Los activos fiscales diferidos son, en el caso de las entidades bancarias, más de 38.000 millones de créditos contra la Hacienda Pública.

Esta semana conocíamos que el Ministerio de Hacienda introducía una enmienda fiscal en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2016 para modificar elImpuesto de Sociedades y que el sector bancario tribute por los activos fiscales diferidos.

Los activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) son, en el caso de las entidades bancarias,más de 38.000 millones de créditos contra la Hacienda Pública procedentes de las elevadas provisiones por insolvencias y por las dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social y prejubilaciones que las autoridades europeas les exigían para sanear sus balances por la elevada exposición al ladrillo, los cuales se restarían de los impuestos que pagaría cada entidad en los años siguientes.

Para que los DTA contabilizaran como un activo saneado del balance, el Gobierno estableció en la Ley del Impuesto sobre Sociedades a finales de 2013 la garantía de los DTA mediante el ?derecho a la conversión de los mismos en un crédito exigible frente a Hacienda Pública?, hasta un máximo de 30.000 millones en caso de pérdidas o de liquidación y la posibilidad de canjear por deuda pública el saldo de DTA que no pudieran deducirse en un plazo de 18 años.

Esta importante medida de apoyo al sector bancario ha sido estudiada por Bruselas para evitar que se trate de una ayuda de Estado ilegal. Por lo cual, el Gobierno ha tenido que establecer esta prestación para que la garantía de los DTA estuviera dentro de las normas de la UE para las ayudas a los bancos en la crisis financiera.

El importe anual de la prestación será el 1,5% del importe total de los DTA contabilizado en el último día de cada período impositivo. Así, el Gobierno pretende que las entidades bancarias compensen el próximo año por 419 millones el riesgo que transfieren a los contribuyentes en caso de que el Estado tuviera que abonar unos 28.000 millones en DTA garantizados al día de hoy. De este modo, debemos evitar hablar de un impuesto a la banca, pues en realidad se trata de una prestación patrimonial de carácter público.

Desde Gestha consideramos que esta prestación por unos DTA garantizados es un nuevo guiño al sector financiero, al igual que mantener el tipo nominal del 30% a los bancos en la reforma fiscal aprobada en 2014 para evitarles un deterioro de los DTA de 6.400 millones, o el impuesto estatal a los depósitos bancarios creado en 2013 a tipo 0% para evitar la generalización del impuesto en las demás CCAA tras la Sentencia del Tribunal Constitucional, aumentado el año pasado a un tipo único del 0,03% para recaudar 316 millones en 2015.

Los Técnicos de Hacienda urgen a los Gobiernos de la UE que cumplan su compromiso de crear el impuesto sobre las transacciones financieras, con el que se podrían recaudar hasta 5.000 millones anuales en España y 60.000 millones al año en toda Europa, y así compensar mínimamente la exención del IVA en las operaciones financieras.

Carlos Cruzado.  Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda(GESTHA)

Si analizamos la evolución histórica de los datos facilitados por diferentes estudios, el volumen de fraude siempre se ha mantenido por encima del 20% salvo en 2001 y en la década de los ochenta.

Sin embargo, el caso de Montoro no es, ni mucho menos, el único. Sus predecesores tampoco se han empleado muy a fondo en la reducción de la economía sumergida. Así, si analizamos la evolución histórica de los datos facilitados por diferentes estudios, el volumen de fraude siempre se ha mantenido por encima del 20% salvo en el año 2001 y en la década de los ochenta.

Pero este fue un oasis en medio del desierto.Ni Rato, Solbes, Salgado, ni ahora Montoro, han logrado hincar el diente con contundencia a esa gran hidra que es la economía sumergida. En parte, porque no han hecho el esfuerzo suficiente para reducir la connivencia de los españoles con el fraude a través de campañas similares a las realizadas por la Dirección General de Tráfico (DGT), que debería haber ido de la mano de una conducta ejemplar por parte de las élites políticas y empresariales en dicha materia, que desgraciadamente no se ha producido.

Pero tampoco han tenido la iniciativa para elaborar informes oficiales de economía sumergida, limitar la cantidad de pago en efectivo o una reorganización en profundidad del Ministerio de Hacienda que otorgue más capacidad y autonomía a los miles de técnicos de Hacienda. Por tanto, está muy bien abanderar la lucha contra la economía sumergida, pero de poco sirve si no aflora, porque no se adoptan las medidas necesarias.

Carlos Cruzado, Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda

Los ‘tax rulings’ o acuerdos fiscales suponen la pérdida de miles de millones de euros anuales en la recaudación de los países europeos.

La semana pasada, los sindicatos más representativos de las Administracionestributarias y financieras de la Unión Europea (UFE), entre ellos Gestha, se reunieron en Bruselas para afrontar el grave problema planteado por los supuestos acuerdos fiscales firmados por algunos países de la Unión Europea (UE) con multinacionales extranjeras para reducir sensiblemente su factura fiscal, también conocidos como ?tax rulings?.

Aunque todavía se están investigando, estos acuerdos preferentes, junto con las posibilidades que, en muchos casos, dan a estas corporaciones empresariales los denominados Acuerdos Previos de Valoración de Precios de Transferencia (APAS), suponen la pérdida de miles de millones de euros anuales en la recaudación de los países europeos, lo que resta recursos para desarrollar medidas de crecimiento, gasto social y de lucha contra el desempleo que favorezcan el Estado del bienestar, ya muy desmantelado en países como España a causa de la crisis.

