Los trabajadores y las trabajadoras españolas hemos decidido hacer uso
de nuestro legítimo derecho de movilización para expresar el más
absoluto y contundente rechazo a la reforma laboral impuesta por el
Gobierno. Es una reforma laboral injusta, ineficaz e inútil, enmarcada
en un ataque sin precedentes al Estado del Bienestar y a los servicios
públicos que van a provocar más recesión y más paro.
El Gobierno ha provocado un grave conflicto social y tiene en sus manos
la posibilidad de desactivarlo. La reforma laboral aprobada, que acaba
con derechos históricos de los trabajadores y trabajadoras puede y debe
ser modificada. Los secretarios generales de CCOO y UGT han emplazado al
presidente del Gobierno para que abra una mesa de diálogo social
orientada a cambiar los capítulos esenciales de la reforma. No ha habido
respuesta hasta el momento. Y los sindicatos no vamos a quedarnos
parados.
Por el contrario, medios de comunicación afines al
Gobierno y dirigentes del PP han puesto en marcha el ventilador de la
calumnia y la difamación contra el movimiento sindical. Todo vale si se
trata de difamar a los sindicatos. Sorprende que los expertos de la
manipulación se sientan manipulados. Acusar a CCOO y UGT de
insensibilidad con las víctimas de los atentados del 11 de marzo de
2004, por convocar manifestaciones en todo el país contra la reforma
laboral ese mismo día, es, además de intolerable, un esfuerzo baldío de
confundir a la ciudadanía para que se instale en la resignación ante la
sistemática eliminación de derechos sociales y laborales que lleva a
cabo el Ejecutivo.
Los trabajadores y las trabajadoras españolas
hemos decidido hacer uso de nuestro legítimo derecho de movilización
para expresar el más absoluto y contundente rechazo a la reforma laboral
impuesta por el Gobierno. Es una reforma laboral injusta, ineficaz e
inútil, enmarcada en un ataque sin precedentes al Estado del Bienestar y
a los servicios públicos que van a provocar más recesión y más paro.
Quizá
esta reforma laboral sirva al Gobierno para demostrar, ante los poderes
financieros y los lobbys comunitarios, que es capaz de tomar decisiones
agresivas frente a sus ciudadanos. Pero el Gobierno sabe, y nosotros
también, que no servirá para dar solución a nuestro principal problema:
el desempleo.
ES UNA REFORMA LABORAL CONTRA LOS PARADOS, porque
la única forma de generar trabajo para los más de cinco millones de
personas desempleadas es con crecimiento económico. Las previsiones
económicas dicen que buena parte de los países de la Unión Europea
entrarán en recesión a lo largo de 2012, al igual que nuestro país, para
el que se prevé un crecimiento negativo del PIB del 1,7%. NO ES VERDAD
QUE LA REFORMA LABORAL SIRVA PARA CREAR EMPLEO.
ES UNA REFORMA
DISCRIMINATORIA, especialmente para las personas que no tienen
prestación por desempleo, porque concede privilegios económicos a las
empresas de menos de cincuenta trabajadores que contraten desempleados
con prestación.
ES UNA REFORMA LABORAL CONTRA LOS TRABAJADORES
porque convierte el despido en un recurso fácil, rápido y barato para
los empresarios. Hay un consenso general en que con esta reforma ya no
hay impedimento alguno para despedir a cualquier trabajador/a, y que la
indemnización más habitual será de 20 días por año trabajado.
ES
UNA REFORMA CONTRA LOS TRABAJADORES, porque los salarios, los horarios,
los puestos, la movilidad geográfica y cualquiera otra circunstancia
laboral dependen ahora de la voluntad del empresario, sin que el
trabajador tenga opciones de negociación.
ES UNA REFORMA LABORAL
CONTRA LOS TRABAJADORES, porque inventa una nueva forma de contrato,
especial para las empresas de menos de 50 trabajadores, es decir, para
casi todas. Con ese nuevo tipo de contrato «para emprendedores»,
cualquier trabajador contratado estará en el «limbo laboral» durante el
primer año, porque se considerará que está «a prueba», y por tanto
susceptible de ser despedido en cualquier momento, sin requisitos, sin
indemnización y sin derechos.
