumplir en este terreno y tiene que
  comprometerse en el incremento del gasto en la I+D+i, a pesar de la
  dependencia de nuestro aparato productivo de multinacionales que
  localizan esas actividades en sus países de origen.
  Paralelamente, deben aumentar sustancialmente los recursos públicos,
  la cooperación con la empresa privada y la coordinación
  entre Ministerios y el resto de administraciones e instituciones
  públicas en materia tecnológica, creando a este fin
  una vicepresidencia. Tienen que existir instituciones capaces de
  difundir al aparato productivo los avances tecnológicos y de
  conectar la investigación fundamental con la actividad
  económica y con el interés social. Hay que definir
  carreras profesionales estables y bien remuneradas en la
  investigación para hacerlas atractivas a los estudiantes más
  brillantes y evitar la fuga de cerebros. Las grandes empresas y el
  sector público deben incrementar las posibilidades y
  oportunidades de financiación de proyectos de capital-riesgo
  relacionados con la innovación.

• Es
  un requerimiento básico para multiplicar la inversión
  productiva y para sostener el crecimiento económico, mantener
  y desarrollar las infraestructuras básicas del país
  (puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, abastecimiento de
  agua, etc.) por parte de los poderes públicos, pero también
  por la iniciativa privada. Hay que corregir los desequilibrios
  existentes entre los distintos modos de transporte a favor del
  ferrocarril y desarrollar nuevas políticas de movilidad
  sostenible. Así mismo, las infraestructuras energéticas
  son fundamentales por la importancia de los cambios que se avecinan
  en el panorama mundial y por las nuevas exigencias medioambientales
  de adaptación de los medios de producción y
  transporte. Se trata de aumentar la eficiencia energética y
  de reducir nuestra dependencia exterior, diversificando las fuentes
  de abastecimiento y definiendo un mix
  energético
  que combine garantía de suministro, independencia, seguridad
  energética, precios competitivos y sostenibilidad ambiental.
  La modernización de las redes de distribución es
  básica, así como aprovechar el importante potencial de
  crecimiento que tienen algunas energías en nuestro país,
  como las renovables.

• Asimismo,
  merece especial atención el desarrollo de las
  infraestructuras relacionadas con las tecnologías de la
  información y comunicación, por su retraso, y porque
  constituyen uno de los principales dinamizadores del comercio en los
  próximos años, pues permiten a las pequeñas y
  medianas empresas ampliar su mercado potencial y aproximarse a las
  necesidades de sus clientes.

Invertir en la gente

El
crecimiento del empleo en los últimos años se ha
concentrado en ocupaciones con bajos requerimientos formativos. La
importante demanda de este tipo de empleo ha coincidido con la
ausencia de políticas eficaces para resolver las carencias de
nuestro sistema educativo, en el que conviven una baja tasa de
población que acaba el bachillerato y la Formación
Profesional (15 puntos menos que la media UE), con tasas de población
universitaria equivalentes. Estos desequilibrios educativos y
productivos provocan, de una parte, la falta de profesionales con
titulaciones medias que demanda el sistema productivo y, de otra, el
desencuentro entre la fuerza de trabajo con titulación
superior y los puestos de trabajo generados, mayoritariamente
precarios, aumentando así el número de titulados que se
han visto abocados a ocupar empleos por debajo de su nivel de
formación o a desarrollar en otros países su carrera
profesional.

Un cambio hacia un
modelo de crecimiento más productivo pone en primer plano los
problemas del sistema educativo, incluida la Formación
Profesional para el empleo, y requiere:

• Aumentar
  la inversión en educación y formación, pero de
  manera eficiente, orientándola a través de la
  previsión a medio plazo de las necesidades futuras. En este
  recorrido es imprescindible establecer conexiones sólidas y
  duraderas entre el sistema educativo y la empresa, entre la
  universidad y la actividad investigadora y el mundo del trabajo.

