La entrada en vigor de la Directiva MiFID II supone un cambio normativo en todas las entidades que va más allá de la formación para asesorar e informar, puesto que implica una nueva forma de relación con la clientela. Cambios que también vienen para reforzar la profesionalidad, injustamente cuestionada en muchas ocasiones, de las plantillas del sector financiero y para dotar de una mayor protección al personal sujeto a la normativa.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado un Auto con fecha 19 de enero de 2018, en virtud del cual se ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, basándose en la Directiva 2003/88 relativa a determinados aspectos de ordenación del tiempo de trabajo y la Directiva 89/391 relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores.
La
Sala de lo Social del Tribunal Supremo consideró que, en virtud del art. 35.5
del Estatuto de los Trabajadores, no es necesario que la empresa tenga un
registro donde conste la jornada de cada trabajador día a día y, por tanto, sea
obligatoria la existencia de un resumen mensual donde se totalice y se refleje
la jornada trabajada cada día, así como que tampoco resulta obligatorio la
entrega de este resumen mensual de cada trabajador a los representantes legales
de los trabajadores, de conformidad con la disposición adicional 3ª del Real
Decreto 1561/95 de 21 de septiembre sobre jornadas especiales de trabajo.
El
contenido de esta sentencia, independientemente de su acierto jurídico, ha
supuesto socialmente un estimulo a muchas empresas para que se continúe con la
practica social de realización de horas extraordinarias que no se pagan, ni se
declaran ni se cotizan por ellas, y que muchos trabajadores hagan jornadas u
horas que no cobran, dado que no existe un control objetivo y fehaciente de las
jornadas que trabajan, accesible a la Inspección de Trabajo y a la
representación legal de los trabajadores.
De
ahí la importancia que tiene esta cuestión prejudicial, que se plantea en un
conflicto colectivo promovido por la Federación de Servicios de CCOO contra la
entidad financiera Deutsche Bank SAE.
Ya
en la citada demanda se sugería que los mandatos del derecho comunitario y la
exigencia de aplicar medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud
de los trabajadores, implicaban la adopción de instrumentos que verifiquen el
cumplimiento efectivo de la jornada legal y que pongan coto a los abusos en los
excesos de jornada no declarada ni retribuida y, en este sentido, en la propia
demanda se sugería que el sistema de registro de la jornada diaria a que se
refiere el 35.5 debía ser aplicado con carácter general, como único método para
establecer cuando existen horas extras y cuando no.
Asimismo,
en la demanda se planteaba que si solo se implanta el registro cuando se hacen
horas extras, no se implantará en la práctica ni en la realidad ningún registro
cuando estas horas extras no se declaren ni se coticen por ellas.
Por
ello, el Auto analiza con detenimiento el contenido de las Directivas
Comunitarias y las interpretaciones efectuadas hasta ahora y plantea que el
único medio de comprobar si se excede o no la jornada de trabajo es el registro
diario de la misma durante el periodo de referencia, que es anual. Asimismo,
establece que el propio art. 12.4 del Estatuto de los Trabajadores impone en
este caso con absoluta claridad la obligación de registrar la jornada diaria de
los trabajadores a tiempo parcial, sucediendo lo mismo con los trabajadores
móviles, de la marina mercante y ferroviarios y, por lo tanto, la conclusión
racional consiste en que para comprobar si se producen o no excesos de jornada
el instrumento a utilizar es el registro diario de la misma.
Igualmente,
el Auto plantea que este registro es la manera de comprobar este exceso por
parte de los representantes de los trabajadores y de la Inspección de Trabajo,
y a la vez es la manera de garantizar la efectividad del cumplimento de los
mandatos relativos a ordenación del tiempo de trabajo previstos en la
Directiva.
Por
ello el Auto formula tres interrogantes que deben ser resueltos por el TJUE
como cuestión previa (prejudicial) para poder resolver la pretensión sobre
obligación de registro diario de la jornada:
El
primero es si debe entenderse que por parte del Reino de España a través de los
arts. 34 y 35 del Estatuto, según viene siendo interpretado por la doctrina
jurisprudencial, ha adoptado o no las medidas necesarias para garantizar la
efectividad de las limitaciones de la duración de la jornada de trabajo y del
descanso semanal y diario, que establecen los arts. 3, 5 y 6 de la Directiva
2003/88.
El
segundo consiste en si deben interpretarse las normas comunitarias en el
sentido de que se oponen a una normativa nacional interna, como la contenida en
los arts. 34 y 35 del Estatuto de los Trabajadores, en los términos en que
estas dos disposiciones legales han sido interpretadas por la doctrina
jurisprudencial del Tribunal Supremo, y si no cabe deducir de este derecho
comunitario que resulta exigible no solo a los trabajadores a tiempo parcial,
ferroviarios, de marina mercante y de trabajadores móviles, sino también a los
de tiempo completo, la existencia de un control diario de la jornada trabajada.
El
tercer interrogante es si debe entenderse que el mandato perentorio dirigido a
los Estados miembros, de limitar la duración de la jornada de trabajo de todos
los trabajadores en general, implica la necesidad de utilizar un sistema de
verificación de los excesos de jornada, como el establecido para los
trabajadores a tiempo parcial, móviles y ferroviarios y que según el Tribunal
Supremo no está establecido para los trabajadores a tiempo completo.
Ver a Auto AN 19012018 cuestion prejudicial UE Deutsche Bank
Una vez publicadas las fiestas locales, aqui teneis los calendarios laborales con dichas fiestas locales:
