Categoría: Legal

Quién Manda, es un mapa del poder en España que David Cabo y Eva Belmonte han puesto en marcha, en la organización Civio para mostrar quién es quién en los círculos de poder, políticos y empresariales, de España.

Se reúnen, quedan para comer, hacen deporte…

Un proyecto en proceso  . El mapa del poder público-privado en España. Mostrará quiénes se sientan en las mesas más importantes y cuál es su conexión. Queremos que se regule el lobby y que los altos cargos publiquen sus agendas de trabajo completas.

¿Quiénes forman parte de AEDE, la asociación de editores que defiende el canon?

La entidad, que no es la única del sector, agrupa a los grandes grupos y los periódicos regionales en papel y de pago, pero excluye a los gratuitos y a los medios que sólo publican online

Para Luis Enríquez, presidente de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que incluye una compensación a los medios por parte de los agregadores de noticias, es «el paso más importante que ha dado un gobierno en España para la protección de la prensa». Así de rotundo lo afirmó en un comunicado emitido a pocas horas de conocerse el contenido parcial del anteproyecto. Pero, ¿a qué prensa se refería Enríquez? Los asociados de la AEDE deben cumplir dos requisitos: editarse en papel y ser de pago. En todo caso, no hablaba por los miembros de otra organización de prensa, la Asociación Española de Publicaciones Periódicas (AEEPP), que sí incluye a medios gratuitos y online y que ha criticado la reforma propuesta por el Gobierno.

En la asamblea general de la AEDE, cada miembro cuenta con un voto por cada 1.000 ejemplares de difusión de sus publicaciones. La junta directiva está formada por 15 vocales, el director general, el vicepresidente y el presidente. Este último, elegido por mayoría de tres cuartos y para por dos años renovables, es el cargo que ocupa Enríquez, consejero delegado de Vocento que antes había asumido altos cargos en otra empresa asociada, Unidad Editorial.

Entre los vocales de la junta directiva también hay clases. Concretamente, tres. Los vocales tipo I son los miembros elegidos (hasta ocho) por los socios con más de 70 votos, esto es, aquellos con mayor difusión (más de 70.000 ejemplares). En este palco VIP de la AEDE encontramos a los grandes grupos: Vocento, Unidad Editorial, Prisa, Zeta, Prensa Ibérica, Godó, Audiovisual Española 2000 y La Voz de Galicia.

Además del presidente, la representación en AEDE de Vocento (empresa editora de ABC y numerososo medios regionales, como La Verdad, Las Provincias o El Correo, entre otros) se completa con Iñaki Arechabaleta, director general de negocios del conglomerado. Entre los consejeros de Vocento encontramos a Rodrigo Echenique, consejero histórico del Banco Santander; y Claudio Aguirre, primo de Esperanza Aguirre y exconsejero de Bankia.

Otro de los vocales del grupo I es Raúl Cortijo, director de planificación de El Mundo. Cortijo participa en representación de Unidad Editorial, que contó entre sus consejeros hasta abril de 2012 (después de ser nombrado ministro de Economía y Competitividad) con Luis de Guindos. El Grupo Prensa Ibérica, que acoge a decenas de diarios regionales como Información, Diari de Girona o Faro de Vigo, está representado en AEDE por Asunción Valdés, su directora de relaciones externas. Antes, había sido directora general de la Fundación Euroamérica, presidida por el exministro Carlos Solchaga; y, durante diez años, directora de comunicación de la Casa Real.

El Grupo Prisa, por su parte, está representado por Julio Alonso, consejero delegado de AS. El vocal que representa al Grupo Zeta es Enrique Simarro, director general de El Periódico de Catalunya. Por Godó juega Pere G. Guardiola, director general de La Vanguardia. Y el director general de La Razón, Santiago Barreno, lo hace por Audiovisual Española 2000, su empresa editora. Santiago Pérez, gerente de La Voz de Galicia, cierra la lista de vocales del grupo I.

Grupos II y III, un espacio para los pequeños pero matones

En segunda fila se encuentran los socios medianos (entre 20 y 70 votos), que eligen a hasta 5 vocales. En esa tanda encontramos al Grupo Joly, empresa familiar propietaria de nueve cabeceras andaluzas, Diario de Navarra y Grupo Serra. A este grupo pertenece, además, Gregorio Méndez, hijo de Antonio Méndez Pozo, el constructor burgalés propietario de Diario de Burgos y de la empresa adjudicataria del polémico proyecto de reforma de la calle Vitoria, en el barrio de Gamonal, que finalmente fue paralizada tras la presión social.

