Categoría: Legal

El perfeccionamiento de la legislación se traduce en una mejora de la protección social para todos los trabajadores, tanto españoles como los que proceden de otros países

REAL DECRETO por el que se
modifican los Reglamentos Generales sobre inscripción de empresas y afiliación,
altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la

Seguridad Social; sobre cotización y
liquidación de otros derechos de la Seguridad Social; de recaudación de la
Seguridad Social y sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, así como el Real Decreto
sobre el Patrimonio de la Seguridad Social.

El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto por el que se modifican determinadas disposiciones
reglamentarias de la Seguridad Social con la finalidad de adecuarlas a las
normas legales que han entrado en vigor en los últimos años y conseguir la mayor
eficacia y operatividad en la gestión de la Tesorería de la Seguridad Social,
facilitando con ello el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las
obligaciones a los interesados.

La norma introduce
modificaciones en los Reglamentos Generales de inscripción de empresas y
afiliación de trabajadores; de cotización y liquidación de otros derechos de la
Seguridad Social; recaudación; de patrimonio de la Seguridad Social y de
colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales.

El perfeccionamiento de la
legislación que se lleva a cabo a través de esta norma repercute en una mejora
de la protección social para todos los trabajadores de nuestro país, españoles y
extranjeros, tanto si trabajan por cuenta ajena como por cuenta propia.

Entre las modificaciones
que introduce este Real Decreto destacan las innovaciones en las prestaciones
por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como el
reconocimiento, a efectos de las prestaciones futuras, de las cotizaciones
efectuadas como consecuencia de un requerimiento de cuotas o acta de liquidación
por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la existencia de actividad
laboral sin afiliación a la Seguridad Social. En la actualidad estas
cotizaciones no generaban derecho a prestaciones para los trabajadores, mientras
que las cotizaciones exigidas retroactivamente a los empresarios sí generaban
ese derecho.

Principales
modificaciones

En materia de prestaciones
por accidentes de trabajo y enfermedad profesional destacan las siguientes
modificaciones:

• En caso de accidente de trabajo se reconocen al
  trabajador las prestaciones de la Seguridad Social aunque éste, ilegalmente,
  no estuviera dado de alta. Se incorpora así a la normativa española el
  precepto contenido en varios Tratados y Convenios Internacionales suscritos
  por España.
• El Real Decreto da cobertura normativa a la revisión de
  los capitales-coste que las Mutuas y empresas deben pagar en los casos de
  reconocimiento de accidentes de trabajo. Las actuales tablas de cálculo de los
  capitales-coste, con más de cincuenta años de antigüedad, infravaloran la
  prestación al partir de esperanzas de vida muy inferiores a las actuales, por
  lo que las nuevas tablas que se aprobarán en desarrollo de este Real Decreto
  incrementarán las aportaciones.
• Las entidades públicas de Seguridad Social recuperan la
  capacidad de determinar si la situación de Incapacidad Temporal de un
  trabajador se debe a accidente de trabajo, enfermedad profesional o enfermedad
  común. Esta potestad había sido otorgada a las Mutuas por el Gobierno del
  Partido Popular en marzo de 2004 sin tener en cuenta que ya los Tribunales del
  orden social habían unificado su doctrina en un sentido similar al que recoge
  el Real Decreto aprobado hoy.
• Autónomos: Para los trabajadores por cuenta propia que
  realicen varias actividades, en caso de accidente de trabajo o enfermedad
  profesional, las cotizaciones y prestaciones se determinan en función de la
  actividad en la que se hubiera producido el accidente.

En el ámbito de la
cotización, el Real Decreto adecua a las normas tributarias la determinación de
la base de cotización a la Seguridad Social, tal como dispone la Ley General de
Seguridad Social que prevé la homogeneidad en ambos ordenamientos.