ES UNA REFORMA CONTRA LOS
TRABAJADORES, porque dificulta la acción colectiva, porque se pretende
eliminar la protección de los derechos colectivos e individuales
regulados en los convenios sectoriales y se impone la individualización
de las relaciones laborales con la empresa, porque hace inflexible la
renovación de los convenios colectivos, porque elimina, en muchos casos,
la protección jurídica recuperando el laudo obligatorio en contra del
derecho constitucional a la negociación colectiva. En definitiva, PORQUE
ES UNA REFORMA LABORAL QUE DESREGULA, DESVIRTÚA Y DESMANTELA LOS
FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL DERECHO DEL TRABAJO.
ES UNA REFORMA
CONTRA LOS JÓVENES, porque no generará empleo, y por tanto no servirá
para reducir el 48 por ciento de tasa de desempleo juvenil que se
registró a finales de 2011. Porque amplía los contratos de formación y
aprendizaje hasta los 33 años, porque esos contratos podrán ser de hasta
tres años, y porque se prolonga el tiempo de trabajo efectivo hasta el
85 por ciento en el segundo, y tercer año y se podrán encadenar
contratos en una misma empresa ES UNA REFORMA LABORAL CONTRA LAS
MUJERES, porque la discrecionalidad empresarial y la eliminación de
muchos derechos y protecciones legales aumentarán las desigualdades
retributivas que ya padecen, la infravaloración de su trabajo y la
permanencia en formas de trabajo precario.
ES UNA REFORMA CONTRA
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, porque generará más paro y reducirá los
salarios de los trabajadores con empleo. Ambas cosas supondrán un menor
consumo de las familias, menos ingresos para el Estado, más dificultades
para afrontar el ya anoréxico gasto público, y por tanto mayor peligro
para la pervivencia de los servicios y prestaciones públicas… en una
espiral suicida.
ES UNA REFORMA LABORAL CONTRA LA COHESIÓN
SOCIAL porque no actúa a favor de la justicia y la eliminación de las
desigualdades propiciando el crecimiento del número de personas por
debajo del umbral de la pobreza, que ya se ha incrementado, de manera
muy significativa, durante los cuatro años de la crisis. La reducción
del déficit en 2012 en los términos planteados por el Gobierno y el
techo de gasto impuesto a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos
agravará la situación de los servicios públicos esenciales como sanidad,
educación, dependencia…que gestionan las citadas instituciones.
ES
UNA REFORMA LABORAL CONTRA LAS CONDICIONES DE TRABAJO de los empleados
públicos autorizando, por primera vez en la historia, a las
administraciones expedientes de extinción del personal laboral. La
conjunción de una reforma basada en el despido y en recortes brutales
provocará un aumento inasumible del desempleo como el propio Gobierno
reconoce sin pudor. Todo ello acabará además afectando negativamente a
la protección por desempleo de los trabajadores españoles.
ES UNA
REFORMA CONTRA EL DIÁLOGO Y LA CONCERTACIÓN SOCIAL, porque se ha hecho
sin negociación con los interlocutores sociales y sin acuerdo político.
Los brutales ajustes económicos que se están adoptando, en España y en
toda Europa, son injustos socialmente, regresivos laboralmente, y
nacidos para satisfacer a unos poderes financieros a los que nadie -y
menos la Constitución Española- reconoce como depositarios de la
soberanía democrática de nuestro país.
ES UNA REFORMA CONTRA EL
FUTURO, porque nos aboca a un presente de paro y precariedad, un
presente en el que deberíamos tener la oportunidad de tejer nuestro
futuro como personas y el de nuestros hijos, con más y mejores servicios
públicos y con sistemas de protección social que nos aseguren los
recursos para una vejez digna; un futuro en el que podamos crecer como
personas en el marco de una sociedad basada en el entendimiento, la
justicia, y la solidaridad.
Por todo esto:
NO A LA REFORMA LABORAL
POR EL EMPLEO
POR LA PROTECCIÓN SOCIAL
CONTRA EL DETERIORO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
POR LA JUSTICIA SOCIAL
POR UNOS PRESUPUESTOS PARA REACTIVAR LA ECONOMIA Y EL EMPLEO
EN DEFENSA DEL ESTADO DE BIENESTAR Y DE NUESTRO MODELO DE CONVIVENCIA