Méndez Pozo, condenado en los 90 por falsedad documental y estafa, es presidente de la Fundación Silos y la Fundación Atapuerca. Su imperio mediático, a través de Promecal, abarca la RTV de Castilla y León y medios en Castilla La Mancha, entre otros. Además, es presidente de la Cámara de Comercio de Burgos y fue consejero de la entidad gestora del aeropuerto de Ciudad Real, en venta y sin aviones, y el fallido proyecto hotelero Reino Don Quijote. Sus tres hijos han heredado parte de las empresas del padre. Es el caso de Gregorio, consejero delegado de Pomecal y vocal de AEDE.

Los socios de la entidad con menos de 20 votos eligen a hasta tres miembros del último grupo, el III. Allí encontramos a Santiago Sarmiento, gerente del Diario de León; y a Eleuterio Muñoz, el perito que lideró al grupo de empresarios que compró el Diario de Jaén. Aunque su peso es mínimo, este grupo tiene derecho a elegir vicepresidente de la entidad, que en la actualidad es Jaime González Lucas, director general de La Gaceta de Salamanca.

Completa la cabina de mandos de la asociación José Gabriel González Arias, el director general, un hombre con una larga trayectoria en la gestión de medios que empezó como director general del Diario de León, pasó a ser subdirector general de El País y acabó siendo consejero delegado de La Voz de Galicia.

La reforma de la LPI que celebran los socios de AEDE introduce un artículo que argumenta que los editores de medios tienen derecho a recibir una «compensacion irrenunciable» a través de las entidades de gestión por el uso que los agregadores de noticias hacen de sus contenidos, una medida criticada por el resto de medios y páginas como Menéame. Google, por su parte, ha recordado a los editores que aparecer en Google News no es obligatorio.

Artículo del anteproyecto que afectará, si se aprueba, a los agregadores de contenidos de medios (p. 8) Bola extra: el vicepresidente de AEDE y director general de La Gaceta de Salamanca envió un documento al Senado para defender la compatibilidad del escaño del popular José Muñoz Martín con su puesto en el consejo de administración del periódico regional. Tras varias cartas (aquí, una de ellas) al presidente de la comisión de incompatibilidades argumentando que era un puesto «lúdico» similar al de quien vende periódicos en un kiosco, el senador del PP acabó cediendo y dimitió como consejero. Eso sí, unos meses después consiguió colarse de nuevo en las reuniones del consejo de administración como asesor. Dos meses más tarde tuvo que volver a ceder y abandonó el cargo.

Por Eva Belmonte

Quién Manda, es un mapa del poder en España que David Cabo y Eva Belmonte han puesto en marcha, en la organización Civio para mostrar quién es quién en los círculos de poder, políticos y empresariales, de España.

Se reúnen, quedan para comer, hacen deporte…

Un proyecto en proceso  . El mapa del poder público-privado en España. Mostrará quiénes se sientan en las mesas más importantes y cuál es su conexión. Queremos que se regule el lobby y que los altos cargos publiquen sus agendas de trabajo completas.

El reparto de la tarta en el Constitucional

Varios magistrados han estado relacionados con FAES, uno de ellos fue diputado del PP durante 17 años y su presidente militó entre 2008 y 2011.

En las noticias jurídicas y políticas es habitual encontrar un adjetivo anexo a cada uno de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional (TC), máximo órgano jurídico en España: conservador o progresista. La relación de los jueces que componen este órgano va más allá de una alineación ideológica con los dos principales partidos de la oposición, como se demostró cuando los papeles de Bárcenas desvelaron que Francisco Pérez de los Cobos, presidente del TC, había sido militante del PP entre 2008 y 2011.

El presidente del organismo ha admitido este hecho en el pleno del tribunal y se ha amparado en la ley del propio constitucional, que solo veta a los jueces pertenecientes a un partido político si ocupan cargos directivos en el mismo. Aunque fue nombrado magistrado del TC en 2010, no fue hasta 2013 cuando se convirtió en presidente del organismo en sustitución de Pascual Sala.

Su vinculación con el PP va más allá que sus cuotas como militante. Pérez de los Cobos es un habitual en escritos y jornadas de FAES, la fundación vinculada a los populares: aparece en artículos publicados en 2006 y 2007 y en una jornada en 2009 sobre la reforma laboral organizada por la fundación que preside el expresidente Aznar junto a la ahora ministra Fátima Báñez.

Pero el presidente del tribunal no es el único de sus miembros con vinculaciones políticas. Formado por 12 magistrados nombrados para nueve años, la elección de cada uno de ellos depende, en buena parte, de la aritmética política postelectoral. Cuatro de ellos son elegidos por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Consejo General del Poder Judicial y otros dos directamente por el gobierno de turno.

Aunque en muchos de los currículos de los actuales miembros podemos encontrar vinculaciones a PP y PSOE, existen diferentes grados de afinidad, que van desde la coincidencia ideológica a la pertenencia. Entre estos últimos casos encontramos el de Andrés Ollero Tassara, elegido por la cámara baja en julio de 2012 a propuesta del PP: desde diciembre del 86 hasta 2003, cuando lo dejó para dedicarse a la enseñanza, fue diputado del PP en el Congreso. En el año 2000, Pilar del Castillo, entonces Ministra de Cultura en el gobierno de Aznar, le concedió la cruz de Alfonso X el sabio.

Magistrados, habituales en FAES y residentes en Madrid

No sólo Pérez de los Cobos ha puesto su pluma y su palabra al servicio de la fundación FAES, vinculada al PP y presidida por José María Aznar. Otros dos de los 12 miembros del TC han participado en charlas y artículos: Enrique López y López y Pedro José González-Trevijano Sánchez. Ambos fueron nombrados en junio de 2013 por el gobierno presidido por Rajoy.

La participación de Enrique López en las jornadas de FAES es, como mínimo, intensa. Aparece como asistente, ponente o coordinador de este tipo de eventos en las memorias de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2010 y suma 46 actos.

Además de haber escrito artículos para la fundación en años anteriores, como ‘Reforma y defensa de la Constitución’, Pedro José González-Trevijano ha participado en los actos del campus de verano de FAES en más de una ocasión. En julio de 2012, después de agradecer que le volvieran a invitar, alaba a sus compañeros de mesa, como se puede ver en el vídeo de la ponencia. Es en ese momento en el que reivindica su amistad con dos hombres importantes del PP y llama “mi buen amigo” a Javier Zarzalejos, secretario general de FAES; y “queridísimo amigo” a Ignacio Astarloa, diputado que sumó varios cargos importantes en los gobiernos de José María Aznar.

Rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid hasta su llamada a formar las filas del Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó su tercera victoria para dirigir la universidad porque no podía acumular más de dos mandatos. De hecho, su relación con los pesos pesados de los populares no acaba en FAES. Trevijano nombró doctor honoris causa a Rodrigo Rato en 2009, con toda la cúpula del PP presente para aplaudir la decisión.

Completan la llamada ala conservadora: Juan José González Rivas, nombrado por el Congreso en verano de 2012 a propuesta del PP; Santiago Martínez-Vares García, elegido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en junio de 2013; y el a veces polémico -un ejemplo- Francisco José Hernando Santiago, avalado por el PP en el Senado en 2011.

Los socialistas pierden peso

La llegada del PP al gobierno trajo consigo, tras las oportunas negociaciones entre los dos principales partidos españoles, un cambio de fuerzas en el TC. Ahora los magistrados propuestos por los populares son mayoría, pero el PSOE aún conserva algunas relaciones en el tribunal.

Luis Ignacio Ortega Álvarez fue director del departamento de Asuntos Institucionales del gabinete de presidencia del Gobierno durante 1986 y 1987, en la segunda legislatura de Felipe González. En el 86, Narcís Serra -entonces Ministro de Defensa- le concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco.

Juan Antonio Xiol Ríos, nombrado en junio de 2013 por el CGPJ, también tuvo cargo en el gobierno de González: fue director general de relaciones con la administración de justicia desde 1985 hasta 1990. En 2010, con el PSOE de nuevo en el poder, el entonces Ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, le concedió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Este no era el primer distintivo que recogía Xiol Ríos de manos de un ejecutivo socialista. En abril de 1996, después de perder las elecciones y con el gobierno en funciones, el entonces Ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, aprovechó uno de sus últimos reales decretos para concederle la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

En julio de 2012, vía designación por el Congreso, el PSOE también pudo proponer y colocar a uno de sus candidatos: Fernando Valdés Dal-Ré. Según apuntan algunos medios, participó en la redacción del programa electoral de Zapatero para 2004 y ha publicado varios artículos en El País. Hemos preguntado al PSOE su vinculación con ese programa electoral y seguimos esperando respuesta. Lo que sí podemos afirmar es que Valdés fue director general del servicio jurídico del Estado entre el 86 y el 90, durante el gobierno socialista.

Si el PP se queda con la presidencia, la vicepresidencia se la reparte el PSOE: Adela Asúa Batarrita, propuesta por el parlamento vasco cuando el PSE de Patxi López dirigía Euskadi y elegida por el Senado en diciembre de 2010. Su hermana se ha presentado en varias ocasiones en las listas del PSOE como independiente, la última en las elecciones al ayuntamiento de Bilbao. Encarnación Roca, la cuota catalana del TC, fue propuesta por el Parlament y elegida por el Congreso en 2013.

El del Constitucional es sólo un caso más de órgano independiente por ley en el que acaba predominando el reparto de sillas entre los dos principales partidos. De hecho, el último reparto de cromos entre PP y PSOE acabó con acuerdos para designar, además de a magistrados del TC, al Defensor del Pueblo, los 12 puestos en el Tribunal de Cuentas y los cinco en la Junta Electoral Central.

Por Eva Belmonte

Quién Manda, es un mapa del poder en España que David Cabo y Eva Belmonte han puesto en marcha, en la organización Civio para mostrar quién es quién en los círculos de poder, políticos y empresariales, de España.

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Fabra, S.A. 

Tras 16 años al mando de la diputación de Castellón y un reguero de sociedades públicas y privadas a sus espaldas, Carlos Fabra se enfrenta a cuatro años de cárcel por fraude fiscal

Dueño y señor de Castellón durante años, Carlos Fabra ha sido condenado a cuatro delitos contra la hacienda pública, lo que se traduce en -si ningún recurso lo impide- cuatro años de prisión y el pago a Hacienda de más de 693.000 euros. Su exmujer, María Amparo Fernández, también ha sido condenada por no pagar los impuestos correspondientes, pero su pena es de dos años. Heredero de la más importante saga política castellonense -su padre, su abuelo y su bisabuelo también lideraron el órgano provincial- y con una suerte en la lotería sin parangón, presidió la Diputación de Castellón hasta junio de 2011.

En la sesión constitutiva de la diputación que supuso su despedida como presidente, el representante del Partido Popular, Vicente Aparici, alababa los 16 años de gobierno de Fabra destacando los grandes proyectos llevados a cabo en la provincia gracias al apoyo del gobierno de Francisco Camps. En su balance, uno de esos proyectos destaca por encima del resto: «El aeropuerto es hoy una realidad. Hemos dejado de ser la única provincia del litoral mediterráneo que no tenía aeropuerto. 120 millones de euros para cambiar de forma radical el futuro turístico de nuestra provincia, al que deben acompañar otras inversiones de carácter público y privado absolutamente necesarias, así como las decisiones políticas que las hagan posible.»

De hecho, Carlos Fabra siguió presidiendo Aerocas (la sociedad encargada del aeropuerto en el que aún no ha aterrizado un solo avión) hasta junio de 2013. Pese a la nula actividad del aeródromo, la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón prevén gastar 25 millones en su explotación durante los próximos 20 años.

Sociedades públicas, la cámara de comercio y su club de golf

Aerocas no es la única sociedad con participación pública en la que Fabra ha ocupado un asiento durante y, en algunos casos, incluso tras su mandato como presidente de la diputación. Fue presidente de Vicasdi (una promotora pública de viviendas que acabó disuelta en 2013) y consejero del Centro de ocio Mundo Ilusión, entidad gestora de un gran parque de 800.000 metros cuadrados planificado por la Generalitat Valenciana y la Diputación que se iba a levantar entre Cabanes y Oropesa (sí, esa Oropesa, la de Marina d’Or). Fabra dejó de ser vicepresidente en enero de 2011 y en mayo de ese mismo año la sociedad fue extinguida y el macroproyecto se guardó en un cajón.

Hasta octubre de 2013, mucho después de dejar su cargo, fue consejero de Proyecto Cultural de Castellón, una entidad pública encargada de gestionar los espacios culturales de la ciudad (auditorio, teatro, palau) y absorbida por Culturarts (órgano cultural de la Generalitat Valenciana) hace sólo unos meses.

Tras dejar la presidencia de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra recuperó un puesto para el que fue nombrado en 1975 y en el que estaba en una especia de excedencia desde su paso a primera línea política: secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón. En septiembre de ese mismo año, ya como secretario general de la cámara, coincidió en un acto con su sucesor en la diputación, Javier Moliner.

Además de sus variadas participaciones en sociedades públicas o empresariales, Carlos Fabra es presidente de su propia empresa: Golf del Mediterráneo, un club de campo inaugurado en 1978.

Por Eva Belmonte