Categoría: Legal

La medida conlleva el impulso a las nuevas tecnologías para hacer mucho más próxima y efectiva la aplicación de los servicios sanitarios y asistenciales de apoyo a las víctimas

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real
Decreto que permitirá ampliar a las Comunidades Autónomas el acceso directo a la
información contenida en el Registro de Violencia de Género, hasta ahora
limitado a la Administración Central, a los jueces y tribunales, el ministerio
fiscal y la policía judicial. De este modo, los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas podrán prestar con mayor eficacia y calidad los servicios
de su competencia, tales como sanitarios o asistenciales, a las víctimas.

Este Real Decreto, que modifica otro de 5 de
marzo de 2004, contempla, además, la introducción de mejoras técnicas. Así, al
objeto de ampliar la descentralización del Registro y el círculo de acceso al
mismo, se prevé un progresivo aumento en la implantación de las nuevas
tecnologías. El objetivo es que, tanto la remisión de información desde los
órganos judiciales como el acceso a información del Registro por los usuarios
autorizados se realice por vías telemáticas. Con esta medida, se incrementará,
además, la agilidad en la actualización y en el acceso a la información,
garantizándose la seguridad de los datos personales.

Modificaciones

El Real Decreto de 2004 había creado el
Registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica,
que pretendía concentrar la información sobre todas las órdenes de protección de
las víctimas de violencia doméstica adoptadas o en tramitación. Por otro lado,
la Ley de Enjuiciamiento Criminal impuso a los jueces la obligación de comunicar
las órdenes de protección a la víctima y a las Administraciones Públicas
competentes para la adopción de medidas, tanto de seguridad como de asistencia
social, jurídica, sanitaria, psicológica o de cualquier otra índole. Para ello,
se establecía un sistema integrado de coordinación administrativa que
garantizara la agilidad de estas comunicaciones.

El contenido del Real Decreto, que persigue
el cumplimiento práctico y efectivo de las medidas de protección de las
víctimas, se puede resumir del siguiente modo:

1. Modifica el artículo 2.2, referente a la finalidad del Registro
   Central para la protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica. Por
   ello, se amplía el acceso a los datos del registro a los órganos competentes
   de las Administraciones autonómicas, así como el destino de la información
   registrada, que podrá emplearse genéricamente para el ejercicio de funciones
   jurisdiccionales y la prestación de servicios públicos dirigidos a la
   protección de las víctimas.
2. Asimismo, suprime la obligación del encargado del Registro Central
   en lo referente a la comunicación de sentencias firmes al Registro Central de
   Penados y Rebeldes, mediante la supresión del apartado 2 del artículo 5 del
   citado Real Decreto de 2004.
3. Por otra parte, se da nueva redacción al artículo 8, con objeto de
   regular las finalidades para las que se puede acceder a la información por los
   órganos jurisdiccionales penales, el Ministerio Fiscal, la Policía Judicial y
   los órganos competentes de las Comunidades Autónomas (tal como se había
   previsto en el artículo 2.2) y, por último, se introduce la transmisión
   telemática de datos al Registro Central, mediante una nueva disposición
   transitoria tercera.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se amplía la plantilla del Ministerio Fiscal con la creación de 35 nuevos puestos de fiscal. uno de primera categoría (Fiscal de Sala Delegado contra la Violencia sobre la Mujer) y el resto, de segunda.

Los nuevos puestos de fiscal se distribuyen
de la siguiente forma: dos, en la Audiencia Nacional; dos, en la Fiscalía
Especial para la Represión de los Delitos Económicos y Relacionados con la
Corrupción; diecisiete, en Fiscalías de Tribunales Superiores de Justicia y 13,
en la Fiscalía de Audiencias Provinciales. De este modo, la nueva plantilla
queda formada por 19 fiscales de sala, 1.224 fiscales y 567 abogados-fiscales.

Esta ampliación se debe, fundamentalmente, a
las recientes reformas legislativas y a la creciente carga de trabajo que vienen
soportando las Fiscalías por la implantación generalizada de los juicios rápidos
penales, a lo que hay que añadir la reciente entrada en vigor de la Ley de
Reforma del Código Penal.

Asimismo, a esta ampliación ha contribuido la
necesidad de dotar de efectivos los nuevos órganos creados por la Ley de Medidas
de protección integral contra la violencia de género, como el Fiscal de Sala
Delegado contra la Violencia sobre la Mujer y las Secciones contra la Violencia
sobre la Mujer de las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia y de
las Audiencias Provinciales.

Por otra parte, el Real Decreto aprobado hoy
procede a la creación de nuevos órganos fiscales. Así, se constituye la
adscripción permanente de Collado-Villalba, integrada en la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que comprenderá los partidos judiciales
de Collado-Villalba y El Escorial, y se dota de cinco fiscales de segunda
categoría de nueva creación.

Estos nuevos puestos de fiscal se vienen a
sumar a las 53 nuevas unidades judiciales (26 juzgados y 27 plazas de
magistrados) que fueron aprobadas en el pasado Consejo de Ministros, celebrado
el día 29 de abril.