• Analizar
  y poner en marcha las medidas necesarias para resolver el elevado
  abandono escolar que caracteriza al sistema educativo español.
  Prevenir es clave, trabajando los itinerarios formativos desde la
  primera etapa educativa. En la coyuntura más reciente, los
  jóvenes que fracasan en sus estudios han podido trabajar de
  cualquier cosa,
  pero no será así en un contexto de menor crecimiento
  del empleo y ante una demanda de mayor cualificación.

• Liderar
  por parte del gobierno central la promoción de la Formación
  Profesional en sus dos niveles, reglada y para el empleo, que siendo
  todavía el gran agujero
  del sistema educativo y de formación permanente en España,
  sigue sin acertar con el modelo que permita su mayor extensión,
  el reconocimiento social de su valor, su validación y
  certificación en el conjunto del Estado.

• Mejorar
  los malos resultados formativos de los alumnos en las materias de
  ciencias, a lo largo de todo su desarrollo curricular, e incrementar
  de manera eficaz el conocimiento de idiomas extranjeros.

• Actuar
  para frenar el deterioro de la escuela pública y la
  desigualdad en el acceso de los niños y niñas
  inmigrantes a los centros concertados. Hay que invertir más
  recursos para apoyar la integración de la creciente población
  infantil inmigrante, evitando así que se reduzca la calidad
  de la escuela pública, y que ésta deje de ser la
  opción de la mayoría de la población.

3.-
Tejer una red de protección para reforzar la igualdad y la
cohesión social

La bonanza económica
ha tenido el efecto positivo de crear empleo, pero también ha
generado un volumen importante de puestos de trabajo muy precarios.
Como resultado, la desigualdad salarial ha aumentado en el mercado de
trabajo y la vulnerabilidad de estos empleos ante cambios en el
ciclo, ha debilitado la cohesión social.

Quienes tendrán
más dificultades para transitar hacia una economía más
productiva, porque, desgraciadamente, el cambio no será
automático e imperceptible, serán muchos de los que
cubrieron esos puestos de trabajo. Los jóvenes que abandonaron
sus estudios porque podían trabajar de
cualquier cosa.
Las mujeres que encontraron empleo en los servicios de menor valor
añadido al concentrarse en ellos una fuerte segregación
ocupacional por sexos. Los trabajadores y trabajadoras inmigrantes
que pudieron trabajar incluso
sin tener papeles.

El tránsito no
será suave. A las incertidumbres sobre la consolidación
de la recuperación de la industria se une su menor capacidad
para generar empleo (pues se trata de una actividad intensiva en
capital y no en trabajo, como la construcción) y sus mayores
requerimientos formativos. En consecuencia, los trabajadores que ya
está dejando de emplear la construcción no son, en
términos cuantitativos ni cualitativos, automáticamente
recolocables en los puestos de trabajo que esperamos pueda empezar a
generar pronto la industria y los servicios de mayor valor añadido.

Es necesaria, por tanto,
la intervención de los poderes públicos para resolver
las desigualdades producidas por el mercado y para que las personas
en situación más débil cuenten también en
el tránsito hacia el nuevo modelo de crecimiento. Hay que
empezar a tejer una nueva red de protección, con medidas
coherentes entre sí y factibles económicamente, que
facilite un tránsito no traumático a las personas más
vulnerables y permita mejorar la igualdad y la cohesión a
medio y largo plazo. Una red que debe contar con más elementos
que las tradicionales e imprescindibles prestaciones de la Seguridad
Social, ya que no todos los grupos que se han incorporado en la
última etapa al mercado de trabajo han generado derechos.

El sistema de protección
por desempleo, las pensiones y prejubilaciones, y la familia fueron
el colchón amortiguador de la pérdida de empleo en
otros momentos de cambio en el ciclo económico. Esos fueron
los ejes de solidaridad que utilizó la sociedad española
para no abrir una gran brecha de desigualdad social. Ahora, sin
embargo, la temporalidad del empleo ha dificultado generar
prestaciones por desempleo dilatadas. Está afectada una
población laboral más joven que, lógicamente, no
engancha a corto plazo con la jubilación. La renta familiar,
base alternativa para sostener el desempleo y la vivienda, no existe
entre la nueva población inmigrante –que además
carece en muchos casos de la protección formal que ofrecen las
leyes laborales-.

