La empresa pública Tragsa y su filial Tragsatec han empezado a despedir a más de un millar de trabajadores para sustituirlos por otros temporales y en condiciones precarias. ?Mientras despiden trabajadores necesarios que realizan tareas imprescindibles han empleado a más de 1.200 personas con contratos temporales?, según han denunciado en rueda de prensa diferentes representantes de CCOO que han reclamado la paralización del ERE y la negociación de un Plan de Viabilidad.
En aplicación de lo que supone el mayor ERE en una empresa pública, la Dirección de Tragsa y Tragsatec ha puesto en marcha el despido de 1.336 trabajadores y trabajadoras, que los secretarios generales de las Federaciones de Servicios y de Construcción y Servicios de CCOO, José María Martínez y Vicente Sánchez, respectivamente, y el secretario confederal de Acción Sindical, Ramón Górriz, han rechazado por innecesario, contraproducente y por su alto coste económico y social.
Los dirigentes de CCOO han coincidido en responsabilizar a la Dirección de la empresa, a la SEPI y a los Ministerios de Hacienda y Agricultura de la aplicación ?irresponsable de la Reforma Laboral? en una empresa que en 2015 ha obtenido beneficios. ?Con los despidos solo pretenden sustituir empleo estable, cualificado y de calidad por temporal y precario?, denunció Moisés Fernández, representante de la sección sindical de CCOO de Tragsa. ?Nos sentimos estafados, no ha habido ningún tipo de negociación?, incidió por su parte Carmen Torrente, representante de CCOO de Tragsatec.
El ERE, que fue aprobado por el Tribunal Supremo anulando la decisión contraria de la Audiencia Nacional, va a suponer un elevado coste que irá en detrimento de las arcas públicas, que José María Martínez cuantificó en ?10 millones de euros como mínimo?, dándose además la paradoja de que ?muchos de los trabajadores despedidos volverán a ser contratados porque son necesarios, aunque en peores condiciones laborales?, y es que según recalcó ?los trabajadores son imprescindibles, al contrario que los directivos?.
Para CCOO, el problema de las empresas no reside en el número de trabajadores, como demuestra que se estén realizando nuevas contrataciones, sino en una Dirección sobredimensionada tanto en su número como en sus salarios. ?Cobran más que el Presidente del Gobierno?, señaló Ramón Górriz, en alusión a unos directivos que al tiempo que despiden, según denunció el secretario general de la Federación de Construcción y Servicios, ?se han repartido 8 millones en incentivos en los dos últimos años?.
Tampoco la situación económica de las empresas justifica el ERE, explicó Vicente Sánchez, quien propuso utilizar el Fondo de Reserva voluntario cifrado en 261 millones de euros para responder a cualquier dificultad -?Las indemnizaciones de los despidos provocará que la contabilidad de las empresas arrojen pérdidas?, señaló -, y que se salde la deuda de 467 millones que distintas administraciones públicas han contraído con Tragsa y Tragsatec.
Los representantes de CCOO concluyeron anunciando movilizaciones para conseguir la paralización del ERE y el inicio de la negociación de un Plan de Viabilidad que contemple 0 despidos. Con este objetivo, el sindicato está manteniendo reuniones con los Grupos Parlamentarios y las distintas Comunidades Autónomas.