Por eso, para contrarrestar sus efectos negativos, la UFE propone fijar un umbral mínimo incondicional en el tipo impositivo del Impuesto de Sociedades en la UE, que no pueda ser esquivado por ninguna de todas las multinacionales que operan en territorio comunitario.

Esto no significaría que todos los países gravaran por igual a las empresas, pero sí que todos tuvieran un tipo mínimo por debajo del cual no podrían hacer rebajas y así evitar, además de los citados ?tax rulings?, tipos tan bajos como los establecidos en Irlanda (con un tipo de Sociedades del 12,5%), o como los que al parecer tiene en mente el Reino Unido aplicar en Irlanda del Norte para competir con sus vecinos del sur.

Pero además, la hoja de ruta pasa por prohibir expresamente la práctica de los ?rulings? en todos los países europeos y extenderla a todo el ámbito de la OCDE. De forma alternativa, desde la UFE, sugerimos impulsar un relanzamiento de la directiva comunitaria de 2011 que fija una base impositiva común en el Impuesto de Sociedades, y acelerar la puesta en marchar del plan de acción diseñado por la OCDE contra la erosión de bases imponibles y transferencias transfronterizas de beneficios.

Carlos Cruzado.  Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

A partir de enero entrará en vigor la reforma fiscal aprobada por el Gobierno, que supondrá el fin de la deducción por alquiler de la vivienda habitual, pero con un importante matiz.

Durante su comparecencia parlamentaria, el coordinador de los Técnicos de Hacienda en Cataluña ha asegurado que fallaron los controles para detectar los posibles fraudes fiscales de la familia Pujol Ferrusola.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda han criticado este lunes que La AgenciaTributaria estatal (AEAT) no ejerciera su papel de prevención para detectar los posibles fraudes fiscales de la familia Pujol Ferrusola, tal y como ha denunciado el coordinador de Gestha en Cataluña, Miguel Ángel Mayo, durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre el fraude, evasión fiscal y prácticas de corrupción política, celebrada en el Parlament catalán.

Según los Técnicos, se abren varios interrogantes con la información procedente de las investigaciones judiciales en los casos en los que la AEAT ha actuado a remolque de otras instituciones como la Policía y la Justicia. Concretamente en el caso de la familia Pujol Ferrusola,Gestha no comprende por qué la AEAT no inició una investigación sobre Jordi Pujol Ferrusola mientras efectuaba entre 2004 y 2012, un total de 118 movimientos de divisas por importe de 32,4 millones de euros, realizadas desde Banco Mediolanum, BBVA y Credit Suisse hacia o desde 13 países, entre ellosAndorra, Luxemburgo, las Islas Caimán, Suiza o Liechtenstein, además de adquirir once vehículos de alta gama.

Gestha tampoco entiende la pasividad de Hacienda ante los indicios de presunto fraude fiscal orquestados por otros miembros de la familia Pujol, entre los que destaca la ausencia de una investigación sobre Oriol Pujol Ferrusola durante la instrucción del caso de las ITV, a pesar de que un informe de la Agencia Tributaria describía indicios de que las facturas de su esposa, Anna Vidal, podían ser fraudulentas y calificaba a Oriol como ?colaborador necesario? de la trama.

Otro de los interrogantes está relacionado con la falta de una investigación de Hacienda tras la adquisición, por parte de Oleguer Pujol Ferrusola, de 1.152 oficinas del Banco Santander a la aseguradora Pearl Group por 2.040 millones de euros, realizada a través de la sociedad Samos Servicios Generales, constituida apenas un mes antes y sin empleados y que es filial de un holding situado en las Antillas holandesas y Luxemburgo y las Islas del Canal de la Mancha.

Para los representantes de Gestha, también resulta inexplicable que el Ministerio de Hacienda diera su conformidad para que el Ministerio de Economía permitiera al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales, SEPBLAC, la autorización al Banco de Madrid para desbloquear los saldos recibidos de Andorra y así ingresar las declaraciones complementarias del IRPF de Marta Ferrusola por 838.244 euros; Marta Pujol Ferrusola por 532.029 euros; Pere Pujol Ferrusola por 701.341 euros y Mireia Pujol Ferrusola por 1.072.767 euros, y cuya presentación les evitará una condena y las multas por delito fiscal al declarar y pagar antes de haberles notificado el inicio de una investigación tributaria o judicial.

EXISTENCIA DE ESCUDOS FISCALES

Finalmente, y en el seno de esta comisión de investigación, Gestha considera que Hacienda deberá aclarar la existencia de ?escudos fiscales?, denominación que se acuñó en el caso Noós y que consta en el folio 15.130 de la Pieza Separada nº 25 que instruyó el juez Castro en la declaración testifical del notario de Barcelona, Carlos Masiá Martí. En su declaración, el notario indicó que, al constituir Aizoon S.L., el asesor fiscal de Iñaki Urdangarín justificó la participación al 50% de la Infanta Cristina para ?tener un escudo frente a Hacienda?.

En este sentido, el representante de Gestha ha afirmado en la comisión de investigación del Parlament que ?será el Ministro de Hacienda quien tenga que responder si existen escudos fiscales, ya que, si existieran, el artículo 31 de la Constitución se haría añicos y la AEAT estaría deshecha?.