En consecuencia, no se
trata de presentar un listado de medidas sociales que suenen
bien a
distintos grupos de la población –los partidos políticos
tienden a esto, especialmente en campaña electoral-, sino de
dirigir los recursos allí donde hacen falta.

Prevenir frente al paro y acompañar en la reinserción
laboral

Este debe ser un primer
compromiso de los poderes públicos para dar adecuada respuesta
a las necesidades de la coyuntura, caracterizada por la moderación
del crecimiento y el cambio hacia una economía que debiera
demandar empleo más cualificado. Y para ello se deben afinar
dos instrumentos básicos, los Servicios Públicos de
Empleo y las políticas activas de empleo, un compromiso ya
adquirido en el Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y del Empleo,
y no abordado hasta ahora.

Porque
desafortunadamente, los Servicios Públicos de Empleo siguen
sin cumplir su función principal que es la de acompañar
en la búsqueda de empleo y en la inserción laboral. No
realizan una atención personalizada, continúan
mostrando una gran debilidad en la gestión de las ofertas de
empleo, y no desarrollan una estrategia preventiva frente al
desempleo. A su vez, las políticas activas de empleo (incluida
la formación para el empleo) son demasiado generalistas y no
responden adecuadamente ni a las necesidades de quienes demandan
empleo, ni a las necesidades de las empresas. Esta situación
se agrava por la insuficiente coordinación entre políticas
y gestores, y por la falta de evaluación de su eficacia.

• Los Servicios Públicos
  de Empleo deben contar con más recursos y más
  cualificados, para establecer un itinerario personalizado de
  inserción laboral con cada demandante de empleo y
  responsabilizarse de su seguimiento, así como para prevenir
  el paro de larga duración, cumpliendo la directriz europea de
  desarrollar acciones con todo demandante de empleo antes de que
  permanezca 6 meses en paro.

• Se deben revisar el
  conjunto de programas y políticas activas de empleo
  actualmente existentes para actualizarlos, especializarlos y
  dotarles de mayor integración y coherencia. Prospección
  de necesidades y evaluación de resultados deben ser los ejes
  de actuación.

• Es imprescindible la
  coordinación y cooperación entre las distintas
  administraciones responsables de la gestión de las políticas
  de empleo, Servicio Público de Empleo Estatal y Servicios
  Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, así
  como entre los diferentes agentes privados que también
  intervienen.

Apoyar a las familias

Si la red familiar fue el
colchón amortiguador en anteriores cambios de ciclo,
contribuyendo así a sostener la cohesión social, ahora
se deberían aprovechar los buenos resultados de esta larga
etapa de crecimiento sostenido para desarrollar diferentes políticas
de apoyo a las familias, que es otro de los ámbitos donde
España acumula carencias respecto a los países de su
entorno -la inversión en estas políticas públicas
no llega a la quinta parte la media europea-. Y son medidas más
necesarias ante los cambios acelerados producidos en la estructura
familiar, con un número creciente de familias monoparentales,
especialmente de mujeres solas con hijos.

La reciente aprobación
de la Ley de Dependencia sienta las bases para empezar a construir un
nuevo sistema de protección, que es sin duda un pilar básico
de apoyo a las familias, y especialmente a las mujeres. Pero contar
con la Ley no significa que el sistema ya esté construido. Su
puesta en marcha demanda un liderazgo del gobierno y una cooperación
institucional, para cubrir así este vacío de protección
que dura ya demasiado tiempo.

La otra gran laguna de
protección en nuestro país es la atención
pública a la primera infancia. La provisión de plazas
de escuelas infantiles no ha formado parte de las decisiones
políticas, a pesar de ser un eje estratégico de las
actuaciones de apoyo a la familia. La Comisión Europea ha
señalado año tras año las carencias de España
en la cobertura de plazas para los menores de 6 años al
evaluar los sucesivos Planes Nacionales de Empleo –actualmente
Programa Nacional de Reformas-, vinculando su mejora a la del otro
gran déficit laboral de nuestro país, las todavía
bajas tasas de actividad y de empleo de las mujeres.

Es cierto que en los
últimos diez años ha habido grandes avances respecto a
la oferta de educación infantil reglada para los niños
de 3 a 6 años, con el 95% de escolarización y una
reducción significativa de las diferencias entre las distintas
Comunidades Autónomas. La causa de estos logros ha sido el
incrementar el número de plazas y la generalización de
la gratuidad.

Por el contrario, para
los niños menores de 3 años, el objetivo fijado por la
Comisión Europea de alcanzar una escolarización del 33%
en 2010 está lejos de alcanzarse en España. En el curso
2006-2007 sólo el 16% de estos niños están
escolarizados en centros autorizados. Además existe una fuerte
desigualdad territorial, así como entre las familias según
su nivel de ingresos.

El imprescindible
incremento de las plazas gratuitas de guarderías en el primer
ciclo de educación infantil debe ir acompañado a su
vez, de una mejora en la cuantía de las prestaciones
familiares por hijo y de una reordenación en los horarios
escolares y en las actividades extraescolares para evitar la
dependencia
obligada de
la red familiar o la autonomía
obligada
de los hijos cuando los padres trabajan.

Son todas ellas medidas
necesarias para apoyar la natalidad y a las familias con hijos,
contribuyendo a hacer compatible la vida personal y laboral de los
padres; para facilitar la incorporación laboral de las
mujeres; para generar nuevos empleos en los servicios cualificados;
y, en el caso de la escolarización de primer ciclo de
educación infantil, para favorecer la igualdad de
oportunidades y la equidad en la adquisición de destrezas
básicas en la infancia.

Por el contrario, todos
estos beneficios no entran en juego cuando se opta por establecer
ayudas monetarias puntuales y al margen de un plan global de apoyo a
las familias, como es el caso de la nueva ayuda por el nacimiento de
un hijo, que puede ser una medida incluso más cara en su coste
agregado que invertir en la red de guarderías, además
de insuficiente para incentivar la natalidad y apoyar de manera
sostenida a las familias, y de ser menos eficiente en términos
de equidad social y territorial.

Desarrollar el nuevo sistema de atención a las personas dependientes haciendo efectiva la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas implicadas. Incrementar sustancialmente las plazas de educación infantil para los niños menores de 3 años, bajo el liderazgo de la iniciativa pública, y extender su gratuidad, asegurándola para las personas con menos recursos. Hay que cumplir el compromiso ya incluido en la LOE. Hacer compatibles los horarios escolares con la actividad laboral de los padres, asegurando actividades extraescolares útiles y gratuitas en la escuela. Establecer unas prestaciones familiares por hijo (menores de 18 años) suficientes y actualizadas, ampliando el número de beneficiarios que hoy pueden acceder e incrementando su cuantía. Establecer un plan de atención a las familias en situación o riesgo de exclusión social.

La vivienda como bien social, no especulativo

La vivienda es, junto al
empleo, el aspecto clave del proyecto socioeconómico personal
y familiar. La situación actual de la vivienda en España
implica que estén excluidas de su acceso o sobreendeudadas
amplias capas de la población, no solamente las más
desfavorecidas. La vivienda se ha convertido en un bien de inversión
y especulación, a costa de lo que es un derecho y una
necesidad social básica. Para revertir esa situación
son necesarias medidas legales, presupuestarias, y modificar la
cultura y expectativas de la sociedad en torno a la vivienda.
Garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna a un coste
asequible (por compra o alquiler) pasa por la combinación de
un conjunto de medidas:

• Priorizar el alquiler,
  actuando sobre la oferta e introduciendo en el mercado el importante
  volumen de viviendas vacías. Para ello hay que promocionar
  parques públicos o privados de alquiler asequibles,
  equilibrar las garantías jurídicas del propietario con
  las del inquilino, y facilitar la explotación de viviendas en
  alquiler con la creación de agencias de intermediación.
  A su vez hay que apoyar la demanda con ayudas al pago de un alquiler
  máximo que venga determinado por el nivel de renta del
  inquilino y sus circunstancias familiares.

