El Ejecutivo planea utilizar el Fondo de Garantía, las inyecciones
de capital que permite Bruselas y las fusiones para evitar la caída de
las entidades
«El Gobierno está llamando a los bancos, a través de los responsables
del Banco de España, para advertirles de que puede entrar en su
capital. Si no hay crisis, ¿para qué quieren entrar en las entidades,
para reforzarlas o para mangonearlas?», acusa sin sutilezas ni matices
Cristóbal Montoro, portavoz de Economía del PP.
Responsables de algunas entidades financieras consideran que
Montoro, con estas declaraciones públicas, quería pinchar un proyecto
que impulsó una parte del Gobierno. En concreto, todos apuntan al
ministro de Industria, Miguel Sebastián. Según fuentes populares, que
corroboran otras de la banca, Sebastián es partidario de seguir el
modelo de Sarkozy, que ha inyectado capital público, de forma
obligatoria, a todas las entidades francesas, según su tamaño. Los
bancos y las grandes cajas se oponen radicalmente a esta medida. Están
convencidos que tras ella llegará el control estatal sobre la concesión
de créditos. Sería como entrar en la cocina de las entidades y decidir
el riesgo que se asume. La banca no olvida aquella frase de Sebastián:
«Se nos acaba la paciencia con los bancos», tras acusarles de cerrar el
grifo de los créditos.
Sin embargo, el Ministerio de Economía,
dirigido por Pedro Solbes, afirma que es falso que se vaya a implantar
capital público de forma obligada a todo el sector. «El plan es
utilizar, en primer lugar, los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD).
Además, se pueden recapitalizar entidades con dinero público, sin
olvidar las fusiones bajo la intervención y el control del Banco de
España», comentan fuentes de Economía.
Es decir, se utilizará
toda la artillería disponible contra las crisis que atraviesen las
entidades financieras. El que se use una u otra arma «dependerá de cada
caso» y de la situación general. El ministerio transmite tranquilidad:
«En España no hay una crisis general del sistema financiero, como
ocurre en otros países». No obstante, el propio vicepresidente del
Gobierno advirtió, el lunes pasado, que el Gobierno «está preparado
para intervenir», en referencia al sistema financiero español.
Las
perspectivas oficiales (y sobre todo las no oficiales) hablan de un
aumento del paro y de una caída del mercado inmobiliario que se
traducirá, sin duda, en una angustiosa escalada de la morosidad. La
relación es directa: cuantos más impagados hay, se necesitan más
provisiones, lo que reduce los beneficios. Cuando las provisiones no
son suficientes, las entidades entran en pérdidas y los morosos se comenel capital. Aquí es cuando empiezan los problemas de solvencia y llegan
las intervenciones del Banco de España, como ocurrió con Banesto.
Las
entidades financieras no pueden abrir la persiana si no tienen un nivel
de capital del 8%. Antes de traspasar esa línea roja, el supervisor les
pide un plan de viabilidad. Si éste no es convincente, el Banco de
España las mete en la UVI para buscar una solución. Ese camino ya lo ha
recorrido Caja Castilla-La Mancha, que negocia su fusión con Unicaja.
Salvo
este caso, el resto del sector parece que aguanta, tras casi 20 meses
de crisis, con más o menos goteras. Pero la clave es el factor tiempo.
«No hay duda de que la banca española es solvente, pero si la crisis
dura demasiado puede haber entidades más frágiles», ha reconocido con
realismo Solbes.
El nivel de impagados todavía es bajo, cercano
al 4%, pero crece a toda velocidad. Además, el incremento no va a ser
homogéneo: habrá grandes diferencias en función del crédito
inmobiliario. En algunos casos, como Caixa Catalunya, Caja Madrid o
Caja Castilla-La Mancha, los créditos malos ya representan alrededor
del 5% del total, con posibilidades de alcanzar el 9% este año. En
otros, como el Santander, BBVA, Popular o La Caixa, las cifras de
morosos están por debajo del 3% y podrían no cruzar el umbral del 4%
este año.
En su comparecencia en el Congreso, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, abrió la puerta a
posibles recapitalizaciones y sostuvo que el FGD puede desempeñar un
papel «importante» para sanear entidades. Sin embargo, el Fondo suma
apenas 7.500 millones de euros y puede quedarse corto, sobre todo si
quiebran entidades de tamaño medio. Las ayudas no saldrán gratis.
Cuando se recapitalice una entidad, el Gobierno exigirá que se saneen
los activos malos. Y cuando haya fusiones, la entidad resultante deberá
tener la solvencia necesaria.
¿Qué pasará con los ejecutivos?
Economía quita hierro a esa cuestión. «En Banesto había irregularidades
que acabaron en un juicio, pero si no existen esos problemas, no hay
por qué echar a los gestores». El sector discrepa abiertamente. «Si los
malos gestores siguen en su puesto tras recibir ayuda del Gobierno,
podrían perjudicar a las demás entidades». Ponen el ejemplo de una
entidad zombi que, tras una inyección de capital, ofrezca
grandes remuneraciones por los depósitos y créditos a bajo precio. «Eso
debilitaría a los competidores sanos, provocaría un efecto dominó».