NO creo que la fusión de las cajas de ahorros extremeñas sea un debate que suscite interés, ni una cuestión prioritaria para los extremeños, aunque sean clientes de las entidades financieras susceptibles de fusión, Caja Extremadura y Caja Badajoz. No creo que nadie reclame semejante medida y, francamente, ante el desinterés que percibo no imagino a nadie acercándose al político de turno para reclamarle semejante cuestión. Puede, eso sí, que algún sector concreto, específico y minoritario, por un interés puntual, más político que económico, quiera ir en esa dirección, pero no es algo de lo que se hable en el trabajo, en el bar o en las tertulias, como para que semejante medida pudiera alcanzar el estrellato y figurar en un programa electoral.

El debate que se pretende revitalizar surgió ya en 1990, cuando se formaliza la fusión entre la Caja de Cáceres y la Caja de Plasencia, constituyendo ambas la Caja de Extremadura, denominación que evocaba un ámbito territorial deseado y una unidad financiera que no era tal, pero que bien pudiera servir de bandera para ulteriores fusiones. Digamos que la nueva denominación fue un acierto que, desde ese momento, dejó a la otra entidad, Caja Badajoz, con una denominación provincial que aunque estratégicamente eficaz, no se correspondía con la realidad. Para intentar equilibrar la balanza, Caja Badajoz registró para su tarjeta de crédito el nombre de Extremadura. O sea, que la reducida polémica viene de lejos.

Sin embargo, han transcurrido los años, las cajas han crecido por separado, son entidades solventes y la fusión no se produce, pese a que el tema es recurrente y con más o menos fuerza no acaba de despertar ni de dormir, pero siempre se ha mantenido en ámbitos muy reducidos, tanto financieros y administrativos como de gestión empresarial.

Es ahora cuando, por dos vías distintas, vuelve el asunto a las páginas de la prensa y cobra nuevo interés. Por un lado, las manifestaciones políticas del Sr. Fernández Vara y, por último, las cualificadas palabras del Gobernador del Banco de España en un foro tan cualificado como la Fundación de Estudios Financieros. Mientras que el primero intenta avivar un fuego inexistente y deja entrever un más que cuestionable clamor popular por la fusión, el Gobernador formula un criterio mucho más prudente y razonable, como es manifestar que, desde la entidad que preside, sólo se acptaran aquellas operaciones de concentración que «se planteen entre cajas con un escaso solapamiento geográfico y sectorial». El requisito puede parecer simple, pero no se cumple en nuestras cajas que son competidoras en ambas provincias y que, además de participar conjuntamente en muchos proyectos de inversión, existe entre ellas una colaboración fluida que no impide el crecimiento de ambas.

Las palabras de Guillermo Fernández Vara, consejero de Sanidad y Consumo y, simultáneamente, candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura por parte del PSOE, al manifestar que la fusión de las cajas de ahorro se la ha reclamado la mayoría de gente con la que ha hablado, indica que ha pisado poca calle o que sus interlocutores son «cajistas», empresarios y financieros. Ha hablado, entiendo, con muy pocos ciudadanos.

La lejanía de sus palabras y de sus conversaciones de la realidad regional, supone una preocupación añadida por quien, encerrado hasta ahora en cuestiones sanitarias, sea por profesión o por ocupación, desconoce las preocupaciones reales y cotidianas del ciudadano, que como fácilmente puede comprobarse, tiene otras inquietudes y prioridades.

Está muy claro que lo que preocupa al ciudadano es lo que le toca más directamente. En Talayuela y, por extensión, en la zona norte de Cáceres, hay preocupación con el futuro agrícola, al cuestionarse seriamente el futuro del cultivo del tabaco. En las vegas del Guadiana, preocupa el cultivo del tomate. En Villafranca y el entorno de la Tierra de Barros, la instalación de una refinería. En el sur de Badajoz, la distribución del agua es una añeja preocupación que debiera haberse resuelto el siglo pasado. El trazado de la carretera entre Badajoz y Levante preocupa tanto en Castuera como en Cabeza del Buey. En Herrera del Duque están inquietos por el desplazamiento de todos los servicios comarcales a Talarrubias. Y en toda Extremadura preocupa el futuro por la insolidaridad territorial que está fomentando el Gobierno de España, con sus devaneos territoriales, su financiación descarada a los que más tienen, su política antiterrorista, o su gestión de la inmigración. Pero de la fusión de cajas de ahorro, ni citarla.

Indudablemente, han de ser ambas entidades quienes, dentro de su autonomía, analicen cuidadosamente las posibilidades de fusión y el interés o conveniencia de la misma y bajo criterios de estricta gestión empresarial. Pese a sus peculiares características, no dejan de ser entidades privadas que cuentan con órganos de gobierno y de representación. Tal vez lo mejor que podía hacer la clase política por nuestras cajas es apartarse de ellas, despolitizando sus decisiones y dejando que sean ellas, sin empujones, las que tomen la decisión. Si llega la fusión, bienvenida sea, pero que sea por el interés de las propias cajas y no por lo que pudiera convenir a un partido político.