• Reorientar el gasto
  público en vivienda desde los beneficios fiscales a la compra
  de vivienda hacia la política activa en vivienda,
  incrementando la oferta de protección oficial y garantizando
  su uso adecuado, así como las subvenciones directas para
  alquiler.

• Recuperar la gestión
  pública del suelo y del desarrollo urbano, frente a su cesión
  y subordinación actual a los intereses privados. Resolver las
  ambigüedades de la Ley del Suelo y aplicarla para acabar con la
  especulación, la retención del suelo y las
  sobrevaloraciones que impiden la construcción de viviendas
  asequibles.

• Rehabilitar viviendas y
  áreas urbanas como alternativa a la construcción de
  nuevas viviendas y ensanches urbanísticos, y como mecanismo
  para mantener el empleo en el sector de construcción y apoyar
  la sostenibilidad medioambiental.

Inmigración ordenada y con derechos

El crecimiento que se ha
producido en nuestro país, intensivo en mano de obra y poco
productivo, ha utilizado ampliamente a la población inmigrante
que se ha incorporado al mercado laboral desde finales de los noventa
y que ha contribuido decisivamente al aumento de la actividad
económica. Así, el modelo de crecimiento ha configurado
el modelo inmigratorio y, en consecuencia, lo importante no ha sido
ordenar los flujos para ofrecer un empleo a la población
inmigrante con garantías y derechos laborales. Por el
contrario, el volumen y características de los flujos han sido
determinados por el mercado, las empresas han demandado una gran
cantidad de empleo sin cualificación y remunerada con salarios
bajos, y los sucesivos gobiernos han puesto las trabas mínimas
para no afectar a su crecimiento y demandas, a pesar de que era obvio
que una expansión construida sobre esas bases se agotaría.

Nuevamente aquí el
modelo de crecimiento ha desplazado a un segundo plano la igualdad,
con el consiguiente debilitamiento de la cohesión. Así,
tan novedoso ha sido para la economía y la sociedad española
el fenómeno inmigratorio, como el gran volumen de trabajadores
sin derechos laborales o con ellos muy mermados, que hoy forman parte
de la población activa.

Un cambio de modelo
productivo va a poner de manifiesto estas desigualdades. La población
laboral inmigrante se encuentra en una situación especialmente
vulnerable ante la nueva coyuntura; ni tienen una protección
por desempleo importante, ni cuentan con familias que suplan dicha
protección, porque están en sus países de
origen, o porque todos sus miembros se ocupan en puestos de trabajo
igualmente vulnerables. Además, muchos de ellos carecen de las
cualificaciones que demandará el nuevo ciclo, más
intensivo en conocimiento. Repensar por tanto la política
migratoria es un elemento clave en la nueva coyuntura:

• Invertir los recursos
  necesarios para garantizar unos flujos migratorios ordenados, con
  derechos y planificados en función de la capacidad del
  aparato productivo de ofrecer empleo a largo plazo.

• Establecer una
  infraestructura laboral del gobierno español en los países
  emisores, para la selección y contratación en origen,
  y que gestione las demandas de las pequeñas y medianas
  empresas.

• Contra el empleo
  irregular y la explotación laboral de la población
  laboral inmigrante, aplicar las normas vigentes con todo el rigor y
  poner a disposición los recursos de inspección y
  control necesarios para ello.

• Actuar sobre el control
  de las entradas, considerar la política de visados y sus
  posibilidades de extensión, y coordinar la acción
  entre los departamentos ministeriales implicados en la lucha contra
  la inmigración sin derechos.

