Este cambio de políticas debe comenzar sin demora. Sin él la crisis nunca terminará para la mayoría social, para la clase trabajadora. Es una exigencia social, económica y democrática.
Desde 2008 muchos de los derechos de la clase trabajadora han sido eliminados, por el efecto directo de una intensa crisis y por unas políticas, mal llamadas de austeridad, que han aumentado la precariedad laboral, han reducido salarios y prestaciones sociales y han recortado derechos y libertades. Unas políticas que, en suma, han empobrecido a la mayoría social, que somos los trabajadores y las trabajadoras, y han aumentado las desigualdades, la pobreza y la exclusión social han aumentado
El crecimiento económico, advierten los sindicatos, debe llegar a todas las personas. Para ello, es preciso crear empleo estable y de calidad mediante la aprobación de un Plan de Choque; derogar las reformas laborales, mejorar los salarios y reforzar las redes de protección social.
En este sentido, en el manifiesto del 1 de Mayo, CCOO y UGT insisten en que es necesario devolver el equilibrio de fuerzas en la negociación colectiva, y exigen un SMI suficiente, estable y duradero en el tiempo (hay que llegar a un SMI de 1.000 euros a final de esta legislatura y garantizar que será siempre, al menos, equivalente al 60% del salario medio); una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres; la reforma del sistema de prestaciones por desempleo y la derogación de la reforma de las pensiones de 2013, entre otros aspectos.
Asimismo, consideran imprescindible una reforma fiscal integral, que consiga más ingresos y reparta mejor los esfuerzos, y la puesta en marcha inmediata de una Prestación de Ingresos Mínimos, como la propuesta por UGT y CCOO, para sacar de la miseria a las 630.000 familias que no poseen recursos.
La recuperación del gasto en Sanidad, Educación, Protección Social y ayuda a la Dependencia, extendiendo su cobertura y mejorando la calidad de sus servicios; el Estatuto de la Función Pública; la puesta en marcha de un Plan Estratégico para la Industria; una mejor política científica y unas condiciones de trabajo dignas para la comunidad investigadora; así como la derogación del artículo 315.3 del Código Penal y la Ley Mordaza ocupan un lugar destacado entre las reivindicaciones recogidas en el manifiesto.
Todo ello en el marco de un país necesitado de una fuerte regeneración democrática y cultural.
Este cambio de políticas debe comenzar sin demora. Sin él la crisis nunca terminará para la mayoría social, para la clase trabajadora. Es una exigencia social, económica y democrática.