Imágenes de la concentración celebrada el pasado día 19 de Febrero en Las Palmas de Gran Canaria, a las puertas de la empresa EDEM MOBILIARIO en protesta por la Vulneración de los derechos de l@s trabajador@s y contra la represión sindical. La dirección de la empresa, en lo que es un inaceptable ataque a la Ley Orgánica de Libertad Sindical, promueve la revocación de l@s delegad@s de CCOO que le exigen el cumplimiento de la ley de y de los acuerdos laborales.
Este informe analiza los efectos de esta devaluación salarial, la pérdida de
derechos laborales y la precariedad, temporalidad e inestabilidad laboral
desde una perspectiva de género, pues la agresión al trabajo femenino es un DESIGUALDAD
ataque a los derechos colectivos, democráticos y constitucionales. Vídeo de la rueda de prensa e Informe «La brecha salarial, factor de quiebra democrática».
El
sindicato aprovecha su comparecencia en el Congreso para defender la
necesidad de poner en marcha esta medida para proteger a los parados sin
prestaciones, a los que no alcanza la recuperación económica, su encaje
competencial en la Seguridad Social, y un escenario de coste perfectamente
asumible
El secretario confederal de Políticas Públicas
y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha comparecido hoy en el Congreso de
los Diputados para defender la aprobación de la ILP impulsada por los
sindicatos para poner en marcha una Prestación de Ingresos Mínimos que ayude a
completar el sistema de protección por desempleo.
La pretensión de la ILP
impulsada por los sindicatos es construir, como una prestación de Seguridad
Social articulada en el segmento asistencial de protección por desempleo, cuya
competencia es exclusiva del Estado, una nueva Prestación de Ingresos Mínimos,
que extienda la cobertura de protección a los demandantes de empleo que se
encuentran en situación de necesidad económica, eliminando los actuales vacíos
de cobertura, y contribuya a aproximar los niveles de protección en todo el
territorio.
Hay que tener en cuenta, en
este marco, que pese a la mejora operada por la menor tasa de paro, en 2016 la
pobreza aún afectó a 2.659.000 personas y el porcentaje de la población pobre
seguía estando 3,6 puntos por encima de su nivel de pre-crisis, suponiendo uno
de los incrementos más altos de la UE, junto al de Italia e Irlanda.
Carlos Bravo ha señalado
también que la Prestación de Ingresos Mínimos se engarza perfectamente en el
punto 14, que propone el impulso de fórmulas de Renta Mínima, de la
Proclamación Solemne del Pilar Europeo de Derechos Sociales realizada por la
Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea el
pasado 17 de noviembre en la Cumbre de Gotemburgo, y que contó con la presencia
y el apoyo del propio Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
CCOO ha presentado en su
comparecencia un Informe en el que se calcula los distintos escenarios de
beneficiarios y costes que podrían haberse beneficiado de esta prestación
durante todo el periodo de crisis hasta la actualidad (2007-2017). Atendiendo a
la evolución que durante este lapso de tiempo han registrado los parados de
larga duración sin protección de desempleo que cumplirían los requisitos exigidos
en la ILP, el número de beneficiarios inmediatos irían de 116.000 beneficiarios
en 2007, hasta el máximo de 958.000 en 2013, y a partir de ese año descenderían
hasta 623.000 personas en 2017. Si además se incluyesen el total de
beneficiarios que se hubieran podido ir incorporando a partir de los 12 meses
de la puesta en marcha de la prestación, el número total de beneficiarios
alcanzaría a 1.358.000 beneficiarios en 2007, hasta el máximo de 2.362.000 en
2013 y luego descendería a 1.923.000 beneficiarios en 2017.
CCOO explica en su informe
que es posible cuantificar el importe máximo que requeriría esta prestación en
los términos que está planteada en la ILP. En este sentido, CCOO ha calculado
que la evolución del coste, de haber existido esta prestación desde 2007, se
habría situado inicialmente en 557 millones en el momento de su promulgación,
con un coste final potencial trascurrido 12 meses de hasta 6.509 millones. A
partir de aquí, el coste habría alcanzado un máximo en 2013 (12.074 millones)
para descender después siguiendo la evolución del desempleo. Si la Prestación
de Ingresos Mínimos se hubiera aprobado y puesto en práctica en 2017, su coste
inicial hubiera sido de 3.215 millones y su coste final potencial de 9.931
millones. A éste se le debe descontar los ingresos por IVA que la Hacienda
Pública recibiría por la transformación de la prestación en consumo, quedando
así el coste final neto en 8.409 millones de euros.
Finalmente, CCOO ha reiterado su agradecimiento a todos los grupos parlamentarios que han
hecho posible la tramitación parlamentaria de la ILP, al tiempo que reitera su
petición de que mantengan ese apoyo hasta el final. Del mismo modo, ha
emplazado al resto de partidos políticos, principalmente al PP y Ciudadanos, a
que se sumen a la iniciativa y con su apoyo garantizasen el máximo consenso y
la mayor perdurabilidad y estabilidad de una medida que supondría, sin duda, un
gran paso adelante en el desarrollo de nuestros sistemas de protección social.