• La red de protección
  social debe reforzarse en base a las nuevas necesidades de mayor
  población y más vulnerable. Asimismo, las políticas
  de integración deben diseñarse o reenfocarse en
  función de los nuevos retos que plantea la coyuntura.

4.- Los instrumentos del Estado al servicio de la cohesión

España es
posiblemente el país de la UE que más ha cambiado en
las últimas tres décadas. Ha habido grandes avances en
la igualdad –social y laboral- entre mujeres y hombres. Hemos
construido redes de solidaridad intergeneracional, desde el acceso
masivo de los jóvenes a la educación, hasta la
consolidación del sistema público de protección
social. Todas las Comunidades Autónomas han visto aumentar sus
niveles de empleo y de crecimiento de la riqueza. A través de
la negociación colectiva hemos ido vertebrando las condiciones
de trabajo de la población asalariada, y las organizaciones
sindicales y empresariales estamos consolidando un diálogo
social autónomo, puesto al servicio de la concertación
tripartita en los grandes temas sociolaborales que afectan al
conjunto del Estado.

Pero al mismo tiempo
podemos decir que España es aún un país joven,
con apenas 30 años de democracia, que necesita todavía
afinar los instrumentos que aseguran la cohesión. Estos son
básicamente el sistema fiscal, el sistema de protección
social, el sistema de relaciones y normas laborales, el sistema
educativo y de formación profesional, así como las
instituciones que aseguran el control de la legalidad y el
cumplimiento de las normas (el Estado se legitima no sólo
porque produce leyes, sino porque éstas se aplican y se hacen
cumplir). De igual forma, el Estado de las Autonomías del que
nos hemos dotado también debe consolidar, en su
funcionamiento, los criterios de equidad y cohesión
territorial.

Durante todos estos años,
y especialmente en los últimos, se ha hablado mucho de la
descentralización de esas políticas e instrumentos,
pero paradójicamente se ha debatido mucho menos respecto de su
funcionalidad en relación con la equidad y la cohesión
general. Pues bien, en CCOO creemos que ahora debería ser esto
lo que apareciera en el primer plano de la acción política,
reforzando los instrumentos relacionados con la igualdad y conjurando
los límites que a veces se autoimpone
la política para seguir generando redes de cohesión
para todo el país.

Estos son los elementos
clave:

Asegurar la suficiencia en los ingresos del Estado, renunciando a la carrera desfiscalizadora actual. La Administración General del Estado ya dispone de un escaso margen presupuestario, tan sólo el 15% del gasto público total (5,8% del PIB), para cubrir sus múltiples funciones. A su vez, las continuas disminuciones en los impuestos sobre la renta aprobadas desde 1996 por los gobiernos, central y autonómicos, limita la capacidad de actuación para impulsar el cambio productivo. Avanzar en la corresponsabilidad de las Administraciones públicas en las decisiones de gasto. La administración autonómica dispone del 37% del gasto público total y es competente en ámbitos tan determinantes para la cohesión como la educación (la Administración central sólo maneja el 4,4% del gasto público total en esta materia), la sanidad o los servicios sociales. Las decisiones de todos los niveles de gobierno, por tanto, afectan al conjunto de la ciudadanía y del Estado. Liderar políticas para el conjunto de la ciudadanía y coordinar la acción de las distintas Administraciones en el desarrollo de las políticas públicas señaladas, asegurando el funcionamiento de los órganos creados a tal fin. Porque la descentralización política y administrativa debe ser compatible con la eficiencia en la búsqueda del interés general, especialmente en aspectos clave para afrontar con éxito el cambio en la estructura del crecimiento, como son la educación, la formación profesional o la potenciación de I+D+i. Es imprescindible superar las ineficiencias actuales. Reforzar el papel de las Altas Inspecciones del Estado para asegurar, en el conjunto del país, la igualdad en el acceso a los servicios y el cumplimiento